Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 130129649-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, revocar la sentencia recurrida y admitir la repetición solicitada, en los términos que surgen del presente pronunciamiento.
2Distribuir las costas de ambas instancias conforme el considerando 9°.
–SALA IV–
Expte. CAF n° 50321/2025/CA1: “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 130129649-A)
c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
Buenos Aires, de febrero de 2026.
La elevación del expediente digital TF 130129649-A a través del DEO n° 21392727, “a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 10/07/2025 y 20/08/2025 (v. IF-2025-74532914-APN-DTD#JGM e IF-2025- 91548289-APNDTD#JGM) concedidos el 11/07/2025 y 21/08/2025 (v. PV-2025-75297778- APN-VOCXVIII#TFN y PV2025-92356367-APN-VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 27/05/2025, en cuanto confirma la Resolución N° 1201/2024 (AD SALO), con costas por su orden (v. IF-2025-56561460-APNVOCXVIII#TFN)” (v. nota de las págs. 390/391 del expte. electrónico, donde también consta que la parte demandada contestó agravios dentro del plazo legal y que la actora no hizo lo propio).
1. Que, por sentencia de fecha 27/05/2025, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución n° 1201/2024 (AD SALO), recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-7- 2023; a través de la cual se había dispuesto rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma actora con relación al permiso de embarque nº 17057EC01004880T, los cuales habían sido abonados en consonancia con el decreto n° 133/2015. Asimismo, impuso las costas del proceso por su orden.
2. Que, para así decidir, los vocales que conformaron la mayoría entendieron que resultaba aplicable al caso la doctrina sentada por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo plenario recaído en “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ Recurso de Apelación” (IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN).
3. Que, al expresar agravios, la actora reiteró su planteo de inconstitucionalidad del decreto n° 133/2015, por entender que aquél resulta violatorio del principio de reserva de ley en materia tributaria; a partir de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:388). 1 Por lo demás, insistió en que no perseguía la devolución íntegra de lo abonado por el tributo aquí involucrado, sino únicamente la diferencia resultante entre la alícuota fijada por el decreto impugnado (27%) y la que a su entender resultaba aplicable conforme al decreto n° 509/2007 (24%); por considerar que este último era el único instrumento normativo que contaba con una convalidación legislativa suficientemente concreta y determinable, en los términos exigidos por la Corte en el citado precedente.
4. Que, la demandada se agravió de la distribución por su orden de las costas del proceso.
5. Que, el 06/02/2026, el señor fiscal general dictaminó sobre la competencia de esta Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
6. Que, corresponde aclarar que, como principio y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de tales derechos en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley n° 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6°).
Más allá de lo expuesto, en este caso la actora consintió el importe equivalente a la alícuota del 24% que le hubiese correspondido abonar por aplicación del decreto n° 509/2007, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido legítimamente percibido por el fisco nacional (v. p. 35 del expediente electrónico del Tribunal Fiscal).
Por lo tanto, el alcance de la presente repetición queda circunscripto a la diferencia porcentual reclamada, que no está en discusión que corresponde al incremento de alícuota dispuesto para la posición arancelaria 1507.10.00.100Q por el decreto n° 133/2015.
8. Que, los planteos de la actora encuentran debido tratamiento en el precedente de esta Sala “Molino Cañuelas (TF 138475558-A) c/ DGA”, expte. 20586/2024, sentencia del 15/04/2025, considerandos 7° a 11.
Por lo allí expuesto, se declara la invalidez constitucional del decreto n° 133/2015, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
2 –SALA IV–
Expte. CAF n° 50321/2025/CA1: “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 130129649-A)
c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
Además, porque –de conformidad con la doctrina de Fallos: 337:388– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha de registro de la exportación involucrada en este caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por el decreto, en la porción que aquí se discute.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto n° 133/2015 y admitir la repetición por la diferencia porcentual en disputa.
Dicha sumas deberán determinarse en pesos y sobre la base del importe efectivamente abonado, que surge de las actuaciones; y devengará los intereses correspondientes, en los términos previstos por los arts. 811 y 812 del Código Aduanero (cfr. doctrina de esta Sala in re “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 16622204-A) c/ DGA”, expte. 17783/2025, sentencia del 07/10/2025 y sus citas).
9. Que, dado el modo en que se decide y siendo que no existen razones especiales que lleven a apartarse del principio general que rige en la materia, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del Código Aduanero; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En virtud de lo expuesto y oído el señor fiscal general, el Tribunal
1. Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, revocar la sentencia recurrida y admitir la repetición solicitada, en los términos que surgen del presente pronunciamiento.
2. Distribuir las costas de ambas instancias conforme el considerando 9°.
El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia