Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.585-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 19/14 (AD BABL), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 14517-4-2008, en cuanto condena a MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. por la comisión de las infracciones previstas en los incisos a) y b) del art. 954, apartado 1, del Código Aduanero.
2Reencuadrar la conducta de la actora en la infracción prevista en el art. 969 del Código Aduanero, fijando la multa en su mínimo legal, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor en aduana de la mercadería afectada en exceso, en la suma de pesos doscientos ochenta y un mil noventa y tres ($281.093).
3Confirmar la Resolución N° 19/14 (AD BABL), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 14517-4-2008, en cuanto intima a MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. al pago de los tributos adeudados respecto de la mercadería excluida del beneficio previsto por el art. 6 de la Ley 21.453, conforme lo expuesto en el considerando VII, con más sus intereses (art. 794 del C.A.).
4Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos, en los términos del art. 1163 del Código Aduanero.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-65254352-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Julio de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante de la Vocalía de la 14a. Nominación ), a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/DGA s/APELACIÓN” Expte. 35.585-A.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. interpone recurso de apelación contra la resolución 19/14 (AD BABL), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 14517-4-2008, que la condenó por la comisión de las infracciones previstas los incs. a) y b) del art. 954.1 del Código Aduanero (“CA”). Explica que la imputación de la Aduana se basó en que se habría excedido el límite de tolerancia establecido por la ley 21.453 respecto de la DJVE 06001DJVE004122N, que amparaba la exportación de 8.000 toneladas de mercadería clasificada en la PA 1001.90.90.110B, mientras que en el permiso de embarque (“PE”) 07003EC01000690E se habrían declarado 13.400 toneladas, excediendo en 5.000 toneladas la referida tolerancia. Señala que el referido PE se encontraba amparado por 2 DJVE, por lo que se trata de una confusión. Refiere que no se verifica en el caso el tipo previsto en el inciso b) del art. 954.1 del CA, toda vez que no había prohibición alguna sobre la exportación. Sostiene que la totalidad de la mercadería exportada se encontraba amparada por una DJVE debidamente registrada. Indica que mediante la DJVE 06001DJVE004122N asumió el compromiso de exportar 8.000 toneladas, imputándose 1.745 toneladas al PE 07003EC01006531D, 5.000 toneladas al PE 0704001000001Y y 6.655 toneladas al PE 07003EC01000690E; pero que en este último caso debió incluir solo 1.255 toneladas, ya que el resto correspondía a la DJVE 06001DJVE003664A, que tenía un saldo de 4.270 toneladas disponible. Manifiesta que la Aduana juzga una conducta que no causó beneficio ni perjuicio a las partes, así como tampoco afectación al bien jurídico tutelado. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 30/36). Relata los hechos del caso y realiza la negativa de rigor. Cita lo establecido por el art. 954.1 inc. b) del CA y el decreto 654/02, para concluir que es evidente que la infracción efectivamente se configuró, ya que la mercadería resultó ser prohibida. Cita jurisprudencia para fundar sus dichos. Por último, acompaña como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 45/48 y 60/62 obra respuesta al oficio de parte del Ministerio de Agroindustria. A fs. 86 se declara clausurado el período probatorio. A fs. 106 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 108 se resuelve no poner los autos para añegar y se los llaman para el dictado de la sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas SIGEA 14517-4-2008 se inician con el acta de denuncia 2/08. A fs. 2/6 se agrega el informe técnico 1/08 (SE FEBB), que indica que se estaría en presencia de la infracción prevista en el art. 954 del CA. A fs. 7/11 luce listado de precios FOB oficiales. A fs. 12/13 obra la DJVE 06001DJVE004122N. A fs. 18/20 se incorpora el PE 07003EC01000690E y a fs. 25/27 la DJVE 06001DJVE003652U. A fs. 28/30 se instruye sumario contencioso, a fs. 31 se realiza el aforo de la mercadería y a fs. 32 se ordena correr vista de lo actuado, lo que se notifica el 16.06.09. A fs. 44/57 la actora contesta la vista y a fs. 73/77 alega. A fs. 93/102 se emite el dictamen 170/12 (DV JRBB). Finalmente, a fs. 103/116 obra la resolución 19/14 (AD BABL), apelada en autos.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -19/14-, en cuanto condena a MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. por la comisión de las infracciones previstas en los incisos a) y b) del art. 954.1 del CA y la intima al pago de tributos, se ajusta a derecho.
En tal sentido debe recordarse especialmente que, sin perjuicio de las facultades que goza este tribunal conforme el art. 1143 del Código Aduanero, sus funciones jurisdiccionales son de revisión de los actos administrativos apelados, siendo la imputación de la Aduana en este caso que la actora cometió las infracciones del art. 954.1 incisos a) y b) del CA. En tal sentido debe decirse que excede las funciones jurisdiccionales de este tribunal suplir a la Aduana en su actividad propiamente sancionatoria, menos aun cuando ello implicaría corregir su accionar jurídicamente calificado entrando en contradicción con la posición jurídica asumida por la misma Aduana en el juicio –e.g. sanciones del art. 954.1 incisos a) y b) del CA- al imponer a la actora una multa conforme las referidas normas legales.
V.1. A los efectos de la configuración de las infracciones en trato, es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la destinación aduanera y el resultado de la comprobación, y se requiere, además, que ella sea idónea para producir los efectos previstos en los incisos a) y b) apartado 1 del art. 954 del CA. Particularmente, dicho artículo establece: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir…a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”.
La Aduana imputó la infracción en trato, toda vez que mediante el PE 07003EC01000690E la actora exportó la cantidad de 6.655 toneladas de trigo clasificado en la posición arancelaria (“PA”) 1001.90.90.110B, afectándolas a la DJVE 06001DJVE004122N, que fue oficializada por 8.000 toneladas. Con el referido PE, se acumuló un total de 13.400 toneladas afectadas a la citada DJVE, toda vez que previamente se habían afectado 1.745 toneladas mediante el PE 06003EC01006531D y 5.000 toneladas mediante el PE 07040EC01000001Y, excediéndose así de la tolerancia máxima - 105%- en la cantidad de 5.000 toneladas.
V.2. Sobre tal base, corresponde precisar que las operaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453. Este régimen fue analizado por la CSJN en autos “Tradigrain S.A. (T.F. 6965-A) c/ A.N.A.” (Fallos: 320:2656), dejándose en claro que ha sido concebido para fomentar las exportaciones de productos de origen agrícola (conf. la nota de remisión al Poder Ejecutivo del proyecto respectivo). Asimismo, en el mencionado precedente se destacó que dicho sistema preveía el registro de las ventas al exterior, que debían ser comunicadas por los exportadores a la autoridad de aplicación mediante declaraciones juradas; y que el art. 6, primer párrafo, dispone que “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario, y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta”.
A su vez, dicho régimen especial tiene previsto un tipo punitivo específico, que también ha sido analizado por la Corte Suprema in re “Buyatti SAICA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (Fallos: 346:476, del 16.05.23). Allí se indicó que, así como la ley 21.453 establece un régimen especial que otorgó certeza a los exportadores, también resguarda el interés del Estado, obligando a los primeros a cumplir con lo pactado, exigiéndoseles exportar al menos el 90% de los volúmenes comprometidos, bajo apercibimiento de aplicar una sanción. En efecto, el art. 9 de la mencionada ley prescribe: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta en la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada” (Considerando 6, último párrafo). La sanción prevista deriva del incumplimiento del sujeto que registra la DJVE de exportar menos del 90% de la mercadería que declara, dentro del plazo establecido; en sentido opuesto el cumplimiento de ese compromiso (en cuanto nos sea menor del 90% de lo que declara) es la condición que le permite al exportador beneficiarse con el régimen especial del art. 6 de la ley 21.453.
Ahora bien, el régimen de la ley 21.453, conforme el citado art. 9, no exige al exportador un cumplimiento exacto de las cantidades comprometidas en la DJVE; por el contrario, subyace al sistema que las cantidades declaradas en la DJVE son una obligación que se considera cumplida tanto cuando se exporta hasta un 10 % menos de lo declarado (art. 9 de la ley 21.453) como cuando, como se verá, se excede ese compromiso de exportación en un 5% (Resolución –SAGyP- 685/92). Para graficarlo, en la DJVE el exportador declara una venta de mercadería que, por definición legal, es inexacta -dentro de ciertos márgenes- si se la compara contra la concreta exportación de mercadería que constituirá su cumplimiento. Como se anticipó, para completar el esquema del art. 9 de la ley 21.453, la resolución –SAGyP- 685/92 autorizaba también una tolerancia en más de hasta el 5% del tonelaje respecto del declarado en la DJVE, dadas las modalidades comerciales imperantes en las exportaciones de granos y subproductos.
Por su parte, el Código Aduanero también posee una regulación especial, posterior en el tiempo, para regímenes como el de la ley 21.453, estableciendo su art. 969 que “cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
V.3. Sentado lo que antecede, no se advierte en autos cual sería, a criterio del servicio aduanero, la inexactitud verificada en el PE 07003EC01000690E, que daría lugar a la aplicación de las sanciones de los incisos a) y b) del art. 954.1 del CA. Efectivamente, surge del expediente que la declaración contenida en el permiso de embarque habría sido veraz, exportándose la totalidad de la cantidad declarada en el PE. El supuesto incumplimiento de la DJVE –que debe distinguirse del concepto de inexactitud en las declaraciones aduaneras contenidas en el PE de autos- viene dado, como se dijo, de la afectación en exceso de dicha DJVE al realizarse la operación de exportación. Sin embargo, no puede derivarse de ese cumplimiento en exceso de la DJVE que hubo una inexactitud en lo declarado en el permiso de embarque de exportación en los términos requeridos por el art. 954.1 incisos a) y b) del CA; por el contrario, la cantidad declarada en el PE fue efectivamente exportada en la misma cuantía.
Al respecto cabe señalar, que conforme surge del criterio sentado por la Corte Suprema en autos “Buyatti SAICA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (Fallos: 346:476, del 16.05.23), detallado supra en V.2.-, de acuerdo a los términos allí empleados, la declaración jurada de venta al exterior constituye un compromiso de exportación de lo pactado en cada venta que se registra ante el organismo correspondiente, bajo apercibimiento de aplicar una sanción. De ello se deriva -como se anticipó- que, por tal carácter de compromiso, a partir de la DJVE no puede configurarse una inexactitud en el PE –declaración aduanera comprometida- en los términos del art. 954.1 del CA respecto de las cantidades que, en la DJVE el exportador se compromete a exportar. Estas cantidades son inexactas por definición normativa como están consignadas en la DJVE, desde que se puede exportar un 10 % menos y hasta un 5% más a lo allí expresado, considerándose igualmente cumplido el compromiso-obligación asumido con la DJVE.
Lo que puede verificarse es, en tales términos, un incumplimiento o una imposibilidad de cumplir las cantidades comprometidas en la DJVE. Por definición legal –art. 9 de la ley 21.453- nunca puede configurarse a partir de las cantidades consignadas en la DJVE una declaración inexacta aduanera, pues no hay obligación legal –hay, por el contrario, una dispensa legal- de que las cantidades consignadas en la DJVE coincidan, con exactitud, con el tonelaje declarado en el PE y que, efectivamente, debe ser exportado. El tonelaje declarado en el PE sí, en cuanto declarado en el PE, debe ser exportado en esa cantidad exacta, correspondiendo se imponga una sanción por declaración inexacta del art. 954.1 del CA si se exportara otra cantidad. Las cantidades consignadas en la DJVE son, casi siempre y por oposición, inexactas respecto de las declaradas en el PE al momento de la exportación, en tanto el art. 9 de la ley 21.453 y resolución -SAGyP- 685/92 autorizan esa inexactitud (10% menos y hasta 5% más). La sanción específicamente prevista por el art. 9 de la ley 21.453 respecto de las DJVE –que nada tiene que ver con la del art. 954.1 del CA- deriva de no haber cumplido el exportador, en las condiciones establecidas, el compromiso asumido al registrar esa DJVE, dentro de los márgenes de tolerancia. Tales condiciones son las que permiten al exportador beneficiarse del régimen especial, vulnerando de esa manera el control aduanero -considerando 7 segundo párrafo del citado precedente de la Corte Suprema (Fallos 346:476)- .
La conducta reprochada en autos –incumplimiento de la DJVE, no inexactitud del PE frente a la operación de exportación concretada- encuadra así en lo establecido por el art. 9 de la ley 21.453; y también, en el art. 969 del CA –ley penal más benigna, posterior en el tiempo, respecto de la anterior-; regulaciones, ambas, específicas para este tipo de infracción; no encuadra tal conducta, de ningún modo, en el art. 954.1 del CA, como erróneamente pretende la Aduana. Cabe reiterar, además, que ambos tipos infraccionales –art. 969 del CA y art. 9 de la ley 21.453- reprimen específicamente la conducta típica verificada en autos, esto es, el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos.
En consecuencia, por no encontrarse verificado en autos la existencia de una declaración inexacta en los términos exigidos por el art. 954.1 incisos a) y b) del CA, corresponde revocar el art. 1 de la resolución apelada.
V.4. Sentado lo que antecede, distinta consideración corresponde realizar sobre la exigencia tributaria reclamada por la Aduana. Al respecto, debe aclararse que la actora no niega ni desconoce que se ha afectado la cantidad de 5.000 toneladas en exceso de la tolerancia máxima prevista para la DJVE 06001DJVE004122N, sino que sostiene que ello se debió a un error, toda vez que mediante el PE 07003EC01000690E debían afectarse solo 1.255 toneladas a la citada DJVE, correspondiendo el resto a la DJVE 06001DJVE003664A, que tenía un saldo de 4.270 toneladas disponible. Para probar sus dichos, acompaña la DJVE 06001DJVE003664A, oficializada por 7.500 toneladas –ver fs. 51 de las act. adm.- y el PE 07040EC01000368H, mediante el cual se afectan 3.230 toneladas a la referida DJVE –ver fs. 52 de las act. adm.-. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que tales constancias no resultan suficientes para acreditar los dichos de la actora, en primer lugar, porque en el campo “documentos a presentar” del PE 07003EC01000690E se consignó únicamente a la DJVE 06001DJVE004122N, sin realizarse ningún tipo de aclaración en ningún campo; y en segundo lugar, porque no es posible determinar si la cantidad de 4.270 toneladas de la DJVE 06001DJVE003664A, no afectadas por el PE 07040EC01000368H, han sido imputadas o no a otra operación de exportación. Asimismo, debe señalarse que, si mediante el PE 07003EC01000690E se afectaban solo 1.255 toneladas a la DJVE 06001DJVE004122N y se afectaban las restantes 5.400 toneladas a la DJVE 06001DJVE003664A, nos encontraríamos con que esta última DJVE habría sido también afectada en exceso de la tolerancia máxima prevista, ya que se habrían afectado en total 8.630 toneladas (3.230 y 5400), siendo la tolerancia máxima 7.875 toneladas -105%-.
Por lo expuesto, encontrándose acreditado que mediante el PE 07003EC01000690E la actora afectó en exceso de la DJVE 06001DJVE004122N la cantidad de 5.000 toneladas, corresponde concluir que dicha cantidad se encuentra excluida del beneficio otorgado por el art. 6 de la ley 21.453, por lo que, a los efectos del cálculo de los derechos de exportación, debe emplearse el precio FOB oficial de la tonelada del producto vigente a la fecha de registro de la operación de exportación (U$S181), y no el precio FOB oficial vigente a la fecha de cierre de venta (U$S175).
En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la exigencia tributaria reclamada por la Aduana mediante el artículo 3 de la resolución apelada.
VI. Por los fundamentos expuestos en los considerandos que anteceden, VOTO POR:
1. Revocar la resolución 19/14 (AD BABL), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 14517-4- 2008, en cuanto condena a MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. por la comisión de las infracciones previstas los incisos a) y b) del art. 954.1 del CA, con costas a la Aduana.
2. Confirmar la resolución 19/14 (AD BABL), dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 14517-4- 2008, en cuanto intima a MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. al pago de los tributos adeudados, con costas a la actora. El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial a lo resuelto por el Dr. Juan Manuel Soria en cuanto a que, en el caso particular de autos, no se encuentran configurados los supuestos previstos en los incisos a) y b) del art. 954, apartado 1, del Código Aduanero, conforme los fundamentos que expone en su voto.
En efecto, de las constancias de la causa no surge debidamente acreditada por el servicio aduanero la existencia de una declaración inexacta en el permiso de embarque involucrado, en los términos exigidos por el art. 954, apartado 1, del C.A. La diferencia verificada no se vincula con la cantidad efectivamente declarada y exportada en el permiso de embarque, sino con la afectación en exceso de la DJVE 06001DJVE004122N, por encima de la tolerancia prevista para el régimen especial de la Ley 21.453.
Por ello, corresponde distinguir la inexactitud de una declaración aduanera, prevista en el art. 954 del C.A., del incumplimiento de las condiciones propias del régimen de declaraciones juradas de venta al exterior.
II. Que, sin perjuicio de lo expuesto, no escapa al suscripto que la firma MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. afectó mediante el PE 07003EC01000690E una cantidad de mercadería que excedió en 5.000 toneladas la tolerancia máxima correspondiente a la DJVE 06001DJVE004122N.
La actora sostuvo que ello obedeció a un error, en tanto parte de la mercadería debía imputarse a otra DJVE que contaba con saldo disponible. Sin embargo, tal circunstancia no resulta suficiente para desplazar las consecuencias propias del régimen especial, pues en el campo “documentos a presentar” del permiso de embarque se consignó únicamente la DJVE 06001DJVE004122N, sin aclaración en contrario.
En consecuencia, aun cuando la conducta no configure declaración inexacta en los términos del art. 954 del C.A., corresponde determinar si resulta sancionable en virtud de otro supuesto previsto en el ordenamiento aduanero. Para ello, este Tribunal cuenta con facultades suficientes conforme el art. 1143 del Código Aduanero, en cuanto lo habilita a establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, siempre dentro de la base fáctica objeto del procedimiento y con debido resguardo del derecho de defensa.
III. Que el art. 969 del Código Aduanero establece: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
Asimismo, el art. 9 de la Ley 21.453 dispone que las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada, y prevé sanción para el incumplimiento o anulación de las operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas.
Por su parte, la Resolución SAGPyA 685/92 admitía una tolerancia en más de hasta el cinco por ciento (5%) del tonelaje declarado en la DJVE.
De ese marco normativo surge que las cantidades declaradas en la DJVE no están llamadas a coincidir en forma matemática con cada permiso de embarque. El propio régimen admite márgenes de tolerancia. Pero esos márgenes son el límite normativo del beneficio.
Cuando se supera esa tolerancia, no se configura por ello, sin más, una declaración inexacta del permiso de embarque; pero sí se incumple una condición del régimen especial al que voluntariamente se sometió el exportador.
IV. Que la Ley 21.453 establece un régimen especial que permite fijar el tratamiento tributario de la exportación conforme la fecha de cierre de venta, y no conforme la regla general vigente al momento del registro de la destinación. Ese beneficio no opera en abstracto ni de modo incondicionado. Está sujeto al cumplimiento de las reglas del propio régimen, entre ellas, la correcta imputación de las declaraciones juradas y el respeto de las tolerancias previstas. En tales condiciones, la afectación en exceso de una DJVE por encima del cinco por ciento (5%) permitido configura un incumplimiento de las condiciones del régimen. No se trata de una mera irregularidad inocua, pues el régimen de la Ley 21.453 incide directamente sobre el tratamiento tributario aplicable a la operación.
Admitir que el exceso por encima de la tolerancia carece de consecuencia sancionatoria importaría desnaturalizar el sistema: bastaría sobreafectar una DJVE para conservar el beneficio del cierre de venta, aun fuera del margen que la propia reglamentación autoriza.
Por ello, la conducta verificada en autos encuadra en el art. 969 del C.A., en cuanto sanciona al exportador que, habiendo optado por el régimen previsto en el art. 729 del mismo cuerpo legal, no cumple la exportación en los plazos, forma y condiciones correspondientes.
V. Que esta conclusión se ve reforzada por la Nota Externa DGA N° 19/05, en cuanto estableció que resulta competencia del servicio aduanero el juzgamiento de los incumplimientos al régimen previsto por la Ley 21.453 cuando configuren infracción aduanera, con ajuste a las reglas de competencia del art. 1018 del C.A.
Allí también se indicó que, ante incumplimientos del plazo estipulado y cantidad -peso o volumen- consignada en las DJVE, en concordancia con la inconducta descripta en el art. 9 de la Ley 21.453, resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 969 del Código Aduanero.
En consecuencia, corresponde tener por configurada la infracción prevista en el art. 969 del C.A., en relación con la cantidad afectada en exceso de la DJVE 06001DJVE004122N.
Que conforme surge del Informe Técnico de Fiscalización y Valoración de Exportación N° 01/2008 (SE FEBB) y de la liquidación obrante en autos, la mercadería exportada en exceso de la tolerancia máxima prevista para la DJVE 06001DJVE004122N ascendió a 5.000 toneladas, cuyo valor unitario -precio oficial vigente a la fecha de comisión de la infracción, conforme el art. 918 del C.A.- se determinó en USD 181 por tonelada, lo que arroja un valor en aduana de USD 905.000. Aplicado el tipo de cambio de $3,106 vigente al 09/02/2007, dicho valor equivale a la suma de $2.810.930, por lo que la multa prevista en el art. 969 del C.A., fijada en su mínimo legal del DIEZ POR CIENTO (10%), asciende al importe total de pesos doscientos ochenta y un mil noventa y tres ($281.093).
VI. Que, sentado el encuadre infraccional en el art. 969 del Código Aduanero, corresponde expedirse sobre la eventual condonación de la multa por aplicación de los regímenes de regularización vigentes.
Que el art. 7 de la Ley 27.743 (B.O. 08/07/2024), en su quinto párrafo, dispone que las multas y demás sanciones correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha. La propia norma aclara que este beneficio de condonación de sanciones no está sujeto al cumplimiento de ninguna condición o requisito más que haberse realizado el pago de la obligación sustancial al 31 de marzo de 2024, inclusive, y que se trate de una multa o sanción que no se encuentre firme ni cancelada a dicha fecha.
Que, en el caso de autos, no se verifica el presupuesto ineludible que habilita la condonación, esto es, la previa cancelación de la obligación sustancial. En efecto, conforme se desarrolla en el considerando siguiente, la mercadería afectada en exceso de la tolerancia máxima de la DJVE 06001DJVE004122N quedó excluida del beneficio previsto por el art. 6 de la Ley 21.453, adeudándose en consecuencia la diferencia de derechos de exportación resultante de aplicar el precio FOB oficial vigente a la fecha de registro de la operación. Al no encontrarse acreditada la cancelación de dicha obligación principal, no se cumple la condición a la que la norma supedita el beneficio.
Que, en consecuencia, no corresponde la condonación de la multa que aquí se reencuadra en el art. 969 del Código Aduanero.
VII. Que corresponde ahora expedirse sobre la exigencia tributaria reclamada.
Conforme surge de las constancias reseñadas en autos, la actora afectó mediante el PE 07003EC01000690E, en exceso de la DJVE 06001DJVE004122N, la cantidad de 5.000 toneladas.
Esa cantidad, al superar la tolerancia máxima admitida, queda excluida del beneficio previsto por el art. 6 de la Ley 21.453.
En consecuencia, a los fines del cálculo de los derechos de exportación correspondientes a ese excedente, debe emplearse el precio FOB oficial de la tonelada del producto vigente a la fecha de registro de la operación de exportación, esto es, U$S 181, y no el precio FOB oficial vigente a la fecha de cierre de venta, de U$S 175.
Por ello, corresponde confirmar la exigencia tributaria contenida en el art. 3 de la resolución apelada.
VIII. Que, atento al modo en que se resuelve la presente y el reencuadre efectuado en virtud de las facultades conferidas por el art. 1143 del Código Aduanero, corresponde imponer las costas conforme los respectivos vencimientos. En consecuencia, las costas se imponen a la actora en relación con la multa que se confirma por reencuadre en el art. 969 del C.A. y con la exigencia tributaria que se mantiene; y al Fisco nacional por la parte de la multa que se revoca en cuanto fue impuesta con fundamento en el art. 954, apartado 1, incisos a) y b), del Código Aduanero.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 19/14 (AD BABL), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 14517-4-2008, en cuanto condena a MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. por la comisión de las infracciones previstas en los incisos a) y b) del art. 954, apartado 1, del Código Aduanero.
2. Reencuadrar la conducta de la actora en la infracción prevista en el art. 969 del Código Aduanero, fijando la multa en su mínimo legal, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor en aduana de la mercadería afectada en exceso, en la suma de pesos doscientos ochenta y un mil noventa y tres ($281.093).
3. Confirmar la Resolución N° 19/14 (AD BABL), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 14517-4-2008, en cuanto intima a MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. al pago de los tributos adeudados respecto de la mercadería excluida del beneficio previsto por el art. 6 de la Ley 21.453, conforme lo expuesto en el considerando VII, con más sus intereses (art. 794 del C.A.).
4. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos, en los términos del art. 1163 del Código Aduanero. El Dr. Horacio Segura dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
En virtud de la votación precedente, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 19/14 (AD BABL), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 14517-4-2008, en cuanto condena a MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. por la comisión de las infracciones previstas en los incisos a) y b) del art. 954, apartado 1, del Código Aduanero.
2. Reencuadrar la conducta de la actora en la infracción prevista en el art. 969 del Código Aduanero, fijando la multa en su mínimo legal, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor en aduana de la mercadería afectada en exceso, en la suma de pesos doscientos ochenta y un mil noventa y tres ($281.093).
3. Confirmar la Resolución N° 19/14 (AD BABL), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 14517-4-2008, en cuanto intima a MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. al pago de los tributos adeudados respecto de la mercadería excluida del beneficio previsto por el art. 6 de la Ley 21.453, conforme lo expuesto en el considerando VII, con más sus intereses (art. 794 del C.A.).
4. Imponer las costas conforme los respectivos vencimientos, en los términos del art. 1163 del Código Aduanero. Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Segura por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2026.07.01 16:26:42 ART Date: 2026.07.01 19:15:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.02 14:49:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.02 14:50:14 -03:00
Fin de la sentencia