Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2024-130275067-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2Confirmar la Resolución N.º 1219/24, dictada el 04/11/24 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación SIGEA N° 17134-22-2023, en relación al PE N.º 17057EC01004296U, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-56568753-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 27 de Mayo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver el expediente EX-2024-130275067-APN-SGASAD#TFN caratulada “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/ D.G.A. s/ APELACIÓN”.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el RE-2024-130274864-APN-SGASAD#TFN la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 1219/24, dictada el 04/11/24 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación SIGEA N° 17134-22-2023, por la cual resuelve no hacer lugar a la devolución de la suma de U$S 43.920 pretendida por la recurrente y abonada en concepto de derechos de exportación establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 133/2015 en relación al PE N.º 17057EC01004296U. Inicialmente, sostiene la nulidad de la resolución apelada por ausencia de causa y motivación. En lo concerniente al fondo del litigio, manifiesta que los derechos de exportación abonados en virtud del Decreto 133/2015 carecen de legalidad, por haber sido establecidos mediante un decreto que no contaba con sustento en una delegación legislativa válida ni fue posteriormente convalidado por una ley formal del Congreso Nacional. Argumenta, que tal circunstancia, vulnera los principios generales de la tributación y el orden republicano de gobierno. Sobre la base de estos fundamentos, afirma que se ha configurado un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración y solicita que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de la norma, conforme a la doctrina de la Corte Suprema en el precedente 'Camaronera Patagónica'. Cita abundante jurisprudencia en respaldo de su postura. Finalmente, peticiona la restitución del capital ingresado indebidamente, en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial del día anterior al pago, con más los intereses correspondientes. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita la revocación de la resolución apelada, con costas.
II. En el IF-2025-40160594-APN-DTD#JGMla representación fiscal responde al traslado del recurso, formulando la negativa genérica de rigor y realizando una breve exposición de los hechos. Respecto del planteo de nulidad, sostiene que conforme se desprende de las actuaciones administrativas, la resolución aduanera se encuentra debidamente fundada en hechos y derecho. Añade que la nulidad no procede en ausencia de perjuicio concreto y cuando el interesado ha tenido la oportunidad de subsanar eventuales defectos en sede jurisdiccional. Finalmente, indica que el acto administrativo cumple con los requisitos legales esenciales y goza de presunción de legitimidad mientras no se declare lo contrario.
En relación al fondo del asunto, examina el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 'Camaronera Patagónica S.A.' y sostiene que el criterio establecido en 'Camaronera' no resulta aplicable al presente caso, dado que la Resolución 11/2002, objeto de aquel fallo, fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.122 (27/07/2006), mientras que el Decreto 133/2015 fue emitido con posterioridad. Explica que, conforme a los artículos 17 y 24 de la Ley 26.122, dicho decreto mantiene plena vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, salvo que sea expresamente derogado o rechazado por el Congreso. Subraya que el Decreto 133/2015 se dictó en el marco de lo previsto por la Ley 22.415 y en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, así como el Decreto 509/2007, este último ratificado por el Congreso de la Nación.
En virtud de ello, sostiene que el decreto se mantiene vigente y que los derechos de exportación derivados del mismo son absolutamente legales. Asimismo, cita jurisprudencia que respalda la legitimidad de la delegación efectuada al Poder Ejecutivo, reconociendo la validez del artículo 755 del Código Aduanero. Destaca, además, que dicho artículo ha sido incorporado al Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificando la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para la fijación y/o modificación de los derechos de exportación. En esa línea, solicita que se aplique la doctrina emanada del PLENARIO “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA c/ DGA s/ Recurso de Apelación” del 26/04/2022, Expte.
TF N.° EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN. A modo de cierre, sostiene que conforme al artículo 1164 del Código Aduanero, este Tribunal carece de competencia para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad normativa. Subsidiariamente, impugna los montos reclamados y solicita que, para el caso de admitirse la repetición, se aplique el criterio jurisprudencial sentado por la Corte Suprema en la causa 'CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A) c/ DGA s/ Recurso Extraordinario', disponiéndose la liquidación de intereses conforme a lo previsto en los artículos 811 y 812 del Código Aduanero. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. La actuación administrativa SIGEA N° 17134-22-2023, incorporada en el embebido del IF-2025-40156206-APN- DTD#JGM, se origina con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada por la recurrente en relación con el Permiso de Embarque N.º 17057EC01004296U. La Sección Económica y Financiera, a través del IF-2024- 02119090-AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI, informó los montos tributarios correspondientes a la destinación involucrada y su pago mediante LMAN. Por su parte, en el IF-2024-02033963-AFIP-SEISDVOSAL#SDGOAI, la Sección Inspección Simultánea emitió un informe técnico en el que señala que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto 133/15 de fecha 17/12/2015, que establece una alícuota del 27 % para la mercadería involucrada, la cual fue abonada conforme, por lo que recomienda no hacer lugar a la devolución solicitada. Posteriormente, se dicta la resolución recurrida en autos.
IV. En la PV-2025-50380337-APN-TFN#MEC se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. En tales condiciones, considero relevante recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan sólo aquellos que resulten pertinentes para decidir la cuestión planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que sean conducentes para fundar las conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
En virtud de lo expuesto, corresponde abocarse en primer término al análisis del planteo de nulidad articulado por la apelante, fundado en presuntos vicios del expediente y en la insuficiencia de la motivación del acto administrativo. A tal fin, se evaluará si la Resolución N.° 1219/24 reúne las formalidades exigidas para considerar debidamente fundamentada la decisión adoptada.
En este contexto, es fundamental destacar que, según el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos deben cumplir con requisitos esenciales, entre ellos la causa y la motivación. La 'causa' comprende las razones de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto, mientras que la 'motivación' consiste en la exposición de cómo dichas razones se aplican a la decisión adoptada. Por lo tanto, un acto estará debidamente motivado cuando fundamente tanto los hechos relevantes como el marco legal aplicable. En cambio, será insuficiente si se limita a enunciar los hechos sin vincularlos con el derecho, o viceversa.
Conforme a esta línea argumental, al analizar la actuación administrativa SIGEA N.º 17134-22-2023, incorporada en el embebido del IF-2025-40156206-APN-DTD#JGM, se advierte que la Resolución N.º 1219/24 se sustenta en los informes elaborados por las áreas competentes de la Aduana de San Lorenzo. En particular, la Sección Económica y Financiera, mediante el IF-2024-02119090-AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI, informó los montos tributarios correspondientes a la destinación involucrada y su cancelación mediante LMAN. Por su parte, la Sección Inspección Simultánea, a través del IF-2024-02033963-AFIP-SEISDVOSAL#SDGOAI, emitió un informe técnico en el que señala que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto 133/15 de fecha 17/12/2015, que establece una alícuota del 27 % para la mercadería involucrada, la cual fue abonada conforme a la normativa aplicable. En virtud de ello, recomienda no hacer lugar a la devolución solicitada. Considerando los elementos de juicio reunidos en las actuaciones, resuelve rechazar el reclamo de repetición formulado por la actora.
A la luz de lo expuesto, se advierte que el servicio aduanero ha observado los requisitos esenciales del acto administrativo previstos en el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos al dictar la resolución aquí recurrida. En este marco, considero que los agravios de la actora no tienen suficiente entidad para justificar la declaración de nulidad. Sucede que, en efecto, la nulidad no puede aplicarse de manera automática, sin tener en cuenta las circunstancias del caso y sus implicancias.
En ese sentido, cabe colegir que, si bien la recurrente arguye que el acto administrativo carece de causa y motivación, frente a la naturaleza eminentemente reglada del acto discutido en la especie y toda vez que no se observa un desprecio por parte de la autoridad administrativa en la reconstrucción de los hechos y la invocación del derecho que sustentan su decisión, no cabe declarar la nulidad como manifiesta y así, reconocerla como de previo y especial pronunciamiento en los términos del art. 1149 del Código Aduanero.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora, ya que las supuestas deficiencias señaladas no le causaron indefensión ni perjuicio irreparable en esta instancia.
En cuanto a las costas, aunque el agravio fue tratado previamente, es importante señalar que la recurrente no lo presentó como una excepción procesal independiente, sino como una defensa adicional contra el acto apelado, con el fin de obtener su revocación. Entonces, dado que no se generó una actividad procesal autónoma sobre este punto, no corresponde imponer costas al respecto.
VI. Respecto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal:
ARTICULO 1º.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por la recurrente.
ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
VII. En virtud de lo señalado, debido a que cuando se oficializo el PE N.º 17057EC01004296U estaba en vigencia el Decreto 133/15 mediante el cual se dispuso fijar un derecho de exportación del 27% para la exportación a consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias detalladas en el Decreto, corresponde rechazar la pretensión de devolución de los derechos de exportación requerida.
VIII. Las costas se decretan por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º 1219/24, dictada el 04/11/24 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación SIGEA N° 17134-22-2023, en relación al PE N.º 17057EC01004296U, con costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en el fondo de lo resuelto en la cuestión planteada, excepto en cuanto a la imposición de las costas, que deberá soportar la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164 C.A.).
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º 1219/24, dictada el 04/11/24 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación SIGEA N° 17134-22-2023, en relación al PE N.º 17057EC01004296U, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.05.27 11:08:39 ART Date: 2025.05.27 13:48:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.27 14:06:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.27 14:07:24 -03:00
Fin de la sentencia