Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2025-46421233-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2Confirmar la Resolución N.º RESOL-2025-319-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones EX-2023-00490772-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA 17134-2522-2021), en relación al PE N.º 16057EC01003417N, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-119455402-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Octubre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver el expediente EX-2025-46421233-APN- SGASAD#TFN caratulada “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/ D.G.A. s/ APELACIÓN”.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el RE-2025-46418885-APN-SGASAD#TFN la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.”
interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º RESOL-2025-319-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones EX-2023-00490772-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA 17134-2522-
2021), por la cual resuelve no hacer lugar a la devolución de USD 56.700,00.- pretendida por la recurrente y abonada en concepto de derechos de exportación establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 133/2015 en relación al PE N.º 16057EC01003417N. En primer lugar, sostiene la nulidad de la resolución apelada por ausencia de causa y motivación. En cuanto al fondo, sostiene que los derechos de exportación abonados en virtud del Decreto 133/2015 carecen de legalidad, ya que fueron establecidos mediante un decreto sin respaldo en una delegación legislativa válida y que, además, no fue convalidado posteriormente por una ley formal emanada del Congreso Nacional. Señala que esta situación vulnera principios fundamentales en materia tributaria y los postulados esenciales del sistema republicano de gobierno. En base a ello, alega que se configura un enriquecimiento sin causa a favor de la Administración y solicita que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de la norma, fundándose en la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 'Camaronera Patagónica', respaldando su postura con abundante jurisprudencia. Por último, peticiona la restitución de las sumas indebidamente ingresadas, en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos según el tipo de cambio oficial vigente el día anterior al pago, más los intereses correspondientes. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita la revocación de la resolución apelada, con costas.
II. En el IF-2025-106226274-APN-DTD#JGM la representación fiscal responde al traslado del recurso, formulando la negativa genérica de rigor y realizando una breve exposición de los hechos. En primer término, sostiene que si la actora pretendía cuestionar la constitucionalidad del Decreto 133/2015, debió interponer una demanda ante la justicia federal, y no ante un organismo administrativo como el TFN, que carece de competencia para ello conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del Código Aduanero. En cuanto al planteo de nulidad, sostiene que la resolución aduanera ha sido dictada sobre la base de los hechos, antecedentes y normas analizadas, expresando de manera concreta los motivos que justifican su dictado, así como los fundamentos fácticos y jurídicos en que se sustenta.
Agrega que no se ha acreditado un perjuicio concreto, grave e irreparable que habilite su declaración. En relación al fondo del asunto, examina el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 'Camaronera Patagónica S.A.' y destaca que la interpretación de la recurrente resulta desacertada, al no considerar el análisis integral de dicha sentencia ni el sentido que le otorgó el Máximo Tribunal. En este sentido, sostiene que el criterio establecido en 'Camaronera' no resulta aplicable al presente caso, dado que la Resolución 11/2002, objeto de aquel fallo, fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.122 (27/07/2006), mientras que el Decreto 133/2015 fue emitido con posterioridad.
Explica que, conforme a los artículos 17 y 24 de la Ley 26.122, dicho decreto mantiene plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, salvo que sea expresamente derogado o rechazado por el Congreso. Subraya que el Decreto 133/2015 se dictó en el marco de lo previsto por la Ley 22.415 y en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, así como el Decreto 509/2007, este último ratificado por el Congreso de la Nación. En virtud de ello, sostiene que el decreto se mantiene vigente y que los derechos de exportación derivados del mismo son absolutamente legales. Asimismo, cita jurisprudencia que respalda la legitimidad de la delegación efectuada al Poder Ejecutivo, reconociendo la validez del artículo 755 del Código Aduanero.
Destaca, además, que dicho artículo ha sido incorporado al Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificando la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para la fijación y/o modificación de los derechos de exportación. En esa línea, hace propios y reproduce los fundamentos desarrollados por el Dr. Juan Manuel Soria en los autos caratulados "Transportadora de Gas del Sur S.A.", Expte. N.º 38.422-A. Finalmente, sostiene que el Tribunal Fiscal de la Nación carece de competencia para declarar la inconstitucionalidad de una norma y requiere la aplicación del Plenario del 26 de abril de 2022. Subsidiariamente, impugna los montos reclamados y solicita que, en caso de admitirse la repetición, se aplique el criterio jurisprudencial establecido por la Corte Suprema en la causa “CENCOSUD S.A.
(TF 29.535-A) c/ DGA s/ Recurso Extraordinario”, disponiéndose la liquidación de intereses conforme a lo previsto en los artículos 811 y 812 del Código Aduanero. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. En lo que aquí interesa, las actuaciones EX-2023-00490772-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA 17134-2522-2021), incorporadas en el embebido del IF-2025-106214060-APN-DTD#JGM, se inicia con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada por la recurrente en relación al PE N.º 16057EC01003417N. En el IF-2025-00862795-AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI, la Sección Económica y Financiera informa que la firma MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. abonó los derechos de exportación correspondientes a la destinación en trato. Por su parte, en el IF-2025-00838372-AFIP- SEISDVOSAL#SDGOAI, la Sección Inspección Simultánea emite un informe técnico en el que señala que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto 133/15 de fecha 17/12/2015, que establece una alícuota del 27 % para la mercadería involucrada, la cual fue abonada conforme. Posteriormente, se dicta la resolución recurrida en autos.
IV. Mediante la PV-2025-108238775-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. En tales condiciones, considero relevante recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan sólo aquellos que resulten pertinentes para decidir la cuestión planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que sean conducentes para fundar las conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
En virtud de lo expuesto, corresponde examinar en primer lugar el planteo de nulidad interpuesto por la apelante, fundado en los vicios observados en el expediente y en la motivación del acto administrativo. Para ello, se procederá a evaluar si la Resolución N.°RESOL-2025-319-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI cumple con las formalidades necesarias para asegurar que la decisión esté debidamente fundamentada. En este contexto, es fundamental destacar que, según el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos deben cumplir con requisitos esenciales, entre ellos la causa y la motivación. La 'causa' comprende las razones de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto, mientras que la 'motivación' consiste en la exposición de cómo dichas razones se aplican a la decisión adoptada. Por lo tanto, un acto estará debidamente motivado cuando fundamente tanto los hechos relevantes como el marco legal aplicable. En cambio, será insuficiente si se limita a enunciar los hechos sin vincularlos con el derecho, o viceversa.
Conforme a esta línea argumental, del análisis del expediente EX-2023-00490772-
AFIPSRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA 17134-2522-2021), incorporado al embebido del IF-2025-
106214060-APN-DTD#JGM, surge que la resolución recurrida se encuentra debidamente fundamentada en los informes de las áreas técnicas competentes. En particular, la Sección Económica y Financiera, mediante el IF-2025-00862795-AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI, informó que la firma MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. abonó los derechos de exportación correspondientes a la destinación en trato. Por su parte, la Sección Inspección Simultánea, a través del IF-2025-00838372-AFIP- SEISDVOSAL#SDGOAI, señaló que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto N.º 133/15, de fecha 17/12/2015, que establecía una alícuota del 27 % para la mercadería involucrada, la cual fue abonada correctamente. En virtud de los informes técnicos que integran la actuación, la resolución concluyó por rechazar la repetición solicitada por la actora.
De lo señalado se verifica que la resolución apelada fue dictada con observancia de los elementos esenciales previstos en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En este marco, considero que los agravios de la actora no tienen suficiente entidad para justificar la declaración de nulidad. Sucede que, en efecto, la nulidad no puede aplicarse de manera automática, sin tener en cuenta las circunstancias del caso y sus implicancias.
En ese sentido, cabe colegir que, si bien la recurrente arguye que el acto administrativo carece de causa y motivación, frente a la naturaleza eminentemente reglada del acto discutido en la especie y toda vez que no se observa un desprecio por parte de la autoridad administrativa en la reconstrucción de los hechos y la invocación del derecho que sustentan su decisión, no cabe declarar la nulidad como manifiesta y así, reconocerla como de previo y especial pronunciamiento en los términos del art. 1149 del Código Aduanero.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora, ya que las supuestas deficiencias señaladas no le causaron indefensión ni perjuicio irreparable en esta instancia.
En cuanto a las costas, aunque el agravio fue tratado previamente, es importante señalar que la recurrente no lo presentó como una excepción procesal independiente, sino como una defensa adicional contra el acto apelado, con el fin de obtener su revocación. Entonces, dado que no se generó una actividad procesal autónoma sobre este punto, no corresponde imponer costas al respecto.
VI. Respecto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquimica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelacion” (EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: ARTICULO 1º.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por la recurrente.
ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
VII. En virtud de lo señalado, debido a que cuando se oficializo el PE N.º 16057EC01003417N estaba en vigencia el Decreto 133/15 mediante el cual se dispuso fijar un derecho de exportación del 27% para la exportación a consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias detalladas en el Decreto, corresponde rechazar la pretensión de devolución de los derechos de exportación requerida.
VIII. Las costas se decretan por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º RESOL-2025-319-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones EX-2023-00490772-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA 17134-2522-2021), en relación al PE N.º 16057EC01003417N, con costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en el fondo de lo resuelto en la cuestión planteada, excepto en cuanto a la imposición de las costas, que deberá soportar la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164 C.A.).
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º RESOL-2025-319-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, recaída en las actuaciones EX-2023-00490772-AFIPSRRODVMENT#SDGCTI (SIGEA 17134-2522-2021), en relación al PE N.º 16057EC01003417N, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.10.23 16:28:08 ART Date: 2025.10.23 16:29:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.27 21:16:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.27 21:17:03 -03:00
Fin de la sentencia