Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 19449595-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, revocar la sentencia recurrida y admitir la repetición solicitada, en los términos que surgen del presente pronunciamiento.
2Distribuir las costas de ambas instancias conforme el considerando 9°.
3Aplicar astreintes a la actora, de conformidad con lo establecido en el considerando 10.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV -
Expte. CAF n° 48611/2025/CA1: “MOLINOS CAÑUELAS SACIFIA (TF 19449595-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, abril de 2026.
La elevación del expediente digital TF 19449595-A a través del DEO n° 21213876, “a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 14/07/2025 y 17/07/2025 (v. IF-2025-76192241-APN-DTD#JGM e IF- 2025-77602787-APNDTD#JGM) concedidos el 15/07/2025 y 18/07/2025 (v. PV-2025- 76619983-APN-VOCXVIII#TFN y PV2025-78333678-APN-VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 19/05/2025, en cuanto confirma la Resolución N° 1235/2023, con costas por su orden (v. IF-2025-52785216-APN-VOCXVIII#TFN)” (v. nota de las págs. 501/502 del expte. electrónico, donde también consta que el fisco nacional contestó los agravios y que los mismos no fueron replicados por la actora).
1. Que, por sentencia de fecha 19/05/2025, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución N° 1235/2023 dictada por el Administrador de la Aduana de La Quiaca en el marco de las actuaciones administrativas n° 17695-31-2019, a través de la cual se rechazó el pedido de devolución de la diferencia de derechos de exportación formulado por la firma actora con relación a los permisos de embarque nº 4034EC01000003R; 14034EC01000001P; 14034EC01000002Z; 14034EC01000004S;
14034EC01000007V; 14034EC01000008W; 14034EC01000011Z; 14034EC01000015U;
14034EC01000024U y 14034EC01000026W, los cuales habían sido abonados en consonancia con las resoluciones conjuntas MP 27/2008, 29/2008 y 62/2009.
2. Que, para así decidir, los vocales Garbarino y Segura entendieron que resultaba aplicable a la especie el fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación dictado el 26/04/2022 in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, en el cual se había dispuesto que no correspondía declarar la invalidez del decreto n° 793/2018 en aquellos casos en los que dicho Tribunal debiera expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas en las que se hubiere denegado la repetición de derechos de exportación.
Ello así, en tanto “a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por la normativa impugnada en autos, que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas resulta similar, mutatis mutandi, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018”.
Por su parte, el vocal González Palazzo sostuvo que “las resoluciones conjuntas en pugna, 27/2008; 29/2008 y 62/2009 que establecieron alícuotas diferenciales para la mercadería comprendida en la nomenclatura allí consignada, no encuentran sustento en norma o expresión legislativa ratificatoria que validen los efectos de su vigencia, circunstancia ésta que permiten afirmar que la exigencia tributaria que establecieron no puede ser exigible por resultar comprendidas en los estándares de la doctrina “Camaronera Patagónica” y por ello nulas de nulidad absoluta e insanable en los términos de lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional, lo que así debe declararse para revocar la resolución recurrida”.
3. Que, al expresar agravios, la actora reiteró su planteo de reconocimiento y restitución de las sumas abonadas en exceso, por haberse calculado en base a las alícuotas dispuestas por las resoluciones conjuntas n° 27/2008, 29/2008 y 62/2009, por entender que aquéllas resultan violatorias del principio de reserva de ley en materia tributaria. En apretada síntesis, fundó dicho planteo en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:388). Por lo demás, insistió en que no perseguía la devolución íntegra de lo abonado, sino que pretende la restitución de la suma ingresada en exceso a las arcas del fisco, por valerse para el cálculo de ella de alícuotas dispuestas por normas carentes de licitud por contrariar disposiciones de raigambre constitucional.
Por su parte, el Fisco se agravió respecto de la imposición de costas en el orden causado, sosteniendo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 22/12/2025, el señor fiscal general dictaminó sobre la competencia de esta Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
5. Que, los agravios de la actora encuentran debido tratamiento en los precedentes de esta Sala “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851-A) c/ DGA”, expte. 43182/2022, sentencia del 01/11/2022, y “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 39853-A) c/ DGA”, expte. 12082/2024, sentencia del 10/09/2024 –entre muchos otros análogos–; a cuyos argumentos corresponde remitir por razones de brevedad. En el primero de ellos, ante un marco fáctico análogo al de la presente contienda, se concluyó que correspondía declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el art. 1° del decreto n° 793/2018, por resultar violatorio del principio de reserva de ley en materia tributaria. Con fundamento en ello, en la siguiente causa se hizo lugar a la devolución reclamada en concepto de diferencia de derechos de exportación con relación a los permisos de embarque allí reclamados, en los términos de la resolución conjunta 27/2008, 29/2008/ y 62/2009.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV -
Expte. CAF n° 48611/2025/CA1: “MOLINOS CAÑUELAS SACIFIA (TF 19449595-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
6. Que, por consiguiente, corresponde hacer lugar al recurso de la actora, revocar la sentencia recurrida y admitir la devolución de los importes abonados en concepto de derechos de exportación por los permisos de embarque involucrados en estas actuaciones 7°) Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por la Corte en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º).
Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues —de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008—, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, la diferencia a restituir deberá determinarse en pesos y sobre la base de los importes efectivamente abonados que surgen de las actuaciones administrativas –v. certificación obrante a fs. 319 de los antecedentes– (doctr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras).
Resta aclarar que, al contestar el traslado del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el Fisco se limitó a desconocer genéricamente el monto reclamado por la actora (v. fs. 486), sin efectuar cálculos que controvirtiesen los que había efectuado la actora en la actuación administrativa. Más allá de lo expuesto, no puede obviarse que la alícuota estipulada por el decreto 509/07 (y consentida por la actora) era del 10% en lo que respecta a las posiciones arancelarias 1901.20.00.910R y 1901.90.90.100G; tal como se desprende del anexo del decreto y del dictamen fiscal. Por consiguiente, la diferencia porcentual a restituir será del 3%.
8. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente. En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés prevista en la resolución MH 598/19 y sus modificatorias –que no fueron impugnadas–.
9. Que, dado el modo en que se decide y siendo que no existen razones para apartarse del principio general que rige en la materia, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del Código Aduanero; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco.
10. Que, en atención a que la actora no ha dado cumplimiento con la intimación cursada el 05/12/2025 (notificada el 09/12/2025) a efectos de que cumpliese con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente y hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del referido tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
En virtud de lo expuesto y oído el señor fiscal general, el Tribunal
1. Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, revocar la sentencia recurrida y admitir la repetición solicitada, en los términos que surgen del presente pronunciamiento.
2. Distribuir las costas de ambas instancias conforme el considerando 9°.
3. Aplicar astreintes a la actora, de conformidad con lo establecido en el considerando 10.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y cúmplase con la remisión ordenada en el considerando 10.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia