Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 32169-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
12572/2024 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 32169-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 10 diciembre de 2024.
1. Que, a fs. 133/135, el Tribunal Fiscal de la Nación dejó sin efecto la resolución AD SALO 768/12 y declaró la nulidad del cargo 927/12, impugnado en la actuación 12539-157-2011.
Para resolver como lo hizo, recordó que el aludido cargo se había formulado por diferencia de derechos de exportación y con fundamento en la resolución de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) 1898/08, que comunicó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la nómina de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) cuyos titulares no habían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, de conformidad con lo dispuesto en la ley 26.351 y su decreto reglamentario 764/08.
Tuvo en cuenta que, en forma paralela a la impugnación, la actora había promovido una acción ordinaria para que se declarase la inconstitucionalidad de la citada ley 26.351 y su reglamentación; la cual tramitó ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 3 de Lomas de Zamora como expediente 411/10 “Molino Cañuelas SACIFIA c/ Estado Nacional y otros s/ amparo”.
Destacó que había pasado en autoridad de cosa juzgada la sentencia dictada en el marco de esos autos, que admitió parcialmente la demanda con relación a las DJVE registradas con anterioridad a la sanción de la ley 26.351; entre ellas, la involucrada en la determinación tributaria aquí impugnada.
En consecuencia, estimó que correspondía estar a lo resuelto en sede judicial con relación a la inaplicabilidad de las normas que habían dado sustento jurídico al cargo 927/12, y que este devenía nulo.
Por último, impuso las costas a la parte vencida.
2. Que, disconforme con la condena en costas, a fs. 152/156vta. interpuso y fundó apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 178 y fue replicada a fs. 181/183. Argumentó que los gastos debieron distribuirse en el orden causado porque el pronunciamiento sobre la base del cual se decidió la cuestión de fondo adquirió firmeza con posterioridad al dictado de la resolución AD SALO 768/12 y a la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Citó jurisprudencia en sustento de su posición.
3. Que, por otra parte, a fs. 140/vta. se regularon los honorarios de la representación letrada de la parte actora; los que fueron apelados por bajos -con relación al letrado patrocinante- a fs. 144 (concedido a fs. 146) y por altos a fs. 163/164 (concedido a fs. 165).
1 A fs. 171/vta. el Fisco contestó el traslado conferido y, a fs. 174/175, hizo lo propio el letrado patrocinante de la parte actora.
4. Que el artículo 1163 del Código Aduanero (texto según el art. 273 de la ley 27.430) establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…”.
La modificación introducida por el artículo 273 de la ley 27.430 (BO 29/12/17) es de corte procesal y, como tal, de aplicación inmediata a los procesos en trámite (doctr. Fallos: 323:1285, entre otros; y esta Sala, causa 86901/17 “Alba Compañía de Seguros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 6/3/18, entre otras). Más allá de lo expuesto, en casos análogos este Tribunal entendió que no concurrían motivos que justificasen dispensar del pago de las costas al Fisco vencido (cfr. causas 37240/19 “Nidera SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 12/3/20; 64084/22 “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop Ltda (TF 32394-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 13/12/22; 1291/23 “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 30972-A) c/ DGA”, del 2/3/23; 45107/23 “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 32677-A) c/ DGA”, del 12/12/23). En especial, así se pronunció en supuestos como el presente, en los que se había planteado desde un principio la invalidez de las normas en que se sustentaban las intimaciones al pago de tributos –v. fs. 13vta./24– (doctr. causa 2917/24 “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 35701-A) c/ DGA”, del 30/4/24).
Lo expuesto conduce a desestimar la apelación y confirmar la decisión apelada en lo que respecta a las costas, que se mantienen a cargo del Fisco Nacional con arreglo al principio general de la derrota.
Las costas de alzada también se imponen al demandado, al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
5. Que, resta tratar las apelaciones interpuestas contra el auto regulatorio de fs. 140/vta.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, el monto discutido en el juicio, el resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por Enrique Benítez Cruz en carácter de patrocinante de la actora, durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde CONFIRMAR los emolumentos fijados a su favor (arts. 6º, 7º, 9º, 37, 38 y ccds. de la ley 21.839, modif. por ley 24.432).
Siguiendo idénticas pautas, corresponde CONFIRMAR los emolumentos fijados a favor de Norma Noemí Dalmasso, por su actuación en carácter de apoderada de la actora, durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
12572/2024 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 32169-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por último, tomando en consideración la cuestión que fue objeto de apelación - costas-, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de Enrique Benítez Cruz y de Juan Manuel González, por su actuación en esta instancia en el respectivo carácter de patrocinante y apoderado de la actora (cfr. contestación de agravios de fs.181/183), en las sumas de $61995 –equivalentes a la cantidad de 1 UMA– y $24.798 –equivalentes a la cantidad de 0,4 UMA– (cfr. resol. CSJN SGA 2910/24).
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su caso– deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberán cancelarse –en lo pertinente– de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia