Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-132018684-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2Confirmar la Resolución N.º 1243/24, dictada el 07/11/24 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación EX-2023-00492898-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA N.º 17134-2527-2021), en relación al PE N.º 16057EC01005848A, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-56574352-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 27 de Mayo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver el expediente EX-2024-132018684-APN-SGASAD#TFN caratulada “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/ D.G.A. s/ APELACIÓN”.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el RE-2024-132018375-APN-SGASAD#TFN la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 1243/24, dictada el 07/11/24 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación EX-2023-00492898-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA N.º 17134-2527-2021), por la cual resuelve no hacer lugar a la devolución de la suma de U$S 4.384.- pretendida por la recurrente y abonada en concepto de derechos de exportación establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 133/2015 en relación al PE N.º 16057EC01005848A. En primer lugar, sostiene la nulidad de la resolución apelada por ausencia de causa y motivación. En relación con el fondo del litigio, manifiesta que los derechos de exportación abonados en virtud del Decreto 133/2015 carecen de legalidad, por haber sido establecidos mediante un decreto que no contaba con sustento en una delegación legislativa válida ni fue posteriormente convalidado por una ley formal del Congreso Nacional. Argumenta, que tal circunstancia, vulnera los principios generales de la tributación y el orden republicano de gobierno. Sobre la base de estos fundamentos, afirma que se ha configurado un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración y solicita que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de la norma, conforme a la doctrina de la Corte Suprema en el precedente 'Camaronera Patagónica'. Cita abundante jurisprudencia en respaldo de su postura. Finalmente, peticiona la restitución del capital ingresado indebidamente, en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial del día anterior al pago, con más los intereses correspondientes. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita la revocación de la resolución apelada, con costas.
II. En el IF-2025-41543616-APN-DTD#JGM la representación fiscal responde al traslado del recurso, formulando la negativa genérica de rigor y realizando una breve exposición de los hechos. En primer término, examina el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 'Camaronera Patagónica S.A.' y destaca que la interpretación de la recurrente resulta errónea, al no considerar el análisis integral de dicha sentencia ni el sentido que le otorgó el Máximo Tribunal. En este sentido, sostiene que el criterio establecido en 'Camaronera' no resulta aplicable al presente caso, dado que la Resolución 11/2002, objeto de aquel fallo, fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.122 (27/07/2006), mientras que el Decreto 133/2015 fue emitido con posterioridad. Explica que, conforme a los artículos 17 y 24 de la Ley 26.122, dicho decreto mantiene plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, salvo que sea expresamente derogado o rechazado por el Congreso. Subraya que el Decreto 133/2015 se dictó en el marco de lo previsto por la Ley 22.415 y en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, así como el Decreto 509/2007, este último ratificado por el Congreso de la Nación. En virtud de ello, sostiene que el decreto se mantiene vigente y que los derechos de exportación derivados del mismo son absolutamente legales. Asimismo, cita jurisprudencia que respalda la legitimidad de la delegación efectuada al Poder Ejecutivo, reconociendo la validez del artículo 755 del Código Aduanero. Destaca, además, que dicho artículo ha sido incorporado al Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificando la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para la fijación y/o modificación de los derechos de exportación. En esa línea, solicita que se aplique la doctrina emanada del PLENARIO “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA c/ DGA s/ Recurso de Apelación” del 26/04/2022, Expte. TF N.° EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN. Finalmente, agrega que este Tribunal carece de facultades para expedirse respecto de la inconstitucionalidad de normas jurídicas atento lo dispuesto en el art. 1164 del C.A. En subsidio, solicita que en el caso que se haga lugar a la repetición, se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud SA”. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. La actuación administrativa del EX-2023-00492898-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA 17134-2527-2021), incorporada en el IF-2025-48893518-APN-DTD#JGM, se origina con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada por la recurrente en relación con el Permiso de Embarque N.º 16057EC01005848A. Mediante el IF-2024-00752389-AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI, la Sección Económica y Financiera informa los importes de los tributos correspondientes a la destinación en cuestión. Por su parte, en el IF-2024-00734166-AFIP- SEISDVOSAL#SDGOAI, la Sección Inspección Simultánea emite un informe técnico en el que señala que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto 133/15 de fecha 17/12/2015, que establece una alícuota del 27 % para la mercadería involucrada, la cual fue abonada conforme, por lo que recomienda no hacer lugar a la devolución solicitada. Posteriormente, se dicta la resolución recurrida en autos.
IV. En la PV-2025-50380425-APN-TFN#MEC se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. En tales condiciones, considero relevante recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan sólo aquellos que resulten pertinentes para decidir la cuestión planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que sean conducentes para fundar las conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
En virtud de lo expuesto, corresponde examinar en primer lugar el planteo de nulidad interpuesto por la apelante, fundado en los vicios observados en el expediente y en la motivación del acto administrativo. Para ello, se procederá a evaluar si la Resolución N.° 1243/24 cumple con las formalidades necesarias para asegurar que la decisión esté debidamente fundamentada.
En este contexto, es fundamental destacar que, según el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos deben cumplir con requisitos esenciales, entre ellos la causa y la motivación. La 'causa' comprende las razones de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto, mientras que la 'motivación' consiste en la exposición de cómo dichas razones se aplican a la decisión adoptada. Por lo tanto, un acto estará debidamente motivado cuando fundamente tanto los hechos relevantes como el marco legal aplicable. En cambio, será insuficiente si se limita a enunciar los hechos sin vincularlos con el derecho, o viceversa.
Bajo esta perspectiva, al analizar la Actuación EX-2023-00492898-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA 17134-
2527-2021), incorporada en el IF-2025-48893518-APN-DTD#JGM, se evidencia que la Resolución N.º 1243/24 —acto administrativo en estudio— se sustenta en los informes elaborados por las áreas competentes de la Aduana de San Lorenzo. En particular, la Sección Económica y Financiera, mediante el IF-2024-00752389-AFIP- SEFIADSALO#SDGOAI, detalla los importes de los tributos aplicables a la destinación en trato. Asimismo, se incorpora el informe técnico de la Sección Inspección Simultánea, contenido en el IF-2024-00734166-AFIP- SEISDVOSAL#SDGOAI, el cual señala que, al momento de la oficialización de la DDT se encontraba vigente el Decreto 133/15 de fecha 17/12/2015, que fijaba una alícuota del 27 % para la mercadería involucrada, la cual fue abonada conforme a la normativa aplicable, por lo que recomienda no hacer lugar a la devolución solicitada. En virtud de las constancias obrantes en el expediente, se presenta a continuación una síntesis ordenada de los aspectos relevantes, cuya valoración integral conduce al rechazo de la repetición articulada por la parte actora.
A la luz de lo expuesto, se verifica que el servicio aduanero observó los requisitos esenciales del acto administrativo (art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo) al dictar la Resolución aquí apelada.
En este marco, considero que los agravios de la actora no tienen suficiente entidad para justificar la declaración de nulidad. Sucede que, en efecto, la nulidad no puede aplicarse de manera automática, sin tener en cuenta las circunstancias del caso y sus implicancias.
En ese sentido, cabe colegir que, si bien la recurrente arguye que el acto administrativo carece de causa y motivación, frente a la naturaleza eminentemente reglada del acto discutido en la especie y toda vez que no se observa un desprecio por parte de la autoridad administrativa en la reconstrucción de los hechos y la invocación del derecho que sustentan su decisión, no cabe declarar la nulidad como manifiesta y así, reconocerla como de previo y especial pronunciamiento en los términos del art. 1149 del Código Aduanero.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora, ya que las supuestas deficiencias señaladas no le causaron indefensión ni perjuicio irreparable en esta instancia.
En cuanto a las costas, aunque el agravio fue tratado previamente, es importante señalar que la recurrente no lo presentó como una excepción procesal independiente, sino como una defensa adicional contra el acto apelado, con el fin de obtener su revocación. Entonces, dado que no se generó una actividad procesal autónoma sobre este punto, no corresponde imponer costas al respecto.
VI. Respecto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal:
ARTICULO 1º.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por la recurrente.
ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
VII. En virtud de lo señalado, debido a que cuando se oficializo el PE N.º 16057EC01005848A estaba en vigencia el Decreto 133/15 mediante el cual se dispuso fijar un derecho de exportación del 27% para la exportación a consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias detalladas en el Decreto, corresponde rechazar la pretensión de devolución de los derechos de exportación requerida.
VIII. Las costas se decretan por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º 1243/24, dictada el 07/11/24 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación EX-2023-00492898-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA N.º 17134-2527-2021), en relación al PE N.º 16057EC01005848A, con costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en el fondo de lo resuelto en la cuestión planteada, excepto en cuanto a la imposición de las costas, que deberá soportar la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164 C.A.).
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º 1243/24, dictada el 07/11/24 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación EX-2023-00492898-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA N.º 17134-2527-2021), en relación al PE N.º 16057EC01005848A, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.05.27 11:58:39 ART Date: 2025.05.27 13:45:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.27 14:14:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.27 14:14:36 -03:00
Fin de la sentencia