Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 109320704-I
CAF 38767/2025/CA1 — “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 109320704-i) C/DI- RECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, abril de 2026 VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 25 de junio de 2025 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones de la AFIP (actual ARCA) por las que se había determinado de oficio el Impuesto a las Ganancias (períodos 2017, 2018 y 2019); IVA (períodos 12/2016 a 11/2019) y Ganancias, salidas no documentadas, por los meses 12/2016 a 4/2018, 6/2018, 8/2018 a 1/2019, 3 y 5 a 11/2019, con sus respectivos intereses. Asimismo, confirmó la sanción aplicada en el Impuesto a las Ganancias, salidas no documentadas, por los pagos efectuados en los meses de 12/2018; 1, 3, y 5 a 9 y 11/2019, reduciendo su graduación a dos veces el tributo evadido, con costas a la actora en la parte que confirmó y por su orden en la que redujo.
Para así resolver, efectuó las siguientes consideraciones:
a- En cuanto al planteo de nulidad, debía ser rechazado en razón de que, los actos fueron emitidos de conformidad con las prescripciones de las leyes 11.683 y 19.549, con fundamento en las circunstancias de hecho y derecho.
b- Respecto a la excepción de prescripción referida al Impuesto a las Ganancias (salidas no documentadas) e IVA, período fiscal 12/2016, el plazo comenzó a correr el 1º de enero de 2018, con término para su prescripción el 1º de enero de 2023. Teniendo en cuenta la suspensión general prevista en el art. 17 de la ley 27.562, a la fecha del dictado de las resoluciones apeladas las acciones y poderes del Fisco no se encontraban prescriptos. c- En cuanto al fondo, entendió que para poder reconstruir el circuito comercial de las operaciones cuestionadas, resultaba correcto el criterio aplicado por el Fisco al afirmar que los comprobantes aportados carecían de veracidad jurídica y no demostraban acabadamente que las operaciones hubiesen sido celebradas con los proveedores indicados, ya que no se podía identificar al emisor real de las facturas y existía una carencia respecto del respaldo documental. En efecto, se concluyó que no resultó acreditada la operatoria comercial desplegada para tener por existentes las operaciones de compras y los servicios prestados al no brindar la recurrente constancia sobre el pago, transporte de mercaderías o cualquier otro elemento que permitiera alterar el criterio fiscal sobre la inexistencia de las transacciones. d- En lo que refiere al Impuesto a las Ganancias, concluyó que no se logró acreditar que los servicios prestados o bienes adquiridos hayan sido gastos necesarios para obtener y mantener la ganancia gravada, por lo que correspondía impugnar su deducción de la base imponible del tributo.
d- En cuanto al Impuesto a las Ganancias, salidas no documentadas, entendió también que correspondía confirmar el ajuste atento que no se había acreditado quiénes fueron los beneficiarios reales de las operaciones.
e- Con respecto a la sanción de multa impuesta respecto del Impuesto a las Ganancias, salidas no documentadas, meritó que se había verificado que la actora no había acompañado los elementos probatorios suficientes que permitieran acceder al convencimiento de que había procedido conforme a derecho, sino que, por el contrario, las irregularidades podían considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco la verdadera magnitud de las operaciones.
f- Por otra lado, no correspondía hacer lugar al pedido de recalificar la sanción en la figura omisiva prevista en el art. 45 de la ley 11.683, por cuanto la presunción de dolo contemplada en el art. 47 no fue debidamente desvirtuada, y en consecuencia, la aplicación de la figura culposa era improcedente.
g- Finalmente, en cuanto a la graduación de la sanción, correspondía reducirla a dos veces el impuesto evadido ya que no se daban los presupuestos para que la reincidencia resultase operativa.
2. Que, contra dicha decisión apeló la actora y expresó agravios el 4/9/25, contestados por su contraria el 7/10/2025.
Se agravia del ilegítimo rechazo de la producción de prueba idónea para acreditar la existencia de las operaciones observadas.
Afirma en tal sentido que no permitir a Molino Cañuelas producir prueba informativa impidió acreditar la existencia y situación legal de los proveedores, la prestación de servicios de flete y entrega, el circuito financiero de los pagos, la intervención de corredores y las operaciones de exportación.
De igual modo, sostiene que la prueba pericial, cuya producción también fue negada, habría validado retenciones practicadas e ingresadas, fechas, trazabilidad de pagos, respaldo documental de operaciones y situación fiscal de los proveedores. Permitía también probar la registración de las operaciones y su veracidad, al igual que la prueba testimonial.
Manifiesta en tal sentido que el Fisco, al haber constatado la falta de presentación de las declaraciones juradas o el pago del tributo por parte de los proveedores, debió haber puesto en ejercicio sus facultades para lograr dilucidar la auténtica situación tributaria de aquél y perseguir el cobro de la acreencia.
Se agravia de que el Fisco haya tomado información de las bases e-APOC y que además lo haya hecho en forma retroactiva.
Asimismo, afirma que la sentencia apelada confirma parcialmente, de manera inadmisible la sanción prevista en el art. 46 de la ley 11.683 bajo el argumento de que CAF 38767/2025/CA1 — “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 109320704-i) C/DI- RECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
existiría intencionalidad de su parte en defraudar al Fisco. De este modo, asevera que se presume dolo sin que exista prueba concreta, directa y fehaciente por parte del organismo fiscal, ya que se le impidió probar su falta de intencionalidad.
En subsidio, solicita que se recalifique la conducta en la figura de omisión de impuesto prevista en el art. 45 de la ley 11.683.
Finalmente, peticiona a este Tribunal que autorice la producción de prueba a fin de acreditar la existencia de las operaciones y se agravia también de la imposición de costas.
Asimismo, ambas partes apelaron los honorarios regulados a los profesionales del Fisco por altos y bajos, el 30/6/25 y el 12/9/25, respectivamente.
3. Que, por su parte el Fisco expresó agravios con relación a la graduación de las multas, contestado el 26/9/25. Afirma al respecto que el acto resolutivo es claro al establecer que respecto de la actora existen antecedentes sumariales de multas anteriores y conforme el art. 50 de la ley fiscal le corresponde sobre la última establecer la reincidencia.
Como consecuencia de ello, entiende que correspondía aplicar lo establecido en la IG 7/2020 sobre la base dispuesta en su Anexo II al momento de graduar la san - ción, apartándose del mínimo legal.
A todo lo expuesto añade que no se debe pasar por alto que la actora en ningún momento cuestionó la graduación de la multa, limitándose a postular una supuesta falta de configuración del tipo infraccional del art. 46 de la ley 11.683.
4. Que, previo a examinar los agravios traídos a conocimiento de la Alzada, conviene recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la solución del caso (confr. Fallos:310:1835; 324:3421; 326:2235; 331:2077, entre otros).
5. Que, conforme surge de las presentes actuaciones la actora ofreció en sede administrativa las siguientes pruebas:
a) Documental: facturas, cartas de porte, remitos, copias de transferencias y consultas a la Base Apoc.
b) Informativa: oficio a la Inspección General de Justicia; a los bancos intervinientes en la gestión de pago electrónico/transferencia a fin de que informe el titular de la cuenta destinataria de los fondos transferidos por Molino; a la empresa Solares del Campo SA; Agroespigar SRL; Ceryhac SA Comercial y Financ, a fin de que informen si por el período fiscal 2016 a 2019 realizaron operaciones de corretaje en la adquisición de productos primarios entre Molino y Zarco, Labrar SA y Agro Técnica Norte, y detalle la modalidad de pago y la forma de cancelación de tales operaciones, acompañando copia certificada y facturas; y a Puerto Gral. San Martín y Puerto Timbues José María de Santa Fe a fin de que detalle las operaciones de exportación en que hubiesen intervenido.
c) Pericial Contable: a fin de que se disponga la sustanciación de dictamen sobre: - si los libros de la responsable son llevados en legal forma; si de los registros contables y demás documentación surge la existencia de las facturas de los proveedores; si los comprobantes impugnados fueron aprobados por AFIP y estaban vigentes; si los proveedores se encontraban en la Base Apoc, y desde qué fecha; -la forma en que se abonó cada una de las facturas vinculadas a las operaciones y si se encuentra identificado el receptor de los fondos y si las operaciones de compras impugnadas se encontraban respaldadas con los correspondientes remitos y/o cartas de porte.
El Fisco tuvo por presentada la prueba documental y rechazó la prueba informativa por considerarla inoficiosa por cuanto, según entendió, el libramiento de los oficios no contribuiría a demostrar que los proveedores analizados fueron quienes proveyeron los servicios invocados.
También rechazó la prueba pericial contable por considerar que su producción no haría modificar la postura fiscal, puesto que no se habían cuestionado aspectos que surgían de las registraciones y documental ofrecida. Asimismo, señaló que dicha prueba sólo demostraría la registración en los libros de los comprobantes, pero en ningún caso probaría la efectiva existencia de los bienes y/o servicios y su origen en actividades productivas y/o comerciales por parte de los proveedores apócrifos.
En consecuencia, y habiendo sido rechazadas las referidas pruebas, se determinó de oficio las obligaciones de la contribuyente al no haberse acreditado la realidad de las operaciones.
6. Que, la actora apeló los actos determinativos ante el Tribunal Fiscal, oportunidad en la que reiteró el ofrecimiento de las pruebas oportunamente rechazadas a fin de que se produzcan en la forma prevista en el art. 177 y en uso de la facultad conferi - da a dicho tribunal por el art. 164 de la ley 11.683.
7. Que, el Tribunal Fiscal dispuso rechazar la prueba informativa ya que los oficios solicitados versaban sobre cuestiones formales que no se debatían en autos y que además dicha información se hallaba en los antecedentes administrativos que había acompañado el Fisco. En tanto la testimonial carecía de todo sustento teniendo en cuenta que a quienes se pretendió ofrecer como testigos habían tenido relación directa con la actora y por tanto eran alcanzados por las generales de la ley. Por su parte, la pericial contable ofrecida fue rechazada también habida cuenta de la falta de aptitud de los puntos periciales para desvirtuar la pretensión fiscal. Contra dicha decisión la actora interpuso recurso de reposición, que fue rechazado.
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8. Que, cabe recordar al respecto que la prueba para ser admitida debe ser conducente al esclarecimiento de la verdad, y no todas las pruebas ofrecidas pueden ser aceptadas, pues el art. 33 del RPTFN prohíbe la admisión de las que fueran improcedentes, superfluas o meramente dilatorias, y aquéllas sobre hechos que no hayan sido invocados por las partes en sus escritos de interposición y responde.
La prueba es improcedente y debe ser rechazada cuando el medio propuesto para producirla no es el autorizado ni el idóneo. Asimismo, puede ser irrelevante si con ella se intenta demostrar un hecho que no integra la litis o que no esté discutido. Y es superflua y sobreabundante cuanto tiende a acreditar un hecho debidamente probado. Es dilatoria cuando es innecesaria y entorpece el desarrollo del proceso.
Cabe señalar al respecto que en el proceso administrativo las pruebas deben ofrecerse en oportunidad y junto con la demanda o contestación, pudiendo ampliarla con relación a hechos nuevos no considerados anteriormente cuando esté prevista dicha posibilidad.
Aquella prueba no admitida puede ser nuevamente ofrecida ante la instancia del Tribunal Fiscal. Es dable puntualizar en este sentido que el art. 166 de la ley 11.683 dispuso que en el supuesto de apelarse ante el Tribunal Fiscal una resolución del Fisco, salvo en materia de sanciones y sin perjuicio de las facultades establecidas en los arts. 164 y 177, no se podrá ofrecer la prueba que no hubiera sido ya ofrecida en sede administrativa, con excepción de aquélla sobre hechos nuevos o la referida a medidas para mejor proveer. En tal sentido, el Tribunal Fiscal tiene amplias facultades para indagar y esclarecer la verdad de los hechos pudiéndolo incluso, en su caso, disponer las medidas para mejor proveer pertinentes.
A ello cabe agregar que si la prueba es rechazada en sede administrativa, el particular puede volver a ofrecerla en la instancia del Tribunal, subsanándose de tal modo una posible nulidad, porque es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación de la defensa en juicio no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior. Tal limitación al ofrecimiento de prueba busca equiparar los derechos de los sujetos en el procedimiento que se inicia ante el Tribunal Fiscal, evitando que la negligencia del contribuyente en el procedimiento determinativo se traslade luego hacia la administración.
Si el Vocal instructor deniega la producción de alguna medida probatoria lo debe hacer por resolución fundada. En tal caso, la parte que se vea perjudicada puede interponer recurso de reposición.
Al respecto no puede soslayarse que la etapa probatoria es de gran importancia ya que el contribuyente tiene la oportunidad de presentar todas las pruebas que hacen a su derecho y el instructor debe evaluarlas e integrarlas con aquellas que la ley deja a su discreción.
9. Que, en el caso de autos, el Tribunal Fiscal denegó a la actora la posibilidad de ejercer su derecho de defensa al rechazar las pruebas ofrecidas por ésta, cuando no sólo se cuestiona la capacidad de los proveedores y la existencia de las operaciones efectuadas con ellos a los fines del cómputo de los créditos fiscales, sino también la posibilidad de deducir los gastos en el Impuesto a las Ganancias y la existencia de los beneficiarios a los fines del Impuesto a las Salidas no Documentadas y la aplicación de las sanciones. De modo que asiste razón a la actora en cuanto sostiene al respecto que no se trata de una mera discrepancia sobre la valoración de la prueba, sino de la negación de permitir a su parte acreditar su postura. En efecto, la sentencia afirma que no se desvirtuó la posición fiscal, pero, a su vez, en forma contradictoria, impidió la producción de la prueba ofrecida, lo cual vulnera el derecho de defensa de la contribuyente. Ello es así en especial cuando en sede administrativa también le fueron denegadas las pruebas ofrecidas y el Tribunal Fiscal era la oportunidad de poder subsanar tal afectación.
10. Que cabe recordar al respecto que el artículo 86 de la ley 11.683 dispone que en los recursos de revisión y apelación limitada contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de tributos o sanciones, la Cámara resolverá el fondo del asunto teniendo por válidas las conclusiones de aquel Tribunal sobre los hechos probados, aunque podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos.
Por otra parte, si entiende que en el procedimiento ante aquel Tribunal se han violado las formas legales, puede declarar la nulidad de las actuaciones o de la resolución y devolver los autos o avocarse al conocimiento del asunto y abrir la causa a prueba. Por lo expuesto, y a fin de garantizar el principio de la doble instancia, se declara la nulidad de lo decidido por el Tribunal Fiscal, disponiendo que vuelvan los autos a fin de que, por quien corresponda, se arbitren los medios para la producción de las pruebas informativa y pericial contable ofrecidas y se dicte un nuevo pronunciamiento. En cuanto a la prueba testimonial no corresponde hacerle lugar en tanto no fue oportunamente propuesta en sede administrativa y además no se advierte que resulte conducente a los fines de la resolución de la causa. ASI SE DECIDE.
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Las costas se imponen por su orden en atención a la forma en que se resuelve. Por todo lo expuesto se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios. ASI TAM- BIÉN SE DECIDE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase a sus efectos.
Jorge Eduardo Morán Rogelio W. Vincenti Marcelo Daniel Duffy
Fin de la sentencia