Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C. Confírmase –en lo esencial- la sentencia en crisis de fs. 634/653 vta. y REVÓCASELA en lo relativo a las sumas de condena las que se fijan del modo siguiente: 1) por el daño patrimonial por el fallecimiento de Luis Adolfo Tissoni, se otorgan $ 145.000 a favor de su esposa (Silvia Viviana Molina de Tissoni) y $ 100.000 para cada uno de los hijos (Luis César y Sebastián Tissoni); 2) por el daño moral por el fallecimiento de Luis Adolfo Tissoni, se fijan $ 120.000 para la esposa (Silvia Viviana Molina de Tissoni) y $ 100.000 para cada uno de los hijos (Luis César y Sebastián Tissoni), todo con más los intereses y las demás condiciones fijadas en la sentencia de Grado. IMPÓNGANSE las costas de la Alzada, a los demandados (Sres. Gustavo Héctor Sarlo y Miguel Ángel Criado –hoy sus herederos-) dada su condición de apelantes perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Causa nº: 2-58514-2013 "MOLINA,SILVIA VIVIANA C/CRIADO,MIGUEL ANGEL Y OT. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - AZUL
Sentencia Registro nº: 63 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 17 días del mes de Junio del año Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós y Víctor Mario Peralta Reyes –encontrándose excusada a fs. 712 la Dra. María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 de la ley 5827)-, para dictar sentencia en los autos caratulados “MOLINA, SILVIA VIVIANA C/ CRIADO, MIGUEL ÁNGEL – SARLO, GUSTAVO H. Y ‘CÍA. OCÉANO DE SEGUROS S.A.’ S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (CAUSA Nº 58.514), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
- C U E S T I O N E S -
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 634/653 vta.?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
- V O T A C I Ó N -
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. Silvia Viviana Molina de Tissoni, por sí y en representación de sus hijos menores Luis César y Sebastián Tissoni, en su carácter de esposa e hijos de Luis Adolfo Tissoni, promovió demanda resarcitoria de daños y perjuicios derivados del fallecimiento del causante, contra Gustavo Héctor Sarlo y Miguel Ángel Criado, y -ante su fallecimiento- la litis se integró con sus herederos, sus hijos, Juan Carlos, Sebastián y Miguel Ángel Criado y de la Serna y Chiara Criado y Dotta. La sentencia de grado hizo lugar a la pretensión resarcitoria y condenó a los accionados y a la citada en garantía Euroamérica Compañía de Seguros S.A. -ésta última con el alcance previsto en el art 118 de la ley 17.418- a pagar a los actores la suma total de $ 540.000 en concepto de daños patrimonial y moral, discriminados del siguiente modo: a favor de Silvia Viviana Molina $ 220.000 y a favor de Luis Cesar Tissoni y de Sebastián Tissoni las sumas de $ 160.000 para cada uno de ellos, con más intereses y costas del proceso, determinando que los intereses moratorios se liquiden a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a plazo fijo a 30 días.
Para así decidir el pronunciamiento de Primera Instancia resolvió que el hecho del cual falleció la víctima -Luis Adolfo Tissoni- acaeció por exclusiva responsabilidad de Miguel Angel Criado, cuando conduciendo la camioneta pick up Chevrolet, modelo 1995, motor nº 8.A 6244/100977, dominio AAQ-417 (propiedad del codemandado Sarlo), que portaba la sembradora marca Gherardi, de cinco surcos, por la ruta 222 a la altura del kilómetro 404, en proximidad a la rotonda con la ruta provincial 65, el día 25 de Octubre de 1996, aproximadamente a las 18:30 hs. embistió con la maquinaria agrícola, sobre la banquina, a Luis Adolfo Tissoni quién, como peatón, practicaba aerobismo en ese lugar. Ambos transitaban en la misma dirección, el embestimiento se produjo sobre la banquina y la víctima resultó impactada con el marcador del lado derecho de la sembradora que estaba desprendido, sobresaliendo de la cinta asfáltica e invadiendo la parte de la banquina por la que transitaba Tissoni, en el mismo sentido de marcha.
El fallo juzgó aplicable la doctrina del riesgo creado prevista en el art. 1113 Código Civil, ponderó las pruebas obrantes en la causa penal (causa nº 35.955/96 caratulada “Criado, Miguel Angel s/ Homicidio Culposo”) y decidió que no medió contribución causal de la víctima en la producción del resultado final. Tuvo en cuenta especialmente las declaraciones de Criado vertidas en la causa penal en las que admitió que el peatón venía circulando por la banquina (pero en sentido contrario al suyo), computó la imprudencia del conductor de la camioneta que divisó con anticipación a Tissoni, y apreció los testimonios de Marcelo Juan, Ricardo A. Taien, Leonardo García y la pericia mecánica del perito oficial Ing.
Piazza, concluyendo que el brazo derecho de la sembradora, que actúa como marcador lateral, se encontraba desprendido e inclinado hacia la banquina. Colige, valorando también las fotos, los croquis y las restantes pruebas agregadas en el expediente penal, que no medió culpa de la víctima por circular en la banquina, en el mismo sentido que la camioneta, ya que su aparición no resultó sorpresiva para Criado, quién lo había visto con antelación e intentó eludirlo para pasarlo, oportunidad en la que se produjo el embestimiento. En lo atinente a los daños resarcibles admitió los daños patrimonial y moral, partiendo de la base de que en caso de fallecimiento el denominado valor de la vida humana consiste en procurarle a los deudos una indemnización equivalente a lo que les proveía el fallecido.
Así otorgó a Silvia Viviana Molina, como esposa del causante la suma de $ 120.000 atendiendo a la edad de la víctima (35 años) y a que si bien se acreditó que Tissoni trabajaba como cartero no se probó su ingreso. Con relación a los hijos, Luis César y Sebastián Tissoni, considerando que tenían 11 y 10 años al momento del deceso, otorgó como daño material por la pérdida de chance la suma de $ 80.000 para cada uno. En lo relativo al daño moral fijó en $ 100.000 para la esposa y $ 80.000 para cada uno de los hijos, en función de la presunción de daño por el lacerante dolor que implica el fallecimiento del cónyuge y padre (art. 1078 Cód. Civil).
Ese pronunciamiento fue apelado por la actora a fs. 667 y la demandada a fs. 669 y 671. A fs. 683/686 expresó agravios la demandante, los que fueron contestados a fs. 706 y 708/709 y la parte actora expresó agravios a fs. 694/699 y 700/704, correspondiendo, respectivamente, a las impugnaciones de Juan Carlos, Sebastián y Miguel Angel Criado – representada durante su minoridad por su madre- y de Gustavo Héctor Sarlo.
Los agravios de la actora impugnan los montos de condena, los que considera bajos e insuficientes. La recurrente sostiene que es correcta la postura que afirma que corresponde colocar a la familia del muerto en la misma condición en la que se encontraba en vida del causante y que procede descontar un porcentaje (entre el 10% al 15%) en concepto de gastos personales del occiso. Pero cuestiona la aplicación en el caso de esa doctrina ya que la suma concedida representaría algo así como $ 714,28 por mes para la viuda, computando los 14 años que duró el proceso, estimando los intereses en $ 1.677. Puntualiza que es público y notorio que el sueldo de un cartero no es inferior a $ 7.000 y que el daño patrimonial por muerte comprende también otros aspectos, no sólo los derivados de los ingresos, sino también los restantes aportes materiales.
Por consiguiente y con cita de jurisprudencia solicita se eleve la cuantía otorgada por este concepto. Luego también ataca por insuficiente la indemnización que por el denominado valor vida se otorgó a los hijos Luis César y Sebastián Tissoni. Señala que el monto indemnizatorio debe cubrir las necesidades de los hijos, distinguiendo si son menores o mayores, aunque siendo más estricto en éste último caso. No sólo hay que contemplar los aspectos alimentarios sino también las otras colaboraciones y aportes con significación económica. Por ello, si se computa la edad de los menores (10 y 11 años al momento del hecho) y hasta su mayoría de edad, estima que la suma conferida representa $ 1.430 por mes para cada uno, ascendiendo a $ 4.537 mensuales la de toda la familia.
Finalmente solicita que las sumas indemnizatorias se eleven atendiendo a los principios de igualdad y justicia. En lo relativo al daño moral concedido a la esposa y a los dos hijos menores controvierte la cuantía asignada sosteniendo que es baja, no se ajusta al criterio de la satisfacción equivalente y se vulneran las garantías constitucionales en razón de su exigüidad. Tras ello el agravio de la parte actora pide se eleven los rubros indemnizatorios fijados. Por su lado la demandada vertió sus críticas en la expresión de agravios de fs. 694/699 presentada por los hijos de Miguel Angel Criado (Juan Carlos, Sebastián y Miguel Angel) y en la de fs. 700/704 por Gustavo Sarlo, las que son similares.
Luego de reseñar los antecedentes de la causa el primer agravio cuestiona la atribución de responsabilidad exclusiva fijada en contra de Criado puntualizando: que se vulnera el principio de congruencia al admitirse la modificación del relato de los hechos ya que la actora primero sostuvo que el peatón circulaba en la misma dirección que la camioneta que manejaba Criado y luego, a fs. 518, manifestó que lo hacían en direcciones contrarias; que no se probó con qué parte de la camioneta o de la sembradora se impactó a la víctima, lo que es presupuesto para hacer funcionar la responsabilidad objetiva; que no se tuvo en cuenta que la conducta del peatón resultó causa o concausa del accidente al circular contraviniendo las normas de tránsito que obligan a los peatones a desplazarse por la ruta en sentido contrario al de la circulación; que la pruebas recolectadas (testimonios, lugar de las heridas, informes médicos, etc.) dan cuenta que Tissoni caminaba en el mismo sentido que la camioneta; que no es correcto sostener que la ruptura del nexo causal debe ser total y que el comportamiento de la víctima no constituye una mera infracción sino un hecho interruptivo, aún en parte, del daño.
El segundo agravio ataca las sumas indemnizatorias fijadas. Sostiene que no se probó cual era el trabajo y los ingresos de la víctima; que debe descontarse, si percibiera, una pensión y que corresponde computar sólo el resto de vida útil del fallecido; que la edad de la esposa hace presumir que pudo obtener un trabajo; tampoco se probaron los parámetros considerados para cuantificar el daño de los hijos ni se allegaron otras probanzas. Enfatiza sobre la ausencia de prueba del daño patrimonial. Más adelante cuestiona las cuantías indemnizatorias por daño moral que –dice- exceden los montos reclamados en la demanda y no se produjo prueba. El tercer agravio controvierte la aplicación de la tasa activa que entiende es lesiva del patrimonio de los demandados, porque la prolongación excesiva del proceso por falta de impulso de la actora no puede tener como correlato un mayor daño para los accionados.
En consecuencia pide se revoque la sentencia en lo que fue materia de agravio.
Llamados autos para sentencia y firme el proveído que dispuso hizo saber el resultado del sorteo del orden de la votación, el expediente se encuentra en condiciones de ser fallado. II.-1.- No procede la apelación de la parte demandada relativa al cuestionamiento de la responsabilidad de Miguel Angel Criado, cómo único responsable directo del hecho dañoso y que acarrea la responsabilidad refleja de Gustavo Héctor Sarlo, como dueño de la caminoneta Chevrolet, modelo 1995 dominio AAQ-417, y de la aseguradora citada en garantía - Euroamérica Compañía de Seguros S.A.- condenada con el alcance previsto en el art. 118 de la ley 17.418. En tal sentido los dos recursos de la parte demandada (fs. 694/699 y 700/ 704) son infundados (arts. 901, 906, 1113 y concs. Cód. Civil).
La sentencia de grado juzgó que la responsabilidad de Criado, como conductor de la camioneta que tenía enganchada una sembradora marca Gherardi, de cinco surcos, de su propiedad (cosa de riesgo en los términos del art. 1113 Código Civil ), radicó en que embistió a Luis Adolfo Tissoni cuando éste transitaba, como peatón, por la banquina de la ruta nacional nº 226 practicando aerobismo, circulando ambos en la misma dirección y siendo embestida la víctima por el brazo derecho de la sembradora que se encontraba desprendido y con el cual atropelló a Tissoni. El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 hs. del día 25 de Octubre de 1996, sobre la banquina, cuando ambos (la camioneta que portaba la maquinaria agrícola y el peatón) se dirigían por la mencionada ruta, en el mismo sentido y desde la ciudad de Bolívar hacia la rotonda de la mencionada ruta nº 226 con la ruta 65. Reitero que el impacto se produjo sobre la banquina y que Tissoni fue embestido con el brazo lateral derecho de la sembradora (que actúa como marcador lateral) el que se encontraba “inclinado hacia la banquina” golpeando “la altura del cuello y espalda” de la víctima (pericia del perito oficial ingeniero Hugo A. Piazza, fs. 209/210 de la causa penal, agregada por cuerda, nº 35.955/96 caratulada “Criado, Miguel Angel s/ Homicidio Culposo”, dictamen mecánico sobre la maquinaria de fs. 23/24, fotografías fs. 74,76 y 77 vta). Debe puntualizarse, porque ello es decisivo, que la embestida resultó sobre la banquina (ver rastro en las fotos de fs. 75, croquis de fs. 4, acta de inspección ocular de fs. 1/3, declaración en la causa penal a fs. 3 de Criado, pericia mecánica citada de fs. 209/210 -sentencia de grado inatacada en ese sentido- arts. 260 y 261 CPC) y que el peatón fue alcanzado con el brazo derecho de la sembradora que invadía dicha banquina.
A ello cabe añadir que el sistema de “fijación de los brazos laterales de los discos marcadores no serían los adecuados en esta maquinaria” (pericia fs. 210 vta.) porque “carece de pernos” que sujete al disco marcador mecánico, los que fueron “sustituídos por alambres acerados”. La función de las cadenas de sujeción es precisamente contener los brazos de la sembradora en caso de girar o desprenderse (pericia fs. 210, constatación de la máquina de fs. 45 efectuada por el policia Gajarte). El otro dato relevante es que el peatón circulaba en el mismo sentido que la camioneta -que arrastraba- la sembradora, por lo que resulta un tanto inentendible la aseveración de Criado (fs. 3 causa penal) de que Tissoni venía por la banquina pero en sentido contrario al suyo.
Con este punto de partida, incluso no controvertido en lo relativo al lugar del embestimiento (en la banquina) y a que Tissoni falleció como consecuencia del contacto físico entre el brazo de la sembradora con su cuerpo, corresponde desestimar el agravio que sostiene que se vulnera el principio de congruencia porque la actora al demandar afirmó que el peatón fue atropellado con la parte trasera de la máquina cuando Criado intentó sobrepasarlo (fs. 15/ 17) y, luego y durante el curso del proceso, modificó su versión sosteniendo a fs. 518 que el hecho ocurrió como lo relató Criado en la causa penal: que éste observa que “en sentido opuesto por la banquina del mismo carril avanzaba una persona practicando aerobismo” (fs. 3 causa penal, fs. 518 de estos autos). En efecto, y toda vez que la sentencia recoge la versión acreditada en el expediente penal e invocada en el agravio (que afirma que ambos transitaban en la misma dirección -desde Bolívar hacia la rotonda de la ruta nº 226 con la 65- y no en sentido opuesto, como lo sostuvo Criado) cabe concluir no sólo que no media infracción al principio de congruencia decisoria (arts. 34 inc. 5 y 163 inc. 6 del C.P.C.C.) sino que el pronunciamiento se sustenta en el hecho alegado por la demandada (transitar ambos en la misma dirección). Más allá de que la versión dada en la causa penal por Criado cuando afirma que Tissoni venía por la banquina en dirección contraria a la suya no es compatible con la forma en que ocurrieron los hechos, la demandada consintió la aclaración de la actora (fs. 518), que se funda en la confesión de esa parte obrante en la causa penal y que fue ofrecida como prueba por todos los litigantes (conf. fs. 78/85, 126/ 134) .
La Suprema Corte decidió –en consideraciones aquí aplicables- que “aún cuando se reputara que el actor no probó que el siniestro –cuyo acaecimiento no está en discusiónsucediera de la manera en que se alegó en la demanda, ello no bastaría a fin de hacer cesar la responsabilidad objetiva que el art. 1113 del Código Civil pone en cabeza del dueño o guardián de la cosa riesgosa cuando ésta interviene en la producción del hecho” (cf. S.C.B.A., Ac. C. 105.191, 3/10/2012, “Sánchez...”). Esta doctrina consolida la posición anterior del Superior Tribunal que predica que “la indefinición sobre la forma en que sucedió el accidente, hace subsistir la responsabilidad que la referida norma (art. 1113, 2° párr. in fine Cód. Civ.) pone en cabeza del dueño o guardián de la cosa riesgosa cuando ésta interviene activamente en la producción del perjuicio” (S.C.B.A. Ac. 102054, 20/05/2009 “Iglesias, María Elena c/ ‘Nueva Chevallier S.A.’ Daños y Perjuicios”, por unanimidad voto Dr. Soria). “En efecto, -dice Zavala de González” la incertidumbre ante una causa ‘desconocida’ deja en pie la relación causal aparente entre el riesgo y el daño, que es la base de la atribución resarcitoria, la cual se mantiene de no probarse la mediación de una causa ajena al peligro” (Zavala de González, Matilde “Doctrina Judicial. Solución de casos”, T.4 pág.80; esta Sala causas N° 48042 “De La Canal”; N° 48043 “Navarro”, 28/11/06 cit. y nº 54.831, 28/07/13, “Liberti ...” también cit. anteriormente). Por consiguiente no hay infracción alguna al principio de congruencia (arts. 34 inc. 5 y 163 inc. 6 C.P.C.).
La precitada causa penal concluyó con la declaración de fs. 248 que tuvo por extinguida la acción penal por fallecimiento de Criado, lo que no constituye pronunciamiento prejudicial en los términos de los arts. 1101, 1102 y 1103 Código Civil. Empero no cabe dudas que el ofrecimiento conjunto como prueba del expediente penal en este juicio civil por parte de todos los contradictores, y la presentación de Criado en aquella causa ejerciendo su derecho de defensa ante la imputación del fiscal, con ofrecimiento y producción parcial de prueba tendiente a demostrar su falta de autoría y en subsidio de responsabilidad, conducen a valorar ampliamente las probanzas allí colectadas, aceptadas sin reservas ni objeciones en el posterior juicio civil. Opera la denominada prueba trasladada porque los elementos de juicio y constancias reunidas en otro expediente , en otro fuero y aún con otro objeto, resultan oponibles a todas las partes de este proceso que las consintieron cuando al contestar la demanda se remiten a ellas como sustento probatorio de su propia pretensión .
Sobre el tópico, siguiendo jurisprudencia casatoria, esta Sala ha reiterado que “la prueba acumulada en el juicio criminal es invocable para la decisión del posterior pleito civil cuando la demandada ha tenido oportuna noticia del ofrecimiento de esa prueba y ha podido producir la que convenía a sus derecho para desvirtuarla” (C.N. Fallos 182:502, L.L. 17-183; 187:627; 188: 7; 219:55; esta Sala causa N°52.047; “Moroni de Collazo, Vilma V. y otros c/Banco Bansud S.A.” y sentencia única del 01/03/12 causas N° 54.327 “Ricco, Patricia y otra c/ Lancioni Agustín” y N°54328 “Lancioni, Agustín c/Vulcamoia Mar Del Plata S.A.”; S.C.B.A. Ac.79216, 24/9/2003 “Girardi”; Ac.87968, 16/2/05 “Porrez”; esta Sala causa N°55340, 13/03/12 “P., C. y otros c/ A., A.R. s/ Ds. y Pjs.”; cf. esta Sala, causa nº 56.556, “Arbiza ...” y su acumulada nº 56.557, “Curuchet ...”, ambas del 17/09/13).
Retomando el tema de las manifestaciones que Criado vertió en la causa penal, con asistencia letrada y que luego cuestionó en éste proceso (reitero: que advirtió la presencia de Tissoni que practicada aerobismo, aunque ubicando el sentido de marcha del peatón de modo opuesto al suyo, fs. 3 expte. citado) tienen valor probatorio porque constituyen admisión procesal de parte. El reconocimiento de la demandada de que antes del choque vio a Tissoni comporta una manifestación de voluntad en su contra, que lo perjudica, y que es formalmente admisible. Si bien esa declaración no está firmada por el causante y fue recogida por la instrucción policial (confr. fs. 3 expte. penal), no está en discusión que se expuso en presencia del letrado de Criado, obra en la causa penal que fue ofrecida como prueba sin reservas (conf. fs. 78/85, 126/134), y ya estaba incorporada en aquél expediente de ocasión de su ofrecimiento probatorio en este juicio civil. Por lo demás, al contestar la demanda la accionada la consintió, no impugnó su contenido ni brindó, en esa oportunidad, ninguna razón atendible que justificara la modificación de su versión de los hechos, lo que recién concretó al expresar agravios (fs. 78/85, 126/ 134, 694/699) y que por ende no resulta admisible ( art 272 CPC). Tampoco puede soslayarse que el énfasis probatorio de esa manifestación está puesto en la confesión de Criado de que antes de la embestida advirtió la presencia de Tissoni .
La eficacia de esa admisión procesal prestada en otro expediente mediante prueba trasladada fue aceptada anteriormente por este Tribunal; la jurisprudencia casatoria tienen dicho que ‘la indagatoria penal y las manifestaciones y reconocimientos vertidos en el fuero criminal (supuesto éste último aquí configurado) si bien no significan confesión por carecer de ‘animus confitendi’ son presunciones graves ‘en contra del declarante’ (S.C.B.A., Ac. 29.563, 04/11/80, “Leguizamón ...”, D.J.J., 120-93). Se expresó también que configuran ‘confesión extrajudicial’ porque, siguiendo a Couture, ‘toda manifestación de conocimiento que revela un hecho contrario al interés de quien lo formula constituye prueba de confesión’” (Cám. 1ª Civ. y Com., La Plata, 10/02/50, “Fournier, ...”J.A., 1950-II-176; conf. “El valor probatorio del expediente penal en sede civil”, L.L., 1992-E-p. 924/5). El criterio prevaleciente es el que predica que ‘las piezas que contienen el relato del demandado son documentos públicos que prueban la verdad extrínseca de esas declaraciones’ (S.C.B.A., 25/6/57, “Menéndez, ...”, J.A. 1958-I-145) y que ‘rige el principio propio de la confesión judicial denominado de la ‘contra se pronuntiato’ ya que sólo puede traerse la declaración indagatoria como prueba en su contra’ (ob. cit., y L.L. Bs. As., 1997, p. 522, y sus reenvíos: S.C.B.A., Ac. 42.380, 12/6/90, “Da Rui...”; Ac. 36.391, 23/6/86, “Segovia...”, entre otros muchos, esta Sala, causa cit. y nº 41.578, 09/11/00, “Lecuona ...” y “Recci ...”).
En definitiva y centradas las manifestaciones de Criado en lo relativo a que reconoció que antes del choque advirtió la presencia de Tissoni, ello “constituye confesión extrajudicial porque fue prestada por la demandada ante la autoridad policial en la causa penal (fuera del juicio civil), y, como tal, constituye fuente de presunción simple que requiere ser corroborada por otros medios de prueba” (cf. esta Sala, causa nº 56851, 15/05/13, “Arguello, Hugo A. y O. ...”, voto Dr. Peralta Reyes).
2. La prueba es contundente y acredita que el choque ocurrió en la banquina (cf. acta inspección ocular fs. 1/3; croquis fs. 4, pericia fs 209/210,croquis fs 73 ) y que Tissoni recibió la “lesión producida por un elemento” que golpeó “la cara posterior del cuerpo, a nivel del cráneo, columna cervical y cara posterior del tórax” (sic. informe médico fs 8/9 ).Por su lado el informe del perito en accidentologia glosado a fs. 92 de la causa penal pone de relieve que el impacto “se produjo sobre la banquina, del lateral Noreste de la ruta 226”; que “ambos circulaban en el mismo sentido, el peatón por la banquina Noreste, en sentido cardinal hacia el Noroeste (hacia la rotonda), teniendo el mismo sentido de circulación la pick up, con el implemento agrícola enganchado” (sic. fs. 92/92 vta. de la causa penal). “Del análisis de las lesiones que surgen de la autopsia de la víctima –continúa dicho informe pericial- se puede concluir que el impacto fue de atrás hacia delante, y al hallarse cabellos (aparentemente de la víctima) en el ángulo que forman los largueros del marcador de la sembradora, la posición de éste elemento fue de su parte delantera hacia la parte trasera de la víctima” (sic. fs. 92 causa penal).Concluye puntualizando que cómo el marcador derecho estaba caído igualmente invadía la banquina “aunque la maquinaria fuera totalmente sobre la ruta”.
La imputación penal que el Agente Fiscal formuló a Criado en aquél expediente refleja claramente el sustrato fáctico de autos: “que en circunstancias que el imputado Miguel Ángel Criado conducía una pick up Chevrolet, tirando un arado Gherardi de cinco surcos, a la altura del km. 104 de la Ruta Nacional 226, no advirtió que lo hacía con el marcador del lado derecho de la referida máquina agrícola desprendido, sobresaliendo de esta forma de la línea de la cinta asfáltica e invadiendo así, parte de la banquina, lugar por donde lo hacía la víctima (Tissoni) en el mismo sentido, golpeándolo a la altura del cráneo” (sic. fs. 153 vta.). Esa acusación, entre otras muchas pruebas, se sustentó en el testimonio de Marcelo Juan, que viajaba en su vehículo junto a su esposa y en sentido contrario a la dirección de la camioneta de Sarlo (y que conducía Criado) y que manifestó que le llamó la atención que “el marcador de disco del lado derecho (de la sembradora) no iba a noventa grados como tenía que ir, sino que iba algo más bajo, sobresaliendo algo de la ruta para el lado de la banquina ...
Que al ver pasar la camioneta y ver el marcador de disco que no iba en posición de noventa grados como suele llevarse cuando se transporta un implemento agrícola de esas características, miró por el espejo retrovisor de su lado de la camioneta, hacia atrás, viendo saltar algo al paso de la camioneta, que circulaba en sentido contrario, considerando que dicho rodado había embestido al joven que corría, por lo cual detuvo su marcha ...” (sic., fs. 54/55 expte. penal y ratificación de fs. 240/241 ). La esposa del testigo, Adela Inda de Juan, también se pronunció en sentido concordante (fs. 56) cuando expresó que “pudo ver un joven que corría por la banquina opuesta a la que ellos iban circulando y que lo hacía en dirección a la rotonda al mismo momento también observó una pikc up que llevaba una máquina agrícola, “de tiro” la cual iba con el marcador del lado derecho sobresaliendo de la cinta asfáltica, hacia la banquina del mismo carril en que avanzaba la camioneta, sabiendo la dicente porque su esposo es agricultor que dichas herramientas cuando van en circulación deben hacerlo con los marcadores hacia arriba o sea a noventa grados, mientras que esta maquinaria lo hacía a unos cuarenta y cinco grados.
Que el joven que corría por la banquina lo hacía metros antes que la camioneta que arrastraba la maquinaria, pero la dicente pensó que el conductor de la camioneta sabía lo que hacía y no pensaba que lo iba a embestir” (sic., fs. 56).
En la caja de la camioneta que conducía Juan viajaban dos personas más, que fueron recogidas mientras “hacían dedo en la ruta” y que lo hacían apoyados de espaldas sobre la cabina; se trata de Daniel García y Ricardo A. Taien. Éste último, prestó declaración a fs. 54 de la causa penal, la que ratificó -en lo esencial- cuando volvió a deponer como testigo en la audiencia celebrada con el defensor penal de Criado. Allí manifestó que la embestida se produjo cuando la camioneta (que manejaba Criado) circulaba en parte sobre la ruta y en parte sobre la banquina y que al ver (Criado) una persona corriendo (Tissoni) el conductor pretendió subir “de la banquina a la ruta y la sembradora ‘saltó’ y se desprendió una guía o marcador que impactó contra la persona que iba corriendo en las condiciones antes referidas”; ‘al saltar la sembradora, en el golpe cae la guía y le pega al muchacho en la espalda, cayendo éste luego de dar una vuelta de carnero’” (sic. fs. 215). Esta declaración, que en parte corrige la anterior (fs. 56), no modifica lo medular del hecho en juzgamiento : el choque fue sobre la banquina y los brazos de la sembradora estaban desplegados cuando impactó a Tessoni. Más aún y ante una pregunta específica el testigo manifestó que “luego del hecho” Criado “levantó el brazo que daba sobre la ruta, o sea el izquierdo, teniendo en consideración la dirección que aquél llevaba” (sic. fs. 216 causa penal). Esta es la versión que, en lo esencial, recogió la sentencia de grado ponderando todas las restantes constancias de la causa penal (conf pericia 209/210) apreciando también el reconocimiento de Criado – ya señalado- de que vio a Tissoni cuando corría por la ruta.
3. Las infracciones del conductor de la camioneta a las normas que regulan el tránsito y la actuación de las cosas de riesgo (la camioneta que tenía enganchada la sembradora, cuyo brazo –desprendido- invadió la banquina) constituyen los hechos materiales que confieren sustento jurídico al comportamiento causal de la maquinaria agrícola como factor eficiente excluyente en la producción del siniestro (arts. 901, 906, 1113 y concs. Cód. Civil; arts. 10, 11 incs. 1 y 2, 16 inc. 20, 31, 51 incs. 2, 3, 58 inc. 2, 76 y concs. ley 11.430 vigente en el año 1996). Ha dicho la Suprema Corte que “el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión, y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquel. Para establecer la causa del daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquel se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas” (Ac. 37.535, “Cardone…”, DJJ, 135-171, entre otros). La Suprema Corte adopta la posición según la cual el juez para determinar la relación causal adecuada contenida en el arts. 901, 906 y conc. C.C. debe formular ex post facto un juicio de probabilidad, o pronóstico póstumo u objetivo del resultado dañoso, según el curso ordinario de las cosas y la experiencia de vida, para verificar si ese daño era previsible que se aprecie en abstracto (Compagnucci de Caso, Rubén “Responsabilidad Civil y relación de causalidad”, p.30; Bustamante Alsina, Jorge “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, p.220/221; esta Sala causa N° 50199, 10/05/07 “Vulcano, Rosa María c/ Sanatorio Tandil s/ Ds. y Pjs.”).
La actuación de la sembradora, en las condiciones anteriormente reseñadas (invadiendo parcialmente la banquina de la ruta y con el brazo derecho “caído”, o sea no sujetado “hacia arriba”), otorga al accionar de esa cosa de riesgo y al comportamiento culpable de su conductor la entidad de única causa jurídica desencadenante del evento. La circulación del peatón por la banquina de la ruta, en infracción a lo prescripto por el art. 50 inc. 3 ley 11.430 (vigente al momento del hecho), constituye una mera condición material, que no se erige en concausa, ya que resulta imprevisible para quien se desplaza por la banquina de una ruta que un accesorio de la maquinaria agrícola (el brazo de la sembradora) esté desprendido (y no a los 90º), fuera de sus condiciones normales, invadiendo ese sector del camino (art. 1113 Cód.
Civ.; conf. esta Sala, doctrina causas nº 56.556, “Arbiza ... “ y nº 56.557 “Curuchet ...”, ambas del 17/09/13). El comportamiento del peatón de no transitar en la zona rural en sentido opuesto al de circulación de los vehículos lo más alejado posible de la calzada (art. 50 inc. 3 Ley 11.430) constituye una infracción a las normas (ver Areán, Beatriz A., “Juicio por accidentes de tránsito”, Tº 2, pág. 847) pero que “no acarrea automáticamente su responsabilidad por los accidentes que pudiere sufrir” (cf. Sala Civil y Comercial de la Cámara de Concepción del Uruguay, 10-9-1998, “Rodríguez, Luis María c/ Palma, Rodolfo Miguel s/ Sumario”, elDial.com – AT1DFB; Sala Civil de la Cámara de Concepción del Uruguay, 18-5-2000, “Cáceres de Gutiérrez, Graciela Mabel c/ Sanabria, Gustavo Ramón y Otros s/ Sumario”, elDial.com – AT2650).
En efecto, la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido indicado al resolver que “habiendo quedado establecido que el actor fue embestido en la banquina las circunstancias alegadas por el demandado a los fines de minimizar o atribuir la responsabilidad total del hecho al peatón, pierden entidad” (cf. Cám. de Apel. en lo Civil y Comercial, Sala III, Posadas, Misiones, 06-10-1993, “B., A. vs. E. K. s. Resarcimiento de daños y perjuicios”, Boletín Judicial Publicación Oficial del STJ de Misiones, RC J 6833/07) ya que “la circunstancia de que la víctima no observe estrictamente las disposiciones del tránsito (peatón que caminaba por la banquina en el mismo sentido del tránsito) no autoriza a que se le embista impunemente.
La infracción de las leyes de tránsito no implica la culpa del infractor desde el punto de vista civil” (cf. Cám. 1ª Apel. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala I, 2/8/94, “Camacho, Lucía c. Mazzota, Pío s/ Daños y perjuicios”, elDial-W82A6, cit. en Areán, Beatriz A., “Juicio por accidentes de tránsito”, Tº 2 cit., pág. 911).
De modo que la circulación de Tissoni por la banquina de la ruta, en el mismo sentido que Criado, constituye un antecedente fáctico del resultado final (el fallecimiento de la víctima a raíz de la embestida) pero que no configura una condición que se erija en concausa jurídica (arts. 901, 906, 1111, 1113 y concs. Cód. Civil).
A título complementario cabe acotar que este Tribunal (aunque para otra situación fáctica) decidió que la única causa adecuada del siniestro radicó en el comportamiento del conductor del camión que atropelló al peatón que estaba parado en la banquina, a cinco metros de la cinta asfáltica (esta Sala causa N° 49377, 29/06/2006 “Eivers Alberto c/ Schmidt Sergio y ot. s/ Ds. y Pjs.”).
La teoría del riesgo creado –correctamente aplicada en la sentencia de Grado- e invocada en el agravio, corrobora la conclusión de que “el actor debe probar la legitimación activa y la pasiva, la existencia del daño y la relación causal entre el hecho y el daño. Al damnificado le ‘basta con probar el daño y el contacto con la cosa dañosa, para que quede a cargo de la demandada, como dueña o guardiana del objeto riesgoso, demostrar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder’” (cf. C.S.J.N., 10/10/2000, “Contreras, Raúl Osvaldo y otros c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A.”, Fallos: 324:1344; C.S.J.N., 23/11/2004, “Morales, Jesús del Valle c/ Transportes Metropolitando Gral. San Martín S.A.”, Fallos 317:1336; C.S.J.N., 11/7/2006, “Rivarola, Mabel Angélica c/ Neumáticos Goodyear S.A.”, Fallos: 329:2667, en Galdós, Jorge M., en “Corte Suprema de Justicia de la Nación – Máximos Precedentes. Responsabilidad Civil”, Tomo III, Parte Especial, Ricardo L. Lorenzetti, Director, pág. 172).
Tiene decidido reiteradamente la Suprema Corte que “quien acciona en función del art. 1113, 2do. apartado, 2do. párrafo del C.C., debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados” (S.C.B.A., Ac. 85775 24/3/2004, “Calderucho, Roberto c/ Transporte Comunal G.A.B. línea 700 S.A.”, Ac.93337 6/9/2006, “Suñe de Ares, Ángela c/ Brito, Juan s/ Daños y perjuicios”; Ac. C101790 29/4/2009 “Alegre, Lucía c/Escalante, Mario”) respondiendo el dueño o guardián de la cosa riesgosa productora del daño de manera objetiva.(SCBA, Ac. C 105708 17-8-2011, “Vitali, Hugo y otro c/ Ficucheli, Crisino y otros” y Ac 88384 9-11-2005, “V., R. A. y. o. c/ F.
P., R. O. s/ Daños y perjuicios”; esta Sala causa N°55314, 20/10/2011; “Orradre, Oscar A. c/Reble, Luis O. y ots. s/Daños y Perjuicios”). El art. 1113 del Código Civil impone a cada dueño o guardián demandado la alegación y prueba de la ruptura total o parcial del nexo causal, es decir la acreditación de la eximente que invoca (conf. “El riesgo creado, la culpa y cuestiones conexas” cit LL 2006-F-1361). En muy anteriores antecedentes de éste Tribunal, incluso en otra composición, y en los inicios del desarrollo jurisprudencial y doctrinal del riesgo creado, sostuvo que acreditada la intervención activa de la cosa el dueño o guardián demandado debe probar – inexcusablemente- la causal liberatoria de responsabilidad, total o parcial” (S.C.B.A.
Ac.33155, 8/4/86, “Sacaba de Larosa” A.y S. 1986-I-524, La Ley 1986-D-479 con nota de Félix Trigo Represas; C.S. 22/12/87 “Empresa Nacional de Telecomunicaciones c/Pcia.de Bs.As.” L.L. 1988-D-296 con nota de Atilio Alterini; cf. esta Sala, causa nº 55.548, 08/11/11, “Mayo...”, con mi voto). En otro antecedente se resolvió que “previsoramente, hace algunas décadas y con relación a otro régimen legal, sostuvo Spota "que el presunto responsable debe observar en el juicio una conducta procesalmente positiva. Esto equivale a decir que ha de "identificar" la causal de exoneración de la responsabilidad" (aut. cit. "La responsabilidad por choque de vehículos" JA t. 1943-II, 36 y sigtes.; esta Sala, 11/6/1996, “Alvarez” L.L.Bs.As.1996-791).
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci hizo suyas las afirmaciones de que en esta materia "la promoción de la demanda opera como una suerte de hecho cuasi constitutivo, por lo que el dueño o guardián demandado deben tener un rol activo y dinámico desde que tienen a su cargo la alegación y prueba de los hechos extintivos, invalidativos u obstativos (SC Justicia Mendoza, sala 1ª, 27/12/91, "Martínez, Jorge c. Verdaguer Correas Carlos" JA 1993-I-333; ésta sala, causa cit., "Lucas c. Recchia" y “Alvarez” L.L.Bs.As. 1996-791 y nº 48.042, “De La Canal...” y nº 48.043, “Navarro...” sentencia única del 28/11/06).
En definitiva: no concurre en autos la eximente de responsabilidad invocada (“culpa” de la víctima) por lo que la pretensión resarcitoria debe prosperar íntegramente (art. 1113 Cód. Civil).
III.- 1.- Con relación a los daños materiales y morales por el fallecimiento de Luis A. Tissoni se fijaron los siguientes montos: $ 120.000 para la esposa Silvia Viviana Molina y $ 80.000 para cada hijo menor (Luis César y Sebastián) por el comúnmente llamado valor de la vida humana; $ 100.000 para la esposa y $ 80.000 para cada uno de sus dos hijos por daño moral. Esos montos fueron apelados por altos por la demandada y por bajos por la actora. Recordando que cuantificar la vida humana es “una materia indócil por su naturaleza”- (voto Dr. Guardiolla, Cám.Civ. y Com. Junín, 27/11/2012 causa N| JU-289-2008 “M.G.A. c/Semento Oscar”; art.1083 Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5 y 384 C.P.C.) y que determinar el “precio del consuelo” exhibe también sus propias dificultades, las sumas otorgadas no se ajustan al principio de la reparación plena del daño (art. 1083 Cód. Civil), en base a parámetros cuantificadores objetivos y acudiendo a pautas de prudencia y experiencia, conforme lo que sucede de ordinario y según el curso natural de las cosas. Para la determinación de la integridad de la cuantificación corresponde también acudir a antecedentes comparativos con los otorgados por el Tribunal para casos análogos (casos próximos, decía la Dra. Highton de Nolasco como integrante de la Sala F de la Cámara Nacional Civil) y con la actual realidad económica (vgr. causas anteriores 51.466, “A. H.” y 51.467 “G. de S. M.” del del 29/4/2008, cit. L.L.B.A. 2012-401 y R. C. y S. 2012-V-181; causa “P.C. y otros c/ A. A. P.” del 13/3/2012; causa nº 57.332, 29/0/13, “Moyano de Corica ...”).
Sobre el valor de la vida humana tiene dicho esta Sala que “la muerte de una persona puede ocasionar daños a sus familiares, pero ellos no dependen de la muerte en sí misma, sino de los daños actuales o eventuales que dicha muerte puede haber ocasionado. Si no hay daño económico, no existe ningún perjuicio económico que indemnizar. No es lógicamente correcto derivar de la presunción legal de daño por muerte de una persona que la vida tiene por sí misma un valor económico” (conf. entre otros, S.C.B.A., Ac.50522, 26/10/93, “Cejas”, en D.J.J. Tº 146,p.25; esta Sala causas Nº 33748, 15/4/99 “Fariñas de Pasos”; Nº41578, 09/11/2000, “Lecuona”; Nº42642, 28/8/01, “Castillos de Villamarín”; Nº42976, 06/9/01, “Testa”). Se añadió que “para fijar la indemnización por el valor vida no han de aplicarse fórmulas matemáticas sino que es menester computar las circunstancias particulares de la vida y de los damnificados: edad, grado de parentesco, profesión, posición económica, expectativa de vida, etc.(C.S.N., 27/9/94, “Furnier”, J.A. 1995-II-193). Pero el hecho de que deban descartarse los criterios estrictamente matemáticos no significa que puedan dejar de considerarse los ingresos económicos de la víctima –presentes o futuros-, pues el art.1084 del Cód.Civ. habla de subsistencia, concepto que da idea de lo que la ley supone que habría podido suministrar como sostén y efectiva ayuda, lo cual, en definitiva, queda reservado a la adecuada y prudente apreciación judicial, (C.S.N., 17/04/97, “Savarro de Caldara”, L.L. 1997-E-120 y en D.J.J. 1998- 210; S.C.Mendoza, Sala 1ª, 21/3/2001, “Alvarez Pedro y otros c/Municipalidad de Godoy Cruz y otros”, voto Dra. Kemelmajer de Carlucci; causa cit.42642 del 28/8/01; esta Sala, causa Nº 42604, 3/4/02 “Andrade de Elgart”, D.J.J. 162-203; esta Sala sentencia única del 28/11/06 en causas N°48042 “De La Canal” y N°48043 “Navarro”, LLBA-2007-301).
En autos se trata de mensurar la repercusión económica de la supresión de la vida del Sr. Tissoni respecto de su esposa e hijos menores. El daño material no está vinculado –como se dice en la sentencia- con la pérdida de chance sino con el daño cierto derivado de la privación de los ingresos que la víctima destinaba a su esposa –Silvia Viviana Molina- y a sus hijos menores Luis César y Sebastián (arts. 1084 y 1085 Cód. Civ.). Los parámetros objetivos a tener en cuenta son los siguientes: la edad de la víctima (40 años) y su ingreso laboral como cartero; que era sostén del hogar; la probable edad útil que puede postergarse hasta más de 70 años, la edad de la esposa (35 años) y su profesión de ama de casa; la de los hijos al momento del fallecimiento (10 y 11 años) (conf. partidas de nacimiento fs. 8/10) y que el matrimonio tenía 12 años de casados.
En lo atinente al ingreso de la víctima se acreditó que Tissoni era cartero (conf. acta fs. 8, lo que se corrobora con los informes periodísticos de fs. 28 y 39) y si bien la actora no probó – como era su carga- su ingreso mensual (art. 375 C.P.C.), demostrada la actividad remunerativa de la víctima cabe colegir que el sueldo mencionado para esa actividad no puede ser menor al equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil ($ 3.600, a la fecha, art. 1 incs. A y B, Resol. 4/2014 Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil; arts. 901, 906 Cód. Civil), importe que se considera estimativamente (arts. 165 y 384 C.P.C.). La traslación al caso nuestro en juzgamiento de las señaladas pautas objetivas, confrontadas con antecedentes de éste y de otros tribunales, conducen a aumentar la cuantificación por daño patrimonial por el fallecimiento del esposo y padre a $ 145.000 para la esposa y $ 100.000 para cada uno de los hijos (arts. 901, 906, 1083, 1084 y 1085 Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5, 384, 456 y concs. C.P.C.).
2. También lucen inadecuadas las sumas de $ 100.000 otorgadas por daño moral para la esposa y de $ 80.000 para cada uno de los hijos (arts. 906, 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; arts. 163 inc. 5, 384 y concs. C.P.C.). “La existencia del daño moral no requiere prueba específica en cuanto a que ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante (S.C.B.A., Ac.57435 del 8.7.97; C 95646 del 7.5.08). Deben ponderarse los padecimientos y aflicciones que han sufrido las actoras por la muerte del esposo y padre. La Suprema Corte provincial ha desarrollado la tesis de que el daño moral es "todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra y como tal debe ser indemnizado” (S.C.B.A. L58812, 25/3/97, “Obregón”, D.J.B.A. 152, 274-284; L65757, 23/2/2000, “Villagrán”, D.J.B.A. 158, 85; L68063, 21/6/2000 “Montovio, Luis P. c/Ormas S.A.I.C.I. s/Indemnización Daños y Perjuicios”). Más explícitamente: “el daño moral constituye toda modificación disvaliosa del espíritu, es su alteración no subsumible sólo en el dolor, ya que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por el sentido amplio de dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona sobre el cual los demás no pueden avanzar; de manera que todo cambio disvalioso del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra configura un daño moral” (S.C.B.A. Ac. L55728, 19/9/95, “Toledo”, A.y S. 1995 III,635; Ac.53110, 20/9/94, “Colman”, D.J.B.A. 147-299, J.A. 1995-III-183, A.y S. 1994-III-737), (esta Sala, causa n° 45.193, sent. del 25-2-03, "Santillán", causa n°47.417, del 28/10/04, “Escobar”; N° 54862, 23/03/11 “Miranda”). La inmensidad del dolor por el fallecimiento del esposo y padre, enmarcada en las circunstancias de hecho enumeradas anteriormente, imponen elevar el monto por daño moral a las sumas de $ 120.000 para la esposa y $ 100.000 para cada uno de los hijos (arts. 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; arts. 260 y 261 C.P.C.).
Acoto que la compulsa de antecedentes de otros tribunales conducen –en abstracto- a resultados semejantes: se otorgaron $ 100.000 en concepto de valor vida del taxista de 61 años y $ 50.000 por daño moral a la esposa y $ 50.000 por daño moral al hijo (Cám.Nac.Civ. Sala F, 27/07/2005 “Guiral Ana c/ Acasio, Cristian”). En otro caso se fijaron $ 125.000 por el primer rubro para la esposa e hijo y por daño moral $ 75.000 para la cónyuge y $ 100.000 para el hijo (Cám.Nac.Civ. Sala I, 27/03/2009 “ Di Filippo, Mónica c/Sánchez Agustín”). En parecido sentido la Sala I de esta Cámara estimó en $ 120.000 el daño patrimonial por la muerte del esposo de 57 años, dueño de una bicicletería y por daño moral $ 95.000 para la cónyuge y $ 65.000 para cada uno de los hijos (esta Cámara, Sala I causa 56476, 07/08/12 “Tomasco María Haydee c/ Cabrera José Luis s/ Ds. y Pjs.”). El sustento normativo y jurisprudencial de la procedencia y cuantía del reclamo por daño moral resulta de la naturaleza misma del bien jurídico tutelado y de la noción más reciente que vincula el resarcimiento del daño moral con el otorgamiento de dinero suficiente e idóneo para adquirir bienes materiales compensatorios y sustitutivos de los padecimientos en la esfera no patrimonial (esta Sala Causa N°55146, 4/10/11 “Dumerauf, Hugo c/Diario El Popular s/Daños y Perjuicios”; en el mismo sentido Iribarne Héctor P. “De los daños a la persona” págs.147, 577, 599; Cám.Nac.Civ. Sala F 12/3/2004 “García”, voto Dra.Highton de Nolasco. El Dial AA1F9C; Cám.Nac.Civ., Sala F, 3/8/2004, “T., V.O.” R.R.C. y S 2004-1238, entre otros; esta Sala causa N° 54.544, 10/03/11 “A.M.A. c/F.N.R.”; causa N° 54.530, 23/8/2011, “Torres Elsa Haydee c/ Bustingorry Alejandro s/ Daños Y Perjuicios” y causa Nº 55.314, 20/10/11, “Orradre, Oscar Aníbal c/ Reble, Luis Omar y Otros s/ Daños y Perjuicios”).
3. El agravio de la demandada sobre la aplicación de la tasa de interés no procede porque la sentencia computó la tasa de interés pasiva (y no la activa como se invoca en el agravio), conforme la doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires, que se menciona en el fallo.
Por todo lo expuesto propicio al agravio la modificación del fallo apelado y revocarlo en lo relativo a las sumas de condena (arts. 1078, 1083, 1084, 1085 y concs. Cód. Civ.; arts. 375 y 384 C.P.C.), con costas en la Alzada a la demandada, apelante perdidosa (art. 68 C.P.C.). Así lo voto.
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor PERALTA REYES, por los mismos argumentos, adhiere al voto que antecede votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde confirmar –en lo esencial- la sentencia recurrida de fs. 634/653 vta. y revocarla en lo relativo a las sumas de condena las que se fijan del modo siguiente: 1) por el daño patrimonial por el fallecimiento de Luis Adolfo Tissoni, se otorgan $ 145.000 a favor de su esposa (Silvia Viviana Molina de Tissoni) y $ 100.000 para cada uno de los hijos (Luis César y Sebastián Tissoni); 2) por el daño moral por el fallecimiento de Luis Adolfo Tissoni, se fijan $ 120.000 para la esposa (Silvia Viviana Molina de Tissoni) y $ 100.000 para cada uno de los hijos (Luis César y Sebastián Tissoni), todo con más los intereses y las demás condiciones fijadas en la sentencia de Grado; imponer las costas de la Alzada, a los demandados (Sres. Gustavo Héctor Sarlo y Miguel Ángel Criado –hoy sus herederos-) dada su condición de apelantes perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.); y diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor PERALTA REYES, por los mismos argumentos, adhiere al voto que antecede votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, Junio 17 de 2014.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C. CONFÍRMASE –en lo esencial- la sentencia en crisis de fs. 634/653 vta. y REVÓCASELA en lo relativo a las sumas de condena las que se fijan del modo siguiente: 1) por el daño patrimonial por el fallecimiento de Luis Adolfo Tissoni, se otorgan $ 145.000 a favor de su esposa (Silvia Viviana Molina de Tissoni) y $ 100.000 para cada uno de los hijos (Luis César y Sebastián Tissoni); 2) por el daño moral por el fallecimiento de Luis Adolfo Tissoni, se fijan $ 120.000 para la esposa (Silvia Viviana Molina de Tissoni) y $ 100.000 para cada uno de los hijos (Luis César y Sebastián Tissoni), todo con más los intereses y las demás condiciones fijadas en la sentencia de Grado. IMPÓNGANSE las costas de la Alzada, a los demandados (Sres. Gustavo Héctor Sarlo y Miguel Ángel Criado –hoy sus herederos-) dada su condición de apelantes perdidosos (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Firmado: Jorge Mario Galdós – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II – Víctor Mario Peralta Reyes – Juez - Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Claudio Marcelo Camino – Secretario – Cám. Civ. y Com. Sala II.-------------------------------------------------------------------------------------------
Fin de la sentencia