Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución 17/2019 (AD GUAL), dictada en marco de las actuaciones administrativas 12492-221-2018, con costas (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-91281782-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Septiembre de 2026 Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Horacio J. Segura (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª nominación), bajo la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expte. 39.914-A:
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. A fs. 10/41 se presenta la firma MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución 17/2019 (AD GUAL) recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12492-221-2018, alcances 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de u$s5.154,77 vinculado a los Permiso de Embarque (“PE”) 12026EC01007396J, 12026EC01001480D, 12026EC01001615D, 12026EC01001788Y, 12026EC01001986Y, 12026EC01002254D, 12026EC01002450B y 12026EC01002661F. con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante las Resoluciones Conjuntas 27/08 y 29/08. Realiza una descripción de los antecedentes y de la actividad de la empresa.
Seguidamente fundamenta el recurso y argumenta graves inconsistencia en la resolución. Entiende que la División Aduanera resolvió denegar las solicitudes de repetición apartándose del procedimiento establecido por el propio Código Aduanero (“CA”), utilizando fundamentos poco claros y disuasivos que tergiversaron lo estrictamente requerido por la Compañía. Manifiesta que el acto administrativo para ser válido, requiere ser causado y expresar en forma concreta las razones que lo motivan, debiendo, a su vez, encontrar pleno sustento en el derecho aplicable. Agrega que el debido proceso impone la adecuada tutela del derecho del administrado a ser oído, a ofrecer pruebas y a poder producirlas correspondientemente, circunstancia que no ha sido tenida en cuenta en las actuaciones que se apelan.
Señala que el fundamento de las acciones interpuestas en sede administrativa se mantiene en el presente recurso, y es la configuración de un enriquecimiento sin causa por parte de la administración. Hace mención de que dichos importes fueron improcedentes a toda luz, por haber sido calculados en base a una alícuota establecida mediante Resoluciones Ministeriales carentes de legalidad, situación que, de acuerdo a los preceptos expuestos y las decisiones de la Corte Suprema (“CSJN”) respecto de hechos de idéntica naturaleza, contraviene principios básicos de máxima jerarquía contemplados en la Constitución (“CN”) entre otros, el principio tributario de legalidad o reserva de ley. Este principio implica que la imposición de tributos a los habitantes de la nación sólo puede efectuarse mediante la sanción formal de una Ley, a través del Poder Legislativo.
Cita el fallo “Camaronera” y argumenta que la CSJN consideró que el actual art. 76 de la CN -posterior a la reforma- prohíbe la delegación legislativa, permitiéndola únicamente en casos de emergencia pública y en materia de administración, bajo ciertos requerimientos y condiciones; ello está ratificado por el art. 99 inc. 3 del mismo texto legal, el cual prohíbe al Poder Ejecutivo (“PEN”) emitir decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. Añade que habiendo llegado la CSJN a la conclusión de que los Derechos de Exportación tienen indudable naturaleza tributaria, su imposición jamás podría ser realizada a través de un decreto del PEN. Expresa que el decreto en cuestión no fue objeto de una delegación ni obtuvo la debida ratificación mediante una ley formal (como así tampoco del tratamiento establecido por la ley 26.122, del cual el Decreto 509/2007 sí tuvo y estableció alícuotas a derechos de exportación).
Realiza una síntesis de todo lo argumentado y realiza consideraciones finales, que acentúa todo lo manifestado en su recurso. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 62/74, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA 12492-221-2018, alcances 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. En primer lugar, con relación a los vicios del procedimiento, destaca que carece la actora de respaldo procesal para peticionar la nulidad en la forma en que lo hace, conforme lo legislado en el artículo 1051 del CA y concluye, luego de citar abundante jurisprudencia, que se cumplieron con todos los deberes y principios procesales aplicables a la materia, por lo que no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad. Argumenta que la interpretación que efectúa la recurrente del fallo “Camaronera” es desacertada. Cita los artículos 664 y 755 del CA, y jurisprudencia que hace a su derecho. Explica que la delegación establecida por el art. 755 se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía que ameritan en determinadas situaciones, la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos del debate que normalmente requiere el dictado de una ley. Manifiesta que la actora no optó correctamente por la vía procesal en relación con su pretensión atento a que, en definitiva, lo que discute es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, debiendo haber interpuesto demanda contenciosa ante la Justicia Federal y solicita la aplicación del Fallo Plenario del 26/04/2022. Señala que el Tribunal Fiscal no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido por el art. 1164 del CA. Indica que, en caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con costas a la actora.
III. A fs. 77 se abrió la causa a prueba. Posteriormente, a fs. 133 se tuvo por aceptado el cargo de la perito, quien, a pesar de estar debidamente intimada a presentar el informe pericial —conforme a la notificación obrante a fs. 138—, no cumplió con la manda judicial. En consecuencia, a fs. 141 se hizo efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 136, dándose por decaído el derecho a producir dicha prueba, y se elevaron los autos a la Sala “E”. Finalmente, a fs. 144 se dictó el llamamiento de autos para sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA 12492-221-2018 se iniciaron con fecha 26.03.18, obrando agregados por cuerda los alcances SIGEA 12492-221-2018/1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, los cuales agrupan las solicitudes de repetición de los tributos abonados en relación con los PE 12026EC01007396J, 12026EC01001480D, 12026EC01001615D, 12026EC01001788Y, 12026EC01001986Y, 12026EC01002254D, 12026EC01002450B y 12026EC01002661F. En cada alcance se incorporó print de impresión carga/edición de expedientes, el resumen de devolución cargada y el SIM correspondiente a cada procedimiento de repetición iniciado, así como también la nota de la Sección Inspección Simultánea. Finalmente, con fecha 04.02.19, se dictó la resolución 17/2019 (AD GUAL), mediante la cual se rechazaron las repeticiones solicitadas.
V. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -17/2019 (AD GUAL)- en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de U$S5.154,77, que según refiere habría abonado en demasía con relación a los permisos de embarque (PE) 12026EC01007396J, 12026EC01001480D, 12026EC01001615D, 12026EC01001788Y, 12026EC01001986Y, 12026EC01002254D, 12026EC01002450B y 12026EC01002661F. Mediante tales PE documentó la exportación de las mercaderías ubicadas en las PA 1901.20.00.910R –A base de harina de trigo Las demás - Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 que fijó, para esas PA, una alícuota del 13% (Ver art. 1 y Anexo).
La actora manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), que según refiere estableció una alícuota del 10% para las PA objeto de autos (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
VI. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se pretendieron implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-, de reconocido rechazo legislativo. Posteriormente, se dictó la resolución 189/08 (BO: 28.07.08), que fijó, para las PA de autos, una alícuota de derechos de exportación del 18% (Ver art. 1 y Anexo). Más tarde, se dictó la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 (BO: 23.12.08) que estableció para las PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 13% (Ver art. 1 y Anexo).
Aclarado el iter normativo aplicable a las mercaderías en trato, cabe recordar, en segundo lugar, que como ya he señalado en numerosos precedentes, tanto el decreto 509/07 como la alícuota del 10% fijada para las mercaderías de autos, poseen plena vigencia y validez legal, bajo el estándar constitucional del considerando 11 del fallo “Camaronera”, aplicado al procedimiento de la ley 26.122 y al trámite seguido en el Congreso, a partir del 28.11.07, momento en el cual se completó la intervención de las dos cámaras del Congreso, aprobando el referido decreto.
Contra tal alícuota del 10% emanada del decreto 509/07, tomada como válida por la actora, corresponde contrastar la alícuota del 13% fijada por la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08. Si bien con posterioridad al citado decreto el PEN aumentó al 18% la alícuota para las mercaderías en trato –mediante la resolución 189/08-, al momento imponible de los PE en trato, conforme el art. 6 primer párrafo de la ley 21.453 -fechas de cierre de venta entre el 14.05.12 y el 17.08.12-, se encontraba ya vigente la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 que la fijaba en un 13%.
VII. Sentado lo que antecede, corresponde evaluar la validez legal de la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08, en cuanto resultó de aplicación a las exportaciones de las mercaderías objeto de autos.
Para ello, es menester recordar, en tercer lugar, que el art. 76 de la Constitución establece, como requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante (en el caso, resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08), tres exigencias claras: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio. En cuarto lugar, no puede dejar de señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece, para la materia tributaria, el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución. Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado de la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 (de modo genérico el CA, la ley de ministerios, el art. 22 del decreto 509/07, el decreto 2752/91 y el decreto 2275/94) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar (del 10 al 13%) las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superan el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-.
Así, resulta claro que la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 no se dictó con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas tributarias, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). Por ello, y porque no ha sido objeto de ratificación posterior por el Congreso de acuerdo al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte, las alícuotas incrementadas por dicha normativa padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable que embarga a la mencionada resolución (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11).
En consecuencia, las alícuotas incrementadas por la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 -3% en comparación con el decreto 509/07- deben considerarse como incrementadas con base en una norma nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de la actora deviene legítimo y procedente.
VIII. Moneda en que se deben devolver los derechos: Dicho lo anterior, se aclarará lo referido a la moneda en que deben devolverse los derechos de exportación abonados en demasía, en atención a la controversia que tiene como punto focal la aplicación del precedente de la Corte Suprema in re “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A c/ DGA)” del 15.05.14. No comparto el criterio sentado por la Corte en el referido precedente, conforme los fundamentos expuestos en mis votos disidentes en las causas “MONSA S.R.L.” (Expte. 32.261-A, 03.07.19); “TETRA PAK SRL” (Expte. 38.243-A, 21.08.19); “CURCIJA S.A.” (Expte. 30.506-A, 30.08.19) y “COFCO International Argentina S.A.” puntos VI y VII (EX- 202 1-1082 12085-APN-SGASAD#TFN, 18.10.22) los que se consideran integrando y fundamentando este pronunciamiento.
No resulta ocioso recordar, una vez más, que, cuando el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905 se establece que los tributos aduaneros se determinarán en dólares, el legislador usa una expresión técnica, precisa, propia de nuestra legislación tributaria -determinación-, comprensiva tanto de: a) los procedimientos de deficiencia fiscal (cuando hay una deuda del contribuyente con el Fisco) que tramitan mediante los procedimientos de determinación de oficio (en materia impositiva) o impugnación (en materia aduanera); b) los procedimientos de repetición de impuestos (cuando el contribuyente los pagó en exceso, generándose un crédito fiscal a su favor que el estado debe honrar). Ambos procedimientos -impugnación y repetición- tienen carácter jurídico de determinación, expresión técnica usada por el legislador en los arts. 11, 14, 16, 81, 83 y concordantes de la ley 11683, como en las normas respectivas del Código Aduanero, del Acuerdo de Valor del GATT y demás legislación tributaria (ver mis votos referidos supra). Se trata de la misma expresión técnica utilizada por el legislador en el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905, no pudiendo aducirse su inconsecuencia o imprevisión (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros).
La palabra “determinación”, pese a lo que sostiene la Corte en el considerando 6º de “CENCOSUD”, no se limita a los montos “adeudados por los contribuyentes”, ni puede confundirse con la franquicia -de carácter liquidatorio- del párrafo segundo del mismo art. 20 de la ley 23.905, que habilita a cancelar en pesos las deudas de tributos aduaneros determinadas en dólares.
Tratándose los tributos repetidos en autos de diferencias de derechos de exportación que se determinan en dólares (ley 23.905. art. 20, párrafo primero) y siendo que la diferencia asciende a la suma de U$S5.154,77, ésta es la suma de capital que corresponderá devolver, con sus intereses resarcitorios. Para su pago la Aduana podrá hacer uso de la franquicia del art. 20, segundo párrafo de la ley 23.905 y cancelarlos al tipo de cambio oficial –vendedor- del día anterior al de su efectiva cancelación.
IX. Por todo lo anterior, VOTO POR:
1. Revocar la resolución 17/2019 (AD GUAL), dictada en marco de las actuaciones administrativas 12492-221-2018, alcances 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, haciendo lugar a la devolución de la suma abonada en exceso en concepto de derechos de exportación con relación a los permisos de embarque 12026EC01007396J, 12026EC01001480D, 12026EC01001615D, 12026EC01001788Y, 12026EC01001986Y, 12026EC01002254D, 12026EC01002450B y 12026EC01002661F.
2. Declarar que corresponde devolver la suma de U$S5.154,77 conforme lo expuesto en el considerando VIII, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
3. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto del Dr. Juan Manuel Soria.
II. Que, no es factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa.
III. Cabe destacar que, La resolución conjunta 27 y 29 del año 2008 se dicta en función de lo previsto en la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero), en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92), sus modificaciones, y en el Artículo 22 del Decreto Nº 509/07.
IV. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
Que la pretensión de la recurrente se sustenta, precisamente, en que ella considera invalidos los derechos de exportación establecidos en ejercicio de aquellas facultades. En consecuencia, resultando aplicable al caso la doctrina legal señalada, corresponde rechazar la repetición pretendida y confirmar la resolución apelada.
V. Que sin perjuicio de ello, y en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad.
La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
VI. Por último, y a modo de refuerzo cabe destacar que las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-
24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación ”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
VII. Que, en virtud de la solución adoptada respecto de la pretensión de repetición, deviene inoficioso el tratamiento de los restantes agravios vinculados con las modalidades y consecuencias de una eventual devolución, por cuanto carecen de aptitud para modificar lo decidido.
VIII. En relación a las costas, por la forma en que se resuelve, resulta procedente imponer las costas a la parte actora vencida (art. 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la resolución 17/2019 (AD GUAL), dictada en marco de las actuaciones administrativas 12492-221-2018, con costas (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez En virtud de la votación precedente, SE
Confirmar la resolución 17/2019 (AD GUAL), dictada en marco de las actuaciones administrativas 12492-221-2018, con costas (art. 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Segura por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2026.09.18 13:00:22 ART Date: 2026.09.18 13:52:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.18 14:34:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.18 14:34:44 -03:00
Fin de la sentencia