Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36351451-A
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
3381/2026 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 36351451-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 7 de abril de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 36351451-A (v. DEO del 18/02/26) para tratar “el recurso de apelación interpuesto por la actora el 26/08/2025 (v. IF-2025-94264051-APN- DTD#JGM), concedido el 27/08/2025 (v. PV-2025-94667994-APNVOCXIII#TFN) contra la sentencia dictada el 18/07/2025, en cuanto confirma la Resolución RESOL2025-183-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, con costas a la actora (v. INLEG-2025-78331105-APNVOCXIII#TFN)” (v. nota en la pág. 353 del exp. electrónico, donde también consta que el Fisco no contestó agravios); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución RESOL-2025-183-E- AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en las actuaciones EX-2023-00507441- -AFIP- SRRODVMENT#SDGCTI, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación, abonada en los términos del decreto 133/15 y con relación al permiso de embarque 16057EC01008144P.
Para resolver como lo hizo, en lo que ahora interesa señalar, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN). Condenó en costas a la actora, porque la doctrina plenaria en virtud de la cual se resolvía era anterior a la interposición de la acción.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
En tal sentido, precisó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, se debió invalidar el decreto aquí impugnado; que estaba vigente al momento de registro de la operación y fijaba una alícuota del 27% en concepto de derechos de exportación para la mercadería comprendida en la posición arancelaria 2304.00.10.100B. No obstante, insistió en que no perseguía la devolución íntegra de lo abonado, sino únicamente la diferencia entre dicha alícuota y la que, a su entender, resultaba aplicable conforme al decreto 509/07 (24%), por considerar que este último era el único instrumento normativo que contaba con una convalidación legislativa suficientemente concreta y determinable, en los términos exigidos por la Corte en el citado precedente.
3. Que, el 30/3/26, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
4. Que corresponde aclarar que, como principio y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de tales derechos en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º). Más allá de lo expuesto, en este caso la actora consintió el importe equivalente a la alícuota del 24% que le hubiese correspondido abonar por aplicación del decreto 509/07, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido legítimamente percibido por el Fisco (v. p. 339, expte. cit.).
Por lo tanto, el alcance de la presente repetición queda circunscripto a la diferencia porcentual reclamada (3%), que no está en discusión que corresponde al incremento de alícuota dispuesto para la PA 2304.00.10.100B por el decreto 133/15 (v. esp. p. 266, expte. cit.).
5. Que los restantes planteos se encuentran tratados en los considerandos 7° a 11 de la resolución dictada el 15/4/25 en la causa 20586/24 “Molino Cañuelas (TF 138475558-A) c/ DGA”, a cuyos términos se remite por razones de brevedad.
Por lo allí expuesto, se declara la invalidez constitucional del decreto 133/15, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
Además, porque –de conformidad con la doctrina de Fallos: 337:388– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha de registro de la exportación involucrada en este caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por el decreto, en la porción que aquí se discute.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 133/15 y admitir la repetición de la diferencia porcentual reclamada con relación al PE 16057EC01008144P; más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero.
ASÍ SE RESUELVE.
6. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por la Corte en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 3381/2026 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 36351451-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º). Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues —de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008—, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, la diferencia a restituir deberá determinarse en pesos y sobre la base del importe efectivamente abonado que surge de las actuaciones administrativas (doctr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que, en atención a la intimación cursada en el primer auto, notificada el 20/2/26, sin que la actora cumpliese con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente y hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que se encuentra configurado el supuesto previsto en el punto 10 in fine de la acordada CSJN 20/92, corresponde remitir los autos al Representante del Fisco a fin de que determine la tasa a exigir. ASÍ TAMBIEN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y cúmplase con la remisión ordenada al Representante del Fisco.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia