Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2025-76194205-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2Confirmar la Resolución Fallo nro. 191 del año 2025, recaída en las actuaciones SIGEA nro. 13289- 25562-2017 en relación a las destinaciones PE nros. 12 001 EC01 004416 V, 12 001 EC01 007224 V, 12 001 EC01 008321 U, 12 001 EC01 009111 S, 12 001 EC01 010409 U, 12 001 EC01 012254 U y 12 001 EC01 012256 W, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-121604004-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 31 de Octubre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver el expediente EX-2025-76194205- -APN- SGASAD#TFN caratulada “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/ D.G.A. s/ APELACIÓN”.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el RE-2025-76193974-APN-SGASAD#TFN la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.”
interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo nro. 191 del año 2025, recaída en las actuaciones SIGEA nro. 13289-25562-2017, por la cual resuelve no hacer lugar a la devolución de U$D 11.685,54.- con más sus respectivos intereses pretendida por la recurrente y abonada en concepto de derechos de exportación establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante las resoluciones conjuntas nros. 27/2008 y 29/2008 del Ministerio de Producción y del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en relación a las destinaciones PE nros. 12 001 EC01 004416 V, 12 001 EC01 007224 V, 12 001 EC01 008321 U, 12 001 EC01 009111 S, 12 001 EC01 010409 U, 12 001 EC01 012254 U y 12 001 EC01 012256 W. En primer lugar, plantea la nulidad de la resolución apelada por falta de motivación. En cuanto al fondo del asunto, sostiene que los derechos de exportación abonados en virtud de las resoluciones conjuntas nros. 27/2008 y 29/2008 del Ministerio de Producción y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas carecen de legalidad, dado que fueron establecidos mediante un decreto sin respaldo en una delegación legislativa válida, y que, además, no fue posteriormente convalidado por una ley formal emanada del Congreso de la Nación. Afirma que esta situación vulnera principios fundamentales en materia tributaria, así como los postulados esenciales del sistema republicano de gobierno. Con base en lo expuesto, alega la existencia de un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración y solicita que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de la norma, conforme a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica. En respaldo de su postura, cita abundante jurisprudencia. Finalmente, peticiona la restitución de las sumas indebidamente percibidas, en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos, conforme al tipo de cambio oficial vigente el día anterior al pago, con más los intereses correspondientes. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita la revocación de la resolución apelada, con costas.
II. En el IF-2025-106284065-APN-DTD#JGM la representación fiscal responde al traslado del recurso, formulando la negativa genérica de rigor y realizando una breve exposición de los hechos. Refiere que la accionante realizó una incorrecta elección de la vía procesal, dada la limitación del Tribunal Fiscal para declarar la inconstitucionalidad solicitada. En relación con el planteo de nulidad, sostiene que la resolución aduanera fue dictada con fundamento en los hechos, antecedentes y normas debidamente analizados, expresando de manera clara y concreta los motivos que justifican su emisión, así como los fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan. Añade que no se ha acreditado la existencia de un perjuicio concreto, grave e irreparable que habilite su declaración. Cita jurisprudencia. En cuanto al fondo del asunto, examina el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 'Camaronera Patagónica S.A.' y destaca que la interpretación de la recurrente resulta desacertada, al no considerar el análisis integral de dicha sentencia ni el sentido que le otorgó el Máximo Tribunal. En este sentido, sostiene que el criterio establecido en 'Camaronera' no resulta aplicable al presente caso, dado que la Resolución 11/2002, objeto de aquel fallo, fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.122 (27/07/2006), mientras que el Decreto 133/2015 fue emitido con posterioridad.
Explica que, conforme a los artículos 17 y 24 de la Ley 26.122, dicho decreto mantiene plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, salvo que sea expresamente derogado o rechazado por el Congreso. Subraya que el Decreto 133/2015 se dictó en el marco de lo previsto por la Ley 22.415 y en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, así como el Decreto 509/2007, este último ratificado por el Congreso de la Nación. En virtud de ello, sostiene que el decreto se mantiene vigente y que los derechos de exportación derivados del mismo son absolutamente legales. Asimismo, cita jurisprudencia que respalda la legitimidad de la delegación efectuada al Poder Ejecutivo, reconociendo la validez del artículo 755 del Código Aduanero. Destaca, además, que dicho artículo ha sido incorporado al Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificando la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para la fijación y/o modificación de los derechos de exportación. En esa línea, hace propios y reproduce los fundamentos desarrollados por el Dr. Juan Manuel Soria en los autos caratulados "Transportadora de Gas del Sur S.A.", Expte. N.º 38.422-A. Finalmente, sostiene que el Tribunal Fiscal de la Nación carece de competencia para declarar la inconstitucionalidad de una norma y requiere la aplicación del Plenario del 26 de abril de 2022. Subsidiariamente, impugna los montos reclamados y solicita que, en caso de admitirse la repetición, se aplique el criterio jurisprudencial establecido por la Corte Suprema en la causa “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/ DGA s/ Recurso Extraordinario”, disponiéndose la liquidación de intereses conforme a lo previsto en los artículos 811 y 812 del Código Aduanero. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. En lo que aquí interesa, las actuaciones SIGEA nro. 13289-25562-2017, incorporadas en el embebido del IF-2025-115823269-APN-DTD#JGM, se inicia con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada por la recurrente en relación al PE nros. 12001EC01004416V, 12001EC01007224V, 12001EC01008321U, 12001EC01009111S, 12001EC01010409U, 12001EC3101225U, 12001EC01012256W. A fs. 81 se tuvo por iniciado el procedimiento de repetición. A fs. 82/118 obran las impresiones de pantalla “Listado de Afectación de Depósitos”. A fs. 127 la División Arancel Informático emite un informe técnico en el que señala que, al momento de la oficialización de la DDT se encontraba vigente la Res. Conj. (MP y MEyFP) nro. 27/2008 y 29/2008 y del Dto. 100/12 (12 001 EC01 012254 U Y 12 001) que establecen una alícuota del 13% para la mercadería involucrada. A fs. 128 el Jefe de la División Técnica de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero entendió que los derechos de exportación fueron abonados conforme la alícuota mencionada. Por su parte, en el IF-2025- 01919824-AFIP-DVDRTA#SDGASJ, la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero opinó que la firma MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. abonó los derechos de exportación correspondientes a la destinación en trato y que correspondía rechazar el procedimiento intentado. Posteriormente, se dicta la resolución recurrida en autos.
IV. Mediante la PV-2025-116903721-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. En tales condiciones, considero relevante recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan sólo aquellos que resulten pertinentes para decidir la cuestión planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que sean conducentes para fundar las conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
En virtud de lo expuesto, corresponde examinar en primer lugar el planteo de nulidad interpuesto por la apelante, fundado en los vicios observados en el expediente y en la motivación del acto administrativo. Para ello, se procederá a evaluar si la Resolución Fallo nro. 191 del año 2025 cumple con las formalidades necesarias para asegurar que la decisión esté debidamente fundamentada.
En este contexto, resulta fundamental destacar que, conforme al artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos deben reunir ciertos requisitos esenciales, entre ellos, la causa y la motivación. La causa comprende las razones de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto, mientras que la motivación consiste en la exposición de cómo dichas razones se aplican a la decisión adoptada. En consecuencia, un acto estará debidamente motivado cuando fundamente tanto los hechos relevantes como el marco normativo aplicable. Por el contrario, la motivación será insuficiente si se limita a enunciar los hechos sin vincularlos con el derecho, o viceversa.
Conforme a esta línea argumental, del análisis del expediente SIGEA nro. 13289-25562-2017, incorporado en el embebido del IF-2025-115823269-APN-DTD#JGM, surge que la resolución recurrida se encuentra fundada en los informes emitidos por las áreas técnicas competentes. En particular, la División Arancel Informático emitió un informe técnico en el que señaló que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente la Res. Conj. (MP y ME y FP) nro. 27/2008 y 29/2008 y Dto. 100/2012, de fecha 31/03/2015, que establecen una alícuota del 13 % para la mercadería involucrada. Asimismo el Jefe de la División Técnica de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero entendió que los derechos de exportación fueron abonados conforme la alícuota mencionada. Por su parte, en el IF-2025-01919824- AFIP-DVDRTA#SDGASJ, la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero opinó que la firma MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. abonó los derechos de exportación correspondientes a la destinación en trato y que correspondía rechazar el procedimiento intentado.. A partir de tales consideraciones, y sobre la base de los informes técnicos que integran la actuación, se concluyó en el rechazo de la repetición pretendida por la parte actora.
De lo señalado se verifica que la resolución apelada fue dictada con observancia de los elementos esenciales previstos en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En este marco, considero que los agravios de la actora no tienen suficiente entidad para justificar la declaración de nulidad. Sucede que, en efecto, la nulidad no puede aplicarse de manera automática, sin tener en cuenta las circunstancias del caso y sus implicancias.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora, ya que las supuestas deficiencias señaladas no le causaron indefensión ni perjuicio irreparable en esta instancia.
VI. Respecto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquimica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelacion” (EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: ARTICULO 1º.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por la recurrente.
ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
VII. En virtud de lo señalado, debido a que cuando se oficializaron los PE N.º PE nros. 12 001 EC01 004416 V, 12 001 EC01 007224 V, 12 001 EC01 008321 U, 12 001 EC01 009111 S, 12 001 EC01 010409 U, 12 001 EC01 012254 U y 12 001 EC01 012256 W estaban en vigencia la Res. Conj. (MP y ME y FP) nro. 27/2008 y 29/2008 y Dto. 100/2012, que establecen una alícuota del 13 % para la mercadería involucrada en las posiciones arancelarias allí detalladas, corresponde rechazar la pretensión de devolución de los derechos de exportación requerida.
VIII. Las costas se decretan por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución Fallo nro. 191 del año 2025, recaída en las actuaciones SIGEA nro. 13289- 25562-2017 en relación a las destinaciones PE nros. 12 001 EC01 004416 V, 12 001 EC01 007224 V, 12 001 EC01 008321 U, 12 001 EC01 009111 S, 12 001 EC01 010409 U, 12 001 EC01 012254 U y 12 001 EC01 012256 W, con costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en el fondo de lo resuelto en la cuestión planteada, excepto en cuanto a la imposición de las costas, que deberá soportar la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164 C.A.).
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución Fallo nro. 191 del año 2025, recaída en las actuaciones SIGEA nro. 13289- 25562-2017 en relación a las destinaciones PE nros. 12 001 EC01 004416 V, 12 001 EC01 007224 V, 12 001 EC01 008321 U, 12 001 EC01 009111 S, 12 001 EC01 010409 U, 12 001 EC01 012254 U y 12 001 EC01 012256 W, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.31 14:16:35 ART Date: 2025.10.31 14:31:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.31 21:09:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.31 21:10:17 -03:00
Fin de la sentencia