Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-129790965-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución 132/2023 (AD BABL), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17643-38- 2020, fijando el importe de la multa en la suma de $84.527,35, en los términos del art. 969 del CA.
2Imponer las costas según los respectivos vencimientos (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-119370070-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINO CAÑUELAS SACIFIyA c/ DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN” EX-2023-129790965- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: La firma MOLINO CAÑUELAS SACIFIyA interpone recurso de apelación contra la resolución 132/2023 (AD BABL), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17643-38-2020, que la condenó por la comisión de la infracción prevista en el art. 9 de la ley 21.453. Argumenta que la infracción por la cual se condenó a su representada, no constituye una infracción aduanera y la Dirección General de Aduanas no resulta competente para sustanciar procedimientos y/o imponer sanciones fundados en tal norma, motivo por la cual solicita la nulidad de la resolución. Asimismo, manifiesta que existió un hecho sobreviniente, ajeno a su mandante, que resultó imprevisible e inevitable, que imposibilitó la exportación de la mercadería. Explica que incesantes lluvias al momento de trasladar la mercadería, hizo que la misma se vea afectada por un nivel de humedad que hizo imposible su exportación, toda vez, que el comprador decidió rescindir la operación de compraventa por razones de fuerza mayor. Entiende que, por ello, le resulta de aplicación la excepción de la obligación de exportación prevista en el art. 731 del Código Aduanero (“CA”), así como la falta de responsabilidad infraccional por la ausencia completa de culpa y de responsabilidad (art. 902 del CA). En subsidio, solicita la aplicación de lo establecido por el art. 916 del CA y solicita la reducción de la multa en los términos del art 969, por aplicación de ley penal más benigna, que en el caso concreto lo es respecto de la ley 21.453, que es en función de la cual se determinó la condena. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Finalmente, solicita se haga lugar al recurso interpuesto y deje sin efecto la resolución recurrida, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Que mediante IF-2024-25697855-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una reseña de los antecedentes normativos. Argumenta que el régimen al que se acogió la actora y por el cual se corrió vista, es el régimen especial de la ley 21.453. Continúa explicando, que en el art. 9 establece la sanción de la que será pasible el exportador en caso de incumplimiento de las operaciones registradas (DJVE) y por ello la conducta que se imputa se encuentra tipificada en el citado art. 9 de la ley 21.453. Agrega que la especificidad del régimen de la ley 21.453 deviene en inaplicable la multa mínima prevista en el art. 969 del CA, no pudiéndose entender a esta última norma como más benigna en virtud de referirse al régimen general. Manifiesta que la firma únicamente se limitó a invocar nulidades de procedimiento y jamás hizo referencia a la cuestión de fondo. Hace una reseña del marco normativo aplicable. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 17643-38-2020 se inician con el acta denuncia 5-2021/2 de fecha 26.11.20 de la que surge como detalles de los hechos: incumplimiento al art. 9 de la ley 21.453 (fs. 4). A fs. 6 obra el Inf. Sección Insp. Simultánea 442/21 por el cual se determina el valor de la multa. A fs. 7/9 con fecha 25.10.21 se instruye sumario y se corre vista -resolución 199/2021 (AD BABL)-, de lo que se notifica a la parte mediante cédula SICNEA estado “notificado” con fecha 25.10.21 (fs. 11). Se agregan prints de pantallas del SIM. A fs. 26/31 contesta la sumariada la vista que le fuera conferida y a fs. 35 se la tiene por presentada y se ratifica y mantiene la jurisdicción del organismo. Se agregan print de pantalla de la DJVE. A fs. 40/42 con fecha 11.09.23 se produce el dictamen 79/2023 (ASLT – AD BABL). Finalmente, a fs. 43/46 obra la resolución 132/2023 (AD BABL), apelada en autos.
IV. Proceso ante el Tribunal Fiscal: El 19.03.24 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba (PV-2024-28928272-APN-VOCXIII#TFN). El 06.05.24 se tiene por desistida a la actora del exhorto (PV-2024-46207501-APN-VOCXIII#TFN), no existiendo prueba pendiente de producción, se declara la causa de puro derecho y se elevan los autos a esta Sala “E” y se llaman a sentencia.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -132/2023 (AD BABL)-, en cuanto condena a MOLINO CAÑUELAS SACIFIyA por la comisión de la infracción prevista en el art. 9 de la ley 21.453, se ajusta a derecho.
V.1. De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, régimen concebido para fomentar las exportaciones de productos de origen agrícola, previendo el registro de las ventas al exterior, que debían ser comunicadas por los exportadores a la autoridad de aplicación mediante declaraciones juradas. Así, el art. 6 de la ley dispone que “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías a que se refiere la presente ley, serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario, y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta”.
Por otro lado, así como la ley 21.453 establece un régimen especial que otorgó certeza a los exportadores, también resguarda el interés del Estado, obligando a los primeros a cumplir con lo pactado, exigiéndoseles exportar al menos el 90% de los volúmenes comprometidos, bajo apercibimiento de aplicar una sanción. En efecto, el art. 9 de la mencionada ley prescribe: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta en la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada”. Por su parte, el Código Aduanero también posee una regulación especial, posterior en el tiempo, para regímenes como el de la ley 21.453, estableciendo su art. 969 que “cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”.
V.2. No existe controversia en autos sobre la comisión de la infracción en trato, toda vez que, conforme reconoce la propia actora, la DJVE 20003DJVE000157P oficializada por 114 toneladas de harina de trigo o de morcajo (tranquillón), no pudo ser cumplida. La actora manifiesta que no pudo cumplir con la exportación comprometida, producto de una causa que no le es imputable, como lo fue que la mercadería haya sido dañada al momento del traslado por las incesantes lluvias y que el comprador, en consecuencia, haya rescindido la operación de compraventa por razones de fuerza mayor. Al respecto, cabe señalar que el Código Aduanero no recepta expresamente ante casos como el aquí debatido, la eximente de responsabilidad derivada de un incumplimiento acaecido en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. Para ello, cabrá remitirse al Código Civil y Comercial de la Nación que, en el art. 1730 prescribe que “Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario.”. En tal inteligencia, la causal de fuerza mayor requiere, para excluir la imputación objetiva de incumplimiento de las obligaciones asumidas, la existencia de hechos imprevisibles, inevitables o insuperables, que acrediten la imposibilidad absoluta de cumplir. Lo dicho no puede entenderse como tal si solamente se torna dificultosa la acción para el cumplimiento, por lo que el hecho no solo debe ser imprevisible, sino que también debe ser insuperable e irresistible.
Dicho esto, supuestos como el de autos poseen, además, particularidades especiales por tratarse de normas que regulan un régimen especial. Tal es así, que el art. 1 de la resolución 384/96 SAGPyA (que modifica, particularmente, el art. 3 de la resolución 685/92), regula las cuestiones relativas a la prórroga. Específicamente, el inc. a) otorga una prórroga automática para los casos en los cuales se presente la imposibilidad de cumplir en término. Por su parte, el inc. d) permite solicitar una prórroga extraordinaria cuando medie caso fortuito o fuerza mayor de hasta SESENTA (60) días corridos, donde se deberán exponer los argumentos que motivan dicha solicitud. Finalmente, el inc. e) establece: “Cuando por la gravedad de las causas que configuran el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas, la situación de la exportadora no se conjure con la prórroga extraordinaria de hasta SESENTA (60) días corridos, esta Secretaría, por acto expreso y a pedido de partes podrá dar por cumplida la declaración sin sanción de naturaleza alguna para la razón social de que se trate. (...)”. En esta línea, el art. 9 de la ley 21.453 establece que la autoridad de aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador.
En virtud de lo expuesto, resulta claro que la actora debió haber solicitado, en primer lugar, la prórroga de la DJVE ante el órgano de aplicación, y luego, cuando la situación no se conjuró con la prorroga extraordinaria, solicitar que se dé por cumplida la declaración, siendo necesario para ello demostrar ante ese organismo “fehacientemente” las razones de caso fortuito o fuerza mayor, lo que aquí no ocurrió. Por el contrario, al momento de solicitar la anulación del ROE verde la actora manifestó que se debía a un error en el cálculo de las toneladas perdidas (ver fs. 3 de las act. adm.). Cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91). En consecuencia, el planteo de fuerza mayor incoado por la actora debe ser rechazado.
A mayor abundamiento, debe señalarse que la actora no se ocupó de demostrar debidamente las causales que ocasionaron el siniestro en cuestión, limitándose a ofrecer, tanto en sede aduanera como ante este Tribunal, el libramiento de un exhorto dirigido al comprador del exterior a los fines del que el mismo informe los motivos por los cuales no se concertó la entrega de la mercadería según lo pactado, el que no se libró en ninguna de las dos instancias y, asimismo, ante esta instancia la actora directamente desistió de dicha prueba. De lo expuesto se colige que no es posible confirmar lo sucedido; menos aún que lo supuestamente sucedido haya sido la causa fehaciente del incumplimiento sancionado por la Aduana.
V.3. Sentado ello, corresponde aclarar que no resulta aplicable en autos lo establecido por el art. 917 del CA, solicitado expresamente por la actora, de acuerdo a lo establecido en su apartado 3 (“3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”), toda vez que la infracción cuestionada se configura por el mero hecho de vencer el plazo establecido en la DJVE sin haber exportado la cantidad establecida por la reglamentación (al menos el 90%).
Sin perjuicio de ello, por aplicación del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del CA –cuyo mínimo es del 10%- y no la, previa en el tiempo, del art. 9 de la ley 21.453 –que fija un 15%-, como pretende la Aduana. En consecuencia, corresponde reliquidar la multa impuesta a fs. 6 de las act. adm. fijando la sanción en un 10% del valor en aduana de la mercadería en infracción. De esta manera, el importe de la multa queda fijado en la suma de $84.527,35.
Por ello VOTO POR:
1. Confirmar la resolución 132/2023 (AD BABL), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17643-38- 2020, fijando el importe de la multa en la suma de $84.527,35, en los términos del art. 969 del CA.
2. Imponer las costas según los respectivos vencimientos (art. 1163 del CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, SE
1. Confirmar la resolución 132/2023 (AD BABL), dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17643-38- 2020, fijando el importe de la multa en la suma de $84.527,35, en los términos del art. 969 del CA.
2. Imponer las costas según los respectivos vencimientos (art. 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria y Juárez por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.10.27 16:08:22 ART Date: 2025.10.27 16:20:29 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.27 16:20:56 -03:00
Fin de la sentencia