Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 169.811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso interpuesto por la codemandada “Renault Argentina S.A.”, en el escrito electrónico del 10-09-2019 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida, con costas (art. 68 del C.P.C.); II) Se rechaza el recurso interpuesto por la codemandada “Francisco Osvaldo Díaz S.A”, en el escrito electrónico de fecha 10-09-2019 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida, con costas (art. 68 del C.P.C.); y III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 16, 31, 51 y ccdts., ley 14.967).
REGISTRADA BAJO EL Nº (S) Fº
Expte. Nº 169.811 Juzgado Civil y Comercial Nº 10 Se reúne la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario, a efectos de dictar sentencia en autos:
"MOLINA CASTRO, ANDRES C/ FRANCISCO O. DIAZ S.A. Y OTRO S/
DAÑOS Y PERJUICIOS", en los cuales, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal, resultó que la votación debía ser en el orden siguiente: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes;
1. ¿Es justa la sentencia dictada el día 13-08-2019?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
I. La Sra. Jueza de Primera Instancia, resolvió hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Hernán Andrés Molina Castro contra Francisco Osvaldo Díaz S.A. y Renault Argentina S.A., condenándolos solidariamente a que abonen al accionante, dentro del plazo de diez días y bajo apercibimiento de ejecución, la suma de pesos ochenta mil ($80.000) y reintegren al actor el monto equivalente a las sumas pagadas en concepto del automóvil en cuestión, todo ello con más intereses, debiendo el accionante reintegrar el automotor adquirido, encontrándose a cargo de la accionada la totalidad de los gastos que demanden los trámites respectivos. Impuso las costas a los demandados vencidos y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así decidir, luego de calificar la relación habida entre las partes como de consumo, refirió que el caso debe ser encuadrado en lo dispuesto en el art. 17 inc. b) de la ley 24.240, que otorga la opción al consumidor de reclamar la resolución contractual más los daños y perjuicios ante la existencia de una reparación no satisfactoria de un producto defectuoso.
Con sustento en la pericia mecánica producida en autos, afirmó que el vehículo que el actor adquirió a las demandadas padece de defectos que no son propios de un vehículo nuevo y que el mismo no puede ser utilizado con normalidad.
Agregó a ello, que los defectos hallados por el perito son esencialmente los mismos que el actor advirtió oportunamente y que lo llevaran a ingresar el automóvil al taller del concesionario.
Concluyó de lo anterior, que en el caso se dan los supuestos previstos por el art. 17 de la ley 24.240 dado que la reparación efectuada por el concesionario oficial no fue satisfactoria por no reunir el vehículo reparado las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinado, encontrándose el actor facultado para pedir el pago del importe abonado conforme el precio actual del automotor adquirido, debiendo devolverlo en el estado en que se encuentra.
Respecto del “daño moral” reclamado, la sentenciante entendió que debía tenérselo por configurado en el caso, independientemente de la inexistencia de prueba directa, y cuantificárselo a valores actuales en la suma de pesos ochenta mil ($80.000).
II. Contra tal pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Dra. Mirta Susana Giacomello, en su carácter de apoderada de “Renault Argentina S.A.”, en el escrito electrónico del 10-09-2019 fundando el mismo mediante idéntica vía el día 05-11-2020, con argumentos que merecieron réplica de la contraria en el escrito de fecha 30-11-2020.
Por su parte, la sentencia es apelada por la Dra. Susana Lucia Gentile, en su carácter de apoderada de “Francisco Osvaldo Díaz S.A”, en el escrito electrónico de fecha 10-09-2019 fundando tal apelación mediante idéntica vía el día 03-12-2020 con argumentos que recibieron respuesta de la contraria en la presentación de fecha 18-12-2020.
III.a.) Agravios de Renault Argentina S.A.
Agravia a la recurrente que, en la sentencia recurrida, la a quo resuelva hacer lugar a la demanda.
En breve síntesis, expresa la apelante que la sentenciante valoró arbitrariamente la pericia mecánica producida en autos, pues según entiende la recurrente, el perito mecánico omitió realizar tareas medulares que restan valor a las conclusiones volcadas en su dictamen.
Afirma que la pericia resulta precaria al no haber utilizado el experto un scáner para detectar las fallas del vehículo.
Agrega a lo anterior, que no se ha tomado en consideración que la pericia se llevó a cabo cinco años después de que el Sr. Molina Castro adquiriera el vehículo, motivo por el cuál todos los problemas que el actor manifestó que poseía el automóvil pudieron producirse como consecuencia del uso.
En otro orden de ideas, refiere la apelante que la a quo no tuvo en cuenta que al vehículo no se le hicieron los servicios correspondientes en el concesionario oficial “Renault”, circunstancia ésta que no sólo determina la pérdida de la garantía de fábrica para la reparación de cualquier desperfecto, sino que, además, puede acarrear consecuencias adversas que en el caso pudieron actuar como desencadenante de los desperfectos que se invocaron.
Insiste, en que no debió haberse omitido la información dada por el perito respecto a que el actor no cumplió con el plan de mantenimiento indicado en el manual de uso como condición de vigencia de la garantía y subraya que no es posible conocer si la ocurrencia de un incidente técnico pudo haber tenido su origen en la falta de mantenimiento del vehículo o, incluso, en la intervención de un taller ajeno a la red de “Renault Argentina” que puede haber efectuado alguna intervención que ocasionó tal incidente. A su vez, agravia a la codemandada que la sentenciante ordene abonar al actor una suma equivalente al valor de un automotor de las mismas características.
Expresa al respecto, que si se hubiera considerado la realidad de los hechos que se desprenden de la prueba producida en autos se hubiera constatado que el perjuicio cuya reparación el actor pretendió, reclamando la devolución del precio del vehículo a valores actuales al tiempo de la sentencia, no fue al momento de fallar el verdadero y actual perjuicio sufrido, en tanto durante todo el transcurso del proceso el actor utilizó y utiliza su automotor como si nada hubiera pasado.
Afirma, que no se puede concluir que la unidad del accionante no resulta idónea para cumplir la finalidad o el uso al que está destinada por cuanto, según su parecer, el sentido común indicaría que si el vehículo padeciera realmente de un defecto de fábrica en su acelerador el actor no sólo no hubiera podido utilizar el automotor durante diez años, sino que posiblemente después de realizada la pericia mecánica lo hubiese arreglado a su costo.
Considera, que no se ha tenido en cuenta que el art. 17 del decreto reglamentario 1798/94 prevé la posibilidad de reemplazar la pieza defectuosa de aquellos productos que estuvieran compuestos por varias piezas sin llegar al gravoso extremo de tener que restituir las sumas abonadas.
Objeta también la recurrente la procedencia y cuantificación del rubro “daño moral”, indicando que tal perjuicio debió ser objeto de demostración mediante prueba concreta, pues encontrándonos en el ámbito contractual el daño no se presume por el simple hecho de la acción antijurídica.
Por su parte, agravia a la apelante la imposición de costas la que entiende deberá ser modificada como resultado del progreso del recurso.
Finalmente, solicita que se revoque la sentencia recurrida rechazándose íntegramente la demanda.
III.b.) Agravios de Francisco Osvaldo Díaz S.A.
Agravia a la codemandada “Francisco Osvaldo Díaz S.A.” el progreso de la acción.
En resumen, expresa al respecto que ha existido una interpretación arbitraria, incompleta, parcializada y fragmentada de los elementos probatorios obrantes en autos.
Alega que la a quo basó su sentencia exclusivamente en el informe del perito mecánico sin considerar el resto de los elementos aportados por las partes.
Argumenta, que no fue objeto de valoración que si bien el vehículo del actor ingresó en tres oportunidades al taller de su mandante las reparaciones fueron realizadas en debida forma pues, en caso contrario, no hubiera podido usar la unidad durante al menos seis años más, es decir, hasta el momento de la pericia.
Indica que tampoco se advirtió que los services no fueron realizados en el concesionario oficial “Renault” como lo determina el respectivo manual de garantía como condición de vigencia de ésta última. Controvierte que el vehículo no se encontrara en condiciones óptimas para cumplir con el uso al que esta destinado, dado que el mismo continuó siendo utilizado hasta la actualidad, por éste motivo, también entiende que constituye un enriquecimiento sin causa del actor el otorgarle el valor de una unidad nueva.
Agravia también a la recurrente la procedencia y cuantificación del rubro “daño moral” y la imposición de costas la que entiende debe modificarse como consecuencia del progreso de los agravios.
IV. Pasaré a analizar los agravios planteados.
IV.a.) Agravio de las codemandadas recurrentes.
PROGRESO DE LA ACCION. VALORACION PROBATORIA.
En primer lugar, cabe destacar que no ha sido objeto de agravio el encuadre jurídico que la a quo dio a la cuestión sometida a juzgamiento, esto es, las normas de la Ley de Defensa del Consumidor y las previsiones del Código Civil (ley 340), con excepción de aquellas normas más favorables al consumidor, aplicación temporal y normativa que entiendo ajustada a derecho (art. 7 del Cód. Civ. y Com. de la Nación; arts. 1, 2, 3 y ccdtes. de la ley 24.240).
Expuesto lo anterior, considero menester precisar que el art. 17 de la LDC establece que en los supuestos de reparación “no satisfactoria” por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede, entre otras opciones, pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características o bien el precio de su valor en plaza, y así también el reclamo por los eventuales daños y perjuicios que pudieran corresponder.
Se ha interpretado al respecto que la reparación no satisfactoria debe ser en términos objetivos, y para que se la considere de tal manera no debe poseer las “condiciones óptimas” para cumplir con el uso para el cual fue fabricada, que según se desprende del decreto reglamentario, se trata de las necesarias para un uso normal, mediando un trato adecuado y de acuerdo a las normas de uso y mantenimiento (argto. doct. Sagarna, Fernando Alfredo, “Tratado de Derecho del Consumidor”, Tomo III, dirigido por Stiglitz, Gabriel y Hernández, Carlos A., Ed. La Ley, Bs. As. 2015, págs. 332 y ccdtes.).
En el precedente "Bravi" hemos advertido que la reparación para ser considerada “satisfactoria” debe dejar al bien en un estado idéntico al producto original que normalmente se comercializa, ni mejor ni peor que el que se vende nuevo, y ante la duda debe realizarse una interpretación favorable al consumidor (arts. 11 y 37 de la LDC y art. 1097 CCC; ver en igual sentido lo resuelto por esta Sala de este Tribunal en causa N°167.645 "Bravi Pedro Alberto c/ BURG S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios", sent. del 15-08-2019).
En igual dirección a lo que vengo señalando, la Sala Primera de este Tribunal consideró que "…Las condiciones óptimas de la cosa para un uso normal se emparentan con aquellos presupuestos necesarios para el desempeño adecuado del bien de acuerdo a sus particularidades, evaluando el funcionamiento que cabe presumir del objeto conforme el funcionamiento de unidades de similares características en el mercado. Las garantías ofrecidas por el productor generan en el adquirente la presunción de que el objeto recibido habrá de cumplir con ciertos parámetros de calidad que engloban a otros bienes equiparables, respetando el estándar que habitualmente se les atribuye atendiendo a sus caracteres definitorios..." (esta Cámara, Sala I, en la causa N°142.736 "Teti Mauricio Walter c/ Ford Argentina S.C.A. y otro s/ Materia a categorizar", sent. del 15-05-2014). las recurrentes- para de tal modo indagar acerca de la existencia y extensión de los desperfectos del vehículo que el actor ha invocado como fundamento de su pretensión indemnizatoria.
En esta tarea, resulta útil señalar que en nuestro ordenamiento jurídico el sistema de valoración del material probatorio imperante es del de la sana crítica (argto. art. 384 del C.P.C.).
Éste sistema otorga a los Magistrados la facultad de seleccionar, con base en la experiencia y con un adecuado criterio lógico, las pruebas producidas sobre las cuales se fundamentara la sentencia, toda vez que, como tiene dicho nuestro tribunal cimero, "...de conformidad con lo establecido por el art. 384 del C.P.C., los jueces no tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de aquellas que fueran esenciales y decisivas para fallar la causa, siendo soberanos en la selección de las mismas, pudiendo inclusive preferir unas y descartar otras..." (S.C.B.A.; Ac. 59.243, del 12/08/1997, el destacado no es de origen).
En sentido concordante explica Kielmanovich que "...el sistema de la sana crítica reserva al arbitrio judicial la concreta determinación de la eficacia de la prueba según las reglas lógicas y máximas de la experiencia, esto es normas lógico-experimentales..." (Kielmanovich, Jorge L.: "Teoría de la prueba y de los medios probatorios", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 138 y ss.; Falcón, Enrique: "Tratado de la prueba", T. II, Ed. Astrea, Bs. As., 2003).
Llevando tales premisas al caso en estudio, advierto que la valoración probatoria realizada por la a quo, mediante la cual concluyó que debe tenerse como acreditado que la reparación del vehículo realizada por el concesionario oficial no fue satisfactoria al no alcanzar ésta las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinado, resulta ajustada a derecho (arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.).
Para arribar a la conclusión precedente, tengo en consideración que, al contestar la pregunta número 2) del cuestionario de la parte actora – Examinar el funcionamiento del acelerador tanto en momentos de no marcha como de marcha-, el experto dictaminó que: “…Durante el testeo de la unidad, se pudo comprobar mientras quien suscribe conducía el rodado, que el acelerador se trabó, luego de quitada la marcha y estando en punto muerto, en una posición que mantenía el motor acelerado en forma anormal. La velocidad normal de marcha en ralentí (regulando) oscila en los 900 rpm, mientras que cuando el acelerador se trabó, luego de venir circulando, la velocidad en ralentí era de aproximadamente 2500 rpm. Hay que hacer notar que el sistema de aceleración del motor de este rodado es de tipo mecánico…” (conf. fs. 211 vta.).
Cabe señalar, que esta constatación llevada a cabo por el perito ingeniero mecánico no puede descalificarse por no haber sido realizada mediante un testeo computarizado, en tanto el experto explicó claramente que para detectar la falla en la aceleración: “…no es necesario tener un scáner para efectuar un testeo computarizado. Por otro lado la computadora puede funcionar bien y sin embargo el vehículo puede presentar fallas que no sean de origen electrónico. Por ejemplo si se queda trabado el mecanismo mecánico de accionamiento desde el pedal del acelerador hasta el ingreso de combustible. Es de mencionar que una vez que el actor se retiraba con su vehículo, luego de dejar al suscripto, nuevamente se le produjo la falla y quedó con el motor acelerado en la esquina…” (conf. fs. 233; respuesta pedido de explicaciones de la codemandada “Renault Argentina S.A.”).
Esto no constituye solo una opinión o un simple juicio de valor, sino que importa el juicio técnico de un perito, que se ha expedido en una materia propia de su incumbencia profesional y que se halla respaldado por fundamentos científicos (arts. 375, 384, 474 y ccdtes. del CPC). Vale aclarar en relación a este elemento probatorio, que aún cuando las conclusiones de los dictámenes no obligan a los jueces, que son soberanos en la ponderación de la prueba, para prescindir de ellas se requiere cuanto menos que se opongan otros elementos no menos convincentes, los cuales no se evidencian en autos en modo alguno (arts. 375, 384, 474 y ccdtes. del CPC; argto. jurisp. esta Cámara y Sala, en la causa N°169.473 “Iwan, Carlos c/ Juan Manuel Fangio Automotores S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 29-09-2020)._ Dicho lo anterior es menester señalar que sin perjuicio de no ser la falla en el sistema de aceleración el único defecto que el perito encontró en el vehículo peritado, dado que también refirió problemas en la tapa del airbag y en el aire acondicionado (conf. fs. 212 vta.), la detección de tal desperfecto cobra una especial relevancia no sólo por su gravedad sino también por ser uno de los inconvenientes que oportunamente pretendió resolver el accionante al llevar en tres oportunidades el automotor a reparar durante la vigencia de la garantía, dando cuenta de ello las órdenes de reparación N°00134760, N°00134947 y N°00135372 que fueran acompañadas por la codemandada “Francisco O. Díaz S.A.” (conf. fs. 43, 44 y 45).
Lo antes expuesto demuestra que el desperfecto en la aceleración del vehículo existió, sin ser debidamente reparado, durante la vigencia de la garantía y no fue producto de la intervención de personal que no integra el service oficial como lo alegan las apelantes sin ningún tipo de sustento probatorio que lo avale (arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C.). A su vez, nada aporta a la postura defensiva de las apelantes lo alegado en torno a la ausencia de realización de los services en el concesionario oficial.
Ello es así, porque no existe prueba en la causa que demuestre como tal hecho puede haber incidido en la producción o agravamiento de los desperfectos del automotor del actor, orfandad probatoria por la que cabe tener por insatisfecha la carga de probar los extremos de la postura defensiva enarbolada por las codemandadas (art. 375 del C.P.C.; art. 53 y ccdtes. de la ley 24.240).
Similar orfandad probatoria adolece el argumento atinente a que la ausencia de realización de los services en el concesionario oficial importó la pérdida de la garantía, dado que no existe constancia en la causa que demuestre que el vehículo no ingresó a reparación ante tal circunstancia, de hecho y en forma contraria constan en autos las órdenes de reparación -conf. fs. 43, 44 y 45- sin que allí nada se asiente al respecto y, además, no puede soslayarse que es la propia codemandada “Renault Argentina S.A.” quien en el intercambio epistolar previo a la demanda reconoció la existencia de la garantía legal al ofrecer al actor: “…Llevar su automotor marca Renault modelo Symbol Luxe dominio IPH584, hasta el concesionario Oficial Renault Francisco Osvaldo Díaz S.A. (…) con el objeto de que el rodado sea sometido a una inspección, a efectos de proceder a la eventual reparación en los términos de la garantía otorgada al mismo…” (conf. fs. 282; el destacado no es de origen).
A estas alturas y teniendo en consideración la entidad del desperfecto en la aceleración del vehículo, que según expresa el perito ingeniero mecánico importa que no pueda ser usado con normalidad pues queda acelerado siendo ello riesgoso –conf. fs. 213; respuesta pregunta N° 2 de la demandada- y las reiteradas oportunidades en que ingresó al taller sin haber obtenido una solución satisfactoria, no luce abusiva ni contraria a la buena fe la pretensión de sustitución de la unidad (arts. 9 y 10 del CCC), sino por el contrario, importa el regular ejercicio de la opción prevista en el art. 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, al haber las codemandadas comercializado un producto que no reúne las "condiciones óptimas" para cumplir con el uso al que está destinado y no haber brindado satisfactoriamente la garantía debida (arts. 11, 13, 17 inc. b y ccdtes. de la LDC).
En razón de lo expuesto entiendo que corresponde rechazar el agravio bajo examen.
IV.b.) Agravio de las codemandadas. PROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACION POR EL VALOR ACTUAL DE UN VEHICULO 0 KM.
Ambas codemandadas cuestionan la procedencia de otorgar como indemnización el valor actual de un vehículo 0 km. de similares características al que fuera objeto de este litigio.
Subrayan que ello implicaría un enriquecimiento sin causa del actor pues obtendría el valor de un vehículo 0 km luego de haber utilizado por once años el automotor que adquirió oportunamente y, agregan a esto, que como paso previo a la indemnización por el valor total de un vehículo debió haberse ordenado la sustitución de la pieza defectuosa en los términos del art. 17 del decreto reglamentario 1798/94.
Las objeciones de las recurrentes no merecen prosperar.
Arribo a tal conclusión, dado que el ejercicio del derecho que le otorga el art. 17 de la LDC al accionante al pedir la sustitución del vehículo defectuoso por el valor de uno nuevo de ninguna manera importa el ejercicio abusivo de un derecho.
Sobre tal cuestión, la S.C.B.A. se ha expedido señalando que resulta un exceso en la facultad de reglamentación lo dispuesto en el art. 17 del decreto reglamentario 1798/94, el que establece que: “…la sustitución de la cosa por otra de "idénticas características" debe realizarse considerando el período de uso y el estado general de la que se reemplaza, como así también la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por la garantía que debieron efectuársele. Igual criterio se seguirá para evaluar el precio actual en plaza de la cosa, cuando el consumidor optare por el derecho que le otorga el inciso b) del Artículo 17 de la Ley… ”.
Textualmente el Máximo Tribunal Provincial consideró que: “…las empresas deberían tener un mayor conocimiento que los consumidores del producto que venden (art. 42, Const. nacional; por ejemplo detectar a priori el origen de la fallas) y, en base a ese conocimiento y calidad de lo que ofrecen, asegurar al consumidor un nivel de calidad del producto para que no tenga que transitar un recorrido sesgado de obstáculos (acudir a la concesionaria varias veces, privarse de tener el auto cuando se repara, acudir a un abogado para la defensa) para obtener una cosa en óptimas condiciones. Vale decir, el ofrecimiento de una determinada marca en un auto 0 kilómetro lleva ínsito una promesa de calidad, en relación al alto costo del producto. Es por ello que las restricciones previstas en el decreto - sustituir el auto comprado por un auto usado - distorsionan el sentido de la norma que no es otro sino que el consumidor reciba un nuevo producto en reemplazo del defectuoso; por lo tanto, es dable abstenerse de aplicar dicho decreto reglamentario para que cobre plena virtualidad la opción legal… De otro modo, el consumidor quedaría atrapado por la conducta dilatoria del empresario cuando ha tenido algo que ver para llegar a esta instancia, con el agravante de que ejercida la opción legal prevista en el art. 17 de la Ley de Defensa al Consumidor se tendría que resignar a recibir un auto usado…” (S.C.B.A. en la causa C. 115.486 “Capaccioni, Roberto Luis c/ Patagonia Motor S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 30-09-2014). Esta doctrina quedó confirmada en la causa C. 114.255, "Calarco, Marcelo J. c/ M y M Multimar S.A. y ot.”, sentencia del 29-04-2015, en la que, por mayoría, se confirmó el criterio seguido en el precedente “Capaccioni”, rechazando un planteo de similares características al realizado en autos, pues allí también se había invocado que no correspondía otorgar como indemnización el valor de un automotor 0 km. ya que el automóvil había sido largamente utilizado y no había dejado de cumplir su función.
Dicho criterio constituye doctrina de la casación provincial de la que no es posible apartarse sin brindar nuevos argumentos que no hayan sido tenidos en cuenta por el alto tribunal (arts. 278, 279 y ccdtes. del C.P.C.).
En conclusión, ante las circunstancias descriptas al tratar la valoración de la prueba; esto es, los serios desperfectos sufridos por el vehículo en su aceleración sumado a las reiteradas veces que el actor llevó el vehículo a solucionar el mismo sin que siquiera éste fuera hallado, el pedido del accionante de que se le sustituya la unidad no puede considerase abusivo ni contrario a la buena fe sino un ejercicio adecuado y regular de la opción prevista en el art. 17 L.D.C.
Me permito traer a colación las reflexiones efectuadas por la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Provincia de Buenos Aires en la sentencia dictada a los 7 días del mes de Mayo de 2019 en la causa Nº SI- 117437, caratulada: “ACUÑA NESTOR ANTONIO C/ LUXCAR S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”, tal como lo hiciera mi colega el Dr. Rubén D. Gérez en la causa N°167.645 "Bravi Pedro Alberto c/ BURG S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios", sent. del 15-08-2019, voto al que adherí.
Allí, en opinión que comparto, se dijo: “…que puede producir escozor que una persona tenga la posibilidad de sustituir un automóvil comprado hace cuatro años intensamente usado (más de 62.000 km. recorridos a la fecha de la pericia – 2/09/18 -), por un 0 km., que, conforme puede visualizarse en las páginas de internet vale actualmente más del doble del valor de aquél (diferencia que aumentará si la sustitución no se produce en el transcurso de este año), pero es la solución que establece la ley. Las leyes persiguen fines, y dentro de la finalidad general de proteger ampliamente los derechos del consumidor, el art. 17 de la LDC procura que los proveedores se vean compelidos a solucionar rápidamente los problemas que puedan sufrir los adquirentes de mercaderías.
Naturalmente, el legislador ha entendido que dilatar la sustitución de un objeto vendido, luego de una reparación insatisfactoria en los términos de la garantía, ningún perjuicio económico puede acarrearles si todo se remedia, cualquiera sea el tiempo transcurrido, con el cambio de otro similar pero usado con igual desgaste. Es así que la ley tiene una finalidad preventiva, disuasoria de conductas perjudiciales para los consumidores, y por ello la S.C.B.A. implícitamente ha entendido que el decreto reglamentario es inconstitucional por alterar el espíritu de la misma…”. Finalmente, resta señalar que lo alegado respecto a que sería suficiente para cumplir con lo dispuesto en el art. 17 de la LDC reemplazar la pieza defectuosa del vehículo resulta francamente improcedente. Ello es así, porque tal defensa recién fue invocada en esta instancia y, por lo tanto, al no haber sido puesta en consideración de la a quo el art. 272 del C.P.C. veda su tratamiento en esta Alzada.
Pero aún si fuera posible sortear tal obstáculo procesal –que desde ya no lo es- la ausente determinación de cuál o cuáles son las piezas necesarias para poner en condiciones óptimas al vehículo obstarían a la solución propuesta por las recurrentes, la que por otra parte aparece como reñida con la finalidad preventiva de la solución legal prevista en el art. 17 inc. b) de la LDC.
Es por los motivos dados que entiendo debe rechazarse el agravio en tratamiento.
IV.c.) Agravio de las codemandadas. DAÑO A LAS AFECCIONES ESPIRITUALES LEGÍTIMAS (DAÑO MORAL).
PROCEDENCIA Y CUANTIFICACION.
Corresponde señalar que el presente rubro debe ser analizado bajo la premisa de que entre las partes existe una “relación de consumo” (argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causa N° 154.916 “Amaya, María Antonia c/ BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 03-12-2013).
Siendo así, debe dejarse de lado el criterio restrictivo en la ponderación de la prueba del daño moral cuando, como en el caso de autos, nos hallamos frente al reclamo efectuado por un consumidor quien por su particular condición de parte débil, que no sólo se evidencia al momento de contratar sino también cuando debe efectuar un reclamo por deficiencias del producto o servicio prestado por el proveedor, se encuentra ante un panorama de mayores angustias al saberse en inferioridad de condiciones ya sea patrimoniales o informativas para lograr obtener la reparación del perjuicio sufrido (argto. doct. esta Cámara y Sala en la causa N°153.582 “Pastore, Mabel Ramona c/ Bco. Columbia S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 10-07-2018; esta Cámara y Sala en la causa N°156.786 “Galera Laferrere, Ándres Alfredo c/ AMX Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 04-08-2014; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul, Sala II, en causa N° 57.494 “Rossi, Laura Viviana c/ Whirlpool Arg. S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 11-06-2013; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul en la causa N°214 “Boragno, Cristian c/ Dragoun, Jorge y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 09-09-2004).
Desde esa óptica, lo cierto es que el daño moral surge de los propios antecedentes y constancias de la causa: el actor adquirió un automotor 0 km que padeció un grave defecto en su sistema de aceleración al poco tiempo de haber sido adquirido –conf. órdenes de reparación obrantes a fs. 43, 44 y 45- , el que no sólo no fue reparado sino que fue negada su existencia por parte de las codemandadas teniendo que recurrir a la instancia administrativa, a la de mediación prejudicial y finalmente a la judicial para poder hacer valer sus derechos (arts. 522, 1068, 1069 y concds. del C.C.; art. 163 inc. 5 del C.P.C.).
Corresponde también valorar que la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Bs. As., en el precedente ya referido: “Capaccioni, Roberto Luis c/ Patagonia Motor S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, sent. del 30-09- 2014, hizo lugar al daño moral por existir, en el caso, un “resultado existencial negativo” derivado de la falta de cumplimiento de las características ofrecidas por el propio instructivo y todas las vicisitudes que debió atravesar el consumidor para hacer valer la garantía legal._ Estos argumentos considero que son suficientes para tener por acreditado, tal como lo ha entendido la a quo, el daño moral cuya indemnización pretende el actor.
Ante lo expuesto, procederé a analizar la cuantificación del rubro realizada por la sentenciante.
En tal labor, y teniendo en consideración que las cuestiones inherentes a la cuantificación del daño resultan ser consecuencias no agotadas que quedan en la esfera de la ley nueva, es relevante señalar que actualmente la indemnización acordada por daño a las afecciones espirituales legítimas no procura hacer desaparecer el menoscabo espiritual, ni pretende lograr que el damnificado pueda ser emplazado a una situación previa al evento dañoso, sino que simplemente persigue otorgar una satisfacción o goce o placer en la faz anímica del damnificado que guarde razonabilidad y proporcionalidad con el padecimiento experimentado (arts. 7, 1740, 1741 y ccdtes. del C.C.C.)
La doctrina especializada ha explicado en tal sentido que: "…En la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba "el precio del dolor" para aceptarse que lo resarcible es el "precio del consuelo" que procura "la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias"; se trata "de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado", de permitirle "acceder a gratificaciones viables", confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, reparar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, "obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales…" (Ricardo Luis Lorenzetti –director- “Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado”, tomo VIII, pág. 503; ver CSJN, 4-12-2011, "Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros", R. C. y S. 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M. Galdós).
Es decir, se trata de satisfacer a la víctima más que de compensarla en términos de equivalencia (conf. Pizarro, Ramón D., "Daño moral. Prevención. Reparación. Punición", ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 385), habiéndose señalado al respecto que "…dicha satisfacción es brindada generalmente mediante una indemnización económica que le permita al damnificado adquirir bienes o servicios que son en definitiva los que producen el placer resarcitorio, ya que el dinero en sí mismo es papel y sólo tiene valor como instrumento de cambio…" (Marcellino, Leonardo, "Valoración y cuantificación de la indemnización del daño extrapatrimonial", en "Revista de Derecho de Daños. Responsabilidad por daño no patrimonial", ed. Rubinzal - Culzoni Editores, pág. 428). Así pues, luego de haber examinado desde esta óptica el reclamo articulado, considero que los elementos de valoración descriptos permiten concluir que el suceso ha tenido directa incidencia en la esfera extrapatrimonial en estudio, lo que conjugado con la condición particular de la víctima (consumidor), y las legítimas expectativas del actor de que un vehículo 0 km no sufriera desperfectos o, en su caso, que éstos fueran rápida y eficientemente reparados, lo que en el caso no aconteció, me lleva a considerar ajustado a derecho el monto resarcitorio concedido por la a quo (art. 17 de la ley 24.240 y modif.; arts. 1078, 1083 y ccdtes. del Cód. Civil, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 165, 362, 375, 384, 456 y ccdtes. del CPC).
Por los motivos dados considero que debe rechazarse el presente agravio.
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Rechazar el recurso interpuesto por la codemandada “Renault Argentina S.A.”, en el escrito electrónico del 10-09- 2019 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida, con costas (art. 68 del C.P.C.); II) Rechazar el recurso interpuesto por la codemandada “Francisco Osvaldo Díaz S.A”, en el escrito electrónico de fecha 10-09-2019 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida, con costas (art. 68 del C.P.C.); III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 16, 31, 51 y ccdts. ley 14.967).
ASI LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente;
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se rechaza el recurso interpuesto por la codemandada “Renault Argentina S.A.”, en el escrito electrónico del 10-09-2019 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida, con costas (art. 68 del C.P.C.); II) Se rechaza el recurso interpuesto por la codemandada “Francisco Osvaldo Díaz S.A”, en el escrito electrónico de fecha 10-09-2019 confirmando, en consecuencia, la sentencia recurrida, con costas (art. 68 del C.P.C.); y III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 16, 31, 51 y ccdts., ley 14.967). REGISTRESE. Notifíquese por cédula electrónica o a través de remisión de copia digital (arts. 135 inc. 12, 143 y 143 bis del CPCC conforme art. 3, apartado c) c.2) de la Resolución del Presidente de la SCBA N° 10/20; 2 Resolución 480/20 de la SCBA; 7 y 11 del Ac. 3845 de la SCBA -conf. Ac 3991 de la SCBA-). En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme acuerdo 3975/20, SCBA. Devuélvase.
Fin de la sentencia