Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-104710117-APN-SGASAD#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-20446024-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Febrero de 2025 ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Miguel Nathan Licht, con la presidencial de Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2024- 104710117- -APN-SGASAD#TFN (“MOLINO CAÑUELAS SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 25.09.24, mediante RE-2024-104709335-APN-SGASAD#TFN, la firma actora interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2024-1154-AFIP-ADPASO#SDGOIA dictada por el Sr. Jefe de Departamento de Paso de los Libres en el expediente SIGEA 19496-36-2024. La referida resolución es apelada por denegar la repetición de la suma de Pesos Quinientos Noventa y Dos Mil Setecientos Nueve con 07/100 centavos ($592.709,07.-) abonada en concepto de derechos de exportación –establecidos conforme el Decreto 793/2018- correspondiente a los permisos de embarque (PE) 18042EC01005049M; 18042EC01005051F; 18042EC01005085M; 18042EC01005076M; 18042EC01005098Z;
18042EC01005091J; 18042EC01005094M; 18042EC01005120C; 18042EC01005122E y 18042EC01005123F. La actora hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que, mediante los PE involucrados documentó las exportaciones declaradas y, al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, pagó los derechos de exportación establecidos mediante el decreto 793/18. Hace una descripción de la actividad que desarrolla la empresa en el país, su evolución, crecimiento e importancia en el mercado. Fundamenta su recurso y en primer lugar plantea graves inconsistencia en el dictado de la resolución. Manifiesta nulidades por afectación del debido proceso. Explica que el acto administrativo para ser válido, requiere ser causado y expresar en forma concreta las razones que lo motivan, debiendo, a su vez, encontrar pleno sustento en el derecho aplicable, de lo contrario, el mismo será nulo.
Señala que la División Aduanera hace una breve reseña de las disposiciones del Código Aduanero que regulan en materia de derechos de exportación, para concluir que allí se legisla el hecho, el momento y el valor imponible, como así también otros elementos de la obligación tributaria que presuntamente constituyen una “clara política legislativa”. Agrega que olvida las prescripciones de nuestra Constitución Nacional (con jerarquía superior a la Ley 22.415) por las cuáles se establece que está prohibida la delegación legislativa en el PEN, salvo “en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
Asimismo para fundar el ilegítimo actuar, entiende que la División Aduanera sostiene que aquella delegación que presuntamente emana del art. 755 del C.A. tiene su origen en las cambiantes circunstancias de la economía que dificultan las tomas de decisiones conforme los procedimientos para la sanción de una ley formal, que sin embargo, empero estas circunstancias no son óbice para que lo dictado por nuestros poderes se ajuste a las pautas que rigen su actuar. Aplica al caso el fallo de la Corte Suprema “Camaronera Patagónica”, del 14.04.14. Plantea que el pago efectuado en cada permiso de embarque resulta sin causa, cuyo importe debe ser restituido por cuanto los derechos de exportación del decreto 793/18 resultan violatorios del principio de reserva legal en materia tributaria, siendo su exigencia ilegítima hasta la vigencia de la ley 27.467, que les diera rango legal a tales tributos.
Adicionalmente, hace mención de las funciones que le competen al Sr. Administrador, las cuales se desprenden con suma claridad del Decreto 618/1997. Argumenta un enriquecimiento sin causa por parte del Fisco Nacional y que dichos importes fueron improcedentes a toda luz, por haber sido calculados en base a una alícuota establecida mediante Decreto, el que, de acuerdo a los preceptos expuestos y las estimaciones que hiciera la Corte Suprema respecto de hechos de idéntica naturaleza, contraviene principios básicos de máxima jerarquía contemplados en la Constitución Nacional (“CN”) entre otros, el principio tributario de legalidad o reserva de ley, el cual implica que la imposición de tributos a los habitantes de la nación sólo puede efectuarse mediante la sanción formal de una ley.
Entiende que la prohibición de declarar la inconstitucionalidad de las normas –conforme artículo 1164 del CA– sólo resulta relativa, siendo que el mismo artículo autoriza al tribunal a pronunciarse cuando ella tenga apoyo en la jurisprudencia de la Corte Suprema en el mismo sentido. En efecto, sostiene que en el pronunciamiento Petroquímica Comodoro Rivadavia SA. (TF 25050851-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo la Cámara expresó que el ejercicio de esa potestad por parte del Tribunal era plenamente aplicable toda vez que la Corte había declarado en “Camaronera Patagónica S.A.” la invalidez constitucional de la Resolución 11/02 –a la luz de lo previsto por el artículo 755 del CA y el Principio de Legalidad en materia tributaria–, análoga al Decreto 793/18 que se cuestiona en esos autos.
Expresa que resulta contundente, que los Derechos de Exportación son tributos –más precisamente impuestos-, lo que genera como consecuencia natural e insoslayable, que su tratamiento se dé en el marco de los principios básicos rectores del derecho tributario. Por lo que implica su estricto apego al principio de legalidad que determina la CN en sus arts. 17, 19, 52, 75 y 76, de los cuales se colige con claridad la imposibilidad del PEN de legislar en esa materia. Argumenta la Potestad Legislativa, principio de legalidad tributaria y la delegación en el Poder Ejecutivo, citando doctrina y jurisprudencia. Manifiesta ausencia de ratificación posterior, como así también ausencia de subsanación a través de la doctrina de la delegación especial.
Plantea la ineficaz delegación legislativa contemplada en el art. 755 del CA. Concluyendo sus fundamentos en que corresponde dejar sin efecto la exigencia de tributos derivada de la aplicación del acto administrativo (decreto 793/18), por cuanto no se ajusta su texto constitucional y resultar contrario a la división de poderes y al principio de reserva de ley en materia tributaria. En cuanto a los intereses, dice que los mismos cumplen la función esencial de resarcir al administrado por la privación del uso del capital ingresado indebidamente a las arcas fiscales y son debidos por vuestra Administración desde su constitución en mora y hasta la íntegra restitución del mismo. Siendo ello así, que corresponde remitirse a lo expuesto en el art. 812 del CA, el cual sostiene que la tasa de interés aplicable será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 794 del mismo cuerpo legal.
Finalmente reitera todos sus argumentos esgrimidos en sede aduanera, ofrece prueba, autoriza, hace la reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 12.12.24 mediante el IF-2024-136589557-APN- DTD#JGM y acompaña las actuaciones administrativas involucradas en la presente causa. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y la normativa aplicable: arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia allí dictada, ni tampoco el sentido que le dio la Corte Suprema. Cita jurisprudencia de este tribunal en los autos “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación”, Expte. 38.422-A, como así también los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al citado decreto 793/18, que le dieron razón a su mandante, entre otros el fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. C/ DGA. S/ Apelación”, Expte. EX-2020-15395348--APN-SGASAD#TFN, del 18.02.21, que cita y da por reproducido. Refiere a la limitación de este tribunal para declarar la inconstitucionalidad solicitada e indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 del CA. Agrega que la contraria plantea como único argumento la inconstitucionalidad de normas jurídicas, entendiendo que, conforme la normativa transcripta, esté Tribunal no debería expedirse al respecto. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada, atento a que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. Indica que, en el hipotético caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a la actora.
III. El 18.12.24 se elevan los autos a la Sala “E” y se los pasa a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA 19496-36-2024 se iniciaron el día 23.04.24 con la presentación que hace la firma, en la que cumple y acompaña copia en formato papel, de la presentación electrónica que se inició con motivo del pedido de solicitud de repetición con relación a los PE 18042EC01005049M; 18042EC01005051F; 18042EC01005085M; 18042EC01005076M; 18042EC01005098Z; 18042EC01005091J; 18042EC01005094M; 18042EC01005120C;
18042EC01005122E y 18042EC01005123F. A fs. 65 con fecha 13.05.24 se tiene por deducido el procedimiento de repetición. A fs. 67/69 de dicta la nota 39/2024 SECC. Ex-Ante (AD PASO) de fecha 15.07.2024. Se agregan print de pantalla del Sistema Informático Malvina (SIM) (fs. 71/80). Con fecha 22.08.24 se emite el dictamen jurídico (IF-2024- 02648907-AFIP-SESUADPASO#SDGOAI). A fs. 83/89 se dicta la resolución aquí apelada, en la que se rechaza la repetición solicitada.
V. En primer lugar, respecto al planteo de la Aduana de falta de legitimación de la actora para repetir los tributos, considero que debe rechazarse con fundamento en que la Aduana no prueba su pretensión del modo fehaciente que exige su procedencia sustancial.
VI. Corresponde resolver en la causa si la resolución RESOL-2024-1154-AFIP-ADPASO#SDGOIA dictada por el Administrador de la Aduana de Corrientes en cuanto dispuso no hacer lugar a la devolución de la suma pretendida por MOLINO CAÑUELAS SACIyF, en concepto de derechos de exportación abonados con relación, a los PE 18042EC01005049M; 18042EC01005051F; 18042EC01005085M; 18042EC01005076M; 18042EC01005098Z;
18042EC01005091J; 18042EC01005094M; 18042EC01005120C; 18042EC01005122E y 18042EC01005123F (todos con fecha de cierre de venta del 27.09.18 y oficializados entre el 01.10.18 y el 04.10.18) se ajusta a derecho. Mediante el referido PE la actora documentó la exportación de la mercadería allí declarada, abonando los derechos establecidos por el decreto 793/18 que los fijó, para todo el universo arancelario, con una alícuota del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería). La actora cuestiona la validez constitucional del decreto 793/18 por los fundamentos que expone, remitiendo al precedente de la Corte in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15/04/2014.
Asiste razón a la actora en su planteo, conforme los fundamentos que, en un caso análogo al presente, expuse en mi voto correspondiente a la sentencia de esta Sala E del 29/10/2021, autos “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA”
(EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN), en donde se tratan todos los argumentos expuestos por las partes en estos autos y a la que, en mérito a la brevedad, se considera integrando este voto (puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN -SGASADTFN-29-10- 2021.pdf). En consecuencia, opino que en este caso, pese a que votaré en sentido contrario por aplicación del plenario del tribunal, hubiera correspondido: declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 793/18 entre el 04/09/2018 y 04/12/2018 con fundamento en los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución y revocar la resolución apelada; hacer lugar al reclamo de repetición de la actora por la suma total reclamada de Pesos Quinientos Noventa y Dos Mil Setecientos Nueve con 07/100 centavos ($592.709,07.-) con sus intereses hasta la fecha de pago (art. 811 del CA); e imponer las costas a la Aduana vencida.
VII. Que, sin perjuicio de lo expuesto, el 26/04/2022, este tribunal por el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA C/DGA S/RECURSO DE APELACIÓN”, por mayoría, acordó fijar la siguiente doctrina legal: “(…) ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Conforme lo dispuesto en el art. 151 de la ley 11.683, resulta aplicable a este caso la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, correspondiendo confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIyF .
VIII. En cuanto a las costas considero deben imponerse por su orden. Ello atento a que la actora, pese al plenario de este tribunal, tuvo, desde siempre, sobrados fundamentos para realizar su planteo de devolución. Tales fundamentos datan de la reforma constitucional del año 1994 -nuevos arts. 76 y 99 inc. 3-- y la jurisprudencia de Fallos: 337:388 “Camaronera Patagónica” del 15.04.14. Ello sin perjuicio de señalar que, a la fecha, las cinco salas de la Cámara del Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal han resuelto, de modo unánime, que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable entre el 04.09.18 y el 04.12.18, aplicando el referido precedente de la Corte Suprema.
IX. Por ello VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de falta de legitimación de la actora, sin costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2024-1154-AFIP-ADPASO#SDGOIA, dictada por el Sr. Jefe de Departamento de Paso de los Libres en las actuaciones administrativas SIGEA 19496-36-2024, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIyF, costas por su orden (art. 1163 del CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juan Manuel Soria, en cuanto dispuso rechazar la excepción de falta de legitimación de la actora (sin costas) y confirmar la Resolución RESOL-2024-1154-AFIP-ADPASO#SDGOIA, dictada por el Sr. Jefe de Departamento de Paso de los Libres en las actuaciones administrativas SIGEA 19496-36-2024, en la que dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIyF. Ello así por aplicación de la doctrina legal (art 151 de la ley 11.683) recaída en el Fallo Plenario de este Tribunal (IF-2022-40809437- APN-VOCXIX#TFN), de fecha 26/04/2022, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en la que por mayoría se resolvió:
“ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
Disiento de la imposición de costas por su orden propuesta por el Vocal preopinante toda vez que considero que las costas deben ser impuestas a la actora vencida conforme el principio general establecido en el art. 1163 del Código Aduanero, no existiendo –a mi criterio- ninguna circunstancia para apartarse del mismo y máxime considerando que la apelación fue interpuesta con posterioridad al Plenario de este Tribunal -referido “ut supra”- que resuelve la cuestión planteada en autos.
ASI LO VOTO.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Adhiero al Voto del Dr. Soria en cuanto rechaza la falta de legitimación planteada en la causa y, en aplicación del Fallo Plenario dictado por este Tribunal con fecha 26/04/2022 (IF-2022-408-09437-APNVOCXIX#TFN), en los autos “Petroquimica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito, adhiero al Punto 2) de su voto por el que se confirma la resolución apelada, con costas por su orden En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
1. Rechazar la excepción de falta de legitimación de la actora, sin costas.
2. Confirmar la resolución RESOL-2024-1154-AFIP-ADPASO#SDGOIA, dictada por el Sr. Jefe de Departamento de Paso de los Libres en las actuaciones administrativas SIGEA 19496-36-2024, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma MOLINO CAÑUELAS SACIyF, costas por su orden (art. 1163 del CA).
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Licht por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.02.25 14:57:07 -03:00 Date: 2025.02.25 16:40:22 -03:00 Miguel Nathan Licht Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.02.25 17:24:19 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.25 17:24:20 -03:00
Fin de la sentencia