Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2025-27455270-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2Confirmar la Resolución N.º 140/25, dictada el 19/02/2025 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación SIGEA N.º EX-2023-03336941-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, en relación con el PE N.º 18057EC01002054L, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-65169062-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 17 de Junio de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver el expediente EX-2025-27455270-APN-SGASAD#TFN caratulada “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el RE-2025-27454538-APN-SGASAD#TFN la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 140/25, dictada el 19/02/2025 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación SIGEA N.º EX-2023-03336941-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, por la cual resuelve no hacer lugar a la devolución de USD 20.726,40.-, solicitada por la recurrente, vinculada a los derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo Nacional y efectivamente abonados conforme a lo dispuesto en los Decretos N.º 133/2015 y N.º 1343/2016, en relación con el Permiso de Embarque N.º 18057EC01002054L. En primer término, sostiene la nulidad de la resolución apelada por ausencia de causa y motivación. En relación con el fondo del litigio, manifiesta que los derechos de exportación abonados en virtud del Decreto 133/2015 y el Decreto 1343/2016 carecen de legalidad, por haber sido establecidos mediante un decreto que no contaba con sustento en una delegación legislativa válida ni fue posteriormente convalidado por una ley formal del Congreso Nacional. Argumenta, que tal circunstancia, vulnera los principios generales de la tributación y el orden republicano de gobierno. Sobre la base de estos fundamentos, afirma que se ha configurado un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración y solicita que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de la norma, conforme a la doctrina de la Corte Suprema en el precedente 'Camaronera Patagónica'. Cita abundante jurisprudencia en respaldo de su postura. Finalmente, peticiona la restitución del capital ingresado indebidamente, en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial del día anterior al pago, con más los intereses correspondientes. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita la revocación de la resolución apelada, con costas.
II. En el IF-2025-52495846-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Hace la negativa genérica de rigor y efectúa una breve reseña de los hechos. En primer lugar, en relación con el planteo de nulidad, señala que conforme surge de las actuaciones administrativas la Resolución Aduanera se encuentra dictada con sustento en los hechos, antecedentes y el derecho en los que se fundan. Añade que a los fines de obtener la declaración de nulidad, el interesado debió demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que invoca, puesto que la validez de los actos administrativos se presumen válidos. Cita jurisprudencia. Respecto a la cuestión de fondo, analiza el precedente de la C.S.J.N. en “Camaronera Patagónica S.A.” y resalta que la interpretación que efectúa la recurrente resulta desacertada y no recepta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle el Más Alto Tribunal.
En ese sentido, expone que el criterio sentado en “Camaronera” no resulta aplicable a la presente causa en tanto, la Resolución 11/2002 de fecha 05/03/2002 (sobre la que versa dicho precedente) fue dictada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.122 (27/07/2006) mientras que, el Decreto 133/2015, fue dictado con posterioridad a la misma. Explica que, en consonancia con los arts. 17 y 24 de la Ley 26.122 el decreto bajo análisis tiene plena vigencia desde su publicación en el BO en tanto no sea expresamente derogado o rechazado por el Congreso. Subraya que el Decreto N° 133/2015 se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 509/2007 (ratificado por el Congreso de la Nación).
Afirma que, en virtud de todo ello, el Decreto en cuestión se mantiene vigente y los derechos de exportación vinculados al mismo son absolutamente legales. Por otra parte, cita jurisprudencia que respalda la legitimidad de la delegación efectuada a favor del Poder Ejecutivo, los que reconocen la validez del artículo 755 del C.A. Agrega, que debe tenerse presente que el artículo 755 de la Ley 22.415 ha sido incluido en el Digesto Jurídico Argentino, aprobado por la Ley 26.939, ratificándose la delegación impropia del Congreso al Poder Ejecutivo Nacional para fijar y/o modificar los derechos de exportación. Recuerda la incompetencia de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 1164 del C.A. y solicita la aplicación del PLENARIO “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA c/ DGA s/ Recurso de Apelación”
del 26/04/2022, Expte. TF N.° EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN. En subsidio, expresa, que en el caso que se haga lugar a la repetición, se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud SA” y los arts. 811 y 812 del C.A. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. La actuación administrativa SIGEA N.º EX-2023-03336941-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, incorporada en el embebido del IF-2025-54658039-APN-DTD#JGM, se origina con la solicitud de devolución de derechos de exportación presentada por la recurrente en relación con el Permiso de Embarque N.º 18057EC01002054L. En el IF-2024-01896924- AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI, la Sección Económica y Financiera informa que la firma MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. abonó los derechos de exportación correspondientes a la destinación en trato, por el monto que allí se detalla, mediante el pago identificado como LMAN18057LMAN009998G. Por su parte, en el IF-2024-01802860-AFIP- SEISDVOSAL#SDGOAI, la Sección Inspección Simultánea emite un informe técnico en el que señala que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto 133/15, que fijaba una alícuota del 27 % para la mercadería involucrada, así como el Decreto 1343/16, el cual establecía una reducción mensual del 0,5% de los Derechos de Exportación, la cual fue abonada conforme, por lo que no correspondería dar curso a la devolución solicitada. Posteriormente, se dicta la resolución recurrida en autos.
IV. En la PV-2025-58854077-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa como de puro derecho y se elevan los autos a la Sala G, que los pasa a sentencia.
V. En tales condiciones, considero relevante recordar que los jueces no están obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan sólo aquellos que resulten pertinentes para decidir la cuestión planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que sean conducentes para fundar las conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
En virtud de lo expuesto, corresponde examinar en primer lugar el planteo de nulidad interpuesto por la apelante, fundado en los vicios observados en el expediente y en la motivación del acto administrativo. Para ello, se procederá a evaluar si la Resolución N.° 140/25 cumple con las formalidades necesarias para asegurar que la decisión esté debidamente fundamentada.
En este contexto, es fundamental destacar que, según el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, los actos administrativos deben cumplir con requisitos esenciales, entre ellos la causa y la motivación. La 'causa' comprende las razones de hecho y de derecho que justifican la emisión del acto, mientras que la 'motivación' consiste en la exposición de cómo dichas razones se aplican a la decisión adoptada. Por lo tanto, un acto estará debidamente motivado cuando fundamente tanto los hechos relevantes como el marco legal aplicable. En cambio, será insuficiente si se limita a enunciar los hechos sin vincularlos con el derecho, o viceversa.
Bajo esta perspectiva, del análisis de la Actuación SIGEA N.º EX-2023-03336941-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, incorporada en el embebido del IF-2025-54658039-APN-DTD#JGM, se advierte que la Resolución N.º 140/25 —acto administrativo bajo análisis— se encuentra debidamente sustentada en los informes técnicos elaborados por las áreas competentes de la Aduana de San Lorenzo. En particular, mediante el IF-2024-01896924-AFIP- SEFIADSALO#SDGOAI, la Sección Económica y Financiera informó que la firma MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. abonó los derechos de exportación correspondientes a la destinación involucrada, por el monto allí consignado, mediante el pago identificado como LMAN18057LMAN009998G. Asimismo, mediante el IF-2024-
01802860-AFIP-SEISDVOSAL#SDGOAI, la Sección Inspección Simultánea precisó que, al momento de la oficialización de la DDT, se encontraba vigente el Decreto N.º 133/15, que establecía una alícuota del 27 % aplicable a la mercadería en cuestión, así como el Decreto N.º 1343/16, que preveía una reducción mensual del 0,5 % de los derechos de exportación, los cuales fueron abonados conforme a dicho marco normativo, por lo que no correspondería acceder a la devolución solicitada. A partir de tales consideraciones, y sobre la base de los antecedentes administrativos que integran la actuación, se concluye en el rechazo de la repetición pretendida por la parte actora.
De lo señalado se desprende que la resolución apelada fue dictada con observancia de los elementos esenciales previstos en el artículo 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En este marco, considero que los agravios de la actora no tienen suficiente entidad para justificar la declaración de nulidad. Sucede que, en efecto, la nulidad no puede aplicarse de manera automática, sin tener en cuenta las circunstancias del caso y sus implicancias.
En ese sentido, cabe colegir que, si bien la recurrente arguye que el acto administrativo carece de causa y motivación, frente a la naturaleza eminentemente reglada del acto discutido en la especie y toda vez que no se observa un desprecio por parte de la autoridad administrativa en la reconstrucción de los hechos y la invocación del derecho que sustentan su decisión, no cabe declarar la nulidad como manifiesta y así, reconocerla como de previo y especial pronunciamiento en los términos del art. 1149 del Código Aduanero.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora, ya que las supuestas deficiencias señaladas no le causaron indefensión ni perjuicio irreparable en esta instancia.
En cuanto a las costas, aunque el agravio fue tratado previamente, es importante señalar que la recurrente no lo presentó como una excepción procesal independiente, sino como una defensa adicional contra el acto apelado, con el fin de obtener su revocación. Entonces, dado que no se generó una actividad procesal autónoma sobre este punto, no corresponde imponer costas al respecto.
VI. Respecto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal:
ARTICULO 1º.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por la recurrente.
ARTICULO 2º.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
VII. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar la pretensión de devolución de los derechos de exportación relativos al PE N.º 18057EC01002054L, abonados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1343/16, que se encontraba vigente y establecía una reducción progresiva del 0,5% mensual de la alícuota aplicable (27%) a las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), detalladas en el Anexo I del Decreto 133/2015 y sus modificatorios.
VIII. Las costas se decretan por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º 140/25, dictada el 19/02/2025 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación SIGEA N.º EX-2023-03336941-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, en relación con el PE N.º 18057EC01002054L, con costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en el fondo de lo resuelto en la cuestión planteada, excepto en cuanto a la imposición de las costas, que deberá soportar la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164 C.A.).
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N.º 140/25, dictada el 19/02/2025 por el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la Actuación SIGEA N.º EX-2023-03336941-AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI, en relación con el PE N.º 18057EC01002054L, con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.06.13 10:09:13 ART Date: 2025.06.14 15:40:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.17 12:08:56 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.17 12:09:31 -03:00
Fin de la sentencia