Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 39853-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
12082/2024 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 39853-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, septiembre de 2024.
VISTOS; Y
1. Que, por resolución de fs. 131/132vta., el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó la resolución AD BEIR 361/18, dictada en la actuación SIGEA 12255-198-2017, en cuanto había denegado la devolución de la suma de USD 6703,20, reclamada en concepto de diferencia de derechos de exportación abonada con relación a los permisos de embarque 12 082 EC01 1013U (oficializado el 15/3/12), 12 082 EC01 1161B (oficializado el 27/3/12), 12 082 EC01 1357X (oficializado el 10/4/12), 12 082 EC01 1576L (oficializado el 24/4/12), 12 082 EC01 4758Z (oficializado el 11/12/12) y 12 082 EC01 4848Z (oficializado el 21/12/12), en los términos de la resolución conjunta MP 27/08 y MEyFP 29/08 (BO 23/12/08).
Para resolver como lo hizo, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-
APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo Nacional puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 en aquellos casos en que se cuestionan resoluciones aduaneras que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del citado decreto, con respecto a destinaciones registradas a partir de su entrada en vigencia y hasta la entrada en vigencia de la ley 27.467. Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la resolución conjunta MP 27/08 y MEyFP 29/08 –con respecto a la cual entendió aplicables aquellas conclusiones mutatis mutandis–, y denegó la repetición.
Por último, distribuyó las costas por su orden alegando que la cuestión era compleja y se decidía por una doctrina legal posterior al inicio de las actuaciones, lo que pudo hacer creer a las partes que tenían derecho a litigar.
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación a fs. 140/142vta.; que se concedió a fs. 144 y no fue replicada por su contraria. En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
3. Que, a su turno, la actora interpuso apelación a fs. 146/vta., que se concedió el 148, se fundó a fs. 156/160vta. y fue replicada a fs. 164/176.
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). Precisó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, se debió invalidar la resolución conjunta aquí impugnada; que estaba vigente al momento de registro de las operaciones y fijaba una alícuota del 13% para la mercadería exportada. Sin embargo, aclaró que no pretendía la devolución de todo lo abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre esa alícuota del 13 % y la que hubiese correspondido pagar con arreglo al decreto 509/07 (10%, según sus dichos). Esto así, en la inteligencia de que ese decreto –y, por consiguiente, ese nivel de imposición– había tenido aprobación por ambas cámaras del Congreso y cumplía con el programa constitucional.
Por otra parte, planteó que la decisión vaciaba de contenido el artículo 1164 del Código Aduanero, ya que, en una recta interpretación, esa disposición le hubiese permitido al Tribunal Fiscal de la Nación revisar la constitucionalidad de la norma cuestionada, por tratarse de una disposición análoga a la se había invalidado en el citado precedente de la Corte. Añadió que la decisión del tribunal de origen era –incluso– incongruente, dado que extendía los efectos de su doctrina legal a una norma diferente del decreto 793/18 y, sin CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 12082/2024 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 39853-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
embargo, negaba la posibilidad de aplicar la doctrina de “Camaronera Patagónica SA” a normas distintas de la allí examinada (resol. ME 11/02).
En su contestación, el Fisco Nacional planteó que existía una diferencia sustancial entre la resolución invalidada por el Máximo Tribunal y la aquí impugnada, ya que esta última había estado sujeta al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la ley 26.122; por lo que, al no haber sido expresamente derogada por el Congreso, gozaba de validez desde su entrada en vigencia. En subsidio, desconoció los montos reclamados y planteó que los derechos se habían abonado en pesos, por lo que debían restituirse en esa misma moneda y no en dólares estadounidenses.
4. Que, el 26/8/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que, en lo que respecta a la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse sobre la validez constitucional de la norma involucrada en el caso, son aplicables –cambiando lo que se deba cambiar– los argumentos expuestos por esta Sala en las causas 43182/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25050851-A) c/ DGA”, sentencia del 1/11/22, y 51372/22 “Bunge Argentina SA (TF 36695-A) c/ DGA”, sentencia del 13/12/22.
Allí se remarcó el carácter relativo de la prohibición contenida en el artículo 1164 del Código Aduanero. También se señaló que en “Camaronera Patagónica SA” la Corte había proporcionado un estándar de validez para las normas del Poder Ejecutivo Nacional que, con sustento en lo dispuesto por el artículo 755 del Código Aduanero, hubiesen establecido, quitado o modificado derechos de exportación; pauta interpretativa, ésta, que tenía autoridad institucional (Fallos: 342:1903; entre otros) y con arreglo a la cual el tribunal administrativo debió haber examinado la validez de los derechos de exportación involucrados en cada caso. Sobre todo, cuando la propia actora había invocado el precedente en la primera oportunidad.
Esa última circunstancia se replica en el caso, toda vez que la actora viene planteando desde el escrito de inicio la afectación al principio de legalidad en materia tributaria con sustento en aquel fallo (v. fs. 18 y ss.). Además, el Fiscal General coincidió en señalar que el planteo debía resolverse de acuerdo con lo decidido por la Corte federal (v. esp. punto 8 del dictamen).
6. Que, en cuanto al alcance de la repetición, cabe aclarar que mediante las destinaciones del caso, registradas entre el 15/3/12 y el 21/12/12 al amparo del régimen de la ley 21.453, la actora exportó harina de trigo de la posición arancelaria 1001.00.10.190B y abonó derechos de exportación del 13% ad valorem –v. copias de los respectivos permisos de embarque en las actuaciones administrativas–.
Las partes no controvierten que ese porcentaje de derechos se pagó en los términos de la resolución conjunta MP 27/08 y MEyFP 29/08 (BO 23/12/08), cuya declaración de inconstitucionalidad pretende la actora (v. esp. fs. 28).
Como principio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación en aquellas operaciones que –como las aquí involucradas– se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º). Por este motivo, no se comparte que fuese necesario cuestionar los antecedentes normativos derogados por la resolución conjunta MP 27/08 y MEyFP 29/08, del modo propuesto por el Fiscal General (v. esp. punto 5 del dictamen).
Más allá de lo expuesto, no puede obviarse que, en el caso, la actora consintió el porcentaje de alícuota que le hubiese correspondido abonar con arreglo al decreto 509/07, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido legítimamente percibido por el Fisco (v. esp. fs. 28).
Por consiguiente, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si la diferencia porcentual reclamada (que —se adelanta— es del 1% y no del 3%, como CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 12082/2024 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 39853-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
consignó la actora), se abonó con sustento en una norma constitucionalmente inválida; en cuyo caso debería admitirse la repetición, con el alcance pretendido.
7. Que, para fijar un derecho de exportación del 13% con relación a la mercadería de la posición arancelaria 1101.00.10, la citada resolución conjunta MP 27/08 y MEyFP 29/08 (BO 23/12/08) invocó “lo previsto en la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero), en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y en el Artículo 22 del Decreto Nº 509/07”. A su vez, refirió a las facultades conferidas por el decreto 2752 del 26/12/91, complementado por el decreto 2275 del 23/12/94.
En lo que ahora interesa señalar, el artículo 755 del Código Aduanero dispone que “en las condiciones previstas en este Código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) Gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) Desgravar…; c) Modificar el derecho de exportación establecido…”.
Por su parte, la Ley 22.520, de Ministerios (t.o. dto. 438/92) faculta al Poder Ejecutivo Nacional para “delegar en los Ministros y en los Secretarios de la Presidencia de la Nación facultades relacionadas con las materias que les competen, de acuerdo con lo que determine expresa y taxativamente por decreto” (art. 13).
En su momento, mediante el decreto 2752/91 (BO 13/1/92), se delegaron en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos las facultades conferidas, entre otros, por el artículo 755 del Código Aduanero.
Finalmente, el decreto 2275/94 (BO 30/12/94) aprobó en el orden nacional la Nomenclatura Común del Mercosur; mientras que, el decreto 509/07 (BO 23/5/07) introdujo ajustes en la primera sobre la base de lo dispuesto en distintas normas comunitarias, y, en lo que resulta relevante para el caso, facultó al Ministerio de Economía y Producción a realizar las aclaraciones, modificaciones y excepciones que correspondan, en el ámbito de su competencia (art. 22).
Se sigue de esta reseña normativa que la resolución bajo examen pretendió ejercer facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo, que este último, a su vez, habría subdelegado en los ministerios emisores.
8. Que, la doctrina establecida por la Corte federal en “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388) puede sintetizarse en los siguientes postulados:
(i) El principio de legalidad o reserva de ley, aplicable a los derechos de exportación dada su naturaleza tributaria, “abarca tanto la creación de impuestos, tasas y contribuciones como las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (consid. 8º del voto de la mayoría; énfasis añadido).
(ii) Ese principio no cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución Nacional. En este sentido la Corte ratifica, con remisión a anteriores precedentes, que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo (Fallos: 326:4251)” (consid. 9° del voto de la mayoría).
(iii) Aun cuando se soslayase lo sostenido en el punto ii, no resultaría admisible sostener que la ley 22.415 ni mucho menos la ley de emergencia 25.561 ―y sus sucesivas prórrogas― han otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para establecer el tributo cuestionado, toda vez que no establecen “siquiera con mínimos recaudos” sus elementos esenciales (consid. 9° del voto de la mayoría).
En particular, el Código Aduanero “prevé la existencia de derechos de exportación y regula aspectos atinentes a tal tipo de gravámenes, los arts. 733 y ss. establecen que el derecho de exportación puede ser ad valorem (es decir, de base imponible variable en función del valor de la mercadería) o bien específico (una cantidad determinada, fija o variable en función de la cantidad de mercadería que se exporte), pero para el caso en concreto aquí discutido, como puede observarse, no es el legislador quien ha determinado, de manera cierta e indudable, cuál es la forma de cuantificar la prestación…En efecto, el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 12082/2024 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 39853-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (consid. 9° del voto de la mayoría; énfasis añadido).
(iv) En el ámbito de los derechos aduaneros cobra relevancia la doctrina según la cual "tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida (Fallos: 246:345 y 328:940). En el contexto detallado, resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa….Sin embargo, tal como se expuso en el considerando anterior, la resolución cuestionada no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo” (consid.10 del voto de la mayoría; énfasis añadido).
(v) El Congreso Nacional puede sanear, hacia el futuro, cualquier nulidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de tales atribuciones.
En este sentido, la Corte afirma que, aunque no sea posible “convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable”, no existe razón alguna para privarla de efectos desde la entrada en vigencia de aquella ley que “otorga a su contenido rango legal”; siendo para ello necesario que se identifique la norma aprobada, o bien, que el universo de normas aprobadas resulte, por lo menos, determinable (v. consid. 11 del voto de la mayoría).
9. Que, tal como se adelantó, aquel precedente proporciona un estándar de validez y no una solución definitiva para todos los casos en que se discuta la constitucionalidad de un derecho de exportación.
Siguiendo sus términos, el aumento o disminución de alícuotas de derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo, dentro de un margen claramente delimitado por una ley del Congreso, podría hallar fundamento válido tanto en el ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 99, inciso 2º, de la Constitución Nacional, como en la técnica de la delegación legislativa y bajo los lineamientos del artículo 76 de la Constitución.
Sin embargo, cualquier sea el marco escogido por el Ejecutivo para implementar la medida, el Congreso debe haber preestablecido pautas y límites precisos en lo relativo al aspecto cuantitativo del tributo o, por lo menos, la alícuota máxima aplicable, a fin de proporcionar una “clara política legislativa” o una “base de delegación suficiente”, y así dar plena satisfacción al principio de reserva de ley en materia tributaria.
10. Que, en función de esas observaciones, es claro que el derecho de exportación bajo examen no cumplió con los presupuestos que fijó la Corte en el tantas veces citado precedente “Camaronera Patagónica SA”, toda vez que el aspecto cuantitativo del tributo había quedado completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo.
Como se ha visto, la resolución ministerial invocó las facultades otorgadas por el artículo 755 del Código Aduanero que, si bien es constitucionalmente válido, resulta insuficiente, por sí solo, para otorgar una delegación suficiente al Poder Ejecutivo, en la medida en que guarda silencio con respecto a la alícuota máxima aplicable (v. esp. consids. 9º y 10 del voto mayoritario del fallo).
Las restantes normas que citó la resolución conjunta tampoco permiten tener por cumplido ese parámetro, en tanto no se identifica ninguna ley formal que haya establecido un nivel máximo de imposición para las ventas al exterior de la mercadería de que se trata.
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Esto coloca a la resolución bajo examen a extramuros de la Constitución Nacional del modo en que lo entendió la Corte, y exime al tribunal de evaluar el cumplimiento de la exigencia relativa al plazo para el ejercicio, prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, así como de los requisitos para que la subdelegación de facultades tenga lugar válidamente.
11. Que, en el caso, existe controversia sobre la incidencia que pudo tener la ley 26.122 (BO 28/7/06) sobre la validez de este derecho de exportación, toda vez que el Fisco argumenta que, en virtud de lo que establecen sus artículos 17 y 24, el Congreso habría convalidado todos los elementos del tributo desde el momento mismo en que se publicó la resolución conjunta MP 27/08 y MEyFP 29/08 (BO 23/12/08).
Sobre este punto, es dable aclarar que la citada ley 26.122 tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos “de necesidad y urgencia”, “por delegación legislativa”, y “de promulgación parcial de leyes” que dicta el Poder Ejecutivo (art. 1°). Establece, asimismo, que la Comisión Bicameral Permanente prevista en los arts. 99, inciso 3° y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional, debe expedirse acerca de la “validez o invalidez” de los decretos mencionados y, ulteriormente, elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento (arts. 10 a 14). A su vez, con respecto a los decretos por delegación legislativa, prescribe que el dictamen debe pronunciarse expresamente “sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio” (art. 13).
También prevé que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99, inciso 3° y 80 de la CN, tienen plena “vigencia” de conformidad a lo establecido en el artículo 2° del Código Civil —actual artículo 5° del CCyC— (art. 17). Por último, expresa que el rechazo por ambas Cámaras del Congreso de los decretos de que se trate implica su “derogación”; es decir, que el referido rechazo sólo es operativo si lo efectúan por ambas Cámaras (art. 24). En ese contexto, el planteo de la accionada debe ser rechazado porque, con prescindencia de si el régimen invocado se aplica a disposiciones que no son propiamente decretos del Poder Ejecutivo, y aun en la hipótesis de considerar comprendida en sus términos a la resolución conjunta en trato (como resultado del ejercicio de una delegación legislativa), lo cierto es que la eventual aprobación del Congreso sólo podría tener lugar mediante resoluciones de ambas cámaras; es decir, una situación distinta de la aprobación expresa y específica mediante una ley formal del Congreso, como la que tuvo en cuenta la Corte para considerar resguardado el principio de legalidad en materia tributaria.
Con mayor razón, entonces, cabe descartar que haya adquirido rango legal una resolución que, como la aquí examinada, no fue sometida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, ni cuenta con aprobación alguna del órgano legislativo. En efecto, de acuerdo al texto de los artículos 17 y 24 de la ley, la falta de rechazo expreso por ambas cámaras del Congreso sólo pudo implicar que la resolución conjunta haya estado “vigente” desde su publicación (23/12/08) y hasta el registro de las operaciones involucradas. Pero la situación de una norma delegada que no ha sido expresamente validada no es asimilable, siguiendo la literalidad de la norma, a la de aquella que cuenta con tal pronunciamiento sobre su validez o invalidez; es decir, sobre su procedencia formal y adecuación a la materia y a las bases de la delegación, así como al plazo fijado para su ejercicio.
Por lo demás, la eventual intervención aprobatoria de ambas cámaras –que, cabe reiterar, no ha mediado con relación a la resolución conjunta MP 27/08 y MEyFP 29/08–, tampoco podría neutralizar el control judicial de compatibilidad con el programa constitucional, al que está sujeta toda ley. 12) Que, en definitiva, en el marco de esta controversia judicial se ha examinado la resolución conjunta MP 27/08 y MEyFP 29/08 y no caben dudas de su invalidez constitucional, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación. Además, porque –de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 12082/2024 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 39853-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
conformidad con la señalada doctrina del Máximo Tribunal– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha de cierre de venta de las exportaciones involucradas en el caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por la resolución ministerial, en la porción que aquí se discute.
13. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por el Máximo Tribunal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º).
Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, la diferencia a restituir deberá determinarse en pesos y sobre la base de los importes efectivamente abonados que surgen de las actuaciones administrativas –v. certificación obrante a fs. 111 de los antecedentes– (doctr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras).
Resta aclarar que, al contestar el traslado del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el Fisco se limitó a desconocer genéricamente el monto reclamado por la actora (v. fs. 77vta.), sin efectuar cálculos que controvirtiesen los que había efectuado la actora a fs. 50 de la actuación administrativa. Más allá de lo expuesto, no puede obviarse que la alícuota estipulada por el decreto 509/07 (y consentida por la actora) era del 12% en lo que respecta a la posición arancelaria 1101.00.10; tal como se desprende del anexo del decreto y fue señalado en el dictamen fiscal. Por consiguiente, la diferencia porcentual a restituir será del 1% (y no del 3%, como pretendía la recurrente). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
14. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición y hasta la fecha del efectivo pago, se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente.
En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición (27/12/17, v. fs. 1 act. adm.) y hasta el 31/07/19; esto último, en atención a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y sus modificatorias –que no fueron impugnadas–. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
15. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado, sustancialmente vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
16. Que corresponde tratar el diferimiento de pago de la tasa de justicia peticionado el 8/8/24.
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
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En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 12/7/24, punto V, segundo párr.); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia