Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 107853243-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierto el recurso interpuesto por el Fisco Nacional AFIP-DGA contra la sentencia del 12/12/2022. Con costas (cfme. primer párrafo, de los arts. 1163 del CA y 68 del CPCCN).
2Establecer los honorarios de conformidad con lo expresado en el Considerando VII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
34597/2023 MOLINO CANÑUELAS SACIFIA (TF 107853243-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 18 de febrero de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional el 27/02/2023 (v. IF-2023-21259321-APN-DTD#JGM), concedido el 01/03/2023 (v. PV-2023-22395178-APN-VOCXIII#TFN), contra la sentencia dictada el 12/12/2022 (v. IF-2022-133488465 -APNVOCXIII#TFN), fundado por la expresión de agravios del 20/03/2023 (v. IF-2023-30581224-APNDTD#JGM), cuyo traslado conferido en la PV-2023-32284643-APN-VOCXIII#TFN fuera contestado por la parte actora el 31/03/2023 (v. RE-2023-35756621 -APN-DTD#JGM).
Asimismo, a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por el letrado de la actora y el fisco nacional el 21/12/2022 y 23/12/2022 (v. IF-2022-136915418-APN-DTD#JGM e IF-2022 -137917021- APN-DTD#JGM), concedidos el 21/12/2022 y 27/12/2022 (v. PV-2022-136989067-APN-VOCXIII#TFN y PV-2022-138903591 -APN-VOCXIII#TFN) contra la sentencia de regulación de honorarios dictada el 16/12/2022 (v. IF-2022-135524008-APN-VOCXIII#TFN), sólo este último contestado por el letrado de la actora el 29/12/2022 (v.
IF-2022-140300495-APNDTD#JGM).Y,
I. Que, por la sentencia del 12 de diciembre de 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación, declaró la nulidad absoluta e insanable de la Resolución 19/19 (AD SALU) dictada por la Aduana de San Luis en las actuaciones SIGEA 12403-20-2013 por la que se había condenado a la exportadora Molino Cañuelas SACIFIA al pago de una multa de $416.763,47 y de tributos por USD 83.168,72, por considerarla incursa en la conducta prevista y penada en el art. 954, ap.1, incs. a) y b) del Código Aduanero. Impuso las costas a la demanda vencida (v. IF -2023-18610465-APN-VOCXIII#TFN).
Para así decidir, el vocal preopinante, al que adhirió sólo en punto al aspecto procedimental su colega de Sala, conformando una decisión unánime, precisó que la controversia versa sobre la correcta clasificación arancelaria de la mercadería exportada mediante el PE 13083EC01000591J, oficializado el 18.12.13. En tal sentido, refirió que mientras que la actora sostiene que la mercadería debe ubicarse en la “PA” 2309.90.900T (Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación de los animales) gravada con una alícuota de derechos de exportación del 5 %, la comprobación aduanera determinó, a partir de la muestra extraída y el resultado del ITEM -Protocolos LAB 91789 y 91791- que la PA declarada era errónea y que la correcta sería la NCM 2304.00.10 posición SIM 2304.00.10.100B (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja) alcanzada con una alícuota de derechos del 32%. Y fue en tales términos que la Aduana sustentó la imputación a la actora de la comisión de la infracción penada por el art. 954.1 incs. a) y b) del CA, por existir un perjuicio fiscal y tratarse de una exportación prohibida. En seguida, expuso que los hechos que no se encuentran controvertidos son que: 1) se realizó una operación de exportación de determinada mercadería; 2) que la mercadería exportada soportó la extracción de tres muestras por parte del servicio aduanero, conforme la Resolución General (AFIP) 1582/03; 3) que la extracción se realizó para someter a las muestras a un análisis de tipo presuntivo, conforme la antedicha resolución; 4) que la mercadería se había documentado, en cuanto a su PA, como “Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación de los animales” (PA 2309.90.900T); 5) que el despachante de aduana -habilitado del exportador- prestó conformidad sobre las muestras extraídas, como representativas del total de la partida documentada; 6) que el mismo despachante, en representación del exportador, asumió el compromiso de pagar las eventuales diferencias de tributos que surgieran del análisis a practicarse, más las multas que correspondieren si se verificaban inexactitudes.
Detalló que, por el contrario, existían en autos cuestiones controvertidas, materializadas en la documentación obrante en las actuaciones administrativas y los actos de la actora que, en legal forma, impugnaron la posición de la Aduana, tales como: 1) A fs. 6 la factura de venta de la actora a la empresa chilena SOC COM Y ELAB CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 34597/2023 MOLINO CANÑUELAS SACIFIA (TF 107853243-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO DE ALIM. BIO-BIO LTDA.; 2) A fs. 7 el certificado de calidad del SENASA que contradice los protocolos LAB 91789 y 91791 de fs. 8 y 16; 3) Los documentos antes reseñados fueron puestos en conocimiento del ITEM (ver fs. 1 y 11 de las act. adm.) para que elabore ellos protocolos LAB 91789 y 91791; 4) Adicionalmente, resulta relevante que, notificada la actora del resultado de los protocolos a través de la corrida de vista - ambos protocolos (91789 y 91791) son del 16.07.14- el 18.03.15 pidió un segundo análisis de la muestra testigo -conforme lo prevé la Resolución (AFIP) 1582/03 Anexo III punto 3 segundo párrafoel que, a la postre y varios años después, no pudo realizarse por encontrarse deteriorada la muestra.
Bajo las premisas que emanan del derecho aplicable al caso -la Resolución General (AFIP) 1582/03 sobre extracción de muestras y análisis, las normas sobre clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (ley 24.206, BO: 06.08.93) y las del CA, especialmente el art. 954-, analizó el caso desde dos perspectivas. La primera, referida a las formas y los aspectos del procedimiento y, la segunda, abocada al fondo de la cuestión y los fundamentos sustanciales de la decisión.
En cuanto aquí interesa, el sentenciante recordó que la resolución que reglamenta el procedimiento para la extracción de muestras y análisis dispone, entre otras cuestiones, que “El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis.”
Puntualizó que los protocolos LAB 91789 y 91791 (fs. 8 y 16 de las act. adm.) que fundamentan la reclasificación arancelaria indicaron que las muestras tuvieron entrada al Instituto n Técnico de Examen de Mercaderías (ITEM) el 09.05.13, fechándose ambos informes, con el resultado del primer análisis sustancialmente similar entre sí, el 16.07.14.
Reparó en que de la lectura de las actuaciones administrativas surge que transcurrieron ocho meses entre la fecha en que el ITEM emitió el resultado del primer análisis (16.07.14, fs. 8 y 16 de las actuaciones administrativas) y las fechas en que la Aduana de San Luis decidió: notificar dicho resultado a la actora con la corrida de vista (17.09.14. fs. 35 de las act. adm.); librar la cédula de notificación (22.09.14, fs. 44 de las act. adm.) y; efectivamente, notificar el resultado del primer análisis el 05.03.15 (fs. 50 de las act. adm.).
Hizo especial hincapié en que la Aduana de origen tuvo conocimiento del resultado el 11.08.14 (fs. 19 de las act. adm.) con orden expresa para realizar la denuncia del art. 954 del CA. A su vez, ponderó que la actora, notificada del resultado del primer análisis el 05.03.15 solicitó, dentro del mes, el segundo análisis de la muestra, lo que ocurrió el 18.03.15 (fs. 51/58 de las act. adm., especialmente fs. 54 vta.), en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el primero y segundo párrafo, y el inciso d), del punto 3 del Anexo III de la Resolución General (AFIP) 1582/03.
En las condiciones así enunciadas, concluyó que la Aduana demoró injustificadamente el procedimiento administrativo relacionado con el análisis de una muestra, afectando el derecho de la actora a solicitar un segundo análisis, como está previsto en el reglamento referido. En tal sentido, especificó que: (i) hubo una demora de casi ocho meses en la notificación del primer análisis, a pesar de que la Aduana tuvo conocimiento inmediato del resultado; (ii) la solicitud del segundo análisis fue inicialmente denegada de manera antirreglamentaria y la notificación de esta denegatoria se retrasó medio año más; (iii) Luego de que la actora presentara un recurso de revocatoria, la Aduana tardó otro año con más ocho meses en autorizar el segundo análisis; (iv) para cuando se intentó realizarlo, la muestra testigo estaba deteriorada, imposibilitando la verificación del primer análisis.
Sostuvo que “resulta por demás notorio que si la Aduana de San Luis, en el momento en que tuvo conocimiento del primer análisis, el 11.08.14 (fs. 19/21 de las act. adm.), lo hubiera CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 34597/2023 MOLINO CANÑUELAS SACIFIA (TF 107853243-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO puesto de inmediato en conocimiento de la actora y esta solicitaba, en ese momento -agosto/septiembre del año 2014- dentro del mes, el segundo análisis, probablemente la muestra testigo -cuya guarda correspondía a la aduana- no hubiera padecido el grado de deterioro verificado varios años después, cuando el organismo se avino a cumplir con la Resolución General (AFIP) 1582/03 para practicar el segundo análisis”.
Agregó que “la guarda de la muestra testigo (inc. d) del punto 3 del Anexo III de la RG 1582/03), sobre la que se hizo el primer análisis, es carga de la Aduana. Los hechos objetivos del organismo verificados en autos (diferir, por varios años, el segundo análisis, mediante un lento y antirreglamentario trámite administrativo) constituyen un incumplimiento desaprensivo de dicha carga, desnaturalizando la finalidad de las previsiones de la Resolución General (AFIP) 1582/03, y conduciendo a una seria lesión del derecho esencial del administrado -jurídicamente calificado como tal por la resolución procedimental- de contrastar con un segundo análisis el resultado del primero”.
En resumen, en función de los apuntados vicios consideró que estos retrasos violaron el debido proceso y las normas esenciales del procedimiento administrativo, (derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada) lo cual condujo a declarar la nulidad absoluta de la resolución apelada, conforme a la Ley 19.549, por carecer de los elementos esenciales causa, objeto, procedimientos y finalidad, previstos en el art. 7 de dicha norma. Cabe dejar sentado -desde ahora- que toda vez que el voto del Dr. Soria sólo fue compartido por el Dr. Juárez en lo tocante a la cuestión de forma resulta sobreabundante reseñar los argumentos expuestos por el vocal que atañen a los fundamentos de sustanciales de la controversia. Del mismo, modo, tampoco resulta atinado examinar los agravios que expuso la aduana respecto de la cuestión clasificatoria de fondo, en la medida en que no conforman los cimientos que sustentan la decisión del tribunal colegiado.
II. Que el Fisco Nacional AFIP – DGA, en la expresión de agravios, manifiesta que la resolución del TFN realiza una serie de afirmaciones dogmáticas sin prueba y sin analizar las constancias de las actuaciones administrativas.
Sostiene que “dentro del análisis efectuado por el TFN del procedimiento de extracción de muestras no se le dio relevancia al Acta de Extracción de Muestras suscripta por el Despachante de Aduanas de la Compañía donde no solo se deja constancia del procedimiento de extracción sino que, tal como se argumentará a continuación, el representante del exportador solicita la autorización de la liberación de la mercadería sujeta a análisis, lo que acarrea como consecuencia la imposibilidad en un futuro de solicitar un segundo análisis de la mercadería”.
En seguida, abunda en citas de doctrina acerca del rol que cumple el despachante de aduanas en el comercio exterior y argumenta que “al suscribir el Acta de Extracción de Muestras y solicitar la liberación de la mercadería expresó las intenciones de su mandante prestando conformidad de dicho procedimiento”. Cita el texto del inciso c) del título 4.1 “PARA ANÁLISIS DE CONTROL PRESUNTIVO”, del Capítulo 4 “FACILIDADES PARA EL LIBRAMIENTO DE MERCADERÍAS SOMETIDAS A ANÁLISIS”, del Apartado 3 “SEGUNDO ANÁLISIS” del Anexo III de la Resolución 1582.
Soslayando que en la especie se ha controvertido un reproche infraccional de declaración inexacta en los términos del art. 954 del CA, por endilgar la aduana una diferencia de la posición arancelaria declarada, en ocasión de documentar una exportación, manifiesta que la Compañía solicitó, y fue concedido por parte del Servicio Aduanero, el libramiento de la mercadería objeto de la Destinación de Importación a Consumo, pero omitió cumplimentar lo requerido por la Resolución General N.º 1582/03 (AFIP) reconociendo ello en su recurso de apelación al alegar que la mercadería no se encontraban en condiciones para realizar el segundo análisis ni tampoco acredito fehacientemente que haya utilizado los medios suficientes para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 34597/2023 MOLINO CANÑUELAS SACIFIA (TF 107853243-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO impedir la contaminación, deterioro o cualquier factor que altere las condiciones de la mercadería; ello así, su incumplimiento lo inhabilita del pedido de segundo análisis”.
Insiste en manifestar que se habría aplicado de manera parcial el reglamento citado para concluir que se ha conculcado el debido proceso, “cuando la misma Compañía al solicitar la liberación de la mercadería a través de su Despachante de Aduanas que actúa bajo el mandato que la primera le otorgó renunció a la facultad que tenía de solicitar un segundo análisis”.
III. Que preliminarmente, es necesario recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (cfr. CSJN, Fallos: 300:985 y esta Sala, in re “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/06; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/20, y con la actual composición, expte. nro. 71743/2022 in re “Eastman Chemical Argentina -TF 35552-A c/ DGA”, del 6/08/2024, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in re “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/22, más recientemente, expte. nro. 324/2024 “Luis A Ducret y Cía SA y otro c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/09/2024).
IV. Que, en la especie, deviene imprescindible destacar que el fundamento principal que sirve de sustento a lo decidido en la sentencia apelada estriba en que la exportadora fue colocada en una imposibilidad fáctica de controvertir o contrarrestar el resultado de la prueba de laboratorio, como consecuencia de las demoras en la tramitación del procedimiento reglado por la resolución general 1582/2003.
Cabe poner de relieve que la interpretación tergiversada de dicho reglamento que proporciona la demandada, al referirse a una fragmento del texto legal que no rige los sucesos que se ventilan en la especie (según la cual la actora -a través de su despachante de aduanas- habría perdido el derecho de solicitar un segundo análisis al ITEM en los términos de lo establecido por el Anexo III, apartado 4.1, c) último párrafo), además no formar parte de los fundamentos del acto administrativo y sus antecedentes, comporta la introducción de una cuestión no planteada por ante el Tribunal Fiscal en oportunidad de contestar el recurso interpuesto por la actora (v. IF-2020 -54453245-APN-DTD#JGM), de tal suerte que, de conformidad con el principio contenido en el art. 277 del código procesal –de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en el art. 1174 del código aduanero-, en función del cual el tribunal de grado no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de la anterior instancia, se encuentra vedado su tratamiento por esta Sala. A todo evento, los argumentos que introduce la representación fiscal no guardan coherencia con lo actuado por el servicio aduanero. Al respecto, cabe puntualizar que: (i) Por la resolución del 21/04/2015, notificada a la actora el 2/12/2015, la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 34597/2023 MOLINO CANÑUELAS SACIFIA (TF 107853243-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Aduana rechazó la petición de la exportadora tendiente a que se produzca una prueba de peritaje de segundo análisis, con fundamento que resultaba “inconducente y dilatoria” (fs. 59 de las act. adm.); (ii) ante la revocatoria interpuesta el 4/12/2015, la Aduana con fecha 12/07/2017 hizo lugar al recurso y remitió el expediente al área operativa a los fines de elaborar un informe técnico sobre el estado de la muestra a fin que se realice segundo análisis (fs. 68); (iii) como resultado de ese informe, que daba cuenta del deterioro de la prueba testigo, quedó excluida la posibilidad de realizar el segundo análisis. Es decir, en momento alguno la autoridad administrativa que controla en trafico internacional de mercaderías interpretó que la actora no podía solicitar un nuevo análisis al ITEM, con el alcance que recién a esta altura del proceso plantea la aquí apelante.
Por su lado, ningún argumento concluyente ha introducido en su memorial de agravios, toda vez que se ha limitado a discrepar dogmáticamente con los fundamentos que sustentan la sentencia, soslayando que lo que se le reprochó y lo que resultó determinante para declarar la nulidad de la resolución de condena fueron las irregularidades y las demoras que obstaculizaron la realización de un segundo análisis para determinar la correcta clasificación de la mercadería, en el contexto de un reproche infraccional de declaración inexacta.
En tal sentido, estrictamente, de la confrontación de los fundamentos expuestos en la sentencia recurrida y las manifestaciones vertidas por la parte demandada en su escrito de expresión de agravios, se observa que aquélla no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial –de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto por el art. 1174 del Código Aduanero- en tanto impone al apelante la obligación de formular la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considere equivocadas, conclusión ésta predicable inclusive desde la perspectiva que reiteradamente aplica la Sala en la consideración del requisito señalado y que se dirige a examinarlo con un temperamento amplio y desprovisto de rigor formal (cfr. en igual sentido, Sala IV expte. nro 33088/2023 in re “AR ZINC SA (TF 34585-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 17/09/2024; expte. nro. 5138/2023 “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 28458-A) x/DGA recurso directo de organismo externo”, del 6/08/2024 y esta Sala, expte. nro. 39620/2023 “AR ZINC SA (TF 34562-A) DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/04/2024).
Sobre tales bases, corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional contra la sentencia del 12/12/2022.
V. Que, en punto a las costas, no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (cfme. art. 1163 del CA y art. 68, primer párrafo del CPCCN), lo cual conduce a examinar los agravios expresados por el beneficiario de la regulación de honorarios del 16/12/2022 y por el Fisco Nacional.
VI. Que, tratándose de un supuesto de rechazo de la pretensión aduanera formulada en un cargo por multa y otro cargo por diferencia de tributos, expresados el primero en moneda nacional de curso legal y el segundo en dólares estadounidenses (cfr. art. 1° de la resolución 19/2019 AD SALU), la base regulatoria se encuentra conformada por el importe reclamado (cfr. CSJN, Fallos: 308:2123; causas E.285.XXII “Tambone y cia. Ingeniería SRL c/ Municipalidad de Pehuajó”, del 27 de diciembre de 1990; C.110.XXIV “Cañete, Leopoldo Ceferino y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad”, del 6 de octubre de 1992; R.189.XXIV “Ramírez, Jorge Juan y otros c/ Gas del Estado”, del 6 de abril de 1993; Fallos: 317:50, voto de los señores Ministros Don Ricardo Levene (h) y Don Eduardo Moliné O´Connor; esta Cámara, Sala I, 17/7/1996, ED, 172-497; Sala IV, 30/5/1989, “Ruiz, Raúl O. c/ Gobierno Nacional – Ministerio del Interior” y esta Sala, expte. nro. 10.603/97, “Asociación Técnico Constructora SA”, del 9/11/2009; nro. 9435/01, “Almiron”, del 4/6/2010; nro. 29.211/06, “Flores Antonio”, del 6/9/2011; nro. 6380/98, “Desaci SA”, del 29/12/2011; nro. 10802/08 “Albornoz”, del 19/4/2012; nro. 575/07, “Prodecom”, del 5/6/2012, entre otros; nro. 38564/1996, “ENTEL -en liquidaciónc/ Estructuras S.A.C.I.C.I.F.”, del 8/11/2016; nro. 60/1994, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 34597/2023 MOLINO CANÑUELAS SACIFIA (TF 107853243-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO “Llabres, Juan Carlos”, del 13/3/2018; causa N° 71756/2022, “AR ZINC SA-TF 34669-A c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 16/09/2023; y con la actual composición de esta Sala, expte. nro. 39620/2023 “AR ZINC SA (TF 34562-A) DGA”, ya citado).
En el caso, ese importe queda conformado por la cantidad de dólares estadounidenses -convertidos a moneda nacional de curso legal- por la diferencia de los derechos de exportación reclamados y en la cantidad de pesos en que quedó fijada la multa (conf. Esta Sala, en su actual composición, causa 14323/24, in re, “Henkel Argentina SA (TF 35852-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 3/10/2024, entre otros).
VII. Que en atención a las consideraciones expuestas y teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto -representado por la suma que surge del formulario F4-, así como la calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada durante las tres etapas cumplidas ante el Tribunal Fiscal de la Nación, SE REDUCEN los honorarios del Dr. Javier Zunino a la suma de OCHENTA Y OCHO UMA por su actuación como apoderado y patrocinante de la firma exportadora, suma que al día de la fecha equivale, a $ 5.846.368 (cfr. resolución CSJN 3495/2024; arts. 16, 19, 20, 21, 24 y 29 de la ley 27.423)
En cuanto a las tareas de alzada, ponderando la calidad, eficacia y el resultado del recurso, por la labor desempeñada en la contestación del recurso interpuesto por el Fisco Nacional (cfr. escrito del 31/03/2023 (v. RE-2023-35756621-APN-DTD#JGM) SE FIJAN sus honorarios en VEINTISIETE UMA, que según la resolución 3495/2024, equivalen al momento del dictado de la presente a $ 1.793.772 (cfr. art. 30 de la ley 27.423).
Hágase saber que toda vez que se encuentra acreditada la condición de responsable inscripto del profesional beneficiario en el Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto el Tribunal RESUELVE:
1. declarar desierto el recurso interpuesto por el Fisco Nacional AFIP-DGA contra la sentencia del 12/12/2022. Con costas (cfme. primer párrafo, de los arts. 1163 del CA y 68 del CPCCN).
2. Establecer los honorarios de conformidad con lo expresado en el Considerando VII.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia