Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 39.911-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2Confirmar la Resolución fallo Nro. 14/2019 (AD GUAL) dictada por el Administrador (I) de la Aduana de Gualeguaychú en las actuaciones SIGEA Nro. 12492-282/2018/4 alcances 5, 7, 8 y 9, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-67956493-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Julio de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA c/DGA s/recurso de apelación”, expediente 39.911-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución Nro. 14/2019 (AD GUAL) dictada por el Administrador (I) de la Aduana de Gualeguaychú en las actuaciones SIGEA Nro. 12492-282/2018/4 alcances 5,7,8 y 9 que rechazó la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA, aquí actora, en relación a las destinaciones de exportación para consumo Nros. 12 026 EC01 000009W, 12 026 EC01 000042 T, 12 026 EC01 000408 C, 12 026 EC01 002341 A y 12 026 EC01 002536 G.
II. Fundamentos de la apelación: Que a fs. 11/42 se presenta la actora, mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la antes referida resolución. Efectúa un breve relato del desarrollo de su actividad industrial y explica los hechos acontecidos en sede aduanera. Manifiesta que las sumas pagadas en exceso a las arcas de la Administración en concepto de derechos de exportación se encontraron equivocadamente calculadas ya que las alícuotas resultaban ser carentes de toda legalidad por haber sido establecidas mediante resoluciones ministeriales, contrariando principios constitucionales fundamentales. Expone que el servicio aduanero rechazó la devolución solicitada sin exponer ni motivar suficientemente dicho acto, vulnerando así el derecho de la firma a demostrar la verdad objetiva de los hechos.
Considera que se configuró un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración, resultando ello ilegal por ir en contra del principio de propiedad y de reserva de ley. Manifiesta que corresponde la aplicación del precedente “Camaronera Patagónica” de la C.S.J.N, ya que los derechos fueron modificados por una resolución ministerial sin ratificación legislativa, resultando por ello inconstitucionales. Sostiene que, en el precedente señalado, se cuestiona la validez de una norma dictada por el PEN mediante la cual se incrementaron las alícuotas de los derechos de exportación. Menciona lo dicho por la Corte en cuanto a la naturaleza tributaria de los derechos de exportación y alude que su imposición jamás podría ser realizada a través de un decreto del PEN.
Desarrolla el principio de legalidad tributaria y cita jurisprudencia en sustento a su postura. Explica que el art. 755 del C.A. no califica como una norma delegante válida a efectos de que el PE fije las alícuotas de los derechos de exportación, ya que los lineamientos establecidos por el mencionado artículo resultan extremadamente abiertos e indeterminados, lo que propicia una política legislativa “en blanco” que contrapone los principios de materia tributaria. Tal delegación solo podría considerarse como válida en tanto el legislador hubiere establecido mínimos y máximos de barrera. Alega la invalidez de las leyes 25.561 y 22.415 para dotar de legalidad a la Resolución N° 11/02. Argumenta que, las normas del PEN jamás tuvieron la aptitud suficiente para ser encuadradas en el marco de lo establecido por el art. 76 de la CN, ni mucho menos fueron ratificadas posteriormente por las leyes de aprobación en bloque de 1999 a 2006, ni tampoco así a través del mecanismo de la Ley N° 26.122.
Subsidiariamente, plantea la nulidad absoluta e insanable de la resolución objeto del presente, en orden a su insuficiente motivación y vulneración del debido proceso. Solicita la aplicación de los intereses previstos en los arts. 811 C.A., y en subsidio, en caso de que la devolución del monto sabe ser efectuada en pesos, solicita aplicación de la tasa prevista en la Comunicación N° 14.290 del BCRA y reconocimiento de la desvalorización monetaria. Cita jurisprudencia que sustenta su postura. Ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, haciendo lugar a la acción de repetición interpuesta, con costas al Fisco.
III. Contestación del traslado: Que, a fs. 66/78vta. la representante del fisco contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Formula una negativa genérica acerca de lo invocado por la actora que no fuera objeto de expreso reconocimiento o se desprenda de los antecedentes de la causa. Relata brevemente todo lo actuado en sede administrativa. Señala que la interpretación que hace la actora del precedente “Camaronera” es desacertada y no respeta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle el más Alto Tribunal. Sostiene que dicho Tribunal ha declarado la invalidez de las alícuotas por los derechos de exportación y que, muy por el contrario, ha declarado la validez de dichos derechos.
Asimismo, señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo decide en procesos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos. Sostiene que la resolución atacada ha sido dictada en el marco de las funciones que acuerdo el PE conforme los arts. 664 y 755 del C.A., y con la limitación determinada por el art. 666 del citado cuerpo legal. Analiza la realidad imperante en el comercio internacional, traducida en la velocidad del intercambio de mercaderías como también en el vertiginoso cambio coyuntural exterior, y entiende que se justifica la delegación en cabeza del Poder Ejecutivo a los efectos de establecer los aranceles y su quantum en función de los cambios producidos en el contexto internacional para así promover proteger y conservar la actividad productiva nacional.
Cita jurisprudencia en sustento a su postura. Se remite al art. 13 de la ley N° 22.520, y a la ley N° 20.545 de “protección del trabajo y producción nacional”, así como la ley N° 22.450 de competencia de los Ministerios Nacionales. Se refiere a las materias de competencia del entonces Ministerio de Economía y destaca el inciso 9 del artículo 19 de la Ley 22.250 el cual prescribe que “compete al Ministerio de Economía, asistir al Presidente de la Nación en todo lo inherente al desarrollo de las actividades económicos nacionales, y en particular: (...) 9) entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen impositivo y aduanero”. Menciona el artículo 3 de la ley 25.645, el cual expresamente aprobó “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”.
Asimismo, agrega que la legislación delegante fue prorrogada en su vigencia por la Disposición Transitoria Octava de la reforma constitucional de 1994, y que, con arreglo a esta cláusula, el Congreso de la Nación prorrogó sucesivamente dicha legislación delegada a través de las leyes 25.145, 25.917 y 26.135. Así las cosas, entiende que las Resoluciones 27/08, 29/08 y 62/09 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción se dictaron en función de lo previsto en la Ley 22.415, en la Ley de Ministerios y sus modificaciones, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 509/2007 (ratificado por el Congreso de la Nación).
Explica que el Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación carece de facultades para expedirse respecto de la inconstitucionalidad de normas jurídicas en razón de lo normado por el art. 1164 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia. En cuanto al planteo de nulidad del procedimiento administrativo, requiere su rechazo y explica que se han seguido todos los pasos establecidos por la normativa procesal aduanera.
IV. Que a fs. 87 se abre la causa a prueba. A fs. 125/134 obra producido el informe pericial ordenado en la causa. A fs. 138 se declara cerrado el período probatorio y a fs. 139 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 140 se ponen los autos para alegar, agregándose a fs. 143/147 el alegato presentado por el fisco. A fs. 149 se pasan los autos a sentencia.
V. Que las Actuaciones SIGEA 12492-282-2018/4, 12492-282-2018/5, 12492-282-2018/7, 12492-282-2018/8 y 12492-282-2018/9 se inician el 23 de marzo de 2018 con las solicitudes de repetición de derechos de exportación presentadas por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA, en relación a las destinaciones de exportación para consumo 12 026 EC01 002536 G -oficializada el 27/08/2012-, 12 026 EC01 002341 A -oficializada el 10/08/2012-, 12 026 EC01 000408 C -oficializada el 18/02/2012- 12 026 EC01 000009W -oficializada el 03/01/2012- y 12 026 EC01 000042 T -oficializada el 07/01/2012-, cuyas copias acompaña en cada uno de ellos. Con fecha 30/11/2018 se expide, en todos los casos, la Sección Económica Financiera informando el pago de los derechos de exportación correspondientes a cada una de las destinaciones en trato. A continuación, se agregan a cada actuación los informes de la Sección Inspección Simultánea nros. 63/2018, 64/2018, 62/2018, 65/2018 y 66/2018 donde se sugiere remitir las actuaciones a esferas superiores a los fines de decidir sobre la procedencia de las solicitudes de repetición presentadas por la firma actora, ello de acuerdo al punto 9 Sección B de la Res General AFIP Nro. 2365/2007. Finalmente, con fecha 4/2/2019 se dicta la Resolución fallo Nro. 14/2019 (AD GUAL), aquí apelada.
VI. En primer lugar corresponde tratar el agravio de la actora referido a la falta de causa y motivación suficientemente de la resolución aduanera apelada y vulneración del debido proceso.
En tal sentido cabe precisar que no se advierte cuál es el agravio concreto invocado por la actora, y que de la lectura de la resolución aduanera apelada se observa la expresión de los motivos que fundamentan el rechazo de la devolución intentada por la actora. Estos motivos –si bien pueden o no compartirse- excluyen considerar a la resolución apelada como carente de fundamentación.
Por otra parte, se advierte que en las actuaciones administrativas lucen los correspondientes informes técnicos de la Sección Inspección Simultánea que fundamentan el rechazo de la devolución solicitada.
Por su parte, en relación a la vulneración del debido proceso por haberse rechazado las pruebas ofrecidas en la instancia aduanera cabe señalar que, dada la posibilidad que tienen las partes, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Que ello así, corresponde rechazar el planteo efectuado por la actora en este sentido, ya que el vicio alegado no le causa indefensión o gravamen que no puede ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal y, en relación con las costas, dejando a salvo mi criterio, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, propongo que las mismas sean impuestas a la actora.
Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205-549 y 267-393).
VII. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación” (EX2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VIII. Que en virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación de las operaciones de exportación 12 026 EC01 000009W, 12 026 EC01 000042 T, 12 026 EC01 000408 C, 12 026 EC01 002341 A y 12 026 EC01 002536 G, en virtud de lo dispuesto mediante la Resolución Conjunta Nro. 27/2008 y 29/2008.
IX. Que en cuanto a las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A (art. 1164).
Por todo lo expuesto, voto por:
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la Resolución fallo Nro. 14/2019 (AD GUAL) dictada por el Administrador (I) de la Aduana de Gualeguaychú en las actuaciones SIGEA Nro. 12492-282/2018/4 alcances 5, 7, 8 y 9, con costas.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Horacio Joaquín Segura.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Segura, continuando conforme lo siguiente.
II. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -14/2019 (AD GUAL)- en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A., se ajusta a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de U$S3.489,86, que según refiere habría abonado en demasía con relación a los permisos de embarque (PE) 12026EC01000009W, 12026EC01000042T, 12026EC01000408C, 12026EC01002341A y 12026EC01002536G. Mediante tales PE documentó la exportación de las mercaderías ubicadas en las PA 1901.20.00.910R –A base de harina de trigo Las demás - Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería- y PA 1101.00.10.110C en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2 Kg (Res. 835/05 SAGPyA) Fortificada con hierro y vitaminas, con adición de aditivos. De trigo HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓN)- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 que fijó, para esas PA, una alícuota del 13% (Ver art. 1 y Anexo).
La actora manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue el decreto 509/07 (BO: 23.05.07), que según refiere estableció una alícuota del 10% para las PA objeto de autos (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto).
III. Corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad al decreto 509/07 se pretendieron implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-, de reconocido rechazo legislativo. Posteriormente, se dictó la resolución 189/08 (BO: 28.07.08), que fijó, para las PA de autos, una alícuota de derechos de exportación del 18% (Ver art. 1 y Anexo). Más tarde, se dictó la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 (BO: 23.12.08) que estableció para las PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 13% (Ver art. 1 y Anexo).
Aclarado el iter normativo aplicable a las mercaderías en trato, cabe recordar, en segundo lugar, que como ya he señalado en numerosos precedentes, tanto el decreto 509/07 como la alícuota del 10% fijada para las mercaderías de autos, poseen plena vigencia y validez legal, bajo el estándar constitucional del considerando 11 del fallo “Camaronera”, aplicado al procedimiento de la ley 26.122 y al trámite seguido en el Congreso, a partir del 28.11.07, momento en el cual se completó la intervención de las dos cámaras del Congreso, aprobando el referido decreto.
Contra tal alícuota del 10% emanada del decreto 509/07, tomada como válida por la actora, corresponde contrastar la alícuota del 13% fijada por la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08. Si bien con posterioridad al citado decreto el PEN aumentó al 18% la alícuota para las mercaderías en trato –mediante la resolución 189/08- , al momento imponible de los PE en trato, -oficializados 03.01.12, 07.01.12, 18.02.12, 10.08.12 y 27.08.12-, se encontraba ya vigente la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 que la fijaba en un 13%.
IV. Sentado lo que antecede, corresponde evaluar la validez legal de la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08, en cuanto resultó de aplicación a las exportaciones de las mercaderías objeto de autos.
Para ello, es menester recordar, en tercer lugar, que el art. 76 de la Constitución establece, como requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante (en el caso, resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08), tres exigencias claras: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio.
En cuarto lugar, no puede dejar de señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15.04.14, en cuanto establece, para la materia tributaria, el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado de la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 (de modo genérico el CA, la ley de ministerios, el art. 22 del decreto 509/07, el decreto 2752/91 y el decreto 2275/94) que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a aumentar (del 10 al 13%) las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superan el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-.
Así, resulta claro que la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 no se dictó con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas tributarias, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). Por ello, y porque no ha sido objeto de ratificación posterior por el Congreso de acuerdo al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte, las alícuotas incrementadas por dicha normativa padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable que embarga a la mencionada resolución (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11).
En consecuencia, las alícuotas incrementadas por la resolución conjunta MEyFP 27/08 y 29/08 -3% en comparación con el decreto 509/07- deben considerarse como incrementadas con base en una norma nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de la actora deviene legítimo y procedente.
V. Moneda en que se deben devolver los derechos: Dicho lo anterior, se aclarará lo referido a la moneda en que deben devolverse los derechos de exportación abonados en demasía, en atención a la controversia que tiene como punto focal la aplicación del precedente de la Corte Suprema in re “CENCOSUD S.A. (TF 29.535-A c/ DGA)” del 15.05.14 (ver aquí:
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idD ocumento=7111951. No comparto el criterio sentado por la Corte en el referido precedente, conforme los fundamentos expuestos en mis votos disidentes en las causas “MONSA S.R.L.” (Expte. 32.261-A, 03.07.19, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/32261-A-03-07-19.pdf ); “TETRA PAK SRL” (Expte. 38.243-A, 21.08.19, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wpcontent/uploads/2020/02/38243-A-21-08-19.pdf ); “CURCIJA S.A.” (Expte. 30.506-A, 30.08.19, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/30506-A-30-08-19.pdf ) y “COFCO International Argentina S.A.” puntos VI y VII (EX-202 1-1082 12085-APN-SGASAD#TFN, 18.10.22, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/12/EX-2021-108212085-AP N-SGASADTFN- 18-10-2022.pdf) los que se consideran integrando y fundamentando este pronunciamiento.
No resulta ocioso recordar, una vez más, que, cuando el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905 se establece que los tributos aduaneros se determinarán en dólares, el legislador usa una expresión técnica, precisa, propia de nuestra legislación tributaria -determinación-, comprensiva tanto de: a) los procedimientos de deficiencia fiscal (cuando hay una deuda del contribuyente con el Fisco) que tramitan mediante los procedimientos de determinación de oficio (en materia impositiva) o impugnación (en materia aduanera); b) los procedimientos de repetición de impuestos (cuando el contribuyente los pagó en exceso, generándose un crédito fiscal a su favor que el estado debe honrar). Ambos procedimientos -impugnación y repetición- tienen carácter jurídico de determinación, expresión técnica usada por el legislador en los arts. 11, 14, 16, 81, 83 y concordantes de la ley 11683, como en las normas respectivas del Código Aduanero, del Acuerdo de Valor del GATT y demás legislación tributaria (ver mis votos referidos supra). Se trata de la misma expresión técnica utilizada por el legislador en el primer párrafo del art. 20 de la ley 23.905, no pudiendo aducirse su inconsecuencia o imprevisión (Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros).
La palabra “determinación”, pese a lo que sostiene la Corte en el considerando 6º de “CENCOSUD”, no se limita a los montos “adeudados por los contribuyentes”, ni puede confundirse con la franquicia -de carácter liquidatoriodel párrafo segundo del mismo art. 20 de la ley 23.905, que habilita a cancelar en pesos las deudas de tributos aduaneros determinadas en dólares.
Tratándose los tributos repetidos en autos de diferencias de derechos de exportación que se determinan en dólares (ley 23.905. art. 20, párrafo primero) y siendo que la diferencia asciende a la suma de U$S3.489,86, ésta es la suma de capital que corresponderá devolver, con sus intereses resarcitorios. Para su pago la Aduana podrá hacer uso de la franquicia del art. 20, segundo párrafo de la ley 23.905 y cancelarlos al tipo de cambio oficial –vendedor- del día anterior al de su efectiva cancelación.
VI. Por todo lo anterior, VOTO POR:
1. Revocar la resolución 14/2019 (AD GUAL), dictada en marco de las actuaciones administrativas 12492-282- 2018/4 y alcances 5, 7, 8 y 9, haciendo lugar a la devolución de la suma abonada en exceso en concepto de derechos de exportación con relación a los permisos de embarque 12026EC01000009W, 12026EC01000042T, 12026EC01000408C, 12026EC01002341A y 12026EC01002536G.
2. Declarar que corresponde devolver la suma de U$S 3.489,86 conforme lo expuesto en el considerando V, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
3. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 CA).
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. No hacer lugar a la nulidad planteada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar la Resolución fallo Nro. 14/2019 (AD GUAL) dictada por el Administrador (I) de la Aduana de Gualeguaychú en las actuaciones SIGEA Nro. 12492-282/2018/4 alcances 5, 7, 8 y 9, con costas.
Regístrese, notifíquese a la actora en la CUIT 20-21477116-1 (Dr. Eduardo Marcelo Gil Roca) y a la representación fiscal en el CUIT 27-35122006-1 (Dra. Micaela Lis Urueña), oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.07.13 14:54:46 ART Date: 2026.07.13 16:37:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.07.13 16:54:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.07.13 16:54:44 -03:00
Fin de la sentencia