Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-21138833-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2Confirmar la resolución RESOL-2024-70-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-1775-2017/8, con costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-78330193-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Julio de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14a. Nominación está vacante), a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINO CAÑUELAS SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, expediente EX-2024-21138833- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2024-21135914-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma MOLINO CAÑUELAS SA e interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2024-70-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1775-2017/8, mediante la cual no se hace lugar a la solicitud de devolución de U$S203.817,12 vinculado al Permiso de Embarque (“PE”) 12057EC01009875A con más intereses -importe pagado en concepto de derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo mediante Resolución 182/08-. Hace una breve descripción de los antecedentes y de la actividad que desarrolla la empresa. Seguidamente fundamenta el recurso y argumenta graves inconsistencia en la resolución. Entiende que la División Aduanera resolvió denegar las solicitudes de repetición apartándose del procedimiento establecido por el propio Código Aduanero (“CA”), utilizando fundamentos poco claros y disuasivos que tergiversaron lo estrictamente requerido por la empresa.
Manifiesta que el acto administrativo para ser válido, requiere ser causado y expresar en forma concreta las razones que lo motivan, debiendo, a su vez, encontrar pleno sustento en el derecho aplicable. Aclara que resolución apelada presenta deficiencias ostensibles en su motivación, toda vez que la Aduana resolvió el rechazo de la repetición por entender que la Compañía abonó conforme la normativa vigente, que a su juicio aquella era la resolución 368/07 y el decreto 100/12, cuando en realidad, las operaciones fueron gravadas por la Resolución 182/08. Agrega que el debido proceso impone la adecuada tutela del derecho del administrado a ser oído, a ofrecer pruebas y producirlas correspondientemente, circunstancia que no ha sido tenida en cuenta en las actuaciones que se apelan.
Señala que el fundamento de las acciones interpuestas en sede administrativa se mantiene en el presente recurso, y es la configuración de un enriquecimiento sin causa por parte de la administración. Hace mención de que dichos importes fueron improcedentes a toda luz, por haber sido calculados en base a una alícuota establecida mediante resoluciones ministeriales, situación que, de acuerdo a las decisiones de la Corte Suprema (“CSJN”) respecto de hechos de idéntica naturaleza, contraviene principios básicos de máxima jerarquía contemplados en la Constitución (“CN”); entre otros, el principio tributario de legalidad o reserva de ley. Este principio implica que la imposición de tributos a los habitantes sólo puede efectuarse mediante la sanción formal de una ley, por el Poder Legislativo.
Cita el fallo “Camaronera” y argumenta que la CSJN consideró que el actual art. 76 de la CN -posterior a la reforma- prohíbe la delegación legislativa, permitiéndola únicamente en casos de emergencia pública y en materia de administración, bajo ciertos requerimientos y condiciones; ello está ratificado por el art. 99 inc. 3 del mismo texto legal, el cual prohíbe al Poder Ejecutivo (“PEN”) emitir decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. Añade que habiendo llegado la CSJN a la conclusión de que los Derechos de Exportación tienen indudable naturaleza tributaria, su imposición jamás podría ser realizada a través de un decreto del PEN. Expresa que el decreto en cuestión no fue objeto de una delegación ni obtuvo la debida ratificación mediante una ley formal (como así tampoco del tratamiento establecido por la ley 26.122, del cual el decreto 509/2007 sí tuvo y estableció alícuotas a derechos de exportación).
Realiza una síntesis de todo lo argumentado y realiza consideraciones finales, que acentúa todo lo manifestado en su recurso. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que mediante PV-2024-89617607-APN-VOCXIII#TFN de fecha 21.08.24, se declara rebelde a la representación fiscal, conforme los arts. 1149 (modificado por la Ley 27.430), 1148 y siguientes del Código Aduanero, y se la íntima para que el plazo de diez (10) días remita las actuaciones aduaneras involucradas en la presente causa. Lo que cumple con fecha 06.09.24 (PV-2024-89617607-APN-VOCXIII#TFN).
III. Que con fecha 11.09.24 se abre la presente causa a prueba (PV-2024-98397927-APN-VOCXIII#TFN). Luego se tiene por desistido el derecho a la producción de la prueba (art. 45 RTFN) y se elevan los autos a la Sala “E”. Con fecha 17.07.25 se llaman autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas 17134-1775-2017/8 se inician el 05.10.20 con la reiteración de la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 12057EC01009875A presentada el 22.12.17. Se agrega el alcance 17134-1776-2017. Se agrega print de pantalla carga/edición de expedientes, resumen de devolución cargada y SIM. A fs. 54ref., el 30.11.23, la Sección Inspección Simultanea emite como opinión que no corresponde dar curso a lo solicitado. A fs. 57, el 19.12.23 no se hace lugar la prueba ofrecida. La parte interpone recurso de revocatoria (fs. 62). El 01.02.24 se dicta la resolución RESOL-2024-70-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, por cual se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto y la repetición solicitada (fs. 63/64).
V. En primer lugar, corresponde tratar los agravios de la actora en cuanto a los planteos de inconsistencias de la resolución aduanera apelada y la solicitud de nulidad formulada (puntos IV.a.- y IV.c.- del recurso de apelación). Del análisis de los antecedentes, no surge que en sede aduanera se hubieren producido errores o vicios, que causaren a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia. Nótese, que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa. Asimismo, se observa que la resolución aduanera apelada en autos, fue dictada conforme lo establecido por el art. 7 de ley 19.549, contando con los requisitos esenciales del acto administrativo. En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a las nulidades planteadas por la recurrente, con costas.
VI. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -RESOL-2024-70-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINO CAÑUELAS SA, se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de U$S203.817,12, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 12057EC01009875A. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1507.10.00.100Q –A granel (Ley 21.453) – Aceite en bruto, incluso desgomado ACEITE DE SOJA (SOYA) Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución 182/08 (BO: 21.07.08) que fijó, para esa PA, una alícuota del 32% (Ver art. 1 y Anexo de la referida de la resolución).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -17.10.12 para el PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de las resoluciones involucradas, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14.
VII. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad a la resolución ME 35/02 se dictó la resolución MEyP 10/07 (BO: 12.01.07), que estableció para la PA de autos un derecho de exportación adicional del 4%, llevando la alícuota al 24%. Posteriormente, mediante el decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo, para la PA de autos, el derecho de exportación adicional creado por la mencionada resolución MEyP 10/07, fijándose en consecuencia una alícuota de derechos de exportación del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto). Luego se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “LDC ARGENTINA SA c/ Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A, sentencia del 22.02.23, a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo).
Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 32% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones -MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 32% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08. Siendo la fecha de cierre de venta de la mercadería del PE de autos (12057EC01009875A) posterior al 16.01.08 –es el 17.10.12, ver en el PE agregado a las actuaciones administrativasdeben rechazarse los agravios de la actora en cuanto a la invalidez de la alícuota del 32 % aplicable. Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “LDC ARGENTINA SA” Expte. 38.204-A, las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 32% son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14.
En consecuencia, corresponde rechazar los agravios expuestos por la actora respecto de la denegatoria de la repetición que intentó -por ser defectuoso su planteo jurídico- y confirmar la resolución apelada.
VIII. Costas: En relación a las costas, atento a que se aplica jurisprudencia del tribunal que data del 22.02.23 ("LDC Argentina S.A." Expte. 38.204 y "Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A." EX-2020-563974379- -APN-SGASAD#TFN) deben imponerse a la actora vencida (art. 1163 del CA).
IX. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2024-70-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-1775-2017/8, con costas a la actora.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al IV del Voto del Dr. Juan Manuel Soria.
II. Que adhiero a los argumentos expuestos en el Considerando V -y a su conclusión- respecto a no hacer lugar a las nulidades planteadas, con costas.
III. Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria con fundamento en las consideraciones y argumentos expuestos en su voto, toda vez que, conforme aalí se explicita y demuestra, la Resolución MEyP 182/08 dictada por el Poder Ejecutivo Nacional en el ejercicio de sus facultades, ha gozado de una clara convalidación por el Congreso de la Nación y en consecuencia, los derechos de exportación en ella fijados resulta legítivamente exigibles y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 12057EC01009875A, correspondiendo en consecuencia confirmar la resolución RESOL-2024-70-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, en cuanto deniega la acción de repetición interpuesta por la actora, con costas.
IV. Cabe destacar que, la Resolucion MEP 182/2008 se dicta en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 755 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero), por el Artículo 19 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92 y sus modificaciones), y por los Decretos Nros. 2752/91 y 2275/94.
V. Dicho ello, cabe aclarar que, a criterio del suscripto, no es factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa.
VI. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
VII. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad.
La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
VIII. Por último, cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. …”.
IX. En relación a las costas, por la forma en que se resuelve y atento que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha anterior a la interposición del presente recurso, resulta procedente imponer las costas a la parte actora (art. 1163 del C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2024-70-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-1775-2017/8, con costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
En virtud de la votación precedente, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2024-70-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas 17134-1775-2017/8, con costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.07.18 13:50:53 ART Date: 2025.07.18 14:04:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.07.18 14:05:13 -03:00
Fin de la sentencia