Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-21129420-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2Confirmar la Resolución RESOL-2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1775-2017/7, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.”
3Imponer las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-21537622-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 27 de Febrero de 2025 S.A.C.I.F.I.A.; Rec. de Apelación - Repetición Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y Miguel Nathan Licht (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/DGA s/RECURSO DE APELACIÓN” EX-2024-21129420- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. La firma MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. se presentó por apoderado el 28 de febrero de 2024 mediante el RE-2024-21127889-APN-SGASAD#TFN e interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL- 2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por la Aduana de San Lorenzo en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1775-2017/7. Mediante tal resolución se resolvió rechazar la solicitud de devolución de derechos de exportación supuestamente pagados en demasía, por un monto total de USD 742.560,00-, en relación a la destinación de exportación 12057EC01009568W. Explica que con motivo de la exportación de autos se vio obligada a tributar la alícuota aplicada por el SIM, la que fue del 32% de conformidad con lo establecido por la Resolución 181/08 del Ministerio de Economía y Producción (M.E .y P) -aunque de los informes técnicos surge que conforme la fecha de cierre de venta se liquidaron por el Decreto 100/2012 del Poder Ejecutivo Nacional-.
Manifiesta que tal resolución y sus modificatorias son inconstitucionales por ser contrarias al principio de legalidad en materia tributaria, lo que según indica habría sido confirmado por la CSJN en el fallo “Camaronera Patagónica S.A.”. Aclara que el recurso solo comprende las sumas ingresadas por encima de la alícuota del 24% fijada por el decreto 509/07, atento a que tal resolución si obtuvo aprobación legislativa. Se expresa sobre el marco normativo aplicable, haciendo un raconto de la evolución normativa en cuanto a los derechos de exportación fijados para la mercadería objeto de autos, concluyendo que ninguna de las resoluciones dictadas con posterioridad tuvo ratificación legislativa posterior a través de una ley formal.
Sostiene que los derechos de exportación son impuestos y rige a su respecto el principio de legalidad en materia tributaria, que reserva al poder legislativo la facultad para crearlos. Cita doctrina y jurisprudencia que hace a su derecho. Luego, refiere puntualmente a la inconstitucionalidad de la Resolución 181/08 del M. E. y P., indicando que al momento de registrarse las DJVE objeto de autos, no había merecido ratificación legislativa, por lo que no correspondía el pago del incremento de los derechos de exportación por encima del 24%. Agrega que ninguna de las normas invocadas en los considerandos de dichas resoluciones contenía una clara política legislativa sobre las alícuotas a aplicar y cita nuevamente jurisprudencia.
Según los informes técnicos antes mencionados, los derechos de exportación fueron abonados conforme lo establecido por el Decreto 100/12, y en la especie, son los que corresponden a la fecha del hecho imponible (Oficializado conforme cierre de venta el 17.10.12), pero a su criterio, debería ser por el Decreto 509/07. Realiza su interpretación sobre el fallo Camaronera Patagónica S.A., detallando su alcance e implicancias y explicando que la fecha a partir de la cual finaliza la cobertura legal de la legislación delegada es el 24.08.06. Indica que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de la Producción no son los órganos competentes para fijar derechos de exportación, ya que aun en los supuestos donde se admita la delegación legislativa ella debe recaer en el presidente de la nación, quien no puede transferir el ejercicio de dicha facultad delegada a otros funcionarios.
Solicita se revoque la Resolución y se ordene la restitución de los importes pagados en demasía por su mandante en concepto de derechos de exportación con más los intereses del Art. 811 del C.A.
Sostiene que este tribunal es competente para declarar la inconstitucionalidad planteada en el caso, desde que la CSJN ya se ha pronunciado al respecto en sentido favorable a su pretensión. Plantea la nulidad de la resolución de fondo. Impugna la tasa de interés en pesos, realiza sus conclusiones, ofrece prueba, cita jurisprudencia, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido el 08.07.24 mediante el IF-2024-71641400-APN- DTD#JGM. Efectúa una breve reseña de los hechos y realiza la negativa de rigor. Cita los artículos 724, 725 y 755 del CA. Sostiene que la interpretación del precedente “Camaronera Patagónica S.A.” realizada por la actora es errónea y no recepta un análisis completo de dicha sentencia. Agrega que en el caso de autos estamos frente a una norma presidencial que de forma razonable ejerció una atribución expresamente reconocida al poder ejecutivo, y que dicha norma fue luego sometida al escrutinio legislativo mediante el procedimiento previsto en la ley 26.122, en el marco del cual fue mantenida en su vigencia y validez desde el mismo momento en que fue publicada, de acuerdo a la interpretación armónica de los art. 17 y 24 de la mencionada ley. Recuerda que la CSJN se ha expedido sobre el establecimiento de aranceles para mercaderías que se importen o exporten a países miembros del MERCOSUR en el precedente “Whirlpool Puntana S.A.”, el que cita y transcribe. Luego, sostiene que por imperio del art. 1164 del CA este tribunal tiene vedado expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad de la actora. Seguidamente, mediante el Informe de la Sección Inspección Simultánea, el Servicio Aduanero opinó que, habiéndose analizado los hechos, la DDT, habiéndose realizado la consulta del nomenclador S.I.M., la alícuota vigente para la fecha de cierre de la venta 17/10/12 era del 32% según lo establecido por el Decreto 100/12, para la PA declarada en el PE de autos. En cuanto al planteo de intereses, solicita se aplique lo previsto por los arts. 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que con fecha 20/02/2025 se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1775-2017/7, se inician con la interposición de la acción de repetición por parte de MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. el 05.10.20, a fin de obtener la restitución de las sumas que considera abonadas en exceso en concepto de derechos de exportación. A continuación, luce el permiso de embarque, y se agregan impresiones de pantalla de la DDT objeto de autos, obtenidas a través del SIM. Luego, obran comprobantes de pago de liquidaciones manuales. Luego se rechaza la producción de prueba pericial por inconducente. La actora interpone recurso de revocatoria ante la denegación, el cual es rechazado por inconducente y dilatorio. Luego obra la resolución RESOL-2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, apelada en autos y que rechaza la solicitud de devolución intentada.
V. De acuerdo a la índole de las cuestiones planteadas, en primer lugar, corresponde tratar los agravios expuestos en el punto IV. a.- del escrito de apelación, titulado GRAVES INCONSISTENCIAS EN LA RESOLUCIÓN RESOL-2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI conjuntamente con el agravio expuesto en el punto IV. c.- del escrito de apelación, titulado PLANTEA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN COMO DEFENSA DE FONDO.
En tales condiciones, es preciso resaltar que el análisis de las circunstancias en relación a dichos planteos, no puede efectuarse en forma mecánica, sino sopesando la gravedad de las irregularidades expuestas y la posibilidad de su subsanación en cada caso en concreto.
Es así que, en el caso de autos, no se constata que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia.
Así las cosas, es claro que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa. Al respecto, es relevante señalar que la CSJN ha sostenido en reiteradas oportunidades que la violación de la garantía constitucional contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa judicial posterior (Fallos, 205:549, 247:52, 267:393, y “RECKITT BENCKISER S.A.”, expte. N° 22.419- A, 13.08.07) entre otros.
En cuanto a las presuntas inconsistencias e irregularidades respecto a la fundamentación de la resolución aduanera, debe señalarse que la Resolución N° RESOL-2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada en el sumario, aparece fundada, en cuanto a la exposición de los hechos, causa, motivación y derecho aplicable (conf. Art. 7° de la LNPA) y el hecho de que los argumentos allí expuestos hayan resultado contrarios a la posición de la actora de ninguna manera permiten considerar la nulidad de la misma.
En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas, con costas.
VI. Corresponde ahora resolver si la Resolución RESOL-2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por la Aduana de San Lorenzo denegando la devolución de la suma pretendida por MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., en concepto de derechos de exportación abonados con relación al PE Nº 12057EC01009568W (oficializado el 17.10.12 conforme DJVE), se ajusta a derecho.
Mediante dicho PE la actora documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 2304.00.10.100B –HARINA DE TORTAS- LEY.21453- Y DEMAS RESIDUOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA- abonando los derechos de exportación establecidos por el Decreto 100/12 que mantuvo la alícuota de la Resolución del M.E. y P. 181/2008 fijada en un 32%, propiciando que se tomen como válidos los tributos del Decreto 509/07 que establecían una alícuota del 24%, reclamando una diferencia del 8%.
Cabe mencionar, que el mismo Decreto 509, ratificado por ambas Cámaras del Congreso de la Nación, expresó en sus Considerandos que el Ministro resultaba competente para el dictado de la medida en función de lo previsto en la Ley Nro. 22.415 CA, en el artículo 19 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto No 438/92) y sus modificaciones, por los Decretos Nros. 2752/91 y 2275/94 y por lo dispuesto en el artículo 22 del mismo Decreto 509, que reza … ”Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a realizar aclaraciones, modificaciones y excepciones que correspondan, en los términos de su competencia”.
Cabe destacar que, el decreto 100/12 se dicta en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL y los Artículos 11, apartado 2, y 12 de la Ley Nº 22.415 y sus modificaciones (Código Aduanero) y por la Ley Nº 25.561 prorrogada por su similar Nº 26.729.
Que en primer lugar, corresponde reseñar que la ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria y económica y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas de los Derechos de Exportación, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15) que extendió su vigencia hasta el 31.12.17. En consecuencia, al momento del dictado del decreto 509/07 -como pretende la actora que sean liquidados los tributos- las condiciones de emergencia cambiaria determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación, extendiéndose hasta finales del año 2017.
Que corresponde señalar, en segundo lugar, que el decreto 509/07, se dictó en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL, por los Artículos 11, apartado 2 y 12 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero) y por el art. 6º de la Ley de Emergencia Nº 25.561 con sus prórrogas –leyes 25.972 (BO: 17.12.04); 26.077 (BO: 10.01.06); 26.204 (BO: 20.12.06); 26.339 (BO: 04.01.08); 26.456 (B0: 16.12.08); 26.563 (B0: 22.12.09); 26.729(B0: 28.12.11); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15)- y en las leyes 26.217 (BO: 16.01.07) y 26.732 (BO: 28.12.11), la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, el Artículo 2º inciso d), apartado 5) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985 y el Artículo 2º del Decreto Nº 645 de fecha 26 de mayo de 2004, plexo normativo y demás leyes que fueron prorrogándose en la emergencia económica hasta el 31 de diciembre del año 2017, con un intervalo que duró hasta el dictado del decreto 793/18 el 4 de septiembre de 2018, ratificado por ley 27.467 del Congreso de La Nación con vigencia hasta finales del año 2020. En tal sentido, durante un periodo de 15 años desde su creación y mediante sus sucesivas prórrogas existió una indubitable y clara voluntad del Congreso de gravar con derechos de exportación a las operaciones de este tipo, como sucedió con el dictado de la Resolución 181/2008 M.E. y P. y el decreto 100/12.
Del mismo modo, el Congreso de la Nación, tanto en la ley 26.217 como en la 26.732, además de crear y prorrogar por cinco años el impuesto a la exportación que había creado, delegó en el PEN -por cada una de esas leyes- las facultades para establecer las alícuotas correspondientes (art. 6 de la ley 25.561 y art. 1 de las leyes mencionadas), así como ratificó y ordenó expresa y nominalmente la continuación en vigencia de las normas delegadas dictadas previamente por el PEN que fijaban las alícuotas de los derechos (art. 2 de ambas leyes, 26.217 y 26.732) en base precisamente a las normas delegantes mencionadas en primer término (arts. 6 de la ley 25.5.61 y arts. 1 de las leyes 26.217 y 26.732).
Las regulaciones legales del Congreso, especiales y específicas, se dispusieron además sin perjuicio del régimen general de delegación legislativa de la ley constitucional 26.122 (sancionada por el Congreso conforme la manda del art. 99 inc. 3 cuarto párrafo de la Constitución), vigente desde el 28.07.06 para todas las normas delegadas dictadas por el PEN -es decir previo al dictado del decreto 509/07 y cuyos fundamentales arts. 17 y 24 establecen la vigencia de las normas delegadas dictadas por el PEN desde su entrada en vigencia y hasta su ratificación o derogación por parte del Congreso. En caso de ratificación de la norma delegada por el Congreso, tal ratificación tiene efecto retroactivo y aún en el caso de su derogación, los efectos de tal acto derogatorio son prospectivos. Que la exportación vinculada al caso de autos, se encuentra gobernada por la ley 21.453, con lo cual, su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la fecha de cierre de venta de las operaciones, esto es, el 17.10.12, conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La alícuota aplicada fue, para tal fecha, la del 32%, conforme el decreto 100/12 y dentro del ámbito de la emergencia económica.
VII. Que atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, corresponde en este punto dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa.
VIII. En relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”. IX.- Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, y las Resoluciones del Ministerio de Economía dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y las mismas se mantienen en tanto y en cuanto, el órgano delegante, que es el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
X. Por último, cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020- 24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
XI. Que en virtud de todo lo expuesto, los derechos de exportación fijados en el decreto 100/12, con sustento en la Emergencia Económica y demás argumentos expuestos precedentemente, resultan legítimamente exigibles y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 12057EC01009568W, correspondiendo, en consecuencia, confirmar la Resolución RESOL-2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, en cuanto deniega la acción de repetición interpuesta por la actora.
XII. En relación a las costas, considero que las mismas deben ser impuestas a la actora vencida en conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A.
Que, por ello, VOTO por:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1775-2017/7, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.”, con costas (Art. 1163 del CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Doy por reproducido el relato expuesto por el Dr. Héctor Hugo Juárez en sus considerandos I a V, continuando el considerando VI conforme lo siguiente:
VI. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada –68/24-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., se ajusta a derecho. La actora solicita la devolución de la suma de U$S742.560,00, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 12057EC01009568W. Mediante tal PE documentó la exportación de la mercadería ubicada en la PA 2304.00.10.100B –HARINA DE TORTAS-LEY.21453-Y DEMAS RESIDUOS DE LA EXTRACCION DE ACEITE DE SOJA-, abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución 181/08 (BO: 21.07.08) que fijó, para esa PA, una alícuota del 32% (Ver art. 1 y Anexo de la referida resolución).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -17.10.12 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de toda la normativa dictada con posterioridad al decreto 509/07, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14. En esta línea, manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el mencionado decreto 509/07 (BO: 23.05.07), el cual según refiere estableció una alícuota del 24% para la PA objeto de autos.
VI.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se dictó la resolución 368/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 181/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 368/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/Dirección General de Aduanas s/apelación” EX -2020-56397479-APN- SGASAD#TFN (sentencia que puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2023/07/EX-2020-56397479-APN -SGASAD-TFN.pdf), a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 368/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por las mencionadas resoluciones (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo).
Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 368/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones - MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecida por la resolución 181/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 32% establecidas por las resoluciones 368/07 y 181/08 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08. Tal vigencia se extiende hasta el 17.12.15, fecha la última en la cual el decreto 133/15 fijó una alícuota del 27%, reduciendo la del 32%. Siendo la fecha de cierre de venta de la mercadería del PE de autos del 17.10.12, deben rechazarse los agravios de la actora en cuanto a la invalidez de la alícuota del 32% aplicable.
Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” EX -2020-56397479-APN-SGASAD#TFN (https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2023/07/EX-2020-56397479-AP N-SGASAD- TFN.pdf) las resoluciones 368/07 y 181/08, como la alícuota del 32%, son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
VII. Costas: En relación a las costas, deben imponerse en el orden causado atento las particularidades de la cuestión debatida y no haberse resuelto la disputa con base en argumentos expuestos por las partes (art. 1163 del CA).
VIII. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Confirmar la resolución RESOL-2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1775-2017/7.
2. Imponer las costas por su orden El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Adhiero al voto del Dr. Juárez en cuanto rechaza el planteo de nulidad formulado por la actora con costas y, en aplicación del Plenario dictado por este Tribunal con fecha 26/04/22 (IF-2022-40809437-APNVOCXIX#TFN), en los autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito, adhiero al punto 2) de su voto por el que confirma la resolución apelada. En cuanto a las costas, adhiero al Voto del Dr. Soria, que las impone por su orden.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la Resolución RESOL-2024-68-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1775-2017/7, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.”
3. Imponer las costas por su orden.
Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Miguel Nathan Licht (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2025.02.27 15:31:49 -03:00 Digitally signed by Miguel Nathan Licht Date: 2025.02.27 15:31:59 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.27 16:51:06 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.27 16:51:07 -03:00
Fin de la sentencia