Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 16528608-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y revocar el pronunciamiento apelado;
2Declarar la inconstitucionalidad de la alícuota exigida por el decreto 133/2015 y reconocer el derecho de la firma demandante a obtener el reintegro del derecho de exportación abonado al oficializar el PE indicado en el considerando III, con el alcance allí señalado;
3Desestimar las críticas de la parte demandada; y 4. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 5.127/2025 "MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 16528608-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de septiembre de 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los autos caratulados "Molino Cañuelas SACIFIA (TF 16528608 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", La jueza Clara María do Pico dijo:
I. Por pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación se resolvió confirmar la resolución aduanera que desestimó el pedido de repetición de los derechos de exportación abonados por la actora, con fundamento en lo establecido por el decreto 133/2015, con costas por su orden.
En lo sustancial, se aplicó lo establecido en el plenario del TFN de las salas con competencia en materia aduanera de fecha 26 de abril de 2022 (plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”).
II. Disconformes, apelaron ambas partes y expresaron agravios que solo fueron contestados por la firma actora (págs. 315/32, 340/7 y 356/64)
La actora sostiene, en lo sustancial, que el decreto 133/2015 fijó una alícuota de derechos de exportación superior a la prevista en el decreto 509/2007 —que sí contó con ratificación legislativa— para las mercaderías clasificadas en la PA 2304.00.10.100B. Añade que, al momento de registrarse la declaración jurada de venta al exterior (conf. art. 6° de la ley 21.453), el decreto 133/2015 carecía de ratificación legislativa. En consecuencia, invoca la doctrina establecida por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), para sostener que el derecho de exportación exigido en el caso no respetó el principio de reserva de ley aplicable en materia tributaria.
La demandada, por su parte, cuestiona la distribución de costas en el orden causado.
III. Las críticas de la firma actora encuentran adecuada respuesta en las consideraciones desarrolladas por esta sala, causas n° 30.436/2023 "Bunge Argentina SA (TF 37994-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", pronunciamiento del 21 de diciembre de 2023, n° 42.766/2023 "LDC Argentina SA (TF 52066126-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 4 de abril de 2024, n° 18.580/2024 "Compañía Argentina de Granos SA (TF 149509502 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 3 de abril de 2024, n° 22.871/2024 “Compañía Argentina de Granos SA (TF 149488739-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 15 de julio de 2025, y n°10.579/2025 “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 16651582-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo" pronunciamiento del día de la fecha; a las que cabe remitirse por razones de brevedad.
Consecuentemente, corresponde admitir las críticas , revocar el pronunciamiento recurrido y declarar la inconstitucionalidad de la alícuota exigida en demasía de aquella establecida por el decreto 509/2007, al oficializar la DJVE relativa al PE n° 17057EC01010467R (22/11/2017). El reintegro de las sumas reconocidas deberá ser en pesos (CSJN, “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA” de fecha 15 de mayo de 2014, consid. 8° y esta sala, causa nro. 29.350/2014 “Siderca SAIC c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 11 de febrero de 2016, y sus citas), con más intereses a partir del 29 de diciembre de 2022 (págs. 161 y ss.).
De ese modo, corresponde desestimar las impugnaciones dirigidas contra la aplicación de la resolución n° 314/2004, fundadas en la pretensión de que la devolución se realizara en dólares y con la tasa diferencial prevista en la resolución n° 598/2019 (págs. 49 y ss.).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 5.127/2025 "MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 16528608-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
A la suma a devolver corresponde aplicar la tasa fijada por las resoluciones nros. 559/2022 y 3/2024 (ME), según la vigencia temporal de esas normas (ver art. 9º de la resolución nº 559/2022 y 10 de la resolución nº 3/2024 —modificada por las resoluciones nº 199/2025 y 823/2025 del Ministerio de Economía—), hasta su efectivo pago (con arreglo a los arts. 811 y 812 del CA).
IV. En atención al modo en que se decide, las costas de ambas instancias deben imponerse a la demandada vencida, al no encontrarse motivos que justifiquen apartarse del principio general en materia de costas (arts. 68, primera parte, 279 del CPCCN y 1163 del Código Aduanero). Por esa razón, se desestiman las críticas de la demandada.
Por lo hasta aquí expuesto, VOTO por: 1. Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y revocar el pronunciamiento apelado; 2. Declarar la inconstitucionalidad de la alícuota exigida por el decreto 133/2015 y reconocer el derecho de la demandante a obtener el reintegro del derecho de exportación abonado al oficializar el PE indicado en el considerando III, con el alcance allí señalado; 3. Desestimar las críticas de la demandada; y 4. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.
La jueza Liliana María Heiland y el juez Rodolfo Eduardo Facio adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la firma actora y revocar el pronunciamiento apelado; 2. Declarar la inconstitucionalidad de la alícuota exigida por el decreto 133/2015 y reconocer el derecho de la firma demandante a obtener el reintegro del derecho de exportación abonado al oficializar el PE indicado en el considerando III, con el alcance allí señalado; 3. Desestimar las críticas de la parte demandada; y 4. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia