Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2025-23241136-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2Rechazar el planteo de falta de legitimación activa de la actora opuesta por el Fisco, sin costas.
3Confirmar la resolución RESOL-2025-59-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX-2023-00490592--AFIPSRRODVMENT#DGCTI, con costas a la parte actora (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-72739798-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Julio de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Claudia Beatriz Sarquis (subrogante) a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, expediente EX-2025-23241136- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2025-23239881-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2025-59-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas EX-2023-00490592- -AFIPSRRODVMENT#DGCTI, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de u$s7.128,00 vinculado al Permiso de Embarque (“PE”) 16057EC01010832M con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 133/15-. Hace una breve descripción de los antecedentes y de la actividad que desarrolla la empresa. Seguidamente fundamenta el recurso y argumenta graves inconsistencia en la resolución.
Entiende que la División Aduanera resolvió denegar las solicitudes de repetición apartándose del procedimiento establecido por el propio Código Aduanero (“CA”), utilizando fundamentos poco claros que tergiversaron la pretensión de la empresa. Manifiesta que el acto administrativo para ser válido, requiere ser causado y expresar en forma concreta las razones que lo motivan, debiendo, a su vez, encontrar pleno sustento en el derecho aplicable. Agrega que el debido proceso impone la adecuada tutela del derecho del administrado a ser oído, a ofrecer pruebas y a poder producirlas correspondientemente, circunstancia que no ha sido tenida en cuenta en las actuaciones que se apelan. Señala que el fundamento de las acciones interpuestas en sede administrativa se mantiene en el presente recurso, y es la configuración de un enriquecimiento sin causa por parte de la administración.
Hace mención de que dichos importes fueron improcedentes a toda luz, por haber sido calculados en base a una alícuota establecida mediante decreto, situación que, de acuerdo a los preceptos expuestos y las decisiones de la Corte Suprema (“CSJN”) respecto de hechos de idéntica naturaleza, contraviene principios básicos de máxima jerarquía contemplados en la Constitución (“CN”) entre otros, el principio tributario de legalidad o reserva de ley. Este principio implica que la imposición de tributos a los habitantes de la nación sólo puede efectuarse mediante la sanción formal de una Ley, a través del Poder Legislativo. Cita el fallo “Camaronera” y argumenta que la CSJN consideró que el actual art. 76 de la CN -posterior a la reforma- prohíbe la delegación legislativa, permitiéndola únicamente en casos de emergencia pública y en materia de administración, bajo ciertos requerimientos y condiciones, lo que a su vez resulta ratificado por el art. 99 inc. 3 del mismo texto legal, el cual prohíbe al Poder Ejecutivo (“PEN”) emitir decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria.
Añade que habiendo llegado la CSJN a la conclusión de que los Derechos de Exportación tienen indudable naturaleza tributaria, su imposición jamás podría ser realizada a través de un decreto del PEN ya que ello es contradictorio a los principios, derechos y garantías establecidos en la CN. Añade que nuestra CN prevé entre otros, el principio de legalidad, que apunta a la inaplicabilidad de cualquier clase de tributo, siempre y cuando no haya una ley previa que determine su creación, características esenciales y alcance. Menciona el art. 99, inc. 3 de la CN, cuyo texto prohíbe específicamente al PEN emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable y el art. 76 del mismo plexo legal.
Plantea la Invalidez de las leyes 25.561 y 22.415 para dotar de legalidad a la resolución 11/02. Expresa que el decreto en cuestión no fue objeto de una delegación ni obtuvo la debida ratificación mediante una ley formal emanada del PLN (como así tampoco del tratamiento establecido por la ley 26.122, del cual el Decreto 509/2007 sí tuvo y estableció alícuotas a derechos de exportación), las alícuotas allí establecidas devinieron ilegítimas por encontrarse apartadas en su creación del principio de legalidad y reserva en materia tributaria; todo conforme las conclusiones del Máximo Tribunal en el fallo “Camaronera”. Realiza una síntesis de todo lo argumentado. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Mediante IF-2025-52695324-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas EX-2023-00490592- -AFIPSRRODVMENT#DGCTI. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. Argumenta que la interpretación que efectúa la recurrente del fallo “Camaronera” es desacertada. Cita los artículos 664 y 755 del CA y jurisprudencia que hace a su derecho. Explica que la delegación establecida por el art. 755 se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía que ameritan en determinadas situaciones, la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos del debate que requiere el dictado de una ley. Manifiesta que la actora no optó correctamente por la vía procesal en relación con su pretensión atento a que discute la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto 133/15, debiendo haber interpuesto demanda contenciosa ante la Justicia Federal. Señala que el Tribunal Fiscal no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad (art. 1164 del CA). En subsidio, solicita se rechace la repetición pues la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. Indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. El 22.05.25 se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas EX-2023-00490592- -AFIPSRRODVMENT#DGCTI se inician con fecha 14.03.23 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 16057EC01010832M. Realizados diferentes pases para su tramitación, con fecha 22.03.24 (IF-2024-00729026-AFIP-SESUADSALO#SDGOAI) la Sección Sumarios remite las actuaciones, a los fines de que se confeccione el informe técnico, el que se emite igual fecha (IF- 2024-00734427-AFIP-SEISDVOSAL#SDGOAI) y se certifique el pago efectuado, lo que se hace con fecha 25.03.24 (IF- 2024-00752400-AFIP-SEFIADSALO#SDGOAI). El 26.11.24 se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar la prueba informativa y pericial ofrecida (PV-2024-04128468-AFIP-ADSALO#SDGOAI). La parte interpone recurso de revocatoria, el que le es rechazado con fecha 09.12.24 (RESOL-2024-1352-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI). Sin más trámite, con fecha 07.02.25 se dicta la resolución RESOL-2025-59-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, por cual se rechaza la repetición solicitada. Las actuaciones administrativas EX-2023-00490592- -AFIP-SRRODVMENT#SDGCTI contiene como archivos embebidos: print de pantalla del SIM, PE 16057EC01010832M, solicitud de repetición, poder de la actora, cédulas SICNEA, recurso de revocatoria.
V. En primer lugar, corresponde tratar los agravios de la actora en cuanto a los planteos de inconsistencias de la resolución aduanera apelada y la solicitud de nulidad formulada (puntos IV.a.- y IV.c.- del recurso de apelación). Del análisis de los antecedentes, no surge que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia. Nótese, que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente a fin de ejercer su derecho de defensa. Asimismo, se observa que la resolución aduanera apelada en autos, fue dictada conforme lo establecido por el art. 7 de ley 19.549, contando con los requisitos esenciales del acto administrativo (dictada por autoridad competente, contiene objeto determinado o determinable, tiene finalidad pública, se encuentra debidamente motivada y fue dictada de acuerdo al procedimiento administrativo establecido por ley). En tal sentido, que los fundamentos del servicio aduanero en la resolución apelada no conformen los argumentos planteados por la actora, no convierten en nula a dicha resolución. En consecuencia, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas por la recurrente, con costas.
VI. Por otro lado, en orden a las cuestiones planteadas por las partes, corresponde tratar el planteo de la Aduana de falta de legitimación de la actora para repetir los tributos. Considero que debe rechazarse con fundamento en que la Aduana no probó su pretensión del modo fehaciente que exige su procedencia sustancial.
VII. Corresponde resolver pues en autos si la resolución apelada -RESOL-2025-59-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI- en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de U$S7.128,00, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 16057EC01010832M. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en PA 2302.50.00.100A –Pellets de cáscara de soja – De leguminosas SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O DE OTROS TRATAMIENTOS DE LOS CEREALES O DE LAS LEGUMINOSAS, INCLUSO EN –PELLETS- abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 133/15 que fijó, para esa PA, una alícuota del 27% (Ver art. 1 y Anexo I del referido decreto).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -08.11.16 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora manifiesta que la normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 690/02 (BO: 26.04.02), que estableció una alícuota del 5% para la PA objeto de autos.
VII.1. Corresponde señalar, en primer lugar, que mediante el decreto 2275/94 (BO: 30.12.94) se aprobó en el orden nacional la nomenclatura única basada en el sistema armonizado de designación y codificación de mercaderías, sustituyéndose la nomenclatura del comercio exterior (NCE) por la nomenclatura común del MERCOSUR (NMC) (art. 1 y anexo I). Dicha norma ubicó al pellet de cáscara de soja en la PA 2302.50.00.100A.
Posteriormente se dictó la resolución 11/02 del Ministerio de Economía (BO: 05.03.02), que fijó una alícuota de derechos de exportación del 10% para todas las mercaderías ubicadas en su anexo (art. 1 y anexo), y una alícuota del 5% para todas las mercaderías no consignadas en el referido anexo (art. 2). Bajo este marco, el pellet de cáscara de soja quedó gravado con una alícuota del 5%, atento a que la PA 2302.50.00.100A no fue consignada en el anexo de la resolución 11/02. Luego se dictó la resolución 35/02 del Ministerio de Economía (BO: 08.04.02), que fijó una alícuota de derechos de exportación del 20% para todas las mercaderías ubicadas en su anexo (art. 1 y anexo), manteniendo la alícuota de derechos de exportación fijada por la resolución 11/02 para todas las mercaderías no incluidas en su anexo (art. 2). La PA 2302.50.00.100A no fue incluida en el anexo de la nueva resolución, por lo que se mantuvo gravada a una alícuota de derechos de exportación del 5%.
Más tarde se dictó el decreto 690/02 (BO: 26.04.02), mediante el cual se sustituyó el anexo I del decreto 2275/94, estableciéndose la nueva nomenclatura común del MERCOSUR (NMC) (art. 1). Este decreto, si bien modificó los anexos de las resoluciones 11/02 y 35/02, continuó dejando fuera de ambos a la PA 2302.50.00.100A, por lo que la alícuota siguió siendo del 5%. Posteriormente, mediante el art. 19 del decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo en 5% la alícuota de derechos de exportación para esta PA.
Finalmente, mediante el dictado del decreto 2014/13 (BO: 02.12.13) se incorpora al Anexo XIV del Decreto 509/07 la posición arancelaria en trato, elevándole la alícuota al 32%.
La PA 2302.50.00.100A no sufrió variaciones en su alícuota de derechos de exportación hasta el dictado del decreto 2014/13 (BO: 02.12.13) que la elevó al 32% y después con el decreto 133/15 (BO: 17.12.15) que se la baja al 27% (ver art. 1 y Anexo I).
VII.2. Sentado lo que antecede, corresponde evaluar la validez legal de los decretos 2014/13 y 133/15, en cuanto aumentó y después bajó las alícuotas, respectivamente, de derechos de exportación para la mercadería en trato. Para ello, es menester recordar, que el art. 76 de la Constitución establece, como requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante (en el caso, decreto 2014/13 y decreto 133/15), tres exigencias claras: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio.
Asimismo, no puede dejar de señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece, para la materia tributaria, el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución. Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado de los decretos (art. 99 inc.1 de la Constitución y art. 755 del CA) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar y luego bajar las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superan el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-. Así, resulta claro que los decretos 2014/13 y 133/15, en cuanto aumentó y bajó las alícuotas de derechos de exportación para la mercadería ubicada en la PA 2302.50.00.100A, no se dictaron con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas tributarias, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”).
Por ello, y porque no fue objeto de ratificación posterior por el Congreso de acuerdo al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte, las alícuotas incrementadas por dicha normativa padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable que embarga a la mencionada resolución (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11). En consecuencia, las alícuotas incrementadas o bien -posteriormente- disminuidas para esta PA por los decretos 2014/13 y 133/15, respectivamente, deben considerarse como incrementadas o bajadas con base en una norma nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de la actora deviene legítimo y procedente, siendo válida la alícuota del 5% establecida por el decreto 509/07. En efecto, siendo constitucionalmente válida solamente la alícuota del 5%, ya sea la del 32 % -del decreto 2014/13- o la del 27% -del decreto 133/15 que redujo la primera- son siempre alícuotas más altas inválidas -por emerger de normas rígidamente nulas- respecto a la única alícuota válida desde el punto constitucional, más baja, siendo pues procedente el reclamo de la actora.
VIII. Moneda en que se deben devolver los derechos: Dicho lo anterior, se aclarará lo referido a la moneda en que deben devolverse los derechos de exportación abonados en demasía, en atención a la controversia que tiene como punto focal la aplicación del precedente de la Corte Suprema in re “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A c/ DGA)” del 15.05.14. No comparto el criterio sentado por la Corte en el referido precedente, conforme los fundamentos expuestos en mis votos disidentes en las causas “MONSA S.R.L.” (Expte. 32.261-A, 03.07.19), “TETRA PAK SRL” (Expte. 38.243-A, 21.08.19-A), “CURCIJA S.A.” (Expte. 30.506-A, 30.08.19-A) y “COFCO International Argentina S.A.” puntos VI y VII (EX-202 1-1082 12085-APN-SGASAD#TFN), los que se consideran integrando y fundamentando este pronunciamiento. No resulta ocioso recordar, una vez más, que, cuando el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905 se establece que los tributos aduaneros se determinarán en dólares, el legislador usa una expresión técnica, precisa, propia de nuestra legislación tributaria -determinación-, comprensiva tanto de: a) los procedimientos de deficiencia fiscal (cuando hay una deuda del contribuyente con el Fisco) que tramitan mediante los procedimientos de determinación de oficio (en materia impositiva) o impugnación (en materia aduanera); b) los procedimientos de repetición de impuestos (cuando el contribuyente los pagó en exceso, generándose un crédito fiscal a su favor que el estado debe honrar). Ambos procedimientos -impugnación y repetición- tienen carácter jurídico de determinación, expresión técnica usada por el legislador en los arts. 11, 14, 16, 81, 83 y concordantes de la ley 11683, como en las normas respectivas del Código Aduanero, del Acuerdo de Valor del GATT y demás legislación tributaria (ver mis votos referidos supra). Se trata de la misma expresión técnica utilizada por el legislador en el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905, no pudiendo aducirse su inconsecuencia o imprevisión (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros).
La palabra “determinación”, pese a lo que sostiene la Corte en el considerando 6º de “CENCOSUD”, no se limita a los montos “adeudados por los contribuyentes”, ni puede confundirse con la franquicia -de carácter liquidatorio- del párrafo segundo del mismo art. 20 de la ley 23.905, que habilita a cancelar en pesos las deudas de tributos aduaneros determinadas en dólares.
Tratándose los tributos repetidos en autos de diferencias de derechos de exportación que se determinan en dólares (ley 23.905. art. 20, párrafo primero), ésta es la moneda en la que efectuarse su devolución, con sus intereses resarcitorios. Para su pago la Aduana podrá hacer uso de la franquicia del art. 20, segundo párrafo de la ley 23.905 y cancelarlos al tipo de cambio oficial –vendedor- del día anterior al de su efectiva cancelación.
IX. Costas: En relación a las costas, se imponen a la Aduana vencida (art. 1163 del CA).
X. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Rechazar la defensa de falta de legitimación activa de la actora opuesta por el Fisco, sin costas.
3. Revocar la resolución RESOL-2025-59-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el marco de las actuaciones EX-2023-00490592- -AFIPSRRODVMENT#DGCTI, declarando que corresponde devolver a la actora la suma de Dólares Siete Mil Ciento Veintiocho -u$s7.128,00; conforme lo establecido en el considerando IX.-, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
4. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al VI del Voto del Dr. Juan Manuel Soria.
II. Cabe destacar que, el Decreto 133/2015 se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificatorias.
III. Dicho ello, cabe aclarar que, a criterio del suscripto, no es factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa.
IV. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
V. Que, asimismo, corresponde reseñar que la ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria y económica y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas de los Derechos de Exportación, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15) que extendió su vigencia hasta el 31.12.17. En consecuencia, al momento del dictado del decreto 509/07 -como pretende la actora que sean liquidados los tributos- las condiciones de emergencia cambiaria determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación, extendiéndose hasta el año 2017. En tal sentido, durante un periodo de 15 años desde su creación y mediante sus sucesivas prórrogas existió una indubitable y clara voluntad del Congreso de gravar con derechos de exportación a las operaciones de este tipo, como sucedió con el dictado del Decreto 133/2015 en el mes de diciembre del año 2015.
VI. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad.
La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
VII. Por último, cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario comentado ut-supra, donde con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022- 40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “ Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683): “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
VIII. En relación a las costas, por la forma en que se resuelve y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas a la parte actora (art. 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Rechazar el planteo de falta de legitimación activa de la actora opuesta por el Fisco, sin costas.
3. Confirmar la resolución RESOL-2025-59-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX-2023-00490592--AFIPSRRODVMENT#DGCTI, con costas a la parte actora (art. 1163 del C.A.). La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Rechazar el planteo de falta de legitimación activa de la actora opuesta por el Fisco, sin costas.
3. Confirmar la resolución RESOL-2025-59-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas EX-2023-00490592--AFIPSRRODVMENT#DGCTI, con costas a la parte actora (art. 1163 del C.A.). Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.07.04 13:32:18 ART Date: 2025.07.04 14:32:43 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.07.04 17:57:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.04 17:58:14 -03:00
Fin de la sentencia