Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 de General Rodríguez · Causa MG-3054-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda instaurada y, en consecuencia, condenar a Francisco David Paz y a Provincia Seguros S.A. -en su calidad de aseguradora y en la medida del seguro-, a abonar a Walter Ezequiel Molina la cantidad de $38.712.000 , con más sus intereses fijados en los considerandos respectivos (6 y 11), dentro de los diez días de quedar firme la presente; ello, imponiendo las costas a los accionados vencidos (art. 68 del CPCC).
2Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva (art. 51 ley 14.967).
General Rodríguez, en la fecha de su firma digital. MEM
V I S T O S : Estos autos caratulados: "MOLINA WALTER EZEQUIEL C/ PAZ FRANCISCO DAVID Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" (Exp. N°MG-3054-2023) en trámite ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 3, a mi cargo, venidos a despacho en estado de dictar sentencia y de cuyas constancias
I. El día 23/5/2023, se presentó Walter Ezequiel Molina por intermedio de su letrado apoderado Dr. Eduardo Víctor Hugo Sienra y promovió formal demanda por daños y perjuicios contra Francisco David Paz, en su carácter de conductor y asegurado del vehículo Peugeot Partner, dominio DGK 977, causante del evento del 15 de julio de 2022, y/o contra quien resultara civilmente responsable, por la suma de $18.731.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba, con más intereses, costos y costas.
Solicitó la citación en garantía de Provincia Seguros S.A. de conformidad con lo establecido por el art. 118 de la ley 17.418.
Relató que el 15 de julio de 2022, entre las 08:30 y 08:40 horas, circulaba a bordo de su motovehiculo a baja velocidad, pegado a su derecha y con el casco puesto, por la calle Somellera de Cuartel V, partido de Moreno, hacia la arteria Murillo, cuando fue embestido por la Peugeot Partner conducida por Paz, que circulaba en sentido contrario a gran velocidad y, sin colocar la luz de giro, dobló hacia la izquierda cerrando el paso a la motocicleta Yamaha YBR 125, dominio 516 EHC, lo que provocó la colisión y que el actor cayera sobre la cinta asfáltica.
Dijo que producto de tal situación perdió el control de su motovehiculo y finalizó tendido sobre la cinta asfáltica, sufriendo severas lesiones en varias partes su cuerpo, motivo por el cual debió ser trasladado por una ambulancia, para ser asistido en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.
Describió que le practicaron las primeras atenciones médicas, debiendo permanecer en la guardia bajo observación. Fue atendido en la Clínica Privada Alcorta (el día 16 de julio de 2022), para luego ser atendido el día 27 de julio de 2022, en el Hospital Municipal de Merlo "Eva Perón", donde le diagnosticaron politraumatismos, traumatismo de columna cervical con cervicalgia y limitación de la movilidad, traumatismo de columna lumbar con lumbalgia y limitación de la movilidad, traumatismo de pierna y rodilla con impotencia funcional y traumatismo de tobillo con esguince grado.
Invocó responsabilidad objetiva por riesgo creado, deber de cuidado y dominio del rodado.
Fundó en derecho, citó doctrina y jurisprudencia.
Reclamó una indemnización por los siguientes rubros: daño físico por $6.160.000, lucro cesante por $85.000, tratamiento de rehabilitación por $20.000, gastos médicos y medicamentos por $20.000, daño psíquico por $6.116.000, tratamiento psicológico por $192.000 y daño moral por $6.138.000.
Ofreció prueba confesional, documental, informativa, testimonial, pericial mecánica, médico-legista, psicológica y contable.
Planteó la inconstitucionalidad del art. 730 del CC y C.
Finalizó solicitando se dicte sentencia, haciendo lugar a la demanda en todas sus partes y condenando a los demandados al íntegro pago del capital reclamado, con más sus intereses, costos y costas hasta la fecha de su efectivo pago.
III. El día 30/5/2023 se tuvo por presentado al actor, por parte y se ordenó el traslado de la demanda.
Asimismo, se tuvo por cumplida la etapa de mediación prejudicial obligatoria instaurada por ley 13951 y se dispuso la citación en garantía de Provincia Seguros S.A.
Se hizo conocer que las actuaciones se desarrollarían en el marco del Proyecto de Implementación de la Oralidad en Procesos de Conocimiento (SCBA RC 2761/16).
IV. El día 8/6/2023 se recibió por correo electrónico la respuesta de la UFI N° 1 de Moreno-General Rodríguez, que remitió copias electrónicas de la IPP N° 19-00-15665-22/00, caratulada "Paz Francisco David s/ Lesiones culposas".
V. El día 21/6/2023, se presentó Provincia Seguros S.A., por intermedio de su apoderado Dr. Javier Fernando Guevara, contestó la citación en garantía y solicitó el rechazo íntegro de la demanda.
Reconoció que suscribió con Francisco David Paz la póliza N° 9865253, que cubría el Peugeot Partner 1.9 D PLC DH AA, año 2000, dominio DGK 977, con límite de responsabilidad civil por evento de hasta $23.000.000 e invocó la oponibilidad de ese límite.
Dijo que toda vez que el límite de cobertura denunciado lo es por evento / acontecimiento, para el caso que exista más de un reclamo por el mismo evento, se aplica esa única suma asegurada, la cual deberá distribuirse a prorrata entre los reclamantes.
Solicitó la aplicación del art. 730 del Código Civil y Comercial y del art. 119 de la Ley 17.418.
Describió que el 15 de julio de 2022 se produjo un accidente vial en la intersección de Somellera y Murillo, en el barrio San José del partido de Moreno, siendo los involucrados una motocicleta, dominio 516 EHC conducida por el aquí actor, y el rodado marca Peugeot, modelo PARTNER 1.9 D PLC DH AA, del año 2000, dominio DGK977, conducido por Francisco David PAZ.
Luego negó rotundamente la mecánica de los hechos relatada por el actor en su demanda, como así también la imputación de responsabilidad que efectúa respecto de la demandada.
Fundó en derecho.
Relato que Francisco David PAZ se encontraba conduciendo el vehículo marca Peugeot, modelo Partner dominio DGK977, por la calle Somellera (que es de doble mano) con las luces encendidas y a baja velocidad y que varios metros antes de llegar a la intersección con la calle Murillo colocó la luz de giro informando la maniobra a realizar, disminuyó aún más la velocidad y previo verificar que nadie circulaba de la mano contraria y que tampoco nadie lo intentaba sobre pasar por la izquierda, inició la maniobra de giro hacia la izquierda, autorizada en esa intersección; que cuando estaba por concluir la maniobra, sintió un golpe en la parte trasera del vehículo y se detuvo. Al bajar verificó que una moto conducida por el aquí actor había impactado en el guardabarro trasero derecho de la camioneta, lo que surge de la IPP.
Invocó el hecho del damnificado del art. 1729 del C.C.C.
Sostuvo que fue la culpa grave en que ha incurrido el actor y el riesgo creado y potenciado a través de ella, los que comprometen subjetiva y objetivamente su responsabilidad.
Impugnó por desmesurados todos los rubros y montos reclamados por el actor.
Rechazó la liquidación practicada y acusó "plus petitio inexcusable".
Ofreció prueba documental, confesional, informativa, pericial médica, psiquiátrica, psicológica y mecánica, se opuso a la prueba contable y a la confesional de su representante legal, solicitó la aplicación de la Ley 24.283 y formuló reserva del caso federal.
VI. El 23/6/2023 se tuvo por contestada en legal tiempo y forma el traslado de la demanda con relación a la citada en garantía, Provincia Seguros S.A. y se dio traslado a la actora de la documentación acompañada. Asimismo, se intimó a la actora para que denunciara obra social y/o prepaga, ART, y la aseguradora que cubría la motocicleta al momento del siniestro, con copia de la denuncia de siniestro y tuvo presentes las oposiciones e impugnaciones para el momento procesal oportuno.
VII. El día 26/6/2023, la parte actora contestó el traslado, reconoció únicamente la autenticidad de la póliza acompañada por la citada en garantía, negó la autenticidad de la restante documental, desconoció el límite de cobertura por considerarlo inoponible y manifestó que al momento del accidente el actor contaba con Provincia ART y obra social IOMA. Lo que se tuvo presente el 29/6/2023.
VIII. El 1/8/2023 se tuvo presente la respuesta de la Clínica Privada Alcorta S.A., recibida por correo electrónico.
IX. El 12/4/2024 se tuvo presente la respuesta del Hospital Interzonal de Agudos Mariano y Luciano de la Vega, recibida por correo electrónico, y se ordenó hacer saber tal circunstancia.
X. El 18/4/2024 se recibió una nueva respuesta del Hospital Interzonal de Agudos Mariano y Luciano de la Vega.
XI. El 29/7/2024 se tuvo presente la respuesta del Hospital Municipal de Merlo "Eva Perón".
XII. El día 6/6/2024, ante la presentación efectuada por la parte actora el 3/6/2024, se declaró rebelde a Francisco David Paz.
XIII. El día 3/2/2025, la parte actora desistió de la acción promovida contra el codemandado genérico y solicitó la apertura a prueba por existir hechos controvertidos.
XIV. El día 10/2/2025, se recibió la causa a prueba y se fijó audiencia preliminar en modalidad remota por Microsoft Teams.
XV. El día 1/4/2025 se celebró la audiencia preliminar con la presencia de la Dra. Magalí Esther Olite por la actora y el Dr. Javier Fernando Guevara por la citada en garantía; no se arribó a un acuerdo conciliatorio. Se fijaron los hechos controvertidos. Se proveyó la prueba restante y se intimó a la citada en garantía a presentar la denuncia administrativa. Se fijó la audiencia de vista de causa.
XVI. El 4/4/2025, lucen las actas de sorteo emitidas por la Receptoría General de Expedientes del perito Ingeniero Mecánico Néstor Raúl Caminos y del perito Psicólogo Juan Manuel Valdez.
El Perito Ing. Mecánico aceptó el cargo el 12/4/2025. El experto presentó su dictamen el 30/6/2025, se confirió traslado a las partes el 4/7/2025. El mismo no mereció el pedido de explicaciones por las partes.
El Lic. en Psicología aceptó el cargo el 6/5/2025. Presentó su dictamen el 24/11/2025, del cual se confirió traslado el 1/12/2025. la parte actora solicitó explicaciones el día 2/12/2025, las cuales fueron contestadas el 23/4/2026.
XVII. El 8/4/2025, Provincia Seguros S.A. acompañó la denuncia administrativa del siniestro.
XVIII. El 23/5/2025, luce el acta de sorteo emitida por la Receptoría General de Expedientes por la que se designó como perito de Medicina Legal a Luis Rodrigo Romero. El perito aceptó el cargo el día 11/6/2025. Presentó el dictamen el 7/9/2025, del cual se confirió traslado el 11/9/2025. El mismo no mereció pedido de explicación alguna.
XIX. El día 26/6/2025, la UFI N° 1 de Moreno-General Rodríguez remitió copias de la IPP N° 15665-22.
XX. El día 17/7/2025, la parte actora desistió de la prueba testimonial respecto del testigo Castro Campos Daniel Walter.
XXI. El día 12/8/2025 se celebró la audiencia de vista de causa en modalidad mixta; en la misma no se arribó a un acuerdo conciliatorio. Se certificó la prueba producida. Se tuvo por concluido el período probatorio, y se hizo efectivo el apercibimiento teniendo por desistida a la parte actora de la informativa al sistema de Ambulancias y a la citada en garantía de la informativa al IOMA y Provincia ART. No se llamó autos para sentencia por encontrarse pendientes las pericias médica y psicológica.
XXII. En presentación del día 12/6/2026, la parte actora solicitó que se dictara sentencia; con fecha 19/6/2026, previo al dictado de la sentencia, se convocó a las partes a una audiencia de conciliación en modalidad remota por Microsoft Teams.
XXIII. El día 5/8/2026 se celebró la audiencia de conciliación en modalidad remota, sin que obre acuerdo conciliatorio, y se confeccionó el acta correspondiente.
XXIV. El 11/9/2026, atento lo solicitado por la parte actora, se dispuso el pase de los autos para sentencia. La decisión luce firme y consentida a partir del día 23/9/2026 luego de las cuatro horas primeras.
1. En función de los hechos denunciados, corresponderá el análisis de acuerdo a las reglas del Código Civil y Comercial de la Nación que regulan la responsabilidad objetiva o sin culpa.
El artículo 1757 trata la responsabilidad objetiva, no presumida- por el riesgo de la cosa. Dispone que "[t]oda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención" .
En efecto, resulta relevante indicar que el artículo 1769 del CCyC prevé para los accidentes de tránsito la aplicación de las normas referidas a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas.
Por su parte, en cuanto a los legitimados pasivos, el artículo 1758 apunta como sujetos responsables concurrentes al dueño y al guardián del daño causado por las cosas, fijando como causal de exculpación el uso en contra de su voluntad expresa o presunta.
Debe especificarse que el cuerpo normativo, al referirse a los factores de atribución, detalla que resulta ser objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad; y explica que, en tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario (art. 1722 C.C. y C.). Así, es consagrada la responsabilidad objetiva cuando de las circunstancias de la obligación, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe obtener un resultado determinado (art. 1723 C.C. y C.).
En tanto la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño configura un elemento indispensable de la responsabilidad civil (cfm. arts. 1726, 1727 y 1728 C.C. y C.), el accionado podrá exonerarse total o parcialmente del deber de resarcir si acredita la interrupción del nexo causal. En este aspecto, la causa ajena a la que alude la norma descripta puede radicar en el hecho del damnificado, de un tercero por el que el accionado no debe responder, o ante caso fortuito o fuerza mayor (arts. 1729, 1730 y 1731 C.C. y C.).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado reiteradamente que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión jurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas. Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (conf. SCBA, causa L. 88.330, "C., E. contra Fisco Provincia de Buenos Aires. Indemnización daños y perjuicios", sentencia del 31 de agosto de 2.007, entre otros).
Además, se recuerda que la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega (arts. 1734 y 1736 del C.C.yC. y 375 del C.P.C.C.).
2. Efectuado el encuadre normativo, tengo acreditado que el día 15 de julio de 2022, entre las 08:10 y las 08:40 horas aproximadamente, el actor circulaba en su motovehículo marca Yamaha YBR 125, dominio 516 EHC, por la calle Pedro Alcántara de Somellera a velocidad moderada, en sentido hacia la calle Bartolomé Murillo, en la localidad de Cuartel V, Partido de Moreno y que al arribar a la intersección con la calle Murillo, el rodado Peugeot Partner conducido por el demandado Paz, que circulaba en sentido contrario, realizó una maniobra de giro a su izquierda para ingresar a Murillo, cortándole el paso y provocando la colisión.
Dicha valoración tiene sustento en la I.P.P. N° 19-00-015665-22/00, caratulada "Paz Francisco David s/ Lesiones Culposas", ante la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez (trámite del 26/6/2025).
Resalto de la Investigación Penal Preparatoria el acta de procedimiento, del acta de visu y las fotografías incorporadas, de las que surgen los daños constatados en los vehículos intervinientes.
A su vez, agrego como complemento la hoja de guardia (recibida el 12/4/2024) que da cuenta de la entrada por guardia de Molina en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega el día del hecho, esto es el 15/7/2022; y por la Clínica Alcorta, que expresó haber atendido al actor el día 29/7/2022 por accidente de tránsito (ver respuesta adjunta a la presentación del 1/8/2023).
La efectiva ocurrencia del accidente encuentra corroboración en la denuncia de siniestro efectuada por el demandado ante Provincia Seguros S.A., en la que se consignó como fecha de ocurrencia el día 15 de julio de 2022, a las 8.10 horas, en la intersección de Villara y Murillo del Barrio San José. Allí se denunció que " no vio la moto que venía de frente y choco en la esquina" (ver denuncia adjunta a la presentación de la citada en garantía del 8/4/2025).
Adelanto que el testimonio al que seguidamente me referiré y la pericia mecánica, analizados en forma conjunta, permiten corroborar el modo en el que se produjo el hecho.
Resulta relevante el testimonio de Castro Campos Daniel Walter, quien en el marco de la Investigación Penal Preparatoria N° 19-00-015665-22/00 declaró: "el día VIERNES 15/07/2022 se encontraba a escasos metros de donde del lugar del hecho, seguidamente refiere que ve una moto azul circulando por la calle Pedro de Somellera de este medio, metros antes de llegar a la intercepción de la calle Murillo de este medio, en ese momento observa que una camioneta Peugeot de color azul que circulaba por el sentido contrario, sin colocar luz de giro acelera e inmediatamente dobla a la izquierda, sin colocar la luz de giro para tomar la calle murillo, cortándole el paso a la moto azul de marca Yamaha, acto seguido el conductor de la moto pierde el control y cae sobre la vía asfáltica.- El diciente manifiesta que el dueño de la camioneta azul comenzó a manifestarle al conductor del vehiculo textualmente "DISCULPAME NO TE VI. ESTABA MIRANDO A LA CHICA, DISCULPAME LOCO NO TE VI Y SIC...."" (ver IPP adjunta al trámite del 27/6/25).
El testigo estuvo en el momento del hecho y dio precisiones sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
También resulta importante tener en cuenta el dictamen del perito Ingeniero Mecánico, Néstor Raúl Caminos presentado electrónicamente el 30/6/205 (no mereció pedido de explicaciones por las partes).
El experto informó que "De las constancias aportadas en autos y de las relevadas en la causa penal, se desprende que el accidente que motiva la presente litis, se produjo el viernes 15 de julio de 2022, aproximadamente a las 08:30 horas, en la intersección de las calles Somellera y Murillo, en una zona urbana de la localidad de Cuartel V, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. En el mismo intervinieron una motocicleta que circulaba por la calle Pedro de Somellera con dirección desde la Avenida Derqui hacia Santos Discépolo (aproximado NORESTE a SUDOESTE) y una camioneta que transitaba por la misma arteria, pero en sentido contrario y al llegar a la intersección con Bartolomé Murillo realiza una maniobra de giro a la izquierda. La motocicleta, una Yamaha YBR 125, patente 516 EHC, color azul, era conducida por el actor de estos autos, Walter Ezequiel Molina de 41 años, quien resultó lesionado." (...) "La camioneta, una Peugeot Partner, tipo furgón, patente DGK 977, año 2000, era conducida por el demandado Francisco David Paz de 49 años. Según lo que se observa en las fotos y se indica en el informe de visu agregados a la causa penal, la motocicleta presento un impacto frontal, con rueda delantera y barrales doblados, rotura y deformaciones de óptica, guardabarros delantero, tablero manubrio, lateral izquierdo de tanque y partes del mismo lateral. Con respecto a la camioneta, en el acta de procedimiento realizada por la instrucción policial, se indica que se había producido una colisión entre la moto y el lateral derecho de la Kangoo a la altura de la rueda trasera. En el acta de visu agregada a fs. 12 de la causa penal, se expresa que presento abollado el guardabarros, lado acompañante y en óptica derecha. No se agregan fotos que muestren ese lateral de la camioneta. Por otro lado, el demandado en la denuncia del siniestro que realizo a su aseguradora, no indica los daños que presento la misma."
Y concluyó: "(...) De todo lo expresado, por existir relación de causa efecto entre los daños que presentaron los vehículos, las lesiones que sufrió el actor y las características del lugar, se desprende que resulta probable o verosímil, que el hecho se haya producido cuando la motocicleta conducida por el actor de autos, que circulaba por Somellera con dirección NE a SO, colisiona con su parte frontal al lateral izquierdo trasero de la camioneta Partner conducida por el demandado Paz, que circulaba por la misma arteria en sentido contrario e interrumpe la trayectoria del biciclo, interponiéndose a la misma al girar hacia la izquierda para ingresar hacia la calle Murillo con dirección SE a NO, con una posición relativa entre ambos rodados aproximada a la representada en el Anexo 1. "
Entiendo que la pericia aludida -en lo que respecta a la posición de los vehículos al momento del impacto-, se ha llevado a cabo sin deficiencias procesales, cuenta con el debido fundamento científico, contiene conclusiones claras, firmes y lógicas. No existen otras pruebas que le resten eficacia, sus conclusiones son convincentes como consecuencia lógica de sus fundamentos; apreciados según las reglas de la sana crítica, no existe motivo para restarle valor probatorio (cf. CCAZ02 AZ 48257 RSD-132-5 S 6-10-2005, "Arla").
Bajo las condiciones que surgen del relato del testigo y de la pericia aludida, concluyo que el demandado, que circulaba por la calle Somellera, al arribar a la intersección con Murillo efectuó una maniobra de giro hacia su izquierda para ingresar a dicha arteria, oportunidad en la que se produjo el impacto frontal y lateral izquierdo de la moto y el lado derecho de la camioneta. Al efectuar dicha maniobra posee responsabilidad en el siniestro por haberse conducido de modo desaprensivo e imprudente y efectuar una maniobra peligrosa sin el debido cuidado. El viraje a la izquierda en dichas circunstancias exige una mayor prudencia, sobre todo cuando debe respetarse la prioridad de paso de quien circula por la vía a la que se pretende ingresar (arts. 39 inc. "b" y 41 inc. "g", ap. 3, ley 24.449).
En definitiva, no hay elementos suficientes presentados por la parte demandada -rebelde, ver providencia del día 6/6/24- para acreditar su falta de responsabilidad, pese a estar obligada a la reparación de los daños.
En esas condiciones, no habiendo Francisco David Paz destruido el nexo causal, resulta responsable en forma objetiva de su producción (arts. 1721, 1726, 1727, 1734, 1736 y 1742 CCyC; arts. 163 inc. 5, 164, 375, 384, 456 y 474 C.P.C.C.).
3. También deberá responder la citada en garantía "PROVINCIA SEGUROS S.A.", en la medida del seguro contratado (art. 118 ley 17418), con los alcances y limitaciones de la póliza Nº 9865253 (ver constancia de cobertura adjunta a la presentación de la citada en garantía del 21/6/2023).
Es que, visto el tiempo transcurrido entre el siniestro y el pago, y los distintos contextos económicos de tales instantes, la aplicación literal de la cláusula fijada al celebrarse el contrato se muestra ostensiblemente irrazonable. Ello, "al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad (conf. arts. l, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com. y 47, 92 y concs., ley 11.430 y doctr. causas C. 119.008, "Martínez", sent. de 21-II-2018 y C. 118.227, "Martínez", sent. de 22-IX-2020)" (SCBA causa C. 122.588, "González, Maximiliano Ramiro contra Acosta, Emir Dorval y otro. Daños y perjuicios", del 18.5.21).
En la misma dirección, se ha explicado que "[q]uizás, de haberse cuantificado los montos de condena a la fecha del hecho y haberse abonado de inmediato, el límite de cobertura hubiera resultado suficiente para cubrir todos o una parte sustancial del valor de los perjuicios sufridos. El problema se presenta cuando el monto pactado o fijado por la SSN data de cinco, diez o incluso veinticinco años atrás, y al efectuar el cálculo de la indemnización ésta se fija a valores actuales (.) Este obvio desajuste, en un país con una economía inflacionaria, resulta violatorio del más mínimo sentido de justicia y termina premiando a quienes han dilatado los pleitos por años y años, impidiendo que la víctima perciba un resarcimiento adecuado en el momento más próximo al daño sufrido (.) La actual normativa vigente, emanada de la propia Superintendencia de Seguros de la Nación, ha reconocido expresamente la necesidad de actualizar los montos (.) por lo que nada obsta a que el juez, aún de oficio, pueda disponer mecanismos de actualización" (Cámara Nacional Civil, Sala J, in re "Risser, Patricia /Maldonado, Raúl y ot. s/ daños y érj.", S. 4-5-2018, LL online AR/JUR/17649/2018).
4. Corresponde analizar a continuación si se han acreditado los daños alegados por el accionante, a quien le correspondía la carga de su demostración (art. 1744 CCyC), pues sin su existencia no hay reparación posible.
Establece el artículo 1716 del CCyC que la violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado. A su turno, el artículo 1737 del CCyC expone un concepto legal de daño al indicar que "[h]ay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva" .
Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente; la pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador (art. 1739 CCyC).
Según el concepto legal de indemnización, ésta comprenderá la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances; indica que incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida (art. 1738 CCyC).
La reparación deberá ser plena (art. 1740 del CCyC; Fallos: 312:2266; 308:1160; 320:2001; entre otros). Podrá ser tanto en dinero o en especie, la opción corresponde al deudor y tiene el límite de que la indemnización en dinero resulte abusiva o excesivamente onerosa.
5. Comenzaré por la " incapacidad psicofísica sobreviniente".
Al respecto cabe indicar que, en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, el legislador ha estipulado el sistema de renta vitalicia para su reparación. Lo expuesto no implica que los accionados deban pagar mensualmente un monto, pues el pago del capital deberá realizarse íntegramente (CSJN M3724 XXXVIII "Milone", del 26/10/04).
La indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del actor para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se ha fijado que en el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada, procediendo la indemnización aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado (art. 1746 C.C.y C.).
Cabe partir de los ingresos acreditados de la víctima o de la valuación de las tareas no remuneradas que llevaba a cabo y se vio total o parcialmente impedida de continuar desarrollando. Para realizar la estimación, deben tenerse en cuenta las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas y los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación. Ello significa que las fórmulas matemáticas no constituyen la única ni autónoma fuente de cuantificación, ya que en todos los casos debe actuar el prudente arbitrio, que no es arbitrariedad judicial, pero podrá ser un elemento útil a la hora de fijar el quantum por muerte o incapacidad permanente (cfm. Ricardo Luis Lorenzetti Director, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal-Culzoni Editores, 2015, Tomo VIII pág 528).
En este sentido, se ha dicho que las "(p)autas de cálculo no tienen por qué atar al juzgador, por lo que no corresponde otorgar a la víctima, sin más, la suma que en cada caso resulte de la aplicación de la fórmula mencionada, sino que ella servirá simplemente como pauta orientadora para, a partir de allí, arribar a un justo resarcimiento según las circunstancias de la causa" (cfm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, "D., L. E. c. K., S. D. y otros s/ daños y perjuicios", sentencia del 31/8/15; en igual sentido, ver Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, "O. F., R. c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios", causa Nº61.029, del 21/2/2017).
El actor describió que a raíz del accidente ocurrido el día 15 de julio de 2022 sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo.
Realizado el encuadre mediante el cual se fijará la indemnización del caso, verificaré la afectación concreta que ha producido el accidente.
En dicha tarea, observo que la pericia médica fue practicada por el Dr. Luis Rodrigo Romero, sorteado por la Receptoría General de Expedientes Departamental (ver pericia del 7/9/25).
El experto informó que: (...) "V-Consideraciones medicolegales y Conclusiones: En base a la documentación obrante en autos, el examen clínico y los estudios médicos solicitados se determina que el actor presenta, a raíz del accidente una incapacidad Física, parcial y permanente del 22.84 % de la T.V. teniendo en cuenta: 1-Compromiso de la Columna Cervical:7 % (Cervicalgia con contractura muscular dolorosa persistente, perdida de la lordosis fisiológica de las radiografías y reducción del rango de movilidad de la columna.) 2-Compromiso de Columna Lumbosacra: 9 % (Lumbalgia con contractura muscular dolorosa persistente, perdida de la lordosis fisiológica en las radiografías y reducción del rango de movilidad de la columna.) 4-Compromiso de Tobillo Derecho:6 % (Rigidez con limitación funcional secundario a lesión ligamentaria.) 5-Compromiso de Rodilla Derecha:3 % (Rigidez con limitación funcional.)
Seguidamente pondero la pericia presentada por el Perito Psicólogo Juan Manuel Valdez sorteado por la Receptoría General de Expedientes Departamental (pericia del 24/11/25, explicaciones solicitadas el 2/12/25 y respuesta del 23/4/26). En el dictamen efectuado, sostuvo: "de lo que se desprende de lo observado al momento de la evaluación, se considera que el peritado estaría ubicado en el nivel moderado de un cuadro de DEPRESIÓN NEURÓTICA O REACTIVA, el que se estima, sólo a los fines de ilustrativos, en un 15% del VPI - VPG, tomando como referencia lo específicamente ligado al factor causal de su estado psicológico al momento de la evaluación pericial." .
El dictamen efectuado sostuvo que el hecho de autos es compatible con el concepto psicológico de trauma, es decir, que es un suceso externo, sorpresivo en la vida de una persona, caracterizado por su intensidad, la imposibilidad del sujeto para responder de modo adaptativo y los efectos patógenos duraderos que provoca en la organización psíquica. "Es posible observar en el peritado el impacto traumático producto del menoscabo en su integridad psíquica a causa del incidente relatado. El entrevistado habría percibido una situación de inseguridad, riesgo y peligro que han causado desequilibrio a su sistema emocional" .
Ello así, tengo por acreditada una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 34,41%. Todo, aclarando que en materia civil la incapacidad no se determina en función de baremos de aplicación matemática, sino en razón de la índole de las lesiones y sus secuelas, y de la incidencia discapacitante que ellas tienen en la situación personal y concreta de la víctima, atendiendo al principio de reparación integral que gobierna la materia de daños.
Remarco que el grado de incapacidad sólo juega aquí como pauta de referencia pero no determinante de la indemnización.
En relación a los concretos ingresos económicos del accionante, no existen elementos en el presente expediente que permitan acreditar una suma determinada que pueda ser valorada como parámetro probatorio suficiente. Asimismo, cabe señalar que en el beneficio de litigar sin gastos N° MG-3212/2023 no se produjo actividad probatoria que permita determinar los ingresos del accionante
En consecuencia, recurriré, al efecto del cálculo de la renta, al salario mínimo vital y móvil vigente al momento de esta sentencia.
Sentado ello, para definir el monto a reconocer utilizaré una fórmula de cálculo de renta constante no perpetua. Resulta ser C = A. (1 + i)ª - 1 / i . (1 + i)ª (de Acciari-Yrigoyen Testa, cfm. López Herrera Edgardo, comentario art. 1746, en Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado, 1era. edición, 1er reimpresión, dirigido por Rivera Julio C., Medina Graciela y coordinado por Esper, Mariano, Thompson Reuters - La Ley, Bs. As., 2015, T° IV, p. 1088). Puntualizo que "C" es el capital a percibir; "a" es la ganancia afectada por período anual; "i" es la tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado (aplicaré el 4%, decimalizada); "a" es la cantidad de años restantes hasta la edad jubilatoria de 65 años; y 1=1.
Al mismo tiempo, habré de verificar, que la indemnización que en definitiva se fije resulte superior a la prestación mínima que habría correspondido conforme al sistema especial de reparación de los accidentes laborales (art. 14 inc. 2, ap. "a", de la ley 24.557, cfm. CSJN, in re "Grippo", del 2/9/2021).
Así, pondero que Walter Ezequiel Molina, es argentino, nació el 04/02/1981, por lo que al momento del accidente que nos ocupa, contaba con 41 años de edad y actualmente tiene 45 años, restándole para alcanzar la edad jubilatoria 20 años.
Ante las particularidades del caso y el criterio del Tribunal de Alzada en procesos recientes fijaré la indemnización a valores actuales (ver Cámara de Apelaciones de Mercedes, Sala II, in re Gutiérrez Matías Cristian Gabriel y Otro/A C/ Abtt Juan Marcelo y Otro/A S/ Daños y Perj. Autom, Expte. N°2181/2017, 33908, del 23/8/2023), por lo que especifico que el salario mínimo vital y móvil asciende a la suma de $398.800 (Res. 4/2026).
En este sentido, al establecer la indemnización a valores actuales, se ha explicado que "no se puede negar el fenómeno inflacionario que afecta a nuestro país en los últimos veinte años, y porque responde mejor a resguardar el principio de la reparación integral (art. 1038 Código de Vélez, y art. 1740 Código Civil y Comercial). Sobre todo, cuando se trata de deudas de valor, como el daño moral, la incapacidad o la pérdida de chance de ayuda económica (art. 772 CCC). Numerosos fallos de la S.C.B.A., por otro lado, han seguido igual criterio (SCBA LP A 75704 RS-211-21 S 22/12/2021; B 64394 RSD-157-21 S 31/08/2021; A 74770 RSD-159-21 S 31/08/2021; C 122687 S 17/11/2020; B 65621 RSD-21-21 S 23/02/2021 - estos dos últimos votos del Dr. Pettigiani-, entre otros)" (Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mercedes, in re "Bentancour Sergio Marcelo c/ Díaz Adriana Patricia y otros s/ Daños y Perjuicios", SI-119854, del 7.12.22).
En tales condiciones, apreciando la fórmula de Acciari-Yrigoyen Testa como pauta orientadora, considerando que "la cuantificación final debe guardar correspondencia y ajustarse a los antecedentes del Tribunal para casos análogos (casos próximos, decía la Dra. Highton de Nolasco como integrante de la Sala F de la Cámara Nacional Civil), e incluso a los montos conferidos por otros tribunales y a la actual realidad económica" (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, "O. F., R. c/ Aseguradora Federal Argentina S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios", causa Nº 61.029, del 21/2/2017; SCBA LP L. 117933, "Costoza" , sentencia del 11/06/2020, voto del Dr. de Lazzari), y ajustando el monto a las condiciones personales y a la verdadera repercusión económica que las menguas son susceptibles de generar a Walter Ezequiel Molina reconozco por incapacidad psicofísica la suma de $31.000.000 (art. 165 del CPCC).
6. Continuaré el análisis mencionando que el perito prescribió " tratamiento psicológico" por un lapso de un año, con una concurrencia de una sesión semanal, para el actor.
En este aspecto, la pericia psicológica consideró las influencias del accidente y sus secuelas en la vida afectiva del actor, teniendo en cuenta la consolidación por el transcurso del tiempo -que torna al mismo de carácter irreversible- para evitar su agravamiento.
De tal manera, tomando como referencia los importes fijados actualmente para consultas por el Colegio de Psicólogos (6 UP, siendo su valor $31.500, ver Distrito XI, https://colegiodepsicologos.org.ar/matriculados/valor-up/), estimo equitativo establecer el monto en concepto de "tratamiento psicológico", a valores actuales, en la cantidad de $1.512.000 (cfr. arts. 165, 375 y 384 del C.P.C.C.).
A diferencia del resto de los rubros del asunto, el monto del tratamiento señalado a favor del actor no llevará intereses desde que el perjuicio se produjo, sino a partir de la notificación de esta decisión judicial, habida cuenta de que las sumas aplicadas a solventar erogaciones que todavía no han sido realizadas (conf. C.S.J.N. 311:744. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2º "Cajal, María Magdalena y otros v. Estado Nacional s/ daños y perjuicios", Causa Nº 1749/1998, sentencia del 31 de mayo de 2.001").
En el punto es de aplicación la doctrina legal de la SCBA que surge del precedente C. 122.711, caratulado "Acosta, Evaristo contra Soler, Roberto Oscar y otros. Daños y perjuicios", del 30.12.20. En dicho caso se ha explicado que, en tanto no se ha efectuado el desembolso toda vez que el monto otorgado corresponde a un "tratamiento psicológico futuro", conceder intereses desde el momento del hecho configuraría un enriquecimiento sin causa (art. 1.794 CCyC).
Por ello los intereses de este rubro correrán a partir de esta sentencia a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, hasta el día del efectivo pago (conf. doctr. causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi", sents. de 21-X-2009 y C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15-VI-2016; art. 289, CPCC).
7. Incumbe dedicarme a la indemnización por "daño moral" reclamada.
Al respecto, prevé el artículo 1741 del CCyC que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.
La jurisprudencia ha entendido que el daño se configura por el conjunto de sufrimientos, padeceres de orden espiritual y angustias causadas por el ilícito (C. Civ. y Com. San Martín, causas Nº48.469, 48.402, 49.269, 534.59, entre otras). Y explicitó que la fijación de sumas indemnizatorias en este concepto no está sujeta a reglas fijas, correspondiendo su cuantía -en principio- al arbitrio judicial (SCBA, C 85.381, "Valentín, Norma B. y González, Juan C. c/ Durisotti, Rodolfo; Hospital Municipal y Municipalidad de Daireaux s/ Daños y perjuicios", sentencia del 7 de mayo de 2.008).
La S.C.B.A. ha señalado que al fijar esta cuantía los jueces debemos actuar con prudencia y mesura, evaluando los alcances de nuestro pronunciamiento y sopesando sus consecuencias, porque debemos evitar, por un lado, que lo que debe ser un resarcimiento se transforme en un injustificado o irrazonable enriquecimiento, y por otro, que la reparación resulte algo así como una limosna más destinada a acallar conciencias que a restañar una herida (SCBA LP L. 117933, "Costoza", sentencia del 11/06/2020, voto del Dr. de Lazzari).
Tengo en cuenta que Walter Ezequiel Molina, quien contaba al momento del accidente con 41 años de edad, sufrió a raíz del hecho dañoso lesiones físicas y psicológicas que derivaron en una incapacidad psicofísica parcial y permanente, circunstancia que evidencia los padecimientos, angustias, molestias e incomodidades que debió soportar como consecuencia del siniestro. En función de tales circunstancias, de las condiciones personales de la víctima, de la entidad del hecho dañoso y de las consecuencias acreditadas en autos, considero adecuado reconocer en concepto de daño moral la suma de $6.000.000 (art. 165 CPCC).
8. Corresponde que me expida sobre los " gastos de atención médica y medicamentos" reclamados, el actor alegó que las lesiones ocasionaron la erogación de gastos médicos y farmacéuticos, que resultaron indemnizables aun cuando no se acompañaron comprobantes, dado que la naturaleza del tratamiento y la necesidad de medicación hicieron palmaria su existencia.
Al respecto el art. 1746 del C.C. y C., dispone: "En caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos médicos, farmacéuticos y por transporte que resultan razonables en función de la índole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad permanente se debe indemnizar el daño, aunque el damnificado continúe ejerciendo una tarea remunerada. Esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado."
En este contexto, la jurisprudencia ha sostenido que "[e]s procedente el resarcimiento de los gastos de atención médica, farmacéuticos y de traslados cuando existe daño psicofísico, aun a falta de comprobantes, pues se presume la necesidad de su erogación aun cuando la víctima cuente con cobertura por obra social o se atienda en establecimientos públicos" (CC0002 SM 49092 RSD-170-1 S 15-5-2001, "Taranto, Carlos y otra c/ Di Meo, Mirta Susana y otros s/ Daños y perjuicios").
Claro está que ha de limitarse la presunción de los gastos -y el consecuente relevo de la carga probatoria-, a aquellos supuestos en que la persona lesionada, o, en su caso, los familiares o allegados, no ha podido muñirse de los elementos que justifiquen debidamente haber efectuado erogaciones por tales conceptos a raíz de la urgencia y de las circunstancias inmediatas a la producción del accidente y a lo imprevisto de la situación, que imposibilitan requerir, por parte del paciente, la obtención de la documentación respectiva (cfm. CC0201 LP 96996 RSD-84-2, "Rosiano, Miriam Beatriz c/ Quiñones, Katia V. s/ Daños y perjuicios", sentencia del 8-5-2002).
En dicho marco, sin perjuicio de que no se ha acreditado documentadamente la existencia de dichos gastos, atento las comprobadas lesiones y secuelas, con los gastos que las mismas conllevan, entiendo justo y razonable reconocer en calidad de gastos de atención médica y medicamentos, la suma actualizada de $200.000 (art. 165 del CPCC).
9. En cuanto al " tratamiento de rehabilitación" , el reclamo realizado al respecto no luce acreditado por el accionante, quien tenía la carga de probar los extremos de su demanda (art. 375 del CPCC) y, por consiguiente, debe soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (cfr. SCBA Ac. 45.068, sentencia del 13 de agosto de 1.991 en "Acuerdos y Sentencias", 1.991-II-774; entre otros).
Por ello, corresponde rechazar el rubro tratamiento de rehabilitación.
10. Corresponde tratar el rubro "lucro cesante" . Cabe su conceptualización como la probabilidad objetiva, debida y estrictamente comprobada, de las ventajas económicas justamente esperadas, conforme a las circunstancias del caso. Ha explicado la S.C.B.A. que este rubro indemnizatorio "reemplaza en el patrimonio del afectado aquello que legítimamente se le había incorporado por la actividad desplegada y los elementos de trabajo y capital armonizados en el empeño" (cfm. SCBA causa B. 51.148, "Divertimentos Acuáticos S.A.", sent. del 4-XI-1997; B. 54.024, "Cantera Gorina S.H.", sent. del 27-XII-2006; B. 57.916, "Tansportes y Construcciones S.A.", sent. del 18-II-2009; B. 58.527, "IMPA S.R.L.").
Sobre este capítulo de la demanda el actor no ha demostrado el perjuicio que invoca, lo que sella la suerte negativa de su planteo.
Véase que no produjo prueba para acreditar un menoscabo concreto en sus ingresos como consecuencia del accidente (ver también el incidente de beneficio de litigar sin gastos número MG. 3212/2023, sin actividad).
Por lo expuesto corresponde rechazar el rubro lucro cesante.
11. De acuerdo a la doctrina legal de la Suprema Corte corresponde la aplicación de intereses puros a la tasa del 6% anual para los montos establecidos -en tanto los rubros han sido fijados a valores actuales-, desde el hecho, el 15/7/2022- y hasta el dictado de esta sentencia, y desde aquí la tasa pasiva digital (arts. 772 y 1748 del C.C. y C.; SCBA en causas N° C. 120.536, "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", sentencia del 18/04/2018, y N° c. 121.134, "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", sentencia del 03/5/2018). Ello, con la excepción del tratamiento psicológico, que llevarán los intereses fijados en los considerandos respectivos.
12. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad y/o aplicación del art. 730 del C.C. realizado cabe diferir el pronunciamiento para el momento de su eventual aplicación.
13. Finalmente corresponde que me expida sobre la distribución de las costas.
En tanto prospera la demanda, se imponen a la parte demandada y a la citada en garantía, Provincia Seguros S.A., dada su calidad de vencidos (art. 68 del CPCC).
En esas condiciones, dicto la siguiente:
S E N T E N C I A : 1°) Hacer lugar a la demanda instaurada y, en consecuencia, condenar a Francisco David Paz y a Provincia Seguros S.A. -en su calidad de aseguradora y en la medida del seguro-, a abonar a Walter Ezequiel Molina la cantidad de $38.712.000 , con más sus intereses fijados en los considerandos respectivos (6 y 11), dentro de los diez días de quedar firme la presente; ello, imponiendo las costas a los accionados vencidos (art. 68 del CPCC). 2°) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva (art. 51 ley 14.967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE de manera automatizada conforme lo previsto por el Ac. 4013/21 -t.o. Ac. 4039/21-, de la SCBA, y al demandado rebelde por cédula.
LEANDRO NAHUEL JOANDET JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: JOANDET Leandro Nahuel - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 753-2026
Fin de la sentencia