Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 47.070-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 139/2016, 318/2016, 328/2016 y 259/2017, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del recurrente, en la siguiente forma:
A) Por el Expediente N° 47.070-I, en las sumas de $55.225, por la representación procesal y $84.963 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
B) Por el Expediente N° 47.630-I, en las sumas de $55.225 por la representación procesal y $110.836 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
C) Por el Expediente N° 47.749-I, en las sumas de $273.003 por la representación procesal y $682.508 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-28050503-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 18 de Marzo de 2026 Molinari, Carlos Juan.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 47.070-I (y sus acumulados Nros. 47.630-I, 47.749-I y 48.513-I) caratulado “Molinari Carlos Juan s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Carlos Juan Molinari interpone el recurso de apelación previsto en el art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
a) Resolución N° 139/2016 (Expediente N° 47.070-I), en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto sobre los bienes personales del período fiscal 2008 y se lo intima a ingresar la suma de $36.399,51, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
b) Resolución N° 318/2016 (Expediente N° 47.630-I), en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto sobre los bienes personales de los periodos fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012 y se lo intima a ingresar $572.267,32, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
c) Resolución N° 328/2016 (Expediente N° 47.749-I), en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2011 y 2012 y se le intima el ingreso de $3.633.784,20 más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
d) Resolución N°259/2017 (Expediente N° 48.513-I), en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2013 y se le intima el ingreso de $1.442.751,06, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). En todas ellas, además, se hace reserva de aplicar sanciones en virtud de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 24.769 (t.v.). En sus presentaciones ante este Tribunal, manifiesta, en primer lugar, que ejerció su derecho de defensa al contestar las vistas conferidas en sede administrativa y ofreció allí las pruebas que consideró necesarias, por lo que se remite a los argumentos que expuso en esa oportunidad, los que afirma no fueron tenidos en cuenta por el organismo fiscal al dictar las Resoluciones.
A continuación, opone la excepción de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio el impuesto sobre los bienes personales del periodo fiscal 2008.
Por otra parte, plantea la nulidad de las Resoluciones Nros. 139/2016, 318/2016 y 328/2016, afirmando que durante el procedimiento sustanciado en sede administrativa se violaron las garantías de debido proceso y legal y de defensa en juicio, ya que se le negó la apertura a prueba rechazándose las ofrecidas por inconducentes, según dice, en forma arbitraria e infundada.
Sostiene que para la Administración resulta obligatoria la apertura a prueba del expediente administrativo mientras que las pruebas ofrecidas no sean manifiestamente inconducentes, lo que a su entender tiene que ser demostrado por el juez administrativo, y que la omisión de hacerlo no puede ser subsanada por el dictado de medidas para mejor proveer. Afirma que todo ello le causa un perjuicio cuya reparación en instancias posteriores no resulta posible porque “se está frente a una determinación de oficio que se dicta con la expresa intención de servir de base a una denuncia penal en los términos previstos por el art. 18 de la ley 24.769” y agrega que aunque este Tribunal revocara los ajustes “…lo que nunca podrá repararse es el perjuicio de haber tenido que soportar un proceso penal”.
Se queja de que nunca tuvo la oportunidad de contrastar, explicar o corroborar por sí mismo o a través de terceros la información colectada unilateralmente por la fiscalización, lo que a su entender, lo colocó en un estado de indefensión absoluta y vuelve a los actos dictados a continuación infundados, arbitrarios e injustos.
Respecto de la Resolución N°328/2016 plantea también su nulidad por falta de causa, invocando que el juez administrativo cometió errores de procedimiento al determinar supuestas diferencias en la base imponible del periodo fiscal 2011.
En relación a la determinación del impuesto sobre los bienes personales, períodos 2009, 2010, 2011 y 2012 (Res. N° 318/2016), opone, además, la excepción de litispendencia.
Transcribe citas doctrinarias referidas a esa defensa procesal, para concluir en que hay litispendencia cuando existe otro proceso pendiente entre las mismas partes, por la misma causa y el mismo objeto. A continuación, menciona la fiscalización que se le practicó en el impuesto a las ganancias por los periodos 2011 y 2012 (Res. 328/2016), también recurrida ante este Tribunal, afirmando que ambas determinaciones –ganancias y bienes personales- se originaron en la misma orden de intervención y tienen estrecha relación, por lo que solicita la acumulación de ambos Expedientes. En lo que se refiere a la determinación de oficio del impuesto sobre los bienes personales, se agravia solamente del ajuste efectuado en el período fiscal 2008 sobre el rubro “derechos reales”. Manifiesta que es el Presidente y principal accionista de ROLENCMO S.A. y que sus conflictos personales “…por todos conocidos, lo llevaron a crear esta ficción de la figura del usufructo sobre su propia propiedad” (sic).
Afirma que si se analiza su situación desde el principio de la realidad económica previsto en el art 2° de la ley 11.683, se puede concluir que “…nos hallamos ante un escenario real, donde un contribuyente nuclea en su persona y en tres sociedades más, todo su patrimonio y las operaciones inherentes al mismo, necesarias para el mantenimiento de ello”, lo que, en su opinión, no significa un enriquecimiento del titular del crédito, “…que reúne en sí, todas las facetas respectivas, accionista, acreedor y director”.
En cuanto a los ajustes en el impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2011, 2012 y 2013, niega en términos generales que haya existido el incremento patrimonial no justificado que le atribuye el juez administrativo y se refiere solamente a algunos de los rubros ajustados en sus declaraciones juradas.
Así, en relación al crédito con la firma Real Estate Investments Fiduciaria SA (REI S.A.) que se consideró que había subvaluado, justifica las diferencias detectadas diciendo que a la fecha de presentación de las declaraciones juradas no había cobrado los intereses correspondientes, ni se le habían puesto a disposición los fondos, por lo que no los declaró, ya que, según afirma, deben declararse por lo percibido.
En lo que se refiere a su participación accionaria en ROLENCMO S.A. y al crédito con ésta, que tampoco fue declarado, señala que su paquete accionario le pertenece en un 50%, y el 50% restante corresponde a su ex esposa, la Sra. Alicia Rolenc. Agrega que “…a raíz de la ruptura del matrimonio y de no existir el más mínimo diálogo con su ex mujer y socia, no se han podido aprobar los balances en tiempo y forma”, ni se han hecho las presentaciones correspondientes en la Inspección General de Justicia ni en el Fisco Nacional, lo que, según sostiene, explica que el organismo no pudiera constatar actividad comercial alguna desarrollada por la sociedad.
Manifiesta que la empresa era propietaria de un inmueble que fue sede del hogar conyugal y que luego fue enajenado directamente por ésta. Esa operación, manifiesta, es la que dio origen a los fondos utilizados para cancelar la deuda con él, lo cual afirma surge de los libros contables de la sociedad, los que “…quedan a disposición de quien corresponda”. En cuanto a la disminución del rubro “inversiones” por su participación accionaria en la firma Lomas del Golf S.A., menciona que, junto a su ex esposa, la Sra. Alicia Rolenc, eran los socios mayoritarios. Luego de reiterar los alegados conflictos con ella, que le habrían impedido cumplir con sus obligaciones, señala que la sociedad fue propietaria de diversos inmuebles que fueron enajenados por ésta a través de fideicomisos y que la sumatoria de las mismas dio origen a los fondos utilizados para la devolución de los aportes irrevocables que hizo en dicha empresa, operatoria que también se llevó a cabo, según dice, en ROLENCMO S.A.
Se refiere luego a la deuda declarada con Fideicomiso Hudson Park, manifestando que era el Presidente y principal accionista de la sociedad fiduciaria, Real Estate Investment Fiduciaria S.A., y también de la sociedad beneficiaria del mismo fideicomiso, ROLENCMO S.A.
Indica que el monto cuestionado “…fue distribuido a la beneficiaria ROLENCMO S.A. y en consecuencia, ésta la entregó a su principal accionista, Carlos Juan Molinari”.
En todos los casos, manifiesta que las operaciones invocadas se encuentran asentadas en los libros contables de las empresas involucradas, que reitera “quedan a disposición”.
Por último, aporta prueba documental y ofrece prueba informativa y pericial contable y solicita se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A su turno, contesta el traslado de los recursos la representación fiscal, que por las razones que expone, pide que se confirmen sus actos, con costas.
III. Por la sentencia de fs.96/99, esta Sala rechazó la excepción de prescripción opuesta por el recurrente en relación a la determinación del impuesto sobre los bienes personales del periodo fiscal 2008, con costas, y a fs. 103 se regularon los honorarios de los representantes fiscales.
A fs. 111 se dispuso rechazar la prueba pericial contable ofrecida.
A fs. 326 se acumuló por Sala el Expediente N° 47.749-I al 47.630-I y a fs. 413, por Tribunal en Pleno, se acumularon ambos, junto con el N° 48.513-I, al N° 47.070-I.
A fs. 334 y 415 obran los autos de apertura a prueba en los que se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida, poniéndose a cargo del recurrente la confección y diligenciamiento de los oficios ofrecidos, lo que no fue cumplido, por lo que luego de intimar al Sr. Molinari a fs. 415, a fs. 421 se dio por decaído su derecho a producirla.
A fs. 426 se requirió a las partes que informaran el estado procesal de la causa penal N° 1098/12 caratulada “Molinari Carlos Juan s/inf. Ley 24.769”, lo que el representante de la recurrente respondió a fs. 433/434, informando que la causa se encontraba en etapa de instrucción.
Por PV-2026-12628203-APN-VOCXI#TFN se elevaron las actuaciones a la Sala y a fs. 446 quedaron en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde tratar en primer lugar la defensa de nulidad opuesta por la recurrente sobre la base de sostener la falta de causa de las Resoluciones y la vulneración de su derecho de defensa en juicio, en razón de que el juez administrativo rechazó la producción de las pruebas por él ofrecidas en esa sede.
Al respecto, cabe ya señalar que el planteo debe ser rechazado por infundado. En efecto, surge de las constancias de la causa que al corrérsele la vista que prevé el art 17 de la ley 11.683, se pusieron a disposición del recurrente las actuaciones administrativas y se le otorgó el plazo legal para que produjera su descargo y ofreciera pruebas, derecho del que hizo uso ya que tomó vista de las actuaciones y presentó su escrito de descargo, ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes, lo que demuestra su conocimiento y participación en el procedimiento.
Por otra parte, cabe recordar que contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el juez administrativo no se encuentra obligado a admitir todas las pruebas ofrecidas por el contribuyente, sino sólo aquellas que resulten conducentes para resolver la cuestión y fundar sus conclusiones, requisitos que a su criterio no cumplían las pruebas documental, informativa y pericial ofrecidas por el Sr. Molinari en sede administrativa.
Se advierte, entonces, que las Resoluciones se encuentran debida y suficientemente motivadas en los antecedentes de hecho y de derecho descriptos en sus Considerandos y que surgen de las actuaciones administrativas que preceden su emisión, por lo que no se observa violación alguna a ninguna de las disposiciones de la ley 11.683, ni tampoco al procedimiento administrativo reglado en la ley 19.549, ya que de allí no se desprende que el Fisco Nacional haya incurrido en ningún vicio que haya generado un perjuicio al recurrente y que, por lo tanto, justifique que este Tribunal declare la nulidad de dichos actos.
En ese sentido, cabe recordar que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han cumplido, ya que el Sr. Molinari tuvo oportunidad de hacer valer sus defensas en las distintas etapas a tal fin previstas en la ley, primero en el procedimiento sustanciado en sede administrativa, y luego ante este Tribunal. Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada de este Tribunal al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, del 3.2.2021. También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” -conf. “Bringas Raul”, sentencia del 1.10.2020.
Por lo que corresponde desestimar la defensa de nulidad opuesta, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”). En lo que se refiere a lo que el Sr. Molinari denomina como excepción de litispendencia, que funda en la conexidad entre la determinación de oficio del impuesto sobre los bienes personales recurrida en el Expediente N° 47.630-I y la fiscalización que se le practicó en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2011 y 2012, que derivó en la Resolución N° 328/2016 recurrida en Expediente N°47.749-I- y que ambas causas fueron acumuladas y tramitan conjuntamente, debe decirse que resulta insustancial su tratamiento.
V. Corresponde analizar ahora si las Resoluciones Nros. 139/2016, 318/2016, 328/2016 y 259/2017 se ajustan a derecho y si la prueba aportada y ofrecida por el recurrente es suficiente para dejar sin efecto la pretensión fiscal. Los ajustes allí notificados se originaron en la fiscalización efectuada al Sr. Carlos Juan Molinari, -cuya actividad declarada es la de “Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizada por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización de sociedades anónimas”- que se inició por orden de la Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario N° 3 en el marco de la causa penal caratulada “Molinari, Carlos Juan s/evasión tributaria simple”, en virtud de la cual se libró la orden de intervención N° 1.103.858 -y su complementaria N°1.497.013- en relación a los impuestos sobre los bienes personales de los periodos fiscales 2008 a 2012 y a las ganancias de los periodos fiscales 2011 a 2013. Durante la misma, los fiscalizadores compulsaron la documentación reservada en el Expediente judicial y las bases de datos del organismo, y las confrontaron con las declaraciones juradas presentadas por el recurrente en los periodos señalados, sobre las que formularon las siguientes objeciones:
1. En el impuesto sobre los bienes personales El recurrente omitió incluir en sus declaraciones juradas una serie de bienes en el país y en el exterior gravados por el impuesto, que la fiscalización separó en los siguientes rubros:
a. Rubro derechos reales: No declaró el usufructo sobre lotes en el emprendimiento “Highland Park”, ubicado en Del Viso, partido de Pilar, durante los periodos fiscales 2008, 2009, 2011 y 2012.
b. Rubro automotores: No declaró los automotores Audi patente JVM167 y BMW patente KEN330 en el periodo fiscal 2011, y Audi patente KTU973 en el periodo fiscal 2012 c. Rubro créditos:
(i) Subvaluó créditos con la firma Real Estate Investments Fiduciaria S.A. (REI SA) en los periodos fiscales 2011 y 2012. En este concepto, la fiscalización constató que de la documentación obrante en el expediente judicial, surgían aportes de fondos por parte del Sr. Molinari a la firma REI S.A., que al 31/12/2011 ascendían a la suma de $6.506.129, lo que coincidía con los Estados Contables y el Inventario de REI S.A. cerrados a dichas fechas (fs. 42/43 Cuerpo Anexo documentación en el Expte judicial referente a REI S.A.). Sin embargo, el Sr. Molinari informó en su declaración jurada del periodo fiscal 2011 por ese concepto la suma de $5.566.011 (fs. 62 cpo anexo ddjj IPB), por lo que se ajustó el rubro incluyendo el crédito referido por la suma de $6.506.129 o sea se incorporó la diferencia de $940.118 en el periodo 2011, conforme a lo dispuesto por el art. 19, inc. I) y art 22 inc. d) de la ley del tributo.
En cuanto al periodo fiscal 2012, constató que el Sr. Molinari declaró un crédito con la mencionada sociedad por la suma de $11.203.737, pero informó en su declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2013 que el mismo crédito al inicio de este periodo fiscal ascendía a la suma de $11.328.504, por lo que se incluyó la diferencia en el impuesto sobre los bienes personales del periodo fiscal 2012, sobre la base del art. 19, inc. I) y art. 22, inc. d) ley del tributo.
Cabe señalar que de las Resoluciones surge que este crédito fue luego parcialmente exteriorizado por el Sr. Molinari a través de la declaración jurada rectificativa 1 presentada por el periodo fiscal 2012.
(ii) No declaró créditos con la firma ROLENCMO S.A. en los periodos fiscales 2011 y 2012:
El recurrente incluyó en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias un crédito con la firma ROLENCMO S.A. desde el año 2008 por la suma de $3.536.847, crédito que fue declarado por el mismo importe en el impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2008, 2009 y 2010, pero no en los períodos posteriores.
La fiscalización comprobó que ROLENCMO S.A. no desarrolló actividad comercial que le generara ingresos gravados desde el año 2005, y que no presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias desde esa fecha (fs. 43 cuerpo anexo consulta bases).
A su vez, no se detectaron acreditaciones bancarias a favor del Sr. Molinari en el periodo fiscal 2011 que permitieran comprobar que había recibido los fondos de dicha firma, ni fue informada al organismo una posible condonación de la deuda, por lo que se consideró que correspondía incluirlo en las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales de los periodos fiscales 2011 y 2012.
(iii) Subvaluó el crédito con su hijo, el Sr. Matías Molinari, en el periodo fiscal 2012: Al inicio y al cierre de los años fiscales 2009 a 2011 declaró en el impuesto sobre los bienes personales un préstamo otorgado a su hijo en el año 2009 para la compra de un automotor por la suma de $359.100. Sin embargo, en su declaración del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2013, declaró que ese crédito al inicio del periodo era de $397.500 mientras que al cierre del periodo 2012 en el impuesto sobre bienes personales, declaró que era de $100.000. Por lo que se incluyó en la declaración jurada de dicho gravamen del período fiscal 2012 la diferencia de $297.500 no declarada. Surge de las Resoluciones que, posteriormente, el Sr. Molinari presentó la declaración jurada rectificativa 1 por el periodo fiscal 2012 y reconoció el cargo formulado en ese aspecto.
d. Rubro Títulos y acciones del exterior y demás participaciones:
No declaró su participación en la firma ADG Argentinian en el exterior en los periodos fiscales 2011 y 2012. Hasta el periodo fiscal 2010, el Sr. Molinari exteriorizó en su declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales un monto de $780.359 en concepto de su participación accionaria en la firma ADG Argentinian. A su vez, al cierre de ese ejercicio, exteriorizó en su declaración jurada del impuesto a las ganancias una deuda con la citada firma por $994.880 En el periodo fiscal 2011 no exteriorizó ni la tenencia de su participación accionaria ni la deuda señalada, pero de la información obrante en las bases del organismo fiscal no surgió que el Sr. Molinari tuviera acreditaciones bancarias que demuestren que cobró el monto exteriorizado en el periodo fiscal anterior, ni tampoco que haya adquirido divisas para cancelar el saldo de dicha operación, por lo que se la incluyó en las declaraciones juradas de los periodos fiscales 2011 y 2012.
Posteriormente, por requerimiento de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 11, los funcionarios fiscales tomaron vista de la documentación relacionada con la firma Real Estate Fiduciaria S.A. y Carlos Juan Molinari, reservada y secuestrada en los allanamientos realizados en la causa N° 3017/2013, “BAEZ LAZARO y otro s/encubrimiento” en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 y de la documentación en poder del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de donde surgieron elementos para ampliar la pretensión fiscal por omisión en ambos gravámenes, por lo que se dictó la OI complementaria 1.497.013.
La Fiscalía hizo saber a la Administración que para la realización de los procedimientos de verificación y determinación de deudas, debía tener en cuenta toda la documentación obrante en la causa penal iniciada por el delito de lavado de dinero, vinculadas a actividades comerciales y patrimoniales del Sr. Molinari y de Real Estate Investments Fiduciaria S.A., como sociedades constituidas, emprendimientos relacionados con las cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles, tanto en el país como en el extranjero.
En ese marco, además de lo señalado, se constató que el Sr Molinari había omitido también incluir en sus declaraciones juradas:
- 10 parcelas adquiridas en el año 2011 en el emprendimiento “Hudson Park”.
- Un inmueble ubicado en la Ciudad de Miami (Florida, EEUU) adquirido en el año 2002.
2. En el impuesto a las ganancias En atención a que luego de corrérsele la vista de los ajustes propuestos por la fiscalización, el Sr. Molinari presentó la declaración jurada rectificativa N°1 de este impuesto en relación al periodo fiscal 2012, sin ajustarse a los montos de los ajustes, y como no contestó los requerimientos que se le efectuaron para aportar la documentación que avalara las modificaciones introducidas, el juez administrativo dictó una medida para mejor proveer tendiente a verificar dicha declaración, requiriéndole diversa documentación de respaldo, pero vencido el plazo otorgado, éste no aportó la totalidad de los elementos solicitados.
Por lo que sobre la base de la documentación obtenida del expediente penal y la anteriormente aportada durante el procedimiento en sede administrativa, se constató que el Sr. Molinari había omitido exteriorizar en sus declaraciones juradas el incremento de su patrimonio en los siguientes rubros:
a. Rubro créditos - No justificó el monto de $397.500 declarado en la rectificativa N° 1 al cierre del ejercicio 2012 en concepto de crédito con su hijo Matías Molinari, que había sido declarado en $ 359.100 al cierre de los ejercicios 2010 y 2011. - Declaró en su rectificativa la suma de $11.328.504 en concepto de crédito con la firma Real Estate Investments Fiduciaria S.A. en el periodo 2012, lo que no coincidía con el monto asentado en los libros contables de esa firma, que fueron compulsados.
- No declaró en los periodos fiscales 2011 y 2012 el crédito con la firma ROLENCMO S.A. que había declarado hasta el ejercicio 2010, lo que pretendió justificar aduciendo que fue cancelado con fondos de ROLENCMO S.A. obtenidos de supuestas operaciones registradas en sus libros contables, los que no aportó. Tampoco allegó documentación alguna que demuestre el efectivo ingreso del monto para la cancelación del préstamo en cuestión.
b. Rubro inversiones Disminuyó la participación accionaria que tenía en Lomas del Golf S.A. y Rolencmo S.A. que pretendió justificar con la obtención de fondos por parte de Lomas del Golf S.A. con operaciones de venta de inmuebles en forma directa o a través de fideicomisos, registradas en libros que puso “a disposición de quien corresponda” pero no presentó ni originales ni copia certificada de los mismos. Esas operaciones, según dijo, dieron origen a los fondos utilizados para la devolución de aportes irrevocables por él efectuados por la suma de $2.579.519. Esta sociedad, al igual que Rolencmo S.A., tampoco presentó balances ante el órgano de control.
C. Rubro deudas en el país- personas físicas - En su declaración rectificativa del impuesto a las ganancias incluyó una deuda contraída con el Sr. Marcelo Bernal, pero no aportó documentación alguna al respecto.
- En el periodo fiscal 2012, declaró una deuda con Fideicomiso Hudson Park proveniente de supuestos retiros a su nombre por la suma de $1.591.953, pero el monto no pudo ser contrastado con el asentado en la contabilidad del Fideicomiso ya que no se aportaron los Estados Contables certificados del ejercicio y tampoco éste presentó declaraciones juradas en el impuesto.
Por otra parte, declaró como renta exenta la suma de $376.059 cuyo origen pretendió justificar en la venta de distintas parcelas en el lote que había recibido del Fideicomiso Hudson Park, supuestamente documentado en tres boletos de compraventa. Sin embargo, de los mismos surgió que quien vendió los lotes fue Real Estate Investments Fiduciaria S.A. – en carácter de fiduciaria del Fideicomiso Hudson Park- y no el recurrente, que se desempeñó como representante de la citada firma en el carácter de Presidente. Tampoco los precios de origen y venta informados por el recurrente se corresponden con los que surgen de la documentación aportada.
Todos los elementos recabados reseñados hasta aquí, llevaron al juez administrativo a otorgar el tratamiento de un incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18 inc. f) de la ley 11.683.
En el caso, lo que este Tribunal debe analizar es la validez de los indicios adoptados por el juez administrativo a la hora de presumir los ingresos gravados por el impuesto a las ganancias no declarados, y las pruebas rendidas por el contribuyente tendientes a refutarlos, tanto en la instancia administrativa previa como ante este Tribunal. Al contestar la vista corrida en sede administrativa y su complementaria, el recurrente invocó diversas operaciones y movimientos de fondos para justificar los incrementos detectados en su patrimonio, pero en ningún caso sus afirmaciones fueron acompañadas de pruebas fehacientes que las avalaran.
Asimismo, intentó explicar la falta de declaración de bienes gravados invocando problemas personales en forma genérica, sin precisar de qué manera le impidieron cumplir con sus obligaciones fiscales, tales como supuestos conflictos y “falta de diálogo” con su ex esposa y socia de ROLENCMO S.A. y Lomas del Golf S.A., la Sra. Alicia Rolenc, que supuestamente impidieron que se aprobaran los balances de las sociedades y no se hicieran las presentaciones correspondientes ante los organismos de control que, según sus dichos, hubieran permitido acreditar el normal desarrollo de la actividad de las empresas y demostrar la obtención de ingresos provenientes de ella.
En efecto, pretende el Sr. Molinari, a partir de la mera invocación del principio de la realidad económica previsto en el art. 2° de la ley 11.683, que se tengan en cuenta sus conflictos personales y se justifiquen sin más y sin pruebas concretas los movimientos de fondos y/o patrimoniales con las empresas en las que era accionista y director, tanto en el país como en el exterior, precepto que en modo alguno tiene el alcance que pretende darle. Es que, en el caso, la Administración Tributaria no imputó al Sr. Molinari el uso de estructuras comerciales inadecuadas en el ejercicio de su actividad, sino la omisión de declarar bienes que como contribuyente del impuesto sobre los bienes personales debió declarar en cada período fiscal.
De cualquier modo, aunque no hace falta aclararlo, tales afirmaciones referidas a sus relaciones personales, en modo alguno pueden constituir motivo suficiente para excusarse de cumplir con las obligaciones, formales y materiales, a su cargo y en definitiva con el deber de contribuir que tiene rango constitucional.
Lo cierto es que en sus recursos ante este Tribunal, el Sr. Molinari se limitó a remitirse a los descargos formulados en sede administrativa, insistiendo en supuestos vicios en los elementos de los actos recurridos, sin expresar agravios en particular sobre cada uno de los rubros ajustados en sus declaraciones juradas y reiterando manifestaciones genéricas e inconexas respecto de los cargos formulados, pretendiendo de ese modo justificar los incrementos patrimoniales detectados en operaciones (compraventas, préstamos, aportes a sociedades, etc) que no acreditó ni con documentación, ni a través de cualquier otro medio probatorio que permitiera justificar las irregularidades y deficiencias detectadas por la fiscalización a partir de la información y documentación por él mismo suministrada y, especialmente, la que compulsó en actuaciones penales sustanciadas por la comisión de otros delitos.
En definitiva, toda su defensa se encuentra basada en meras afirmaciones carentes de pruebas que pudieran darles verosimilitud, ya que a pesar de contar con la posibilidad de hacerlo, en esta instancia no ofreció y menos aún produjo alguna que resultara eficaz para justificar sus dichos. En efecto, la prueba pericial contable ofrecida cuyo objetivo era informar sobre las registraciones en las empresas Real Estate Investment Fiduciaria S.A., Lomas del Golf S.A., ROLENCMO S.A. y en el Fidecomiso Hudson Park, fue rechazada por inconducente, decisión que fue consentida; por su parte, la informativa ofrecida que sí fue admitida, dirigida a diferentes empresas, personas y estudios contables que intervinieron en las operaciones investigadas, para que informaran también sobre las mismas, no se produjo por la propia inactividad del Sr. Molinari, ya que a pesar de las intimaciones cursadas nunca acreditó el diligenciamiento de los oficios. En conclusión, recaía sobre el recurrente la obligación de probar en contra de los ajustes determinados por el juez administrativo sobre la base de las extensas tareas de fiscalización llevadas a cabo por el organismo y la documentación obrante en los expedientes penales.
En particular, si se tiene en cuenta que de acuerdo a la información pública el Sr. Molinari fue condenado por sentencia del Tribunal Oral N° 4, confirmada por la Cámara Nacional de Casación en sentencia del 28 de febrero de 2023 y por sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29 de mayo de 2025, en la causa N° 3017/2013 “BAEZ LAZARO y otro s/encubrimiento”, a partir de la documentación y pruebas rendidas en sede penal que, ya se dijo, fueron también compulsadas por la fiscalización y agregadas a los expedientes que dieron lugar a los ajustes notificados en las Resoluciones.
En ese sentido, debe recordarse que recae sobre el contribuyente la carga de probar por todos los medios la veracidad de sus dichos, conforme las reglas del art. 377 del CPCCN y al no haberlo hecho, siquiera mínimamente, deben convalidarse los ajustes practicados.
Por todo lo cual corresponde confirmar las Resoluciones tanto en cuanto al capital como a los intereses, sobre los cuales, además, no se han expresado agravios. Las costas se imponen a la vencida.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 139/2016, 318/2016, 328/2016 y 259/2017, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del recurrente, en la siguiente forma:
a) Por el Expediente N° 47.070-I, en las sumas de $55.225, por la representación procesal y $84.963 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
b) Por el Expediente N° 47.630-I, en las sumas de $55.225 por la representación procesal y $110.836 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
c) Por el Expediente N° 47.749-I, en las sumas de $273.003 por la representación procesal y $682.508 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
d) Por el Expediente N° 48.513-I:
(i) Por la primera etapa, en las sumas de $48.860 por la representación procesal y $122.148 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la segunda etapa, en las sumas de $263.238 equivalente a 3,10 UMA por la representación procesal y de $658,094 equivalente a 7,75 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.03.18 11:45:13 -03:00 Date: 2026.03.18 12:20:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.03.18 12:32:21 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.03.18 12:32:22 -03:00
Fin de la sentencia