Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa M-2.080/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja interpuesto por la actora a fs. 35/38 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Ape-laciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 891/894 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 879/884 de dichos autos, todo ello con costas al recurrente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: M-2.080/16-TSJ Interlocutorio N°: 3266.-
Actor: MOLINA MORENO MARCELO GUSTAVO Demandada: CERRO VANGUARDIA S.A.
Objeto: LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA-PARTE ACTORA Fecha: 15/02/2017 Texto: TOMO XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3266 FOLIO Nº 5413/5417 PROT. ELECT. TSS1 004 I.171
Río Gallegos, 15 de febrero de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “MOLINA MORENO MARCELO GUSTAVO C/ CERRO VANGUARDIA S.A. S/ LABORAL S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE ACTORA-”, Expte. Nº M-2.080/16-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja interpuesto a fs. 35/38 vta. por la Dra. Belisa Yañez, en su carácter de letrada apoderada de la parte actora, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en copia a fs. 30/33, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación agregado en copia a fs. 24/29. Este último, se interpuso contra la sentencia de Cámara obrante en copia a fs. 13/22 vta., que confirmó la sentencia de la anterior instancia -agregada en copia a fs. 2/7-, que rechazó la demanda interpuesta por el Sr. Marcelo Gustavo Molina Moreno contra Cerro Vanguardia S.A..-
II. En su presentación expresa: “…Se interpuso el recurso de casación contra el fallo dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones... por entender que existía una inobservancia clara de la normativa de los arts. 11, 63, 78 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta parte dejó perfectamente aclarado en el escrito de interposición que no se intentaba una tercera instancia de revisión sino que era determinante la apertura de la vía extraordinaria porque la sentencia impugnada no fue dictada con arreglo a la ley, no se observó el dispositivo legal que resultaba imperativo emplear al caso concreto, conforme resulto (sic) de la etapa probatoria que fue soslayada por todas las instancias. Es decir que el recurso de casación era procedente desde el punto de vista estrictamente formal.” (cfr. foja 35 vta.).- A ello agrega: “El fallo de Cámara es arbitrario por haber afectado el principio de congruencia y ello tiene como consecuencia el apartamiento de la ley, en el caso, los artículos 11, 63, 78 y 243 de la L.C.T. para concluir en un fallo erróneo, injusto y perjudicial al trabajador.
En efecto, tanto en primera instancia como en segunda, los Magistrados han omitido de manera absoluta el tratamiento de los principios de interpretación de (sic) y aplicación de la ley laboral y en consecuencia han evaluado en forma incongruente lo que manda la normativa en esta materia. Hay una manifiesta omisión de la verdad real, cual es el fin último del derecho del trabajo, lo que se encuentra atado a la razonabilidad, en cuanto a que la conducta de la partes dentro de una relación laboral debe ajustarse al cumplimiento de las obligaciones que marca la ley, ello en todas las etapas de la relación, su inicio ejecución y extinción. Ello obliga a un modo de obrar honesto, leal veraz y fiel, este principio receptado en el artículo 11 de la LCT, no se plasma en la sentencia ataca[da], que busca solo rechazar los argumentos expuestos claramente por esta parte, invocando un supuesto error en el actor de invocar la falta de conformación de la junta médica causal de distracto, como un hecho introducido en forma extemporáneo al demandar.
Falta razonabilidad en el análisis, falta mayor abundamiento que permita entender cuál es el motivo del rechazo de una demanda que es procedente por el evidente avasallamiento del derecho del trabajador que tiene derecho a que le den tareas, acordes a su situación pos-enfermedad. No se realiza el examen basado en el principio de buena fe que exige el artículo 63 de la LCT. Este principio impone la obligación del empleador de contestar en un plazo lógico las intimaciones del trabajador, cosa que no ocurrió en el caso de autos y que la Cámara, lo menciona solo al pasar, sin efectuar reparo alguno. La buena fe, incumplida que se traduce en mala fe, y se acredita en el dilatar innecesariamente la revisión de la indicación de la médica tratante del actor, en no dar una respuesta al trabajador cuando éste la requiere.
No podría la Cámara afirmar que la conducta de la demandada se correspondió con la de un buen empleador, cuando en el caso concreto se ha probado lo contrario, solo que no ha sido materia de análisis por ningún sentenciante. Tampoco repara la sentencia de la Excma. Cámara, en el hecho que es una obligación, y de las más importantes, del empleador, la de dar ocupación a su trabajador, y esto es una causal evidente de agravio extintivo de la relación, tal como lo muestra el artículo 78 LCT. […] Pero además, se intenta forzar la aplicación del artículo 243 en cuanto a la invariabilidad de la causa del despido indirecto, sin reparar, que al no evaluar en forma íntegra la situación planteada y probada en autos, sino que se hace hincapié y se analiza en forma exclusiva la misiva que comunica la colocación en calidad de despedido del actor.
Por ello, por la omisión de aplicación de la normativa legal aplicable al caso, teniendo únicamente por norte los principios que informan al Derecho Laboral, fatalmente debe tildarse el fallo de arbitrario e incongruente.” (cfr. fs. 36/37).- Considera, que se configura en el caso: “Incongruencia entre los considerandos y la Resolución del fallo dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones con fecha 04 de abril de 2016, que rechazó el recurso de casación: Nos encontramos ante una resolución carente de toda congruencia en cuanto a la jurisdicción que corresponde al órgano sentenciante, conforme la normativa de forma.” (cfr. foja 37).-
III. Que, corresponde en primer término verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad mínimos que deben sustentar cualquier recurso ante esta instancia extraordinaria provincial. Al respecto este Tribunal ha dicho que “...la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación. Los requisitos formales hacen a la admisibilidad, mientras que los otros, se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc.; apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (conf. Juan Carlos Hitters, ‘Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación’, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, 2da. ed., pág. 243/244).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3225, Folio 5328/5331).- De conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar del recurso propuesto a los fines de decidir si ha sido mal denegado el recurso de casación, cabe señalar que el mismo no alcanza a superar las vallas formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria por lo que adelantamos que el recurso fue bien denegado.-
En el recurso de queja no se desarrollan argumentos que pongan en evidencia los defectos, que según el recurrente, adolecería la resolución impugnada.-
El principal agravio del recurrente, tanto en su recurso de casación como en el de queja, se centra exclusivamente en la valoración de las pruebas que realiza la Cámara en la resolución en crisis.-
El recurrente cuestiona la apreciación del material probatorio, así como el análisis y establecimiento de conclusiones referidas al actuar de la demandada; incluso la determinación de si se configuró en el caso el despido indirecto esgrimido por el actor. Sin embargo, todo ello se refiere a cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación.-
Tanto las cuestiones de hecho, como así también la valoración de la prueba, compete a los jueces de grado y solo pueden convertirse en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre absurdo o arbitrariedad. Esto último “‘…exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa…’ (conf. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ‘N.R.O. c. Aguas Bonaerenses S.A.’, 06/03/2013, Publicado en: DJ 31/07/2013, 37, Causa: L.101.011. Cita online: AR/JUR/6602/2013)” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3034, Folio 4906/4909).- En particular, respecto de la consideración del actor en cuanto a que en el caso se perfeccionó el despido indirecto; objeta la valoración efectuada por la Cámara en el punto.
Al respecto ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As.: “...Sabido es que las conclusiones vinculadas a la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, así como las relativas a la determinación de la autenticidad, remisión y recepción de las piezas telegráficas y, en definitiva, a la valoración del material probatorio para determinar las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen fruto del ejercicio de facultades reservadas a los jueces de la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración de absurdo (causas L. 91.018 ‘Rojas’, sent. de 21-V-2008; L. 103.003 ‘Tristani Cárdenas’, sent. de 3-XI-2010; L. 116.498 ‘Mendoza’, sent. de 12-XI-2014).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 111.199 ‘Baltar’, sent. de 14-VIII-2013; L. 113.610 ‘Agustinelli’, sent. de 5-III- 2014). En el caso, la recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, pues en su crítica se limita a efectuar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, evidenciando tan sólo la intención de disputarle al juzgador la facultad que la ley le confiere para establecer el alcance de los escritos constitutivos de la litis, como así también la de determinar el mérito y habilidad de la prueba producida por las partes para demostrar sus alegaciones (causas L. 96.889 ‘Arismendi’, sent. de 9-IX-2009; L. 101.679 ‘Fioritti’, sent. de 4-VIII-2011).” (cfr.
“Pietronave, Karina Elizabeth c/ R.G.R. S.A. y otros. s/ Despido”, LP. Rl. 119844 -I-, de fecha 24/08/2016).- Este Tribunal Superior ha decidido respecto de las cuestiones de hecho y prueba: “…ésta es una materia privativa de los jueces de grado que no pueden ser revisadas en esta sede por medio de la mera expresión de una opinión discrepante que no alcanza a demostrar la consumación de algún vicio. Al respecto, ha señalado este Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio…” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3083, Folio 5020/5023, entre otros).- La Cámara ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad de dicho Cuerpo, ya que aporta las razones del veredicto. No se advierte que la recurrente funde adecuadamente el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se argumentan idóneamente.
Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por la recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXVI, Reg. 3083, Folio 5020/5023, entre otros).- A su vez, este Alto Cuerpo tiene dicho que “…asumir facultades de los tribunales de mérito, es crear una tercera instancia ordinaria lo cual le está vedado (confr. TSJ Santa Cruz Tomo XIII, Sentencia, Reg. 461, Folio 2508/2511, entre otros).
No puede pretenderse que por el recurso de casación se llegue a este punto con el fin de reeditar la justicia material de la sentencia de los Tribunales de grado, pues ello contraviene la previsión de la ley 1687 (art. 1º)” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2878, Folio 4536/4539).-
Asimismo, el recurrente menciona el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, argumentando que la demandada no habría obrado de forma honesta, leal y fiel; considerando que la Cámara no ha considerado el principio de buena fe que se encuentra contemplado en el artículo 63 de la LCT.-
Se ha decidido al respecto, que: “... es dable recordar que la determinación de la existencia o no de buena fe en un caso dado constituye una cuestión de hecho ajena -en principio- a la revisión extraordinaria en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes, salvo la existencia del vicio excepcional de absurdo que... no se evidencia en la especie (causas L. 98.861 ‘Leites’, sent. de 5-V-2010; L. 112.468 ‘Boga’, sent. del 13-XI-2013).” (cfr. SCBA, fallo cit.).-
En este contexto, observamos que en el recurso de casación no se logra advertir la demostración de la existencia de presupuestos que configuren como absurda, la valoración de la prueba realizada en la sentencia en crisis. Sobre la materia tiene dicho este Tribunal que ello se produce cuando nos encontramos ante “…el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio y que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, -en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389 y Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “…no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común…” (cfr. Fallos: 325:2192 del Dictamen del Procurador General que la Corte comparte y hace suyo).-
A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Buenos Aires, ha señalado que no basta con invocar la existencia de arbitrariedad en la apreciación del material probatorio, “…sino que es menester demostrarla acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba…” (cfr. “Contreras, Manuel Asencio contra Oscar Britos S.R.L. Despido”, LP L 102421 S, 15/12/2010) y que “…debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de su formación carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas…” (cfr. “Mendilahatzu, Edgar O. contra Peugeot Citroën Argentina S.A. Despido”, LP 116678 S, 17/12/2014).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “…‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación”’ (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3225, Folio 5328/5331, entre otros).-
En el sub lite, el recurrente no ha logrado fundar y argumentar suficientemente la arbitrariedad de la sentencia que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba.-
Finalmente, el quejoso se agravia pues considera que “...El voto de la Dra. Fernández parece analizar los fundamentos expuestos, sin embargo...esto está fuera de su jurisdicción.” (cfr. foja 37 vta.). No obstante ello, y como ha dicho oportunamente este Tribunal Superior: “...ataca una resolución que no sólo se ajusta a lo normado por la propia ley sino que es acorde a la jurisprudencia de este Tribunal; en efecto, el artículo 5º de la ley 1687, al referirse al examen de admisibilidad dispone ‘?Esta resolución será en todos los casos fundada?’, en consecuencia la Alzada dio cumplimiento a la norma al expedirse sobre los requisitos formales y entre ellos el artículo 4º inciso a) con su normativa expresa; no surgiendo extralimitación alguna en el tratamiento realizado por la Excma. Cámara de las causales invocadas como fundamento del recurso interpuesto, de acuerdo a lo oportunamente resuelto por este Alto Cuerpo al Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1081, Folio 1369/1377; Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1097, Folio 1406/1412; Tomo X, Interlocutorio, Reg. 1376, Folio 1913/1915, entre otros. Por lo que las argumentaciones dirigidas a cuestionar las facultades de la Cámara carecen de entidad a los fines pretendidos por el quejoso y deben, entonces, ser desestimados.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2883, Folio 4549/4554).-
IV. Por los argumentos expuestos, y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recur-so de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por el actor a fs. 35/38 vta. de los presentes y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 891/894, de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 879/884, de dichos autos; todo ello con costas al recurrente, de acuerdo a lo normado en el 3º párrafo del ya citado artículo 18, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Así lo voto.- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani y Alicia de los Angeles Mercau, adhieren al voto de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos.-
Voto del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
Que, por el presente expreso mi DISIDENCIA con la solución propuesta, no obstante lo resuelto en el interlocutorio denegatorio de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, considero que se encuentran reunidos -en principio- los extremos formales que habilitan la admisión de la queja impetrada conforme lo dispuesto en el artículo 18º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
En virtud de lo expresado, corresponde hacer lugar a la queja planteada por la actora a fs. 35/38 vta., declarando mal denegado el recurso de casación interpuesto, revocando en consecuencia, la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería obrante a fs. 891/894 de los autos principales, debiendo acumular las presentes actuaciones al principal, conceder el recurso de casación interpuesto en dichos autos a fs. 879/884, y poner los mismos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º de la ley citada y por el término allí establecido. Así lo voto.-
V. Por todo lo expuesto, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dra. Alicia de los Angeles Mercau y Dr. Daniel Mauricio Mariani y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja interpuesto por la actora a fs. 35/38 vta. y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Ape-laciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 891/894 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 879/884 de dichos autos, todo ello con costas al recurrente.-
2. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente, devuélvanse. Cumplido, archívese la queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariano –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.266.-
Folio N°:5413/5417.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia