Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 16539825-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida MOLINO CAÑUELAS SACIFIA, revocar el pronunciamiento del 31/10/2024 dictado por la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la Resolución RESOL-2023-646-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del decreto 133/15 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V y VI;
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
17789/2025 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 16539825-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 19 de marzo de 2026.- TS VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, con fecha 31/10/2024, el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo dictó la “RESOL-2023-646-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI”, en las actuaciones SIGEA Nº 17134-84-2023, mediante la cual rechazó la petición de la empresa MOLINO CAÑUELAS SACIFIA, en virtud de la cual solicitaba la devolución de derechos de exportación abonados indebidamente por exigencia del Decreto 133/2015, con relación a la operación de exportación a consumo documentada mediante la Destinación nro. 17057EC01006761T (v. fs. 57/60 y 219/230 del expediente administrativo, identificado como DEO: 18463752 - Oficio Comunicación -60000016902- Tribunal Fiscal de la Nación, agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 20/05/2025).
II. Que, contra lo así decidido, la parte actora solicitó la revisión de la Resolución nro. 646/23 dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo (ver fs. 5/55 del expediente administrativo, supra mencionado), ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.
En función de lo expuesto llegaron las actuaciones a la Sala “F”, la cual con fecha 31/10/2024, confirmó la resolución aduanera en cuanto rechazó la acción de repetición intentada por MOLINO CAÑUELAS SACIFIA, con costas por su orden (v. esp. fs. 266/272 expediente administrativo, identificado como DEO: 18463752 - Oficio Comunicación -60000016902- Tribunal Fiscal de la Nación, agregado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 con fecha 20/05/2025). En primer lugar, en cuanto al planteo de nulidad de la Resolución cuestionada invocado por la actora, el Tribunal determinó que no resultaba procedente toda vez que no se advierte cuál es el agravio concreto, ya que de la lectura de la misma se observa que en ella se expresan los motivos por los cuales se fundamenta el rechazo de la devolución intentada por la actora.
Por otro lado, a los fines de resolver la cuestión, el Tribunal por mayoría sostuvo que “con posterioridad al decreto 509/07 se dictó la resolución 368/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 32%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 181/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 32% que había sido establecida por la mencionada resolución 368/07”.
Asimismo, remitiéndose a los fundamentos expuestos en la causa “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” EX -2020-56397479-APN- SGASAD#TFN, indició que la alícuota del 32% establecida por la resolución 368/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 17.12.15 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha la última en la cual el decreto 133/15 fijó una alícuota del 27%, reduciendo la del 32%; y que las resoluciones 368/07 y 181/08, como la alícuota del 32% son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica”, del 15.04.14.
Destacó que el decreto 133/15, impugnado en estos autos, redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 368/07 y 181/08) al 27% -alícuota efectivamente abonada por la actora-, por lo que no se advertiría entonces ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora. En este sentido el Tribunal entendió que la alícuota constitucional y legal previa -del 32%-, fue reducida por el PEN al 27%, por lo que se benefició a la actora ya que se vio disminuida su carga tributaria de aquella que legalmente percibía el Poder Ejecutivo.
Concluyó que la intervención del Congreso para modificar alícuotas de derechos de exportación no resulta ineludiblemente exigible -en general y respetando siempre el principio de igualdad- cuando tal modificación -o el de otro elemento esencial del tributo- no incide o lesiona el derecho de propiedad de los contribuyentes afectados por tal modificación.
Por último, por mayoría se estimó que, atento las particularidades de la cuestión debatida y no haberse resuelto la disputa con base en argumentos expuestos por las partes (art. 1163 del CA), las costas debían imponerse en el orden causado.
III. Que, contra dicho pronunciamiento, con fecha 12/11/2024 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional (fs. 280/283), el que fundó en ese acto. Asimismo, tales agravios fueron replicados por la contraria el 04/12/2024 (fs. 288/296).
Por otro lado, la actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 16/12/2024 (fs. 302/329), los que no fueron replicados por la contraria (ver nota de elevación del expediente administrativo, supra mencionado a fs. 339/340).
(i) Apelación de Molino Cañuelas SACIFIA:
En primer lugar, realiza un sumario de los fundamentos brindados por los vocales del Tribunal Fiscal de la Nación.
La recurrente expresa que mediante Res. 368/07 se incrementó la alícuota fijada mediante Decreto N° 509/2007, aprobado por el Congreso, por lo que resultaría claro que dicha normativa modifica las alícuotas de los Derechos de Exportación para la posición arancelaria 2304.00.10.
Asimismo, entiende que no caben dudas acerca de que el Congreso no delegó al MEyP la facultad de modificar las alícuotas dispuestas mediante Decreto 509/2007 y que cualquier tipo de Resolución ministerial por la cual se alteraran alícuotas de derechos de exportación sería nula de nulidad absoluta por carecer de competencias legislativas.
En cuanto lo manifestado por el Tribunal en relación a la Ley 26.351, aclara que bajo ningún pretexto dicha norma avaló el incremento de las alícuotas, sino que estableció que en el caso que se incrementaran las alícuotas y el exportador no comprobara la tenencia física de la mercadería se le aplicaría dicho incremento, toda vez que es una competencia exclusiva del Congreso.
En ajustada síntesis, sostiene la recurrente que, la remisión al Plenario para dilucidar el presente caso es, en efecto, incomprensible e imprudente toda vez que propicia una controversia entre la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) y la de las salas aduaneras del Tribunal Fiscal; y se encuentra flagrantemente en contradicción con las disposiciones de nuestra Ley Fundamental y de Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. Expone que resulta manifiesta la inaplicabilidad de la doctrina legal sentada en el Plenario al caso de autos, siendo imperioso que se haga un análisis pormenorizado del decreto 133/15 y de las circunstancias del caso. Destaca la clara inconsistencia de fundamentos aplicados al caso, toda vez que el Tribunal Fiscal de la Nación aplica un Plenario que versaba sobre la aplicación de derechos de exportación fijados por el decreto 793/18, utilizando una aplicación análoga con los derechos de exportación instaurados por el decreto 133/15.
Empero, destaca que, en rigor de lo expuesto por el Tribunal Fiscal, declaró la validez del decreto emitido por un órgano al que califica como carente de facultades legisferantes y que ni siquiera había sido concebida por medio de una delegación.
Pondera que el Excmo. Tribunal Fiscal aplicó el antecedente Plenario, cuando a la luz de las circunstancias relatadas en los hechos, ya existía una decisión de la Excma. CSJN, anterior al Plenario y siendo una decisión final del Alto Tribunal, que declaró la invalidez de derechos de exportación fijados mediante una norma del PEN.
Indica que, por ejercicio de lógica, la aplicación del precedente “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/amparo”, resultaba ajustada a derecho, por no decir que se está ante una situación prácticamente gemela, toda vez que fue analizado por una instancia judicial, con facultades jurisdiccionales y de controles de constitucionalidad, que versaban sobre aumento de alícuotas de derechos de exportación fijadas por un Ministerio que de manera ilegítima había exacerbado sus facultades.
Aduce que, en ese sentido, el fallo “Camaronera Patagónica S.A.”
realiza un análisis particular del caso de la Resolución 11/02 bajo el marco del ordenamiento constitucional y legal vigente en el año 2002 (cuando todavía no se había dictado la Ley 26.122), donde órganos administrativos resolvieron la fijación de las alícuotas de derechos de exportación, sin contar con facultad expresa o mediando convalidación posterior por parte del Poder Legislativo (PLN). Señala que, la identidad entre los supuestos controvertidos en “Camaronera”, en “Petroquímica Comodoro” y en los presentes autos, a pesar de estar en crisis normas distintas –Resolución 11/02 (correspondiente al caso “Camaronera”), decreto 793/18 (correspondiente al caso “Petroquímica Comodoro”), decreto 133/15 (MEP)–, torna necesario aplicar las mismas soluciones a todas las causas y obliga al Tribunal (conforme el artículo 1.164) a declarar la invalidez de aquellas normas, toda vez que de lo contrario una solución divergente con la de la CSJN en aquel precedente, constituiría un verdadero alzamiento de ese Tribunal contra la autoridad institucional de los precedentes de la Corte Suprema. Pondera que, de la lectura del recurso de apelación interpuesto por su parte, lo que se pretende es el reconocimiento y restitución de la suma de U$S 4.710,00.- más sus accesorios, que indebidamente ingresó a las arcas del Fisco Nacional, en concepto de pago espontáneo de Derechos de Exportación, por haberse calculado en base a las alícuotas dispuestas por el decreto 133/15, calificados como carentes de toda licitud, por no respetar el Principio de Legalidad y Reserva en materia tributaria.
Resalta que, tal como ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia –en especial las Cámaras federales y por sobre todo la CSJN–, el artículo 755 resulta insuficiente como norma legal delegante general respecto de las alícuotas de los derechos de exportación, por no ajustarse al artículo 76 de la Constitución Nacional. Puntualiza que, el artículo 755, como norma delegante, debe contener un plazo para el ejercicio de las facultades delegadas y delinear una clara política legislativa estableciendo baremos mínimos y máximos para las alícuotas. Apunta que, el dictado de la Ley 26.122 no modificó el escenario imperante luego de la reforma constitucional de 1994. En efecto, esa Ley, en lo que a la “delegación legislativa” concierne, establece los recaudos a seguir una vez ejercida la facultad delegada por el PEN; es decir, los procedimientos posteriores que habrán de ventilarse para arribar a la aprobación o rechazo por parte del PLN de aquella norma dictada por el PEN.
Pone de relieve que, el ilegítimo decreto que incrementó los derechos de exportación se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, art. 755, y en el art. 99, inc. 1) de la Constitución Nacional, pero que no existe en ninguno de los Considerandos de la norma un argumento legal subyacente que sirva de causa fuente a la fijación de alícuotas de derechos de exportación por parte del PEN. Asimismo, agrega que resulta ello cierto incluso habiéndose invocado la Ley 22.415, pues en lo que refiere al C.A., la CSJN tuvo a bien sostener en el precedente “Camaronera”, que “En efecto, ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”.
Precisa que, fueron pocas las normas convalidadas por el PLN, tal como el decreto 509/07 que tuvo intervención y conocimiento con aprobación de ambas Cámaras y, en tal caso ese acto legislativo sólo autorizaba las alícuotas que se fijaron en ese acto y no en ninguno otro posterior. Interpreta que cualquier tipo de interpretación que se hiciera extensiva para un incremento de alícuotas resultaría ilegítimo puesto que, el PLN, teniendo el poder de representación de la voluntad popular, jamás se expidió sobre un incremento mediante las normas del PEN aquí impugnadas.
Puntualiza que, la norma en crisis es el decreto 133/15, no habiéndose invocado ni aludido en ningún momento al decreto 793/18 objeto de debate de los autos “Petroquímica Comodoro”, por lo cual se desconoce la aplicación del mismo.
Afirma que es claro que la doctrina sentada respecto a esta tercer cuestión en el Plenario carece de toda razón y fundamento, si se tiene en cuenta que el Tribunal Fiscal debe declarar la invalidez de las normas que emanan de órganos administrativos cuando aquellos carecen de facultades para regular en materia tributaria toda vez que así lo dispuso el más Alto Tribunal en el Precedente “Camaronera Patagónica”, debiendo los Vocales seguir la interpretación efectuada por aquél (conforme artículo 1.164 CA). Incluso, es tal la identidad entre el caso “Camaronera” que, según aduce, no existe ningún tipo de margen de dudas. Agrega que, en ese sentido, es vasta la jurisprudencia que ha declarado la nulidad absoluta e insanable de aquellas normas, haciendo expresa aplicación del precedente “Camaronera”, para así resolver.
El decreto 133/15 comprende a las exportaciones que su parte realizó durante el año 2017, correspondientes a la Posición Arancelaria 2304.00.10.100B. En efecto, entiende que la Resolución 368/07 lejos de haber legitimado la alícuota fijada en la norma aquí cuestionada, supuso una abierta violación de la división de poderes que con claridad reglamenta nuestra Carta Magna; y que si bien puede argüirse que el Decreto en cuestión redujo las alícuotas aplicables a esas mercaderías con anterioridad a su entrada en vigencia, lo cierto es que fijó una nueva alícuota aún por encima de la dispuesta por el Dto. 509/07, último decreto válido para regular sobre la materia.
Observa que, en suma, el decreto 133/15 carece de toda validez si se tiene en cuenta: a) que ha sido dictada por un órgano que carece de competencias legislativas para regular en materia tributaria; b) que no ha mediado norma delegante que confiera facultades tributarias a los órganos administrativos, habilitándolos a regular las alícuotas de los derechos de exportación aplicables a las mercaderías que exporta la Compañía; c) que aunque se sostuviera que las facultades surgen del C.A., aquella norma resulta insuficiente para cumplir con las exigencias emergentes del art. 76 de la Constitución; d) que no ha mediado posterior convalidación por parte del PLN.
Entiende que resulta inconstitucional la pretendida aplicación de alícuotas de Derechos de Exportación establecidos en decretos que carecen de una “delegación” o posterior ratificación legislativa, en la medida en que vulneran el Principio de Legalidad en materia tributaria y se oponen a la doctrina fijada por la CSJN en el Precedente “Camaronera Patagónica S.A.”.
Esgrime que el PEN estableció modificaciones en las alícuotas de los Derechos de Exportación correspondientes a la posición arancelaria de los bienes exportados en la operación comprometida, que no contó con autorización ni ratificación por parte del PLN, resultando inaplicable por ser contraria al ordenamiento jurídico aplicable.
Considera que únicamente resultaba válida y aplicable aquella norma que, a la fecha del cálculo del tributo, contaba con la debida legalidad, sea ya originaria o mediante ratificación posterior por parte del Congreso PLN – particularmente, el decreto N° 509/07 que modificó la Nomenclatura Común del Mercosur–.
Concluye que, conforme a los argumentos expuestos de hecho y de derecho puede afirmarse sin hesitación que la norma del PEN en crisis resulta dictada autónomamente, correspondiendo declarar su nulidad absoluta e insanable. (ii)Apelación Fisco Nacional:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Para dar fundamento a su postura, destacó que teniendo en consideración que resulta parte ganadora del pleito, las costas deberán imponerse en su totalidad a la parte actora dado que, de acuerdo al principio objetivo de la derrota, las costas deben ser cargadas íntegramente a la parte vencida.
Por ello, solicitó se revoque el pronunciamiento recurrido en lo que es materia de agravio y se impongan las costas de ambas instancias a la actora.
Finalmente, es de señalar que con fecha 06/02/2025 el Sr. FISCAL GENERAL ANTE LAS CÁMARAS NACIONALES DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL Y EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL emitió el pertinente dictamen.
En sustancial síntesis, señaló que la cuestión de fondo traída a conocimiento de esta Alzada debía ser resuelta conforme los lineamientos resultantes del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”.
IV. Que no se encuentra controvertida la operatoria bajo trato, ni los elementos resultantes de la declaración aduanera, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación conforme lo normado por el decreto 133/15.
Al punto, resulta atinado mencionar que según surge de la documentación acompañada, en el caso, la firma actora, exportó bajo la destinación N° 17057EC01006761T, oficializada el 11/08/2017, mercadería declarada bajo la posición arancelaria “2304.00.10.100B”, abonando derechos de exportación según una alícuota del 27% de su valor FOB.
V. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de la diferencia entre lo abonado en concepto de derechos de exportación por aplicación del decreto 133/15 y lo que, en su entendimiento, hubiera correspondido de aplicar la norma correcta, esto es, lo previsto por el decreto 509/07, precepto anterior en el tiempo que contaría con el suficiente respaldo normativo en los términos de “Camaronera Patagónica SA”.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 149500872-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, expte. N° 22874/2024, sentencia del 30/10/2025 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que el atacado decreto 133/15 no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación; materia que se encuentra reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación.
Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad -en el caso- del Decreto Nº 133/15 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar el despacho de exportación denunciado (oficializado el 11/08/2017), cuyo pago -por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VI. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA”, del 30/10/2025 (considerando XII), más arriba citada, entre otros.
Y, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes para cada período (conf. lo decido por esta Sala en “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA” -más arriba citada-, Considerando XIII).
VII. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) admitir la apelación deducida MOLINO CAÑUELAS SACIFIA, revocar el pronunciamiento del 31/10/2024 dictado por la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la Resolución RESOL-2023-646-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del decreto 133/15 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V y VI; 2º) desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia