Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 149463761-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por Molino Cañuelas SACIFIA, revocar el pronunciamiento del 15/10/2024 dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la RESOLUCIÓN RESOL-2023-467-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, declarar –en el caso– la inconstitucionalidad del Decreto n° 133/2015 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos X y XI;
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Buenos Aires, 29 de agosto de 2025.-
VISTA esta causa n° 7.458/2025: “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 149463761-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
I.-) Que, mediante el pronunciamiento de fecha 15/10/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó, la RESOLUCIÓN RESOL-2023-467-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en la ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA SIGEA N° 17134-236-2023, interpretando que no se hallaba habilitado a declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.
Asimismo, entendió que el Poder Ejecutivo Nacional podía establecer derechos de exportación, en función de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero.
Sostuvo que no correspondía declarar la invalidez del Decreto n° 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal debía expedirse respecto de resoluciones emanadas de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS que denegaran la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto n° 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 4/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido decreto, y hasta el día 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la Ley n° 27.467 (ver fs. 249/251 del expediente administrativo identificado como DEO: 17733001 - OFICIO COMUNICACIÓN - 60000016902 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, agregado al Sistema informático Lex100 con fecha 26/03/2025).
Finalmente, se distribuyeron las costas del modo indicado, atento que se resolvía con base en una decisión plenaria.
II.-) Que, contra dicho pronunciamiento, la empresa actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios en una única presentación (ver fs. 256/273 del expediente administrativo, supra mencionado).
Dicha presentación tuvo réplica de su contraria (ver fs. 306/314 del expediente administrativo, mencionado).
Asimismo, el pronunciamiento fue apelado por el Fisco Nacional quien expresó agravios en una única presentación (282/289 del expediente administrativo, ya citado). La mentada recibió réplica de la contraria a fs. 318/342, de las actuaciones administrativas aquí analizadas.
i) Agravios de Molinos Cañuelas:
Tras referir los antecedentes del caso, en sustancial síntesis, la exportadora cuestionó la aplicación de la solución plenaria adoptada en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”. A Al respecto, destacó que el Tribunal a quo aplicó la doctrina plenaria sin atender a las particularidades del caso, puesto que el plenario trató la validez del Decreto n° 793/2018, mientras que aquí se discutió la aplicación del Decreto n° 133/2015. Por ello, debe considerarse inaplicable.
Asimismo, sostiene que en este caso particular el Tribunal Fiscal de la Nación debió declarar la institucional de la norma en conflicto puesto que nuestro Máximo Tribunal ya se había expedido al respecto en el precedente “Camaronera Patagónica” (Fallos: 342:1903), en función del cual declaró inválidas normas del Poder Ejecutivo Nacional que fijaban retenciones sin base legislativa.
En igual sentido, alegó que el artículo 755 del Código Aduanero no configuraba una norma delegante válida, en tanto no establecía los elementos esenciales del tributo de que se trataba.
Destacó que tanto la doctrina como la jurisprudencia exigían una clara política legislativa y ratificación posterior del Congreso, lo que no había ocurrido en el presente caso con el dictado del Decreto n° 133/2015.
Observó que, en suma, el Decreto n° 133/2015 carece de toda validez si se tiene en cuenta: a) que ha sido dictada por un órgano que carece de competencias legislativas para regular en materia tributaria; b) que no ha mediado norma delegante que confiera facultades tributarias a los órganos administrativos, habilitándolos a regular las alícuotas de los derechos de exportación aplicables a las mercaderías que exporta la Compañía; c) que aunque se sostuviera que las facultades surgen del Código Aduanero, aquella norma resulta insuficiente para cumplir con las exigencias emergentes del artículo 76 de la Constitución Nacional; d) que no ha mediado posterior convalidación por parte del Poder Legislativo Nacional.
Entendió que, así, resulta inconstitucional la pretendida aplicación de alícuotas de Derechos de Exportación establecidos en decretos que carecen de una “delegación” o posterior ratificación legislativa, en la medida en que vulneran el Principio de Legalidad en materia tributaria y se oponen a la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Precedente “Camaronera Patagónica S.A.”. Esgrimió que el Poder Ejecutivo Nacional estableció modificaciones en las alícuotas de los Derechos de Exportación correspondientes a la posición arancelaria de los bienes exportados en la operación comprometida, que no contaron con autorización ni ratificación por parte del Poder Legislativo Nacional, resultando inaplicables por ser contrarias al ordenamiento jurídico aplicable.
Consideró que, únicamente resultaba válida y aplicable aquella norma que, a la fecha del cálculo del tributo, contaba con la debida legalidad, sea ya originaria o mediante ratificación posterior por parte del Congreso –particularmente, el Decreto n° 509/2007 que modificó la Nomenclatura Común del Mercosur–.
Concluyó que, conforme a los argumentos expuestos de hecho y de derecho puede afirmarse sin hesitación que la norma del Poder Ejecutivo Nacional en crisis resulta dictada autónomamente, correspondiendo declarar su nulidad absoluta e insanable.
ii) Agravios del Fisco Nacional:
Sostiene la recurrente que el dictado del plenario de ninguna manera resulta ser un justificativo para apartarse del principio general que dispone que las costas deben ser soportadas por el vencido.
Postula que, para apartarse del principio general de la derrota se requieren fundamentos suficientes que den lugar a la eximición de costas, y el hecho de que se haya dictado el plenario con posterioridad a la interposición del recurso de apelación, no resulta ser un justificativo adecuado.
En definitiva, afirma que su parte ha resultado vencedor en cada una de estas causas, correspondiendo la imposición de costas a la vencida.
Por ello, solicitó se revoque el pronunciamiento recurrido en lo que es materia de agravio y se impongan las costas de ambas instancias a la actora. Finalmente, es de señalar que con fecha 27/03/2025 el Sr. FISCAL GENERAL ANTE LAS CÁMARAS NACIONALES DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL Y EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL emitió el pertinente dictamen.
III.-) Que, no se encuentra controvertida la operatoria bajo trato, ni los elementos resultantes de la declaración aduanera, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación conforme lo normado por el Decreto n° 133/2015, impugnado en autos. Al punto, resulta atinado mencionar que según surge de la documentación acompañada, en el caso, la firma actora exportó bajo la destinación nro. “17057EC01006223M”, oficializada el 26/07/2017, mercadería declarada bajo la posición arancelaria “2304.00.10.100B”, abonando derechos de exportación según una alícuota del 27% de su valor FOB.
Por la presente, la accionante, reclamó la devolución de la diferencia entre lo abonado en concepto de derechos de exportación por aplicación del Decreto n° 133/2015 y lo que, en su entendimiento, hubiera correspondido de aplicar la norma correcta, esto es, lo previsto por el Decreto n° 509/2007, precepto anterior en el tiempo que contaría con el suficiente respaldo normativo en los términos de “Camaronera Patagónica SA”.
IV.-) Que, sentado ello, cuadra referir que mediante el dictado del Decreto n° 509/2007 el Poder Ejecutivo de la Nación fijó los derechos de exportación para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur que se consignan en las tres (3) planillas del Anexo XIV del decreto (art. 16), y mantuvo la vigencia de los Decretos nros. 310/2002, 809/2002 y 645/2004, de la Resolución n° 526/2002 y las Resoluciones nros. 335, 336 y 337 del 2004, entre otras (art. 17), de acuerdo con las alícuotas establecidas en el Anexo XV (art. 18).
Por su parte, en el artículo 19 fijó “para las mercaderías no alcanzadas por las disposiciones de los artículos 16 a 18 precedentes, un derecho de exportación del cinco por ciento (5%)”.
En cuanto aquí interesa, para la posición arancelaria 2304.00.10 se fijó una alícuota del 24%.
El Decreto fue convalidado por la Cámara de Senadores de la Nación con fecha 22/8/2007 (B.O. 10/10/2007) y por la Cámara de Diputados de la Nación con fecha 28/11/2007 (B.O. 10/12/2007).
Posteriormente, mediante el dictado del Decreto n° 133/2015 el Poder Ejecutivo de la Nación dispuso que la posición arancelaria 2304.00.10 tuviera una alícuota del 27%.
V.-) Que, precisada la plataforma fáctica y normativa involucrada en la especie, se advierte que, a los fines de la dilucidación del caso, cuadra seguir la doctrina que emana del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 15/04/2014, en la causa “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/ amparo” (Fallos: 337:388).
En dicha oportunidad, el Voto de la mayoría del Alto Tribunal, al analizar la validez de la resolución del Ministerio de Economía n° 11/2002, en virtud de la cual se fijaron ciertos derechos a la exportación para consumo, a determinadas mercaderías, identificadas según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), destacó –en lo que aquí interesa– que resultaba imprescindible remarcar la indudable naturaleza tributaria del derecho de exportación, toda vez que se trataba de un tributo cuya definición podía comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto gravaba el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realizaba la acción gravada prevista por la norma con destino a las arcas públicas.
Se enfatizó que la citada norma definía un presupuesto de hecho que al verificarse en la realidad del caso concreto daba origen a la obligación de ingresar al erario […] una suma de dinero, en las condiciones que establecía el texto legal. Tal obligación tenía por fuente un acto unilateral del estado –justificado por el poder tributario que la Constitución Nacional le otorga al Congreso–, y su cumplimiento se imponía coactivamente a los particulares, cuya voluntad carecía, a esos efectos, de toda eficacia” (ver considerando 6º).
El Máximo Tribunal resaltó que el principio de reserva legal en materia tributaria no cedía, en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional (ver su considerando 9º).
Asimismo, interpretó que la Ley n° 25.561 contenía en su artículo 5º, tercer párrafo, in fine “una previsión de creación de un derecho de exportación de hidrocarburos, supuesto ajeno al de la especie”.
En la línea expuesta, agregó que: “de su lectura no puede siquiera intuirse que el Poder Legislativo haya delegado en el Ejecutivo la posibilidad de crear este tipo de gravámenes, más allá de la admisibilidad constitucional de tal mecanismo, que como se señaló […] debe ser enérgicamente rechazado”.
De esta manera, remarcó que los artículos 733 y ss. establecían que el derecho de exportación podía ser ad valorem (es decir, de base imponible variable en función del valor de la mercadería) o bien específico (una cantidad determinada, fija o variable en función de la cantidad de mercadería que se exporte), pero para el caso en concreto aquí discutido, como podía observarse, no era el legislador quien había determinado, de manera cierta e indudable, cuál era la forma de cuantificar la prestación, sino que había de recurrirse necesariamente, a lo dispuesto por la Resolución n° 11/2002.
Concluyó que, “el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados”.
Por su parte, entendió que resultaba admisible que el Congreso atribuyera al poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autorizaba elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaren pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
Sin embargo, concibió que, la Resolución ME n° 11/2002 no se ajustaba a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedaba completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, circunstancia que conducía a declarar su invalidez (ver Considerando 10, in fine).
En función de lo expuesto, a fin de establecer el alcance de la mentada invalidez, indicó que en materia de delegación legislativa, los constituyentes de 1994, además de incorporar a nuestra Carta Magna el texto del actual arto 76, agregaron la cláusula transitoria octava, según la cual: “[l]a legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caduca a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.
Señaló que, en tal contexto, se habían dictado las Leyes números 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519.
Remarcó que –con excepción de la Ley n° 26.519– las leyes contenían una estructura similar, al ratificar la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que establecían y aprobaban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994.
Indicó que la Ley n° 25.148, al aprobar la totalidad de la legislación delegada (art. 3º), se refirió a las normas dictadas desde la sanción de la reforma constitucional y hasta su vigencia.
Así, concluyó que la Ley n° 25.645, al disponer en su artículo 3º que se aprobaría la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de constitucional de 1994, hacía “alusión a las normas dictadas hasta la fecha de su entrada en vigor, hecho que aconteció el 24 de agosto de 2002”.
En la línea expuesta, el mentado precedente consideró que tales términos constituían “la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia” y solo podía ser interpretados en el sentido que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigor.
En función de lo expuesto, señaló que si bien la Ley n° 25.645 carecía de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable –como la Resolución n° 11/2002 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura–, no existía razón alguna para privarla de efectos con relación a los hechos acaecidos después de su entrada en vigor.
Por ello, aclaró que la invalidez declarada se circunscribía al período comprendido entre el día 5/03/2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el día 24/08/2002, momento a partir del cual regía la Ley n° 25.645, disposición que le otorgó al contenido de la Resolución n° 11/2002, rango legal (considerando 11 in fine). VI.-) Que, si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. C.S.J.N., Fallos, 311:1644 y 2004 y esta Sala, en autos 3950/2017 “Macchiavelli, Andrea Mariana c/ EN - Mº Justicia DDHH s/proceso de conocimiento”, sentencia de fecha 28/11/2019 y su cita; entre otros).
Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley. VII.-) Que, por aplicación al caso de los estándares que emanan del referido pronunciamiento del Alto Tribunal, no cabe sino admitir la apelación deducida por Molino Cañuelas y, en consecuencia, hacer lugar a la acción de repetición que intentara por la diferencia de tributos entre la aplicación de las previsiones del Decreto n° 133/2015 y el Decreto n° 509/2007, determinando ello, respecto de la destinación involucrada en autos, la devolución de las sumas equivalentes a 3 puntos porcentuales; cuyo pago –por lo demás– no fue desconocido en autos por el Fisco Nacional. En efecto, no caben dudas de la invalidez constitucional del Decreto n° 133/2015, toda vez que por su intermedio se incrementó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
VIII.-) Que, a todo evento, cuadra precisar que, en la especie, no concurren los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en “Camaronera Patagónica SA” (cit.) para permitir eventualmente, por las particulares necesidades que la reglamentación del comercio exterior impone, la regulación por la Administración de ciertos pormenores y detalles concernientes a los derechos aduaneros previamente fijados por el Congreso Nacional (conf. arg. artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional).
En efecto, tal como resulta de lineamientos referidos al tiempo de reseñar la decisión adoptada en el fallo en cuestión, a criterio del Alto Tribunal, resultaría admisible que el Congreso Nacional atribuyera al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, a la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, autorizando así a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
En el caso, se advierte que el atacado Decreto n° 133/2015 no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación; materia que se encuentra materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación. Es que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresara en “Camaronera Patagónica SA” (cit.), el principio de reserva legal en materia tributaria no cede en caso que se actúe por medio del mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pues éste refiere exclusivamente a determinadas materias de administración o de emergencia económica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Al margen de ello, la delegación legislativa se encuentra prohibida, en particular por el propio artículo 76, primer párrafo, así como por el artículo 99, ambos de la Constitución Nacional. Por tanto, la delegación contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviera gravada con este tributo; desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y modificar el derecho de exportación establecido, en modo alguno alcanza para dar validez a la impugnada resolución ministerial.
En este sentido, cuadra advertir que el Decreto n° 133/2015 no se ajustó a los parámetros antes señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó (a tenor del texto contenido en la norma delegante) librado exclusivamente al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, careciendo –por tanto– de sustento legal el ejercicio de tal facultad delegada; ello así, en tanto el precepto cuestionado fijó unilateralmente y sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación, el cual por cierto omitió toda indicación sobre el particular al disponer la delegación.
Lo dicho determina la inconstitucionalidad del Decreto n° 133/2015 que, por la presente, en el caso concreto, se declara.
IX.-) Que, por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso, revocar el pronunciamiento del 15/10/2024 dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la RESOLUCIÓN RESOL-2023-467-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI y, consecuentemente, admitir la pretendida repetición de lo abonado en demasía en concepto de derechos de exportación en lo que respecta a la destinación “17057EC01006223M”, liquidados y cancelados con sustento en el Decreto n° 133/2015, cuya inconstitucionalidad, en el caso, se declara.
Lo dicho determina el reconocimiento del derecho de la exportadora a obtener la devolución de las sumas equivalente a 3 puntos porcentuales respecto de las destinaciones involucradas en autos; diferencia resultante de la aplicación de lo normado por el Decreto n° 133/2015 en lugar de lo previsto en el Decreto n° 509/2007. X.-) Que, por lo demás, cuadra señalar que, en igual sentido se ha venido pronunciando el Tribunal al examinar, bajo la doctrina que emana del precedente del Alto Tribunal dictado en autos “Camaronera Patagónica SA” (cit.), la constitucionalidad de distintos preceptos normativos que desoyeron el principio de reserva de ley en materia tributaria (conf., a título ejemplificativo, esta Sala, en autos 22.524/2023 “Xeitosiño SA (TF 15443210-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 11/7/2023, en lo que respecta al Decreto n° 793/2018; en autos 13.173/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22884252-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 10/10/2024, en lo que respecta a la Resolución ex MEyP 126/2008; y en autos 44.734/2022 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 39.344-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 27/2/2024, en lo que respecta a la Resolución ex MEyP 127/2008; en autos 1904/2024 “LDC Argentina SA (TF 38.925-A) c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia de fecha 6/12/2024, en lo que respecta a la Resolución ex MEyP n° 182/2008; entre otros supuestos).
XI.-) Que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde las peticiones administrativas de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes a cada período. XII.-) Que, con relación a las costas, cuestión que suscito agravio por parte del Fisco Nacional –pese a que el Tribunal Fiscal de la Nación las impusiera a la empresa actora–, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del CA).
Por ende, corresponde rechazar la apelación del Fisco Nacional.
Por los fundamentos que anteceden, el TRIBUNAL RESUELVE: 1º) admitir la apelación deducida por Molino Cañuelas SACIFIA, revocar el pronunciamiento del 15/10/2024 dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la RESOLUCIÓN RESOL-2023-467-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, declarar –en el caso– la inconstitucionalidad del Decreto n° 133/2015 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos X y XI; 2º) desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese –a las partes y al Sr. Fiscal General de Cámara– y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia