Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-127534777-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de falta de legitimación activa de la actora opuesta por el Fisco, sin costas.
2Revocar las resoluciones N° 943/2022, 944/2022 y 945/2022 (AD PASO), dictadas en marco de las actuaciones administrativas 19496-534-2021, 19496-546-2021 y 19496-6-2021, haciendo lugar a la devolución de la suma abonada en exceso en concepto de derechos de exportación, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
3Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-39766325-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 20 de Abril de 2026 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo para resolver en los autos caratulados “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2022-
127534777-APN-SGASAD#TFN
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2022-127534064-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe, e interpone recurso de apelación contra las resoluciones Nros. 943/22, 944/22 y 945/22 recaída en las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 19496-534-2021, 19496-546-2021 y 19496-6-2021, mediante las cuales no se hace lugar a la solicitud de devolución de $239.267,13, $163.657,94 y $227.718,91 en relación a los permisos de embarque Nros.
15042EC01001931F, 15042EC01001934X, 15042EC01001948N, 15042EC01001991L 15042EC01001992M 15042EC01002003M 15042EC01002015W 15042EC01002016A 15042EC01002017B 15042EC01002018C 15042EC01006116F 15042EC01006159M 15042EC01006174J 15042EC01006198P 15042EC01006201A 15042EC01006219J 15042EC01006220B 15042EC01000446F 15042EC01000800W 15042EC01000874K 15042EC01000996P 15042EC01000461C 15042EC01000801A 15042EC01000878Y 15042EC01000798P 15042EC01000802B y 15042EC01000963J, con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por las resoluciones conjuntas MEyFP N° 27/2008 y 29/2008. Realiza una descripción de los antecedentes y de la actividad de la empresa. Seguidamente fundamenta el recurso y argumenta graves inconsistencia en la resolución.
Entiende que la División Aduanera resolvió denegar las solicitudes de repetición apartándose del procedimiento establecido por el propio Código Aduanero (“CA”), utilizando fundamentos poco claros y disuasivos que tergiversaron lo estrictamente requerido por la Compañía. Manifiesta que el acto administrativo para ser válido, requiere ser causado y expresar en forma concreta las razones que lo motivan, debiendo, a su vez, encontrar pleno sustento en el derecho aplicable. Agrega que el debido proceso impone la adecuada tutela del derecho del administrado a ser oído, a ofrecer pruebas y a poder producirlas correspondientemente, circunstancia que no ha sido tenida en cuenta en las actuaciones que se apelan.
Señala que el fundamento de las acciones interpuestas en sede administrativa se mantiene en el presente recurso, y es la configuración de un enriquecimiento sin causa por parte de la administración. Hace mención de que dichos importes fueron improcedentes a toda luz, por haber sido calculados en base a una alícuota establecida mediante Resoluciones Ministeriales carentes de legalidad, situación que, de acuerdo a los preceptos expuestos y las decisiones de la Corte Suprema (“CSJN”) respecto de hechos de idéntica naturaleza, contraviene principios básicos de máxima jerarquía contemplados en la Constitución (“CN”) entre otros, el principio tributario de legalidad o reserva de ley. Este principio implica que la imposición de tributos a los habitantes de la nación sólo puede efectuarse mediante la sanción formal de una Ley, a través del Poder Legislativo.
Cita el fallo “Camaronera” y argumenta que la CSJN consideró que el actual art. 76 de la CN -posterior a la reforma- prohíbe la delegación legislativa, permitiéndola únicamente en casos de emergencia pública y en materia de administración, bajo ciertos requerimientos y condiciones; ello está ratificado por el art. 99 inc. 3 del mismo texto legal, el cual prohíbe al Poder Ejecutivo (“PEN”) emitir decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. Añade que habiendo llegado la CSJN a la conclusión de que los Derechos de Exportación tienen indudable naturaleza tributaria, su imposición jamás podría ser realizada a través de un decreto del PEN. Expresa que el decreto en cuestión no fue objeto de una delegación ni obtuvo la debida ratificación mediante una ley formal (como así tampoco del tratamiento establecido por la ley 26.122, del cual el Decreto 509/2007 sí tuvo y estableció alícuotas a derechos de exportación).
Realiza una síntesis de todo lo argumentado y realiza consideraciones finales, que acentúa todo lo manifestado en su recurso. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante IF-2023-23621143-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido.
Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. En primer lugar, con relación a los vicios del procedimiento, destaca que carece la actora de respaldo procesal para peticionar la nulidad en la forma en que lo hace, conforme lo legislado en el artículo 1051 del CA y concluye, luego de citar abundante jurisprudencia, que se cumplieron con todos los deberes y principios procesales aplicables a la materia, por lo que no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad. Argumenta que la interpretación que efectúa la recurrente del fallo “Camaronera” es desacertada. Cita los artículos 664 y 755 del CA, y jurisprudencia que hace a su derecho. Explica que la delegación establecida por el art. 755 se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía que ameritan en determinadas situaciones, la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos del debate que normalmente requiere el dictado de una ley. Manifiesta que la actora no optó correctamente por la vía procesal en relación con su pretensión atento a que, en definitiva, lo que discute es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, debiendo haber interpuesto demanda contenciosa ante la Justicia Federal y solicita la aplicación del Fallo Plenario del 26/04/2022. Señala que el Tribunal Fiscal no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido por el art. 1164 del CA. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada, atento a que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. Indica que, en caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con costas a la actora.
III. Que mediante PV-2023-25074702-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por presentada a la D.G.A. y por contestado el traslado que le fuera conferido. Por PV-2023-65636090-APN-VOCXVIII#TFN y PV-2026-29321766-APN- VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas. Acto seguido, se abre causa a prueba y se desinsacula perito contable. En PV-2023-89448353-APN-VOCXVIII#TFN se intima a la perito a presentar el informe pericial, bajo apercibimiento de remoción, el que se hace efectivo en PV-2024-102461007-184-APN-VOCXVIII#TFN y posteriormente, se desinsacula nuevo perito, sin ningún acto procesal posterior de ninguna parte. Después, luce la certificación de prueba, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a sentencia.
IV. Que en las actuaciones SIGEA N° 19496-6-2020, 19496-534-2021 y 19496-546-2021 inician con el pedido de repetición de derechos de exportación por la firma Molinos Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. abonados en exceso, con relación a los permisos de embarque (“PE”) 15042EC01001931F, 15042EC01001934X, 15042EC01001948N, 15042EC01001991L 15042EC01001992M 15042EC01002003M 15042EC01002015W 15042EC01002016A 15042EC01002017B 15042EC01002018C 15042EC01006116F 15042EC01006159M 15042EC01006174J 15042EC01006198P 15042EC01006201A 15042EC01006219J 15042EC01006220B 15042EC01000446F 15042EC01000800W 15042EC01000874K 15042EC01000996P 15042EC01000461C 15042EC01000801A 15042EC01000878Y 15042EC01000798P 15042EC01000802B y 15042EC01000963J. En dichas actuaciones, la Sra. Jefa de División AD PASO informa que los tributos abonados respecto a las destinaciones en trato están efectivamente pagados por la normativa vigente que modifica el Dto 509/2007, por lo que no corresponde su devolución, opinión compartida por la Sección Económica Financiera. Acto seguido, se provee la respectiva solicitud de repetición efectuada por la exportadora y finalmente, se dicta las resoluciones N° 943/2022, 944/2022 y 945/2022 aquí apeladas.
V. En primer lugar, respecto al planteo de la Aduana de falta de legitimación de la actora para repetir los tributos (punto VI.3. de su contestación), considero que debe rechazarse con fundamento en que la Aduana no prueba su pretensión del modo fehaciente que exige su procedencia sustancial.
VI. Corresponde resolver en autos si las resoluciones apeladas - 943/2022, 944/2022 y 945/2022 (AD PASO) en cuanto rechazan la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., se ajustan a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de $239.267,13, $163.657,94 y $227.718,91, que según refiere habría abonado en demasía con relación a los permisos de embarque (PE) 15042EC01001931F, 15042EC01001934X, 15042EC01001948N, 15042EC01001991L 15042EC01001992M 15042EC01002003M 15042EC01002015W 15042EC01002016A 15042EC01002017B 15042EC01002018C 15042EC01006116F 15042EC01006159M 15042EC01006174J 15042EC01006198P 15042EC01006201A 15042EC01006219J 15042EC01006220B 15042EC01000446F 15042EC01000800W 15042EC01000874K 15042EC01000996P 15042EC01000461C 15042EC01000801A 15042EC01000878Y 15042EC01000798P 15042EC01000802B y 15042EC01000963J. Mediante tales PE documentó la exportación de las mercaderías ubicadas en las PA 1901.20.00.910R –A base de harina de trigo Las demás - Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería- y PA 1101.00.10.190D –Los demás Fortificada con hierro y vitaminas, con adición de aditivos De trigo HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN)- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 que fijó, para esas PA, una alícuota del 13% (Ver art. 1 y Anexo). La actora manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), que según refiere estableció una alícuota del 10% para las PA objeto de autos (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
VII. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se pretendieron implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-, de reconocido rechazo legislativo. Posteriormente, se dictó la resolución 189/08 (BO: 28.07.08), que fijó, para las PA de autos, una alícuota de derechos de exportación del 18% (Ver art. 1 y Anexo). Más tarde, se dictó la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 (BO: 23.12.08) que estableció para las PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 13% (Ver art. 1 y Anexo).
Aclarado el iter normativo aplicable a las mercaderías en trato, cabe recordar, en segundo lugar, que como ya he señalado en numerosos precedentes, tanto el decreto 509/07 como la alícuota del 10% fijada para las mercaderías de autos, poseen plena vigencia y validez legal, bajo el estándar constitucional del considerando 11 del fallo “Camaronera”, aplicado al procedimiento de la ley 26.122 y al trámite seguido en el Congreso, a partir del 28.11.07, momento en el cual se completó la intervención de las dos cámaras del Congreso, aprobando el referido decreto.
Contra tal alícuota del 10% emanada del decreto 509/07, tomada como válida por la actora, corresponde contrastar la alícuota del 13% fijada por la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08. Si bien con posterioridad al citado decreto el PEN aumentó al 18% la alícuota para las mercaderías en trato –mediante la resolución 189/08-, al momento imponible de los PE en trato, conforme el art. 6 primer párrafo de la ley 21.453 -fechas de cierre de venta 19.11.14, 05.01.15 y 14.01.15 -, se encontraba ya vigente la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 que la fijaba en un 13%.
VIII. Sentado lo que antecede, corresponde evaluar la validez legal de la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08, en cuanto resultó de aplicación a las exportaciones de las mercaderías objeto de autos.
Para ello, es menester recordar, en tercer lugar, que el art. 76 de la Constitución establece, como requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante (en el caso, resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08), tres exigencias claras: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio. En cuarto lugar, no puede dejar de señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece, para la materia tributaria, el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución. Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado de la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 (de modo genérico el CA, la ley de ministerios, el art. 22 del decreto 509/07, el decreto 2752/91 y el decreto 2275/94) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar (del 10 al 13%) las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superan el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-.
Así, resulta claro que la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 no se dictó con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas tributarias, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). Por ello, y porque no ha sido objeto de ratificación posterior por el Congreso de acuerdo al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte, las alícuotas incrementadas por dicha normativa padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable que embarga a la mencionada resolución (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11).
En consecuencia, las alícuotas incrementadas por la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 -3% en comparación con el decreto 509/07- deben considerarse como incrementadas con base en una norma nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de la actora deviene legítimo y procedente. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de falta de legitimación activa de la actora opuesta por el Fisco, sin costas.
2. Revocar las resoluciones N° 943/2022, 944/2022 y 945/2022 (AD PASO), dictadas en marco de las actuaciones administrativas 19496-534-2021, 19496-546-2021 y 19496-6-2021, haciendo lugar a la devolución de la suma abonada en exceso en concepto de derechos de exportación, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
3. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 CA).
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada en el voto que antecede.
II. Que, en primer término, adhiero a lo decidido a lo decidido en el Pto. 1 del referido voto.
III. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
Bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020- 24711043- -APN-SGASAD#TFN), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en autos, que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto dispusieron rechazar los pedidos de repetición de derechos de exportación formulados por la firma recurrente, en relación a las destinaciones involucradas en autos.
V. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Rechazar el planteo de falta de legitimación activa de la actora opuesta por el Fisco, sin costas.
2. Confirmar las Resoluciones aduaneras apeladas en autos.
3. Costas por su orden.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero al Dr. Soria en lo sustancial que decide.
En virtud al acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar el planteo de falta de legitimación activa de la actora opuesta por el Fisco, sin costas.
2. Revocar las resoluciones N° 943/2022, 944/2022 y 945/2022 (AD PASO), dictadas en marco de las actuaciones administrativas 19496-534-2021, 19496-546-2021 y 19496-6-2021, haciendo lugar a la devolución de la suma abonada en exceso en concepto de derechos de exportación, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
3. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 CA).
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.04.20 08:47:49 ART Date: 2026.04.20 16:27:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.20 17:43:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.20 17:44:38 -03:00
Fin de la sentencia