Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-19648434-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA 9241/2019, en cuanto condena a la actora al pago de una multa en los términos del art. 969 del CA, declarando que su importe asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 18/100 ($ 165.778,18).
2Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que se fijan en un 67% a cargo de la actora y 33% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-140084767-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 18 de Diciembre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio Joaquín Segura (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ MOLINO CAÑUELAS SACIFIA c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2021-19648434- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: resolver si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA 9241/2019 que condena a la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA al pago de una multa por no haber cumplido dentro del plazo establecido con la exportación del 90% de la mercadería declarada en las DJVE nros. 14001DJVE000466T, 14001DJVE000476U, 14001DJVE000574T, 14001DJVE000576V y 14001DJVE004089B.
II. Fundamentos de la apelación (RE-2021-19639068-APN-SGASAD#TFN): En primer lugar, la actora plantea la nulidad de la resolución apelada sosteniendo que el incumplimiento al art. 9 de la Ley 21.453 no constituye una infracción aduanera por lo que la Aduana es incompetente para sustanciar procedimientos e imponer sanciones en base a dicha norma. Refiere al Decreto 618/97. Entiende que el régimen previsto por la Ley 21.453 es diferente del previsto por el art. 729 del CA Afirma que para que se configure la infracción al art. 969 del CA, resulta necesario el incumplimiento de un régimen especial en los términos del art. 729 del CA, por lo que no existiendo tal incumplimiento no podría válidamente invocarse la infracción al art. 969 del CA. Alega que en marzo de 2014 se vio obligada a anular los permisos de embarque oficializados con imputación a las DJVE objeto de esta apelación, por cuanto el comprador del exterior, Trigood, registraba una deuda de alrededor de U$S 120.000 con empresas de su mismo grupo económico. Sostiene que, por ello, le resultó imposible ejecutar las exportaciones del saldo de mercadería amparada por las DJVE, resultando de aplicación la excepción de la obligación de exportar prevista por el art. 731 del CA. En subsidio, solicita se aplique al caso el principio de la ley penal más benigna. Afirma que si la Aduana imputa la infracción prevista en el art. 969 del C.A. resulta contradictorio que aplique la multa mínima del 15% prevista por el art. 9° de la Ley 21.453. También solicita la atenuación de la multa por el art. 916 del CA. Subsidiariamente solicita la condonación de la multa en los términos de la ley 27.260. Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado (IF-2021-41928804-APN-DTD#JGM): El Fisco niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Respecto a la nulidad de la resolución apelada con fundamento en la incompetencia de la DGA para entender en los aspectos relacionados con la Ley 21.453, cita la normativa al respecto de la que concluye que es clara la competencia de la Aduana para ejercer el control e imponer sanciones por el incumplimiento del art. 9° de la Ley 21.453. Manifiesta que lo sostenido por la contraria como motivo de frustración de su operación resulta irrelevante a lo fines del tipo infracción discutido. Cita jurisprudencia al respecto. Por otro lado, alega la inaplicabilidad del art. 56 de la ley 27.260. Hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
IV. Que mediante PV-2021-22369956-APN-VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas y mediante PV-2021-26767547-APN-VOCXVIII#TFN se dispone la apertura de la causa a prueba. Una vez certificada la prueba producida mediante IF-2022-102726429-APN-SGASAD#TFN, IF-2022-98541473-APN-SGASAD#TFN, IF-2022-101348396-
APN-SGASAD#TFN, IF-2022-115642822-APN-SGASAD#TFN y IF-2022-138616310-APN-SGASAD#TFN, se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a esta Sala “F” y se ponen para alegar, derecho del que solo hizo uso la actora. A continuación, se llaman autos a sentencia.
V. Que a fs. 2/14 ref. de la Actuación SIGEA 12192-6084-2015 la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA cumple la intimación cursada mediante 15001NOTI000867T, acompañando al efecto la documentación correspondiente. A fs. 15 ref./22 ref. se adjuntan impresiones de pantalla de la DJVE involucradas y los PE asociados. A fs. 28 ref. se labra el acta denuncia 15001003817/3818/3819/3820/3821. A fs. 29 ref./30 ref. se expide la División Registro de Exportación mediante Nota 441/15 (DV REEX). A fs. 31 ref. se liquida el importe de la multa mínima. A fs. 32 ref. se dispone la apertura del sumario y se corre vista de lo actuado a la exportadora. A fs. 49 ref./51 ref. vta. contesta vista la firma imputada. A fs. 52 ref. se provee su presentación inicial y a fs. 55 ref./60 ref. se dicta la Resolución DE PRLA 9241/2019, aquí apelada.
VI. En primer lugar, corresponde tratar el planteo de nulidad de la resolución apelada opuesto por la actora con fundamento en que la Aduana resulta incompetente para sustanciar procedimientos e imponer sanciones por el incumplimiento al art. 9° de la Ley 21.453.
El art. 2 de Ley 21.453 indica: “El Poder Ejecutivo Nacional designará la Autoridad de Aplicación responsable del cumplimiento de lo establecido en la presente ley”.
Por su parte, del Decreto 1177/92 reglamentario de la Ley 21.453 surge expresamente: “habiéndose decretado la disolución de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS, organismo que actuaba como autoridad de aplicación del régimen de conformidad con el Decreto N° 2.923 del 19 de noviembre de 1996, resulta procedente determinar la autoridad encargada de ejercer las funciones antedichas y la participación que le cabe a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS”.
Asimismo, el art. 5° del mencionado decreto establece: “A los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 8° y 9° de la ley serán de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido por el Código Aduanero”.
Finalmente, el artículo 3° de la Resolución General 4799/21 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. N° 5053/2021) reitera lo dispuesto en el Decreto reglamentario mencionado al establecer que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8º y 9º de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero”.
En consecuencia, de la normativa mencionada resulta con toda claridad que la DGA resulta competente para instruir, tramitar y aplicar sanciones por los incumplimientos y transgresiones a las normas del régimen de la Ley 21.453, por lo que cabe rechazar el planteo de la actora respecto de la incompetencia de la Aduana y la nulidad de la resolución apelada fundada en ello.
VII. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver en autos, si la multa aplicada a la firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIA, mediante la resolución aquí apelada, se ajusta a derecho.
Que, el artículo 969 del CA dispone que “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto por el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731, será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
Que, por su parte, el artículo 730 del CA dispone que “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare”.
Que el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada”.
Que la Resolución General 4977/2021 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. 5053/2021), dispone, en cuanto aquí interesa: “5. Cierre y cancelación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). 5.1. Cierre. a) La cantidad embarcada debe ser igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) y menor o igual al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104%) de la cantidad declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). (…) Cuando, a la fecha de su vencimiento, una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) tenga un nivel de cumplimiento inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 %) o superior al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104 %), el Sistema Informático MALVINA (SIM) efectuará una marca sobre la misma para que sea analizada, en conjunto con las destinaciones definitivas de exportación por la aduana de registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de corresponder, se procederá a efectuar la denuncia pertinente”.
VIII. Que conforme surge del informe (Nota 441/15 DV REEX) obrante a fs. 29 ref./30 ref. de las actuaciones administrativas, mediante las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior 14001DJVE000466T, 14001DJVE000467U, 14001DJVE000574T, 14001DJVE000576V, oficializadas en los términos de la Ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 115 toneladas a un valor FOB unitario, según el caso, de U$S 85,50/TN, U$S 78,50/TN, U$S 44/TN y U$S 103,5/TN. A su vez, mediante la DJVE 14001DJVE004089B, comprometió la exportación de 261 toneladas a un valor FOB unitario de U$S 261 por tonelada. En dicho informe el servicio aduanero sostiene que de las 115 toneladas de la DJVE 14001DJVE000466T, la firma exportadora cumplió con la exportación de 85,5 toneladas, por lo que considerando que el 90% de la mercadería declarada en la DJVE asciende a 103,5 toneladas, le restan exportar 18 toneladas.
Por su parte, de las 115 TN de las DJVE 14001DJVE000467U y 14001DJVE000574T, se exportaron 78,5 TN por la primera y 44 TN por la segunda, restando exportar 25 TN y 59,5 TN, respectivamente.
Con respecto a las DJVE 14001DJVE000576V y 14001DJVE004089B quedó pendiente la exportación de 103,5 TN y 234,9 TN, respectivamente.
Que la actora sostiene que no pudo cumplir con las DJVE objeto autos debido a cuestiones económicas, alega que el comprador del exterior registraba deudas con empresas de su grupo económico.
Que, dicha razón no configura la causal de caso fortuito o fuerza mayor, como pretende la recurrente. En efecto, se trata de circunstancias que no pueden considerarse ajenas a los riesgos de la actividad empresaria, que no son oponibles a la aduana, debiéndose destacar, asimismo, que la firma exportadora no ha probado ni demostrado que las operaciones pactadas se hubieran tornado de imposible cumplimiento.
Que, lo cierto es que, de las constancias de autos, no resulta que la firma exportadora se haya encontrado comprendida en la causal de excepción a la que hace referencia el art. 731 del CA.
Cabe aquí recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en autos “Urruti de González” del 1/12/92, que la prueba del caso fortuito está a cargo de quién la invoca (art. 377 del Código Procesal) y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal de exoneración, lo que en la especie no se ha verificado.
Que la situación descripta por la actora no puede justificar la exclusión de responsabilidad. En efecto, la actora se acogió al régimen de la Ley 21.453, por el cual debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa.
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91). Que, así las cosas, según se constata en el caso de autos, y habiendo operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en las DJVE involucradas sin que se haya cumplido con la referida exportación del tonelaje mínimo del 90%, considero ajustada a derecho la aplicación de una multa por parte del servicio aduanero.
IX. Que la actora sostiene que el servicio aduanero impuso la multa mínima del 15% prevista por el art. 9 de la ley 21.453, cuando en realidad corresponde aplicar la multa mínima del art. 969 del C.A. (10% del valor de la mercadería no exportada), atento al principio de la ley penal más benigna.
Que en cuanto a la aplicación de la sanción, cabe señalar que en consonancia con lo resuelto en recientes causas que tramitaran ante la Sala “G” de este Tibunal (causa 32.411-A “BUYATTI S.A.I.C.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, sentencia del 05/05/2023 y causa 31.839-A "BIOCARDALES S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, sentencia del 20/04/2023) y, a raíz de lo dispuesto por la Resolución General 4977/2021, la cual dispone expresamente en su artículo 3 que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero. …”, cabe señalar que, más allá de la especificidad del régimen contenido en la Ley 21.453, la AFIP, dando intervención a la propia DGA (como bien surge del considerando de la RG 4977/2021), ha dejado sentado expresamente que en lo atinente al ámbito sancionatorio se aplica el procedimiento infraccional previsto en el Código Aduanero.
Que si bien la norma en comentario entró en vigencia el 28/04/21, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, considero que la misma debe ser aplicada al caso de autos. Ello, con fundamento en los principios de derecho penal aplicables al ámbito del derecho aduanero. Así lo ha entendido prestigiosa doctrina al citar jurisprudencia de la CSJN la cual “… ha destacado la naturaleza penal de las sanciones aduaneras y la aplicación a la materia de los principios generales de derecho penal. Ha señalado que, visto que la multa aduanera no tiene carácter retributivo del daño causado, sino que tiende a prevenir y reprimir la violación de normas legales, debe considerársela de tipo represivo. También se ha señalado que la existencia de un interés de tipo fiscal no obsta a su naturaleza principalmente punitiva, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios generales del derecho penal”. Continúa diciendo el autor citado que “En relación a la validez temporal de la ley penal, el principio general es que resulta aplicable la ley vigente al momento de la comisión de la infracción. Es un derivado natural del principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales. (…) El principio de aplicación de la ley penal más benigna, constituye una excepción a este principio general que se encuentra tutelado en el art. 18 de la CN (…) La excepción resulta plenamente justificada (…) la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas (…) La ley más benigna es la que produce, en el caso concreto, el resultado más favorable para el autor. Y a ese efecto, corresponderá al juez resolver en el caso concreto, a partir de ambos marcos normativos para determinar cuál arroja el resultado más favorable para el imputado. …” (Juan Patricio Cotter, Estudios de Derecho Aduanero, Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, Ed. Abeledo Perrot).
Que el propio Código Aduanero recepta en su artículo 899 el principio de ley penal más benigna en los siguientes términos: “Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. …”, dejando a salvo una excepción al principio: “… No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería.”
Que en base a dichos fundamentos, y teniendo en cuenta que el principio de irretroactividad de la ley contiene en el ámbito del derecho penal (aplicable al campo sancionatorio del derecho aduanero) una excepción cuando se trata de una ley penal más benigna, considero que contando actualmente con una norma que expresamente dispone que a los fines de la aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley 21.453, se debe aplicar el procedimiento para las infracciones previsto en el Código Aduanero, y siendo que allí el artículo 969 prevé una multa que podría graduarse entre el 10 y el 20% “… del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”, ofreciendo así una graduación que podría ser menor a la multa del 15% que estipula la Ley 21.453, entiendo que en el caso procede estar a lo dispuesto por la RG 4977/21. La cual, por otro lado, enfatiza el principio de especialidad al regular, ya sin lugar a otras interpretaciones jurisprudenciales o doctrinarias, la aplicación del régimen para las infracciones previsto en el Código Aduanero, dentro del que se encuentra la infracción del artículo 969.
IX. Que, como consecuencia de todo lo expuesto, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del CA, correspondiendo aplicar la multa mínima prevista en dicha norma, esto es el 10% del valor en aduana de la cantidad de la mercadería no exportada, conforme se detalla a continuación:
Precio 90% de la Saldo oficial Cant. cant. Cant. sin (U$S) Valor Tipo comprometida comprometida exportada exportar por FOB total de Multa DJVE (TN) (TN) (TN) (TN) tonelada (U$S) cambio Total en $ 10% 14001DJVE000466T 115,00 103,50 85,50 18,00 480,00 8.640,00 7,90 68.256,00 6.825,60 14001DJVE000467U 115,00 103,50 78,50 25,00 480,00 12.000,00 7,90 94.800,00 9.480,00 14001DJVE000574T 115,00 103,50 44,00 59,50 480,00 28.560,00 7,97 227.737,44 22.773,74 14001DJVE000576V 115,00 103,50 0,00 103,50 480,00 49.680,00 7,97 396.148,32 39.614,83 14001DJVE004089B 261,00 234,90 0,00 234,90 456,00 107.114,40 8,13 870.840,07 87.084,01 Sumatoria de multas mínimas ($) 165.778,18 X.- Que respecto a la aplicación del art. 916 del CA invocado por la recurrente, no advierto causal alguna que justifique su aplicación al caso en cuestión.
XI. Que finalmente, la actora solicita la condonación de la multa impuesta, en los términos de la Ley 27.260. Que la Ley 27.260 de Régimen de Regularización Excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, en su art. 56 dispuso, en lo que aquí interesa, que las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y la obligación principal haya sido cancelada a dicha fecha. Asimismo en el tercer párrafo del presente artículo, agrega que cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de sercumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive.
Que, por su parte, la Resolución General 4007/17 (AFIP), en su art. 6 estableció que cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifiquen alguna de los siguientes supuestos "...a) la obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23/7/16, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada en dicha fecha... ". Asimismo, cabe resaltar que en el último párrafo del mencionado artículo, define a las infracciones sustanciales/materiales, las que se encuentran tipificadas, en los arts. 954, inc a), 965, inc. b), 966, -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones".
Que, en consecuencia, del análisis de la normativa transcripta ut-supra resulta que no concurren en el caso las condiciones previstas en la normativa aplicable que torne procedente la condonación de la multa aquí apelada, -infracción al art. 969 del CA y art. 9° de la ley 21.453-, máxime si se tiene en cuenta que no existe obligación sustancial tributaria alguna asociada a la infracción por la que se condenó a la actora y que la infracción en trato se encuentra asociada a la prevista en el art. 9° de la ley 21.453.
Que, por su parte, cabe señalar que la Resolución General AFIP 4007/17, no prevé entre sus supuestos la infracción prevista en el art. 969 del CA, que resulta ser el supuesto de autos.
Que conforme surge de los considerandos de la mencionada Resolución General AFIP 4007/17, dicha reglamentación se dictó con el objetivo de simplificar la lectura, interpretación y aplicación de las normas de la Ley 27.260, por lo que resultó procedente la adecuación y complementación de la RG 3920/16 y sus modificatorias, con relación a la materia tributaria aduanera.
Que, por lo demás, la citada reglamentación fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas a dicho efecto por el art. 93 de la Ley 27.260.
Que atento a lo expuesto no corresponde a este Tribunal un mayor abundamiento exegético al respecto y, conforme a la interpretación efectuada por la AFIP, no procede considerar que la multa aquí apelada se encuentra alcanzada por el régimen de condonación dispuesta por la Ley 27.260 y su reglamentación.
Por ello, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA 9241/2019, en cuanto condena a la actora al pago de una multa en los términos del art. 969 del CA, declarando que su importe asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 18/100 ($ 165.778,18).
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que se fijan en un 67% a cargo de la actora y 33% a cargo del Fisco. El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero al voto del Dr. Segura.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, remitiéndome al relato de los hechos y del derecho formulado por el Dr. Segura, a la luz de lo resuelto por la Sala I de la CNCAF en la causa nº 17.648/2013 “Hierros SA (TF 30154-A) c/ DGA”; la Sala II en “Molino Cañuelas S.A.C.I.F.IA C/ DGA” del 27/4/17; la Sala III, en “LDC Argentina S.A. (TF 25647-A) c/DGA”, del 25/08/2011 y en “GEAR SAAICF c/DGA”, del 15/03/2016 y por la Sala V en “Cremer y Asociados S.A. c/D.G.A.”, del 15/12/2016, por razones de economía y celeridad procesal, he de apartarme del criterio que he mantenido desde antaño –y que bien explica el Vocal preopinante- y votar en disidencia respecto de la aplicación al caso del principio de la “ley penal más benigna”, pues “equivale, en los hechos, a dejar sin efecto el supuesto infraccional del art. 9 de la ley 21.453 para una pluralidad de casos posibles, ya que no habría ningún supuesto en que fuera procedente aplicar la sanción prevista en esa legislación especial” (CNCAF SALA I 62646/2018 GLOBAL CEREALES SA (TF 32260-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO).
En consecuencia, voto por:
CONFIRMAR la Res. DEPRLA 9241/2019 dictada en la actuación Sigea 12192-6084-2015 en cuanto fue materia de agravio con Costas a la vencida.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA 9241/2019, en cuanto condena a la actora al pago de una multa en los términos del art. 969 del CA, declarando que su importe asciende a la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 18/100 ($ 165.778,18).
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que se fijan en un 67% a cargo de la actora y 33% a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio Joaquín Segura (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.12.16 14:46:21 ART Date: 2025.12.17 18:12:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.18 11:13:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.18 11:14:45 -03:00
Fin de la sentencia