Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.203-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 49/17 (AD NECO), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 14517-53-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-58248222-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 30 de Mayo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente 38.203-A El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Decidir si la Resolución 49/17 (AD NECO), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 14517-53-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa de $2.248.499,75 por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A. resulta ajustada a derecho.
II. Fundamento del recurso de apelación: A fs. 64/81 se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución indicada ut supra. Refiere al Informe Técnico Nro. 30/12, fundamento de la denuncia, sosteniendo que la Aduana consideró que cometió una infracción en relación al permiso de embarque 07040EC01000734E al haber vendido la mercadería allí declarada a una empresa vinculada de Uruguay –Molino Americano S.A.- a un precio inferior al precio que ésta última revendió luego la mercadería a Mohinos Cruzeiro Do Sul, empresa independiente domiciliada en Brasil. Afirma que la elaboración del informe referido es genérica, teórica y abstracta y no tiene relación alguna con la operación en análisis.
Expone que la Aduana invirtió la lógica de instrucción de un sumario, ya que en lugar de investigar los hechos y la transacción específica, para luego imputar la infracción, tomó como punto de partida otro informe –posiblemente utilizado en otro caso- y pretendió adecuar la transacción al informe. Agrega que lo inexacto hubiese sido declarar otro valor que el efectivamente acordado y percibido del comprador. Sostiene que la Aduana imputa una infracción basándose en normas inaplicables a la cuestión, como la Ley de Impuesto a las Ganancias. Plantea la nulidad de la resolución apelada, afirmando que la Aduana rechazó la producción de todas las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera, siendo que luego, pretende fundar la pena en la falta de actividad probatoria propuesta, lo que convierte al acto apelado en arbitrario, carente de motivación y fundamentos, habiéndose vulnerado su derecho de defensa y la garantía del debido proceso.
Cita jurisprudencia. En subsidio de lo expuesto, solicita se declare la extinción de la acción penal por haberse violado su derecho a ser juzgada en un plazo razonable. En cuanto al fondo del asunto, expone que en el caso no se ha configurado declaración inexacta, ya que la Aduana no ha aportado en las actuaciones ningún elemento que legítimamente pueda sostener el cuestionamiento de su declaración. Afirma que el informe de la Aduana es abstracto y no se condice con la operación en concreto. Manifiesta que el servicio aduanero se limita a afirmar que ha existido una diferencia de valor, sin advertir que se trata de dos ventas distintas, cumplidas en momentos distintos y con cotizaciones internacionales distintas.
Explica que en el caso se trata de una operación registrada bajo la Ley 21.453, siendo que cerró la venta con Molino Americano SA el 6 de septiembre de 2006, cuando la cotización internacional de la mercadería era de aprox. u$s 172 por tonelada, por lo que registró la respectiva DJVE que amparaba el contrato de venta por u$s 177,50 por tonelada y con entrega en julio de 2007. En esa fecha fue cumplida la exportación, en parte, por el permiso de embarque aquí cuestionado, cuando la cotización internacional de la mercadería ascendía aprox. a u$s 248. Concluye que con dicha exportación cumplió el contrato acordado con 10 meses de antelación y desconoce los términos de la venta entre su cliente el importador brasilero debido a que se trata de una transacción ajena y en la cual no participó.
Agrega que entre septiembre de 2006 y julio de 2007, la cotización internacional de la mercadería exportada sufrió un incremento del 45%, conforme cuadro que acompaña. Afirma que la Aduana se equivoca al fundar su ajuste en la Ley de Impuesto a las Ganancias, ya que desde dicho punto de vista la operación no mereció ningún tipo de ajuste en materia de precios de transferencia. Concluye que por todo ello no se ha comprobado ninguna inexactitud en la declaración de exportación. En subsidio, se agravia de la desproporción de la sanción aplicada en cinco veces el monto infraccional imputado, sosteniendo que los antecedentes a los que se hace referencia no cumplen con las exigencias de los art. 927 y 928 del C.A.
Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del fisco: A fs. 88/94 se presenta el fisco y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. En relación con la nulidad planteada por la contraria, sostiene que la Aduana ha seguido el procedimiento previsto en la legislación aduanera, conforme surge de las actuaciones administrativas. Cita jurisprudencia. Agrega que por dicho motivo tampoco corresponde aplicar al caso la garantía del plazo razonable, entendiendo que corresponde diferenciar un procedimiento por infracciones aduaneras que un procedimiento netamente penal en donde un acusado se encuentra privado de su libertad. En cuanto al fondo del asunto, refiere al art. 954 del C.A. y al bien jurídico tutelado. Alega que la venta posterior no tiene relevancia en el caso, siendo que, al no declarar la vinculación existente, ocultó un dato que impacta directamente en la diferencia detectada. Afirma que la evidencia de las inexactitudes en las declaraciones de la firma exportadora, no fue desvirtuada por ella. Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos. En cuanto a la graduación de la sanción, expone que la contraria cuenta con numerosos antecedentes en el Registro de Infractores, cuyas constancias fueron agregadas en las actuaciones administrativas, por lo que la conducta y la gravedad de los hechos dan sustento a la graduación de la sanción efectuada por el servicio aduanero. Efectúa reserva de caso federal. Acompaña las actuaciones administrativas. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
IV. Que a fs. 95 se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido y se abre la causa a prueba, la que obra agregada a fs. 110/124, 130, 140/188 y fs. 191/242. Con posterioridad, se certifica la prueba, se declara que el período probatorio ha concluido, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen para alegar. Agregados los alegatos pertinentes, los autos pasan a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas SIGEA 14517-53-2012 se inician con el Informe Técnico N° 030/12 (SE FEBB), fundamento de la denuncia efectuada. A fs. 12/14 obran impresiones de pantalla extraídas del sistema INDIRA. A continuación luce acta de denuncia por la cual se imputa a la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA la presunta comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A. A fs. 16 se agrega la carpeta contenedora de la destinación de exportación 07040EC01000734E aquí cuestionada. A fs. 19 se calcula la multa mínima aplicable. A fs. 20/21 se instruye sumario y se corre vista a la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA de todo lo actuado, la que resulta notificada el 27.09.12. A fs. 33/38 vta. la firma exportadora efectúa su descargo y acompaña documental que obra a fs. 44/56. A fs. 38 se provee la presentación de la firma MOLINO CAÑUELAS. A fs. 73/74 obra informe técnico. A fs. 85/131 se agregan las consultas efectuadas al Registro de Infractores. A fs. 132/135 luce dictamen jurídico. Finalmente, se dicta la Resolución 49/17 (AD NECO), aquí apelada.
VI. En primer lugar corresponde tratar la nulidad de la resolución apelada, opuesta por la actora, con fundamento en que resulta arbitraria, carente de motivación y fundamento, por haberse rechazado todas las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera, lo que vulnera su derecho de defensa y la garantía del debido proceso.
En tal sentido cabe precisar que no se advierte cuál es el agravio concreto invocado por la recurrente, ya que de la lectura de la resolución apelada se observa la expresión de los motivos que fundamentan la condena por la comisión de la infracción imputada y que se basa, a su vez el dictamen e informes agregados en las actuaciones administrativas. Estos motivos –si bien pueden o no compartirse- excluyen considerar a la resolución apelada como carente de fundamentación. En relación con la vulneración del debido proceso por haberse rechazado las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera cabe señalar que, dada la posibilidad que tienen las partes, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que ello así, corresponde rechazar el planteo efectuado por la actora en este sentido, ya que el vicio alegado no le causa indefensión o gravamen que no puede ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal.
Resulta de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205-549 y 267-393).
VII. Que corresponde rechazar asimismo la solicitud de la actora de que se declare la extinción de la acción penal por haberse violado su derecho a ser juzgada en un plazo razonable al que hace referencia el art. 18 de la C.N. (integrado con el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica).
Que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la recurrente referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento a que en dicha causa se trataba de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional el cual se encuentra dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el C.A.
VIII. Que sentado ello, corresponde resolver en autos si se ha configurado la infracción tipificada en el art. 954 ap. 1, inc c), del CA, en relación a la destinación de exportación 07040EC01000734E. El fundamento de la imputación radica en la existencia de una presunta subfacturación de la mercadería exportada.
Que, en lo que aquí interesa, de la Informe Técnico N° 030/12 (SE FEBB) obrante a fs. 1/10 de las actuaciones administrativas resulta lo siguiente:
• En el caso que se analiza el exportador (MOLINO CAÑUELAS SACIFIA) vende la mercadería a una sociedad perteneciente al mismo grupo empresarial ubicada en Uruguay (MOLINO AMERICANO SA), quien aparece como vendedora de la mercadería a un precio superior, a una firma brasileña (MOINHOS CRUZEIRO DO SUL)
con la que no tendría vinculación.
• Concretamente, por el permiso de embarque 07040EC01000734E, MOLINO CAÑUELAS documentó la exportación de 2.200 toneladas de trigo pan, con destino Brasil, a un valor FOB de u$s 177,50 por tonelada, amparada por la DJVE 06001DJVE003657C, correspondiendo un FOB unitario oficial de u$s 172 por tonelada. • La carga se realizó el 15.07.07 y al haberse embarcado menor cantidad de mercadería que la declarada, se oficializó el respectivo postembarque en el que se consigna un valor de u$s 172 por 2.084,55 toneladas, arrojando un valor imponible de u$s 358.542,60 y un FOB total de u$s 370.007,63 correspondiente al valor FOB unitario de u$s 177,50 tonelada.
• Habiendo efectuado la consulta al sistema INDIRA, el servicio aduanero advierte que por la destinación de importación 710424827 se declaró un precio unitario superior de u$s 248 por 2.084,55 toneladas, precio FOB total u$s 516.968,40. Es decir, la diferencia entre el valor FOB de ingreso en el país de destino de la mercadería respecto al declarado en la exportación asciende a u$s 146.960,77.
• A continuación, el Informe se refiere a ciertos artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, concretamente en relación a la determinación de la ganancia cuando se trata de empresas vinculadas. También se refiere en términos generales a las sociedades anónimas uruguayas, aludiendo a sus características.
• El servicio aduanero concluye lo siguiente: “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA es uno de los principales productores de harina del mundo (…) MOLINO AMERICANO S.A. es una empresa vinculada a MOLINO CAÑUELAS SACIFIA ya que poseen autoridades comunes (…) la firma brasileña MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A. quien en este caso es el comprador de la mercadería en Brasil, de acuerdo a la información con que se cuenta, no tendría vinculación y no guardaría relación con el grupo (…) es habitual que se recurra a la utilización de operaciones de triangulación a fin de dejar la ganancia que surge de los precios de venta a su sociedad controlada en la R.O.U., dadas las particulares características que les otorga el país por la tributación, la disponibilidad de las divisas y el secreto con el que se las ampara…respecto del precio que se pacta con el comprador de la mercadería, en este caso en Brasil…”.
• Finalmente se sostiene en el Informe que: “…la cuestión que se torna insoslayable es la diferencia del importe percibido entre las dos operaciones de venta, por quien en definitiva entiendo es el mismo vendedor de la mercadería a Brasil, MOLINO CAÑUELAS SACIFIA de Argentina. Ambas sociedades, a las que no se las puede considerar independientes ni que hayan pactado libremente el precio de la transacción, y en donde la sociedad controladora tiene por objeto la utilización de la sociedad controlada para poder reflejar el verdadero precio pactado por la operación, y como consecuencia directa de esto dejar la ganancia obtenida de fuente argentina en el exterior, han utilizado esta metodología comercial cometiendo prima facie...la infracción prevista y penada por el art. 954, inc. c, del Código Aduanero, atento al ingreso de divisas desde el exterior distinto del declarado, por un total de u$s 146.960,77…”.
Que, finalmente, el fisco condena a la actora al pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A. respecto del permiso de embarque mencionado ut-supra.
Que, entonces, sentado lo expuesto, el fisco entiende que se trata de una maniobra para egresar divisas por una suma inferior a la que correspondería basándose en el cotejo del sistema INDIRA, del que surge la diferencia del valor declarado en el país de importación -Brasil- y el de exportación -Argentina-. Es decir, la aduana sostiene que no existen dos o más operaciones, sino que en realidad se trata de una única y real exportación con destino a Brasil para la firma compradora.
Por su parte, la actora manifiesta que se trata de dos ventas distintas, cumplidas en momentos distintos y con cotizaciones internacionales distintas. Sostiene que en el caso se trata de una operación registrada bajo la Ley 21.453 y que cerró la venta con Molino Americano S.A. el 06.09.06, cuando la cotización internacional de la mercadería era de aprox. u$s 172 por tonelada, por lo que registró la respectiva DJVE que amparaba el contrato de venta por u$s 177,50 por tonelada y con entrega en julio de 2007, momento en el cual oficializó la destinación de exportación aquí cuestionada, cuando la cotización internacional de la mercadería ascendía aprox. a u$s 248. Concluye que con dicha exportación cumplió el contrato acordado con 10 meses de antelación y desconoce los términos de la venta entre su cliente el importador brasilero debido a que se trata de una transacción ajena y en la cual no participó.
En concreto, para el fisco, la firma brasileña MOINHOS CRUZEIRO DO SUL es el verdadero importador de la mercadería, -y no así MOLINO AMERICANO S.A,- y el valor FOB veraz es el declarado en el país de importación -esto es: Brasil-. En cambio, para la actora las declaraciones son veraces.
IX. No se encuentra discutido en autos que la aquí actora registró la DJVE 06001DJVE003657C el 06.09.06, por la cual se comprometió a exportar 7.500 toneladas de “trigo pan”. A la fecha de cierre de venta el precio unitario FOB por tonelada era de u$s 172 por tonelada y el precio de venta pactado con su compradora uruguaya ascendía a 177,50 por tonelada. Parte de esa mercadería fue exportada por el permiso de embarque 07040EC01000734E –aquí cuestionado-, oficializado el 06.07.2007 de cuyo postembarque –oficializado el 17.07.07- resulta que la actora exportó efectivamente 2084,55 toneladas, a un precio oficial de u$s 172 por tonelada (vigente a la fecha de cierre de venta) –valor en aduana total de u$s 358.542,60- y por el precio unitario concertado de u$s 177,50 por tonelada, por lo que el FOB total ascendió a u$s 370.007,63.
Que, corresponde destacar que, el artículo 954 del C.A. señala en su apartado 1 que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir (...)”, completando la base fáctica en tres incisos. En cuanto aquí interesa, el inc. c), del ap. 1, señala: “c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”. Que, entonces, a los efectos de la configuración de la infracción en trato, es presupuesto necesario, en primer lugar, la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera, y el resultado de la comprobación. Así las cosas, cabe señalar que el hecho de que se haya comprobado, por medio de la utilización del sistema INDIRA, que la misma mercadería que fue vendida por MOLINO CAÑUELAS SACIFIA a la firma MOLINO AMERICANO S.A.
–radicada en Uruguay- y fuera exportada por la destinación aquí en análisis a un precio inferior al que luego esa firma uruguaya vendió esa mercadería a Brasil –esto es al precio de importación documentado en Brasil- no constituye por sí solo un elemento que resulte suficiente para poder considerar que el valor declarado en la primer venta, por la firma aquí recurrente, no resulta ser el valor real de la transacción.
Es decir, el hecho de que haya existido una venta posterior -esto es: entre MOLINO AMERICANO S.A. y MOINHOS CRUZEIRO DO SUL - por un precio diferente al de la primera venta -léase: entre MOLINO CAÑUELAS Y MOLINO AMERICANO-, no implica por sí solo que el precio declarado en la primera venta no sea el precio de transacción, y se trate de una maniobra fraudulenta tendiente a generar un mayor egreso de divisas del país.
Que se debe tener en cuenta que no existe norma alguna que limite la cantidad de operadores que puedan intervenir en una operación de comercio exterior, ni que prevea la ilicitud de tal actividad.
Que, en efecto, en el caso en cuestión el precio declarado por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA resultó idéntico al precio efectivamente facturado y percibido lo que no resulta objetado por el servicio aduanero;
En definitiva, la Aduana basa su imputación en una constancia extraída del sistema INDIRA de la que surge el valor declarado en el país de importación, por una venta posterior y basándose en una normativa que no resulta aplicable al caso.
Que en consecuencia, no se advierte en autos elemento alguno que permita corroborar la alegada inexactitud en el precio declarado por la firma actora en el sentido expuesto, esto es que el precio de exportación declarado no resulta el valor real de transacción correspondiente a la operación en trato y sí lo constituiría el precio pactado entre otras partes y por otra venta.
Ello permite concluir que en el caso, no se dan los elementos del tipo que permitan imputar la infracción endilgada en los términos del art. 954 ap. 1, inc. c), del C.A.
Que, por ello, no configurándose el presupuesto exigido por la norma, una diferencia entre lo declarado y lo constatado, pasible de ocasionar un ingreso o egreso de divisas distinto del correspondiente, considero que la resolución apelada en autos debe ser revocada.
Que, asimismo, corresponde aplicar al caso de autos lo resuelto por la CSJN en la causa “Pioneer Argentina SRL TF 38718-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, de fecha 29 de febrero de 2024, en el que si bien se encontraba involucrada una operación de importación, la CSJN analizó la configuración de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A. en el caso de ventas sucesivas indistintamente para el caso de una operación de importación o exportación. En tal sentido sostuvo que “(...) el texto del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, al no contemplar el supuesto de ventas sucesivas de una misma mercadería, tampoco prevé que –a los efectos de establecer el precio que “efectivamente correspondiere”– deba prescindirse del precio de la última venta y atenderse a los precios de las ventas anteriores. Aún más, no surge de dicha norma presunción alguna que, para el caso de ventas sucesivas entre partes vinculadas, establezca que la diferencia de precios que pudiese existir obedezca a dicha vinculación, imponiendo por tal razón la inversión de la carga de la prueba y colocando en cabeza del importador o del exportador la demostración de que la vinculación no incidió en el precio o que tal precio es propio de una transacción celebrada entre partes independientes. En defecto de tales previsiones en el tipo infraccional del art. 954, ap. I, inc. c, del Código Aduanero, el hecho de que la última de las ventas sucesivas entre partes vinculadas hubiese venido precedida por una venta a un precio menor, o incluso sustancialmente menor, no alcanza para desplazar la carga de la prueba hacia el importador a fin de que éste demuestre que se trató del precio que efectivamente correspondía a las mercaderías importadas”. Además agregó lo siguiente: “…En tal sentido, independientemente del juicio de desvalor que puedan merecer las ventas sucesivas (triangulaciones) que involucren la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, que van más allá de la materia aduanera para comprometer aspectos cambiarios y fiscales, no corresponde a los jueces juzgar el acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, debiendo limitarse a su aplicación tal como estos las concibieron (arg. Fallos: 277:25; 300:700; 340:644)”.
X. A mayor abundamiento y sin perjuicio de lo expuesto en el considerando anterior, respecto a que en el caso no se configura la infracción imputada, cabe de todas formas señalar que, tal como lo sostiene la actora y quedó demostrado con la prueba producida en autos a fs. 110/124, en el caso, al tratarse de una operación registrada en los términos de la Ley 21.453, a la fecha de cierre de venta de la operación de exportación documentada por la recurrente –esto es el 06.09.06-, el valor FOB unitario oficial de la mercadería era de u$s 172 por tonelada, mientras que al momento de la exportación - 06.07.07- el valor FOB oficial unitario por tonelada era de u$s 236 para embarques de ese mismo año y de u$s 243 para embarques en el año 2008. Es decir aproximado al precio declarado en la operación de importación por la empresa brasileña (ver concretamente informe del Ministerio de Agricultura obrante a fs. 110 y cuadro acompañado que luce a fs. 111/116 de autos).
Ello evidencia aún más la infundada imputación efectuada por el servicio aduanero y reafirma que la Resolución apelada debe ser revocada en el caso en cuestión.
XI. Por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios de la actora.
Por ello, VOTO por:
Revocar la Resolución 49/17 (AD NECO), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 14517-53-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., con costas. El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Comparto la solución propuesta por el Sr. Vocal instructor.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
Revocar la Resolución 49/17 (AD NECO), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 14517-53-2012, en cuanto le exige a la actora el pago de una multa por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., con costas.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Horacio J. Segura (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.05.29 19:08:47 -03:00 Date: 2025.05.30 14:26:23 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.30 15:01:43 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.30 15:01:45 -03:00
Fin de la sentencia