Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 132011393-A
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
38918/2025 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 132011393-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de febrero de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 132011393-A (v. DEO del 22/10/25) para tratar “los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 10/07/2025 y 10/07/2025 (v. IF-2025-74536370-APN-DTD#JGM e IF-2025-74621575-APNDTD#JGM)
concedidos el 11/07/2025 (v. PV-2025-75232805-APN-VOCXIV#TFN) contra la sentencia dictada el 23/05/2025, en cuanto confirma la Resolución RESOL-2024-1253-E- AFIPADSALO#SDGOAI, con costas por su orden (v. INLEG-2025-55387607-APN- VOCXIV#TFN)” (v. nota en la pág. 616 del exp. electrónico, donde también consta que ambas partes expresaron agravios dentro del plazo legal, y contestaron los traslados conferidos); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución RESOL-2024-1253-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones SIGEA 17134- 2515-2021, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación, abonada en los términos del decreto 133/15 y con relación al permiso de embarque 16057EC01010700G.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), conforme a la cual: “ARTICULO 1° - El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°. - El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”
Señaló que a la fecha de oficialización del permiso de embarque involucrado en el caso se encontraba vigente el decreto 133/15, mediante el cual se fijó un derecho de exportación del 27% para la exportación de mercadería comprendida en la posición arancelaria PA 1507.10.00.100Q. Por lo tanto, al no poder expedirse sobre su constitucionalidad, correspondía rechazar la devolución solicitada.
La mayoría distribuyó las costas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión y el hecho de que se la resolviese por una doctrina plenaria.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
En tal sentido, precisó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, se debió invalidar el decreto aquí impugnado; que estaba vigente al momento de registro de la operación y fijaba una alícuota del 27% en concepto de derechos de exportación para la mercadería comprendida en la posición arancelaria 1507.10.00.100Q. No obstante, insistió en que no perseguía la devolución íntegra de lo abonado, sino únicamente la diferencia entre dicha alícuota y la que, a su entender, resultaba aplicable conforme al decreto 509/07 (24%), por considerar que este último era el único instrumento normativo que contaba con una convalidación legislativa suficientemente concreta y determinable, en los términos exigidos por la Corte en el citado precedente.
Para reforzar su postura, citó precedentes de esta Sala en los que se declaró la inconstitucionalidad del decreto en cuestión, así como de otros antecedentes similares. Concluyó que correspondía revocar la decisión y admitir la devolución de la diferencia reclamada.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 11/11/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que corresponde aclarar que, como principio y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de tales derechos en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º). Más allá de lo expuesto, en este caso la actora consintió el importe equivalente a la alícuota del 24% que le hubiese correspondido abonar por aplicación del decreto 509/07, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido legítimamente percibido por el Fisco (v. pp. 35 y 567, expte. cit.).
Por lo tanto, el alcance de la presente repetición queda circunscripto a la diferencia porcentual reclamada, que no está en discusión que corresponde al incremento de alícuota dispuesto para la PA 1507.10.00.100Q por el decreto 133/15 (v. esp. p. 459, expte. cit.).
6. Que los planteos de la actora se encuentran tratados en los considerandos 7° a 11 de la resolución dictada el 15/4/25 en la causa 20586/24 “Molino Cañuelas (TF 138475558-A) c/ DGA”, a cuyos términos se remite por razones de brevedad.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
38918/2025 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 132011393-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por lo allí expuesto, se declara la invalidez constitucional del decreto 133/15, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
Además, porque –de conformidad con la doctrina de Fallos: 337:388– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha de registro de la exportación involucrada en este caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por el decreto, en la porción que aquí se discute.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 133/15 y admitir la repetición de la diferencia porcentual reclamada con relación al PE 16057EC01010700G; más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero.
ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por la Corte en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º). Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues —de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008—, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, la diferencia a restituir deberá determinarse en pesos y sobre la base del importe efectivamente abonado que surge de las actuaciones administrativas (doctr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar su apelación. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
9. Que, en atención a la intimación cursada el 23/10/25, notificada en igual fecha, sin que la actora cumpliese con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente y hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10 in fine de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco a fin de que determine el monto de la tasa de justicia a exigir. ASÍ TAMBIEN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y cúmplase con la remisión ordenada al Representante del Fisco.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia