Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 24.553-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución 145/2023 (AD BABL), dictada en la Actuación SIGEA 18090-90-2019, en cuanto condena a la firma MOLINO CAÑUELAS S.A. al pago de una multa declarando que su importe asciende a VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 48/00 ($ 27.636,48.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67 % a la actora y 33 % al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-46657104-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 5 de Mayo de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F”, Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “MOLINO CAÑUELAS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, EX2023-129797692-APN-SGASAD#TFN;
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución 145/2023 (AD BABL), dictada en la Actuación SIGEA 18090-90-2019, en cuanto condena a la firma MOLINO CAÑUELAS S.A. al pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 41.454,72, en los términos del art. 9° de la Ley 21.453. Ello por cuanto no habría cumplido dentro del plazo establecido, con la exportación del 90% de la mercadería declarada en la DJVE N° 19003DJVE002779M.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante RE-2023-129797002-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma MOLINO CAÑUELAS S.A., e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer lugar, efectúa un breve relato de los antecedentes del caso. Plantea la nulidad de la resolución apelada sosteniendo que el incumplimiento al art. 9 de la Ley 21.453 no constituye una infracción aduanera por lo que la Aduana es incompetente para sustanciar procedimientos e imponer sanciones en base a dicha norma. Refiere al Decreto 618/97. Entiende que el régimen previsto por la Ley 21.453 es diferente del previsto por el art. 729 del C.A. Afirma que para que se configure la infracción al art. 969 del C.A., resulta necesario el incumplimiento de un régimen especial en los términos del art. 729 del C.A., por lo que no existiendo tal incumplimiento no podría válidamente invocarse la infracción al art. 969 del C.A. Concluye, por lo tanto, que al no constituir la ley 21.453 un régimen especial en los términos del artículo 729 del CA y no existir infracción aduanera en los términos del art. 969 del CA, la DGA no resulta competente para entender a una infracción al art. 9 de la Ley 21.453. Explica que debido a las incesantes lluvias, la mercadería se vio afectada por un nivel de humedad tal que hizo imposible su exportación, por lo que el comprador resolvió rescindir la operación de compraventa. Sostiene que, por ello, le resultó imposible cumplir con sus obligaciones, resultando de aplicación la excepción de la obligación de exportar prevista por el art. 731 del C.A. Solicita se aplique al caso el principio de la ley penal más benigna, al afirmar que si la Aduana imputa la infracción prevista en el art. 969 del C.A. resulta contradictorio que aplique la multa mínima del 15% prevista por el art. 9° de la Ley 21.453. En subsidio, solicita se aplique el art. 916 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2024-24910822-APN-DTD#JGM se presenta la representante del fisco y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar, realiza una muy breve reseña de los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Remite a los informes técnicos obrantes en las actuaciones administrativas. Afirma que la Aduana imputó la infracción en base a lo establecido en el art. 9° de la Ley 21.453 por lo que es incongruente y difuso lo expuesto por la contraria en los referido a esa norma y el art. 969 del C.A. Respecto a la nulidad de la Resolución apelada con fundamento en la incompetencia de la DGA para entender en los aspectos relacionados con la Ley 21.453, cita la normativa al respecto de la que concluye que es clara la competencia de la Aduana para ejercer el control e imponer sanciones por el incumplimiento del art. 9° de la Ley 21.453. Afirma que en el caso la infracción quedó claramente configurada, no habiendo demostrado la causal de fuerza mayor que invoca, frente a lo cual podría haber solicitado el cumplido sin sanción lo que no hizo. Sostiene que no resulta algo imprevisible o inevitable el daño que la lluvia pueda producir a mercadería sensible a la humedad, siendo responsabilidad de la exportadora dar a la mercadería el resguardo debido. Cita jurisprudencia. En cuanto a la aplicación de la sanción, afirma que existe un régimen especial entero regulado por una Ley específica que asimismo prevé una infracción específica para su incumplimiento. Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos. En relación con la aplicación del art. 916 del C.A. manifiesta que corresponde al juez administrativo su aplicación, lo que no corresponde en el caso. Finalmente, hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que se confirme el fallo recurrido, con costas.
IV. Mediante PV-2024-26728782-APN-VOCXIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Acto seguido se abre la causa a prueba, de la que se tiene a la actora por desistida mediante PV-2024-45120463-APN-VOCXVIII#TFN. Posteriormente, se elevan los autos a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas SIGEA 18090-90-2019 se inician con el Informe 02/2020 respecto de la DJVE 19003DJVE002779M. A continuación, luce acta de denuncia basada en el informe obrante a fs. 2/3, por la cual se informa que la firma MOLINO CAÑUELAS S.A. no habría cumplido con la exportación del 90% de la mercadería declarada en la DJVE antes mencionada. A fs. 11 se liquida la multa mínima equivalente al 15% de la mercadería no exportada. A fs. 12/13 se agregan impresiones de pantalla de la DJVE en trato y exportaciones vinculadas. A fs. 14/16, se apertura sumario y se corre vista de todo lo actuado a la firma exportadora, la que resulta notificada el 25.10.21. A fs. 21/26 la firma contesta vista. A fs. 30 se provee la presentación de la actora. A fs. 34/36 vta. obra dictamen jurídico. A continuación, se dicta la Resolución 145/2023 (AD BABL), aquí apelada.
VI. En primer lugar, corresponde tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la actora con fundamento en que la Aduana resulta incompetente para sustanciar procedimientos e imponer sanciones por el incumplimiento al art. 9° de la Ley 21.453.
Como primer aspecto a aclarar cabe señalar que, a contrario de lo que sostiene la recurrente en su recurso, la Aduana la condenó por la infracción prevista en el art. 9° de la Ley 21.453.
El art. 2 de Ley 21.453 indica: “El Poder Ejecutivo Nacional designará la Autoridad de Aplicación responsable del cumplimiento de lo establecido en la presente ley”.
Por su parte, del Decreto 1177/92 reglamentario de la Ley 21.453 surge expresamente: “habiéndose decretado la disolución de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS, organismo que actuaba como autoridad de aplicación del régimen de conformidad con el Decreto N. 2.923 del 19 de noviembre de 1996, resulta procedente determinar la autoridad encargada de ejercer las funciones antedichas y la participación que le cabe a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS”.
Asimismo, el art. 5° del mencionado decreto establece: “A los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 8° y 9° de la ley serán de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido por el Código Aduanero”.
Finalmente, el artículo 3° de la Resolución General 4799/21 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. N° 5053/2021) reitera lo dispuesto en el Decreto reglamentario mencionado al establecer que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8º y 9º de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero”.
En consecuencia, de la normativa mencionada resulta con toda claridad que la DGA resulta competente para instruir, tramitar y aplicar sanciones por los incumplimientos y transgresiones a las normas del régimen especial de la Ley 21.453, por lo que cabe rechazar el planteo de la actora respecto de la incompetencia de la Aduana y la nulidad de la Resolución apelada fundada en ello.
VII. Que, sentado ello, corresponde resolver en autos, si la multa aplicada a la firma MOLINO CAÑUELAS S.A., mediante la resolución aquí apelada, se ajusta a derecho.
Que, el artículo 969 del C.A. dispone que “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto por el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731, será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”
Que, por su parte, el artículo 730 del C.A. dispone que “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.”
Que, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. …”.
Que la Resolución General N° 4977/2021 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. N° 5053/2021), dispone, en cuanto aquí interesa: “5. Cierre y cancelación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). 5.1. Cierre. a) La cantidad embarcada debe ser igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) y menor o igual al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104%) de la cantidad declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). (…) Cuando, a la fecha de su vencimiento, una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) tenga un nivel de cumplimiento inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 %) o superior al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104 %), el Sistema Informático MALVINA (SIM) efectuará una marca sobre la misma para que sea analizada, en conjunto con las destinaciones definitivas de exportación por la aduana de registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de corresponder, se procederá a efectuar la denuncia pertinente…”.
VIII. Que conforme surge del informe obrante a fs. 2/3 de las actuaciones administrativas, mediante la DJVE 19003DJVE002779M, oficializada en los términos de la Ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 56 toneladas de “harina de trigo o de Morcajo (tranquillón)”, clasificada en la P.A. 1101.00.10.190D a un valor FOB unitario de U$S 320 por tonelada.
En dicho informe el servicio aduanero sostiene que, de esas 56 toneladas, la firma exportadora cumplió con la exportación de 36 toneladas, por lo que considerando que el 90% de la mercadería declarada en la DJVE asciende a 50,4 toneladas, le restan exportar 14,40 toneladas, respecto de las cuáles termina condenando a la actora, en la Resolución apelada, por la infracción al art. 9° de la Ley 21.453.
Que la actora sostiene que, debido a las incesantes lluvias, la mercadería se vio afectada por un nivel de humedad tal que hizo imposible su exportación, por lo que el comprador resolvió rescindir la operación de compraventa. Agrega que, por ello, le resultó imposible cumplir con sus obligaciones, resultando de aplicación la excepción de la obligación de exportar prevista por el art. 731 del C.A.
Que, dicha razón no configura la causal de caso fortuito o fuerza mayor, como pretende la recurrente. En efecto, se trata de circunstancias que no pueden considerarse ajenas a los riesgos de la actividad empresaria, que no son oponibles a la aduana, debiéndose destacar, asimismo, que la firma exportadora no ha probado ni demostrado que la operación pactada se hubiera tornado de imposible cumplimiento.
Que, lo cierto es que, de las constancias de autos, no resulta que la firma exportadora se haya encontrado comprendida en la causal de excepción a la que hace referencia el art. 731 del C.A., ya que -tal como se dijo- no demostró sus dichos con la prueba pertinente.
Cabe aquí recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en autos “Urruti de González” del día 1/12/92, que la prueba del caso fortuito está a cargo de quién la invoca (art. 377 del Código Procesal) y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal de exoneración, lo que en la especie no se ha verificado.
Que la situación descripta por la actora no puede justificar la exclusión de responsabilidad. En efecto, la actora se acogió al régimen de la ley N° 21.453, por el cual debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa. Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que, así las cosas, según se constata en el caso de autos, y habiendo operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en la DJVE involucrada sin que se haya cumplido con la referida exportación del tonelaje mínimo del 90%, considero ajustada a derecho la aplicación de una multa por parte del servicio aduanero.
IX. Que la actora, asimismo, sostiene que el servicio aduanero impuso la multa mínima del 15% prevista por el art. 9 de la ley 21.453, cuando en realidad corresponde aplicar la multa mínima del art. 969 del C.A. (10% del valor de la mercadería no exportada), atento al principio de la ley penal más benigna.
Que en consonancia con lo resuelto en recientes causas que tramitaran ante la Sala G (Causa Nº 32.411-A “BUYATTI S.A.I.C.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 05/05/2023 y Causa Nº 31.839-A "BIOCARDALES S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 20/04/2023), y a raíz de lo dispuesto por la Resolución General 4977/2021, la cual dispone expresamente en su artículo 3 que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero. …”, cabe señalar que, más allá de la especificidad del régimen contenido en la Ley 21.453, la AFIP, dando intervención a la propia DGA (como bien surge del considerando de la RG 4977/2021), ha dejado sentado expresamente que en lo atinente al ámbito sancionatorio se aplica el procedimiento infraccional previsto en el Código Aduanero.
Que si bien la norma en comentario entró en vigencia el 28/04/21, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, considero que la misma debe ser aplicada al caso de autos. Ello, con fundamento en los principios de derecho penal aplicables al ámbito del derecho aduanero. Así lo ha entendido prestigiosa doctrina al citar jurisprudencia de la CSJN la cual “… ha destacado la naturaleza penal de las sanciones aduaneras y la aplicación a la materia de los principios generales de derecho penal. Ha señalado que, visto que la multa aduanera no tiene carácter retributivo del daño causado, sino que tiende a prevenir y reprimir la violación de normas legales, debe considerársela de tipo represivo. También se ha señalado que la existencia de un interés de tipo fiscal no obsta a su naturaleza principalmente punitiva, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios generales del derecho penal.”. Continúa diciendo el autor citado que “En relación a la validez temporal de la ley penal, el principio general es que resulta aplicable la ley vigente al momento de la comisión de la infracción. Es un derivado natural del principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales. (…) El principio de aplicación de la ley penal más benigna, constituye una excepción a este principio general que se encuentra tutelado en el art. 18 de la CN (…) La excepción resulta plenamente justificada (…) la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas (…) La ley más benigna es la que produce, en el caso concreto, el resultado más favorable para el autor. Y a ese efecto, corresponderá al juez resolver en el caso concreto, a partir de ambos marcos normativos para determinar cuál arroja el resultado más favorable para el imputado. …” (Juan Patricio Cotter, Estudios de Derecho Aduanero, Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, Ed. Abeledo Perrot).
Que el propio Código Aduanero recepta en su artículo 899 el principio de ley penal más benigna en los siguientes términos: “Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. …”, dejando a salvo una excepción al principio: “… No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería.”
Que en base a dichos fundamentos, y teniendo en cuenta que el principio de irretroactividad de la ley contiene en el ámbito del derecho penal (aplicable al campo sancionatorio del derecho aduanero) una excepción cuando se trata de una ley penal más benigna, considero que contando actualmente con una norma que expresamente dispone que a los fines de la aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley 21.453, se debe aplicar el procedimiento para las infracciones previsto en el Código Aduanero, y siendo que allí el artículo 969 prevé una multa que podría graduarse entre el 10 y el 20% “… del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”, ofreciendo así una graduación que podría ser menor a la multa del 15% que estipula la Ley 21.453, entiendo que en el caso procede estar a lo dispuesto por la RG 4977/21. La cual, por otro lado, enfatiza el principio de especialidad al regular, ya sin lugar a otras interpretaciones jurisprudenciales o doctrinarias, la aplicación del régimen para las infracciones previsto en el Código Aduanero, dentro del que se encuentra la infracción del artículo 969.
IX. Que, en consecuencia de todo lo antes expuesto, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A., correspondiendo aplicar la multa mínima prevista en dicha norma, esto es el 10% del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.
Ello así, el 90% de la mercadería comprometida en la DJVE (56 toneladas), asciende a 50,40 toneladas. Habiendo exportado la aquí actora 36 toneladas, el saldo sin exportar resulta ser de 14,40 toneladas (ver fs. 2/3 de las act. adm.).
Considerando un precio oficial de u$s 320 por tonelada, obtenemos por las 14,40 toneladas, un valor FOB de u$s 4.608, que al tipo de cambio aplicable de 59,975 arroja un importe de $ 276.364,8. El 10% de dicho monto correspondiente a la graduación mínima prevista en el art. 969 del C.A. asciende a la suma de $ 27.636,48.
X. Que respecto a la aplicación del art. 916 del C.A. invocado por la recurrente, no advierto causal alguna que justifique su aplicación al caso en cuestión.
XI. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas según los respectivos vencimientos (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución 145/2023 (AD BABL), dictada en la Actuación SIGEA 18090-90-2019, en cuanto condena a la firma MOLINO CAÑUELAS S.A. al pago de una multa declarando que su importe asciende a VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 48/00 ($ 27.636,48.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67 % a la actora y 33 % al fisco. El Dr. Pablo Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede, de plena conformidad con la inveterada postura de la Vocalía de la 16° Nominación en la materia.
En efecto, tanto el artículo 969 del CÓDIGO Aduanero como el artículo 9 de la ley 21.453 tratan dos tipos infraccionales que reprimen la misma conducta, por lo que corresponde la aplicación de una sola de ellas.
Por ello, al analizar ambas normas considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna– conforme el art. 861 del C.A. –, se impone la aplicación de la sanción prevista en el artículo 969 de la ley 22.415 y no la establecida en el artículo 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
Por lo tanto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el artículo 969 del CÓDIGO Aduanero.
En consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
Por último, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.). ASí LO VOTO.-
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que sin perjuicio de lo que he sostenido desde antaño respecto de la procedencia del instituto de la ley penal más benigna en casos como el que tengo a la vista, lo bien referido por el Dr. Segura en el considerando IX de su voto me conmina a apartarme de ello y, en consecuencia, adherirme a su propuesta.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución 145/2023 (AD BABL), dictada en la Actuación SIGEA 18090-90-2019, en cuanto condena a la firma MOLINO CAÑUELAS S.A. al pago de una multa declarando que su importe asciende a VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 48/00 ($ 27.636,48.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67 % a la actora y 33 % al fisco. Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente el Dr. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.04.30 22:28:14 -03:00 Date: 2025.05.05 18:02:08 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.05 18:10:20 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.05 18:10:21 -03:00
Fin de la sentencia