Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 33658-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) hacer parcialmente lugar al recurso de la firma Molinos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 22938/2023 “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 33658-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
Cañuelas SACIFIA, dejar sin efecto la imputación efectuada en los términos del art. 954, ap. 1 inc. b) del CA y confirmar la sentencia de apelada en lo demás que decide al confirmar la resolución nº 544/12, (ii) readecuar la cuantía de la multa impuesta con arreglo al considerando VI, (iii) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado, y (iv) dejar sin efecto la regulación de los honorarios efectuada a fs. 192/193 y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra aquélla.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa n° 22938/2023 “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 33658-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre de 2023, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 33658-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. La firma Molinos Cañuelas SA (en adte. Molinos) recurrió la res. 544/12 (AD POCI), en los términos del art. 1132, ap. 1º, inc. a) del Código Aduanero (en adte. CA). Acto administrativo que la condenó al pago de una multa por infracción al art. 954, incs. a) y b) del CA., respecto al PE 06 045 EC01 000512C (fs. 13/17).
II. Por pronunciamiento de fs. 162/ 165, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación (en adte. TFN) confirmó, por unanimidad, la res. 544/12 (AD POCI). Con costas.
Para así decidir, consideró que:
(a) Molinos documentó la exportación para consumo de pre mezclas “pan de marraqueta y marracao”. Mercadería que clasificó en la PA 1901.20.00.900N.
El INTI, mediante informe nº 46/08, detectó la presencia de cloruro de sodio “inferior al 0,5% en peso sal”, determinando una diferente posición arancelaria: 1101.00.10, SIM 1101.00.10.190. En igual sentido concluyó el Dictamen Técnico nº 21/12.
La clasificación realizada por la firma resultó errónea, resultando la mercadería exportada clasificable en la PA 1101.00.10 (que tributa un 20%) y no en la PA 1901.20.00.900N (que tributa un 5%). Se verificó, entonces, la comisión de la infracción al art. 954, inc. a), del CA.
(b) Sobre la mercadería en trato recae una prohibición económica relativa de exportación, toda vez que su extracción es prohibida en la medida que no se registre su salida del país.
Se configuró, también, una transgresión a una prohibición a la exportación, pues la mercadería no estuvo amparada por la declaración jurada de venta al exterior (DJVE), en los términos de la ley 21.453 (conf. art. 954, inc. b)).
III. Apeló y expresó agravios MOLINOS SA (fs. 173/177), los que fueron replicados (fs. 184/186).
En síntesis, se queja por lo siguiente:
(a) Las prohibiciones del art. 954, inc. b), deben estar prescriptas explícitamente en las normas. Esa fue la interpretación de la CSJN en la causa “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA”.
La ley 21.453, contrariamente a lo que sostiene el TFN, no prevé una prohibición a la exportación.
(b) Se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable: la exportación en trato fue en el 2006, la resolución condenatoria en el 2012 y el TFN demoró 9 años en resolver, “resultándole imposible cumplir la pericia”.
(c) La multa, en los términos del inc. a), quedó condonada con arreglo a la ley 27.260.
IV. Previamente a resolver la cuestión traída corresponde referir sucintamente lo ocurrido en sede administrativa.
En cuanto aquí importa, la aduana imputó a la firma Molinos Cañuelas SACIFIA la presunta infracción al art. 954, ap. 1, inc. a) y b) del CA1 al documentar la destinación de exportación a consumo nº 06045EC01000512C (resolución n º 211/2008, fs. 12 del sumario 1 “ARTICULO 954. – 1. El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio;
b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción (…)”.
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identificado con el nº 12743-1561-2008). Como fundamento de esa decisión se invocó un estudio efectuado por el INTI que determinó que la PA declarada no correspondía a la mercadería exportada. A consecuencia de ello se sostuvo, por un lado, que esa diferencia importó un tratamiento arancelario diferente (tanto en la tributación como en los reintegros), en perjuicio del fisco y, por otra parte, la vulneración a una prohibición para la exportación.
Al notificar a la empresa la referida imputación (a fs. 19) se le indicó que en ese expediente administrativo se le instruía sumario por infracción al art. 954 inc. a) CA “en referencia a las destinaciones 06045EC01000512C.- `… irregularidades en los Certificados de Origen obrantes, … y teniendo en cuenta la declaración de origen resulta inexacta, produciendo un perjuicio fiscal … atento el usufructo indebido de las preferencias arancelarias invocadas en el AAPCE36´”. Allí se le hizo saber que contaba con la posibilidad de extinguir el proceso penal en los términos del art. 930 y 932 si pagaba la multa mínima y abandonaba la mercadería en favor del Estado Nacional.
A fs. 30/33 Molinos Cañuelas SACIFIA contestó la vista conferida y efectuó su descargo. Sostuvo en aquella oportunidad que la notificación que se le hizo le imputó una infracción en términos que no surgen de las actuaciones. Seguidamente cuestionó el informe del INTI y defendió la PA declarada, en el entendimiento de que no existió declaración inexacta. Ofreció prueba pericial que no fue aceptada (ver fs. 38).
A fs. 43/45 obra el dictamen técnico nº 21/12; a fs. 46 se informa que la PA 1101.00.10.190 a la fecha de la operación “ostentaba un derecho de exportación del 20% (…) y un Reintegro Intrazona y Extrazona del 0% (…)”; a fs. 48 se liquidan los tributos y a fs. 49/51 obra el dictamen jurídico nº 604/2012 (AD POCI).
Finalmente, por resolución nº 544/12 (fs. 52/55), el Jefe a cargo de la División Aduana de Pocitos sancionó a la aquí recurrente en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a) y b) CA “por la declaración efectuada en el ítem 1 de la destinación 06045EC01000512C al pago de una multa equivalente a una vez el valor en aduana de la mercadería en infracción” por la suma de $44.720,26. No formuló cargo tributario.
En la resolución se consideró, por un lado que, al no haber articulado nulidad y habiendo cumplido su cometido, no corresponde admitir el planteo acerca de las inconsistencias de la notificación de la imputación. En cuanto al fondo del asunto, se indicó que, según la ley 21.453, la diferencia advertida en la PA declarada torna obligatorio contar con la DJVE, lo que no aconteció. En función de ello, la exportación de la mercadería estaba sujeta a una prohibición económica de acuerdo con lo establecido en el art. 609 CA.
V. Pues bien, en lo que concierne al planteo relativo a la inexistencia de una prohibición a la exportación, esta sala sostuvo recientemente que:
(i) “Según el Código Aduanero, las prohibiciones a la exportación o a la importación pueden tener carácter económico o no económico, absoluto o relativo (artículos 608, 609, 610, 611 y 612)”;
(ii) “si bien es claro que la ley 21.453 estableció un régimen especial para las ventas al exterior de los productos de origen agrícola, no se infiere de sus términos una prohibición para la exportación (Sala III, causa “Aceitera General Deheza SA (TF 27079- A) c/ DGA”, pronunciamiento del 13 de febrero de 2013, y Sala V, causa “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA (TF 35409-A) y otro c/ DGA s/ Recurso directo de Organismo Externo”, pronunciamiento del 18 de noviembre de 2022)”;
(iii) en “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22220-A)
c/ DGA”, sentencia del 12 de junio de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “a. Convalidar la tesis del Fisco Nacional implicaría `elevar´ a un régimen de prohibición a `todas las restricciones y simples condicionamientos para la exportación o importación de mercaderías, dando a los arts. 608 y cc. del código de la rama una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado´. b. `[T]oda operatoria ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 22938/2023 “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 33658-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el art. 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que —siempre desde una perspectiva que considero errónea— se trataría de una ‘excepción’ a la regla de la prohibición´” (causa nº 69/2019 “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 13 de abril de 2023).
En este mismo sentido se pronunció, más recientemente, en un caso de marcada analogía al presente, la Sala III, a cuyas consideraciones también cabe remitirse (causa nº 64.107/2022, “Mercator SA (TF 39708-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 10 de agosto del corriente).
Con sustento en estas consideraciones, cabe concluir en que la imputación formulada con sustento en la figura del art. 954, ap. 1, inc. b) CA debe ser dejada sin efecto.
VI. En virtud de la revocación de la imputación formulada en los términos del artículo 954, apartado 1°, inciso b) decidida en el considerando anterior, corresponde readecuar la cuantía de la multa impuesta. Teniendo en cuenta el monto del perjuicio fiscal involucrado —$8.944,05 (fs. 48) —, la escala prevista para las infracciones contenidas en el inciso a) y las pautas valorativas contenidas en el acto administrativo cuestionado —que aplicó el mínimo de la escala anterior—, corresponde fijar su cuantía en una vez el importe del perjuicio fiscal, es decir, ocho mil novecientos cuarenta y cuatro con cinco centavos ($8.944,05)”.
VII. Por otra parte, la recurrente plantea que la sanción aplicada en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a) CA quedó condonada de pleno derecho por la ley 27.260 “dado que no hay obligaciones tributarias pendientes en relación a este expediente”.
Al respecto debo decir que, de acuerdo con las constancias de la causa, no surgen acreditados los requisitos establecidos por la Resolución General 40072 para que proceda la condonación de la multa impuesta en los términos del art. 954, ap. 1, inc. a) CA.
Por este motivo el planteo debe ser desestimado.
VIII. En cuanto a la afectación al derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable que postula la recurrente, esta sala dijo en la causa “Alles Import SACIFI”, pronunciamiento del 8 de abril de 2014, que, para poder apreciar la efectiva conculcación de esa garantía, deben seguirse los lineamientos que en la materia ha fijado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la causa “Losicer” (Fallos: 335:1126), el Alto Tribunal señaló que el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional —que reconoce con jerarquía constitucional diversos tratados de derechos humanos— obliga a tener en cuenta lo establecido en los artículos 8 inc. 1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, referidos a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva. Sobre esa base expresó que el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional y, en ese sentido, sostuvo que las garantías que aseguran a todos los habitantes de la Nación la presunción de su inocencia y la inviolabilidad de su defensa en juicio y debido proceso legal (arts. 5, 18 y 33 de la Constitución Nacional) se integran por una rápida y eficaz decisión judicial (Fallos: 300:1102).
2 “ARTÍCULO 6° — Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada dicha fecha. En este caso, los intereses también quedan condonados.
b) La obligación sustancial y la porción de intereses no exentos se encuentran regularizados mediante pago al contado o plan de facilidades de pago, en los términos de la Resolución General N° 3.920 y sus modificatorias, y la sanción no se encuentre firme a la fecha de acogimiento al régimen de regularización o del pago de contado.
c) La obligación sustancial y su respectivo interés están incluidos en planes de facilidades de pago dispuestos con anterioridad al 23 de julio de 2016, que se encuentren vigentes, y la sanción no se encuentra firme ni abonada a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.260”.
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Agregó que el carácter administrativo del procedimiento sumarial no puede erigirse en un óbice para la aplicación de los principios reseñados, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el art. 8 de la citada convención no se encuentra limitada al Poder Judicial — en el ejercicio eminente de tal función— sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales.
Destacó que el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del art. 8, de la convención, constituye una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión, y para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento.
Y puntualmente sobre este último aspecto, al decidir en la causa 853/2008 (44-B) “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ B.C.R.A. s/ resol 178/93” el día 19 de noviembre de 2013 (Fallos 336:2184), la Corte Suprema reiteró —con cita de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— que la razonabilidad de una demora prolongada en la solución de la controversia debe examinarse de conformidad con el “plazo razonable” al que se refiere el art. 8.1 de la Convención, y éste en relación a la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva (caso “Valle Jaramillo y otros vs. Colombia”, sentencia del 27 de noviembre de 2008, pág. 48, párrafo 154).
Tal doctrina fue expuesta por el Alto Tribunal al pronunciarse en las causas “Fiszman” (Fallos 332:1492), “Bonder Aaron”, citada, y en el fallo “Bossi y García SA (TF 5932-A) c/ DGA” (Fallos 334:1264), que reviste especial importancia en este caso por tratarse también de un sumario por infracciones aduaneras.
Atendiendo a las pautas enunciadas, no encuentro que se haya producido una demora irrazonable en el trámite del sumario que afecte el derecho de defensa de la recurrente. Repárese en que, por ejemplo, el ensayo en el INTI demoró prácticamente un año. Algo que también se repite en la sede del Tribunal Fiscal, pues allí también se observa una demora importante en la producción de la prueba pericial.
Por estas razones cabe desestimar el planteo en examen.
IX. Dada la forma en que se decide, estimo adecuado distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, 71 y 279 CPCCN).
Consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la regulación de los honorarios efectuada a fs. 192/193 y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra aquélla.
Por las consideraciones hasta aquí vertidas VOTO por: (i) hacer parcialmente lugar al recurso de la firma Molinos Cañuelas SACIFIA, dejar sin efecto la imputación efectuada en los términos del art. 954, ap. 1 inc. b) del CA y confirmar la sentencia de apelada en lo demás que decide al confirmar la resolución nº 544/12, (ii) readecuar la cuantía de la multa impuesta con arreglo al considerando VI, (iii) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado, y (iv) dejar sin efecto la regulación de los honorarios efectuada a fs. 192/193 y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra aquélla.
El juez Rodolfo Eduardo Facio y la jueza Clara María do Pico adhieren.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: (i) hacer parcialmente lugar al recurso de la firma Molinos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa n° 22938/2023 “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 33658-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
Cañuelas SACIFIA, dejar sin efecto la imputación efectuada en los términos del art. 954, ap. 1 inc. b) del CA y confirmar la sentencia de apelada en lo demás que decide al confirmar la resolución nº 544/12, (ii) readecuar la cuantía de la multa impuesta con arreglo al considerando VI, (iii) distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado, y (iv) dejar sin efecto la regulación de los honorarios efectuada a fs. 192/193 y declarar insustancial el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos contra aquélla.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia