Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución 117/2023 (AD BABL), dictada en la Actuación SIGEA 17643-183-2021, en cuanto condena a la firma MOLINO FLORENCIA S.A.U. al pago de una multa declarando que su importe asciende a DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 96/00 ($226.164,96.-
), en los términos del art. 969 del C.A.
2Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67% a la actora y 33% al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-58263673-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 30 de Mayo de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F”, Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “MOLINO FLORENCIA SAU c/ DGA s/ recurso de apelación”, EX2023-128318344-APN-SGASAD#TFN;
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución 117/2023 (AD BABL), dictada en la Actuación SIGEA 17643-183-2021, en cuanto condena a la firma MOLINO FLORENCIA SAU al pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 339.247,44, en los términos del art. 9° de la Ley 21.453. Ello por cuanto no habría cumplido dentro del plazo establecido, con la exportación del 90% de la mercadería declarada en la DJVE N° 20003DJVE002173P.
II. Fundamentos de la apelación: Mediante RE-2023-128317274-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma MOLINO FLORENCIA SAU, e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Alega que la imputación efectuada no existió ya que exportó la mercadería por cuenta propia mediante el permiso de embarque 20029EC01000298M y DJVE 20003DJVE002240K. Efectúa un breve relato de los antecedentes del caso. Plantea la nulidad de la resolución apelada sosteniendo que el incumplimiento al art. 9 de la Ley 21.453 no constituye una infracción aduanera por lo que la Aduana es incompetente para sustanciar procedimientos e imponer sanciones en base a dicha norma. Refiere al Decreto 618/97. Entiende que el régimen previsto por la Ley 21.453 es diferente del previsto por el art. 729 del C.A.
Afirma que para que se configure la infracción al art. 969 del C.A., resulta necesario el incumplimiento de un régimen especial en los términos del art. 729 del C.A., por lo que no existiendo tal incumplimiento no podría válidamente invocarse la infracción al art. 969 del C.A. Concluye, por lo tanto, que al no constituir la ley 21.453 un régimen especial en los términos del artículo 729 del CA y no existir infracción aduanera en los términos del art. 969 del CA, la DGA no resulta competente para entender en los incumplimientos al art. 9 de la Ley 21.453. Alega que se produjo un hecho sobreviniente, ajeno a ella, que resultó imprevisible e inevitable, ya que el proveedor local de la mercadería por razones comerciales exigió que se cambiase la naturaleza de la operación y que fuese Molino Florencia SAU quien comprase en firme la mercadería para luego realizar la exportación a título personal.
Sostiene que por dicho motivo se cambió la DJVE por cuenta y orden de terceros por una DJVE de venta propia al exterior, siendo que en realidad se trata de una sola operación de venta. Expone que no puede imponerse una pena de multa por una conducta que no tuvo nada de ilegal como fue cambiar la naturaleza de la venta “por cuenta de terceros” a “venta propia” de bienes comprados localmente. En subsidio, solicita se aplique al caso el principio de la ley penal más benigna, al afirmar que si la Aduana imputa la infracción prevista en el art. 969 del C.A. resulta contradictorio que aplique la multa mínima del 15% prevista por el art. 9° de la Ley 21.453. También solicita se aplique el art. 916 del C.A.
Finalmente, ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: Mediante IF-2024-27751772-APN-DTD#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar, realiza una muy reseña de los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Remite por cuestiones de brevedad a los informes técnicos obrantes en las actuaciones. Respecto a la nulidad de la Resolución apelada con fundamento en la incompetencia de la DGA para entender en los aspectos relacionados con la Ley 21.453, cita la normativa al respecto de la que concluye que es clara la competencia de la Aduana para ejercer el control e imponer sanciones por el incumplimiento del art. 9° de la Ley 21.453. Entiende que no hay duda de que la infracción se encuentra configurada en autos, que la misma resulta imputable a la recurrente y que no existe error ni excusa (fuerza mayor y/o caso fortuito) prevista en el ordenamiento jurídico que le permita liberarse de la referida imputación. Explica que la actora registró primero una DJVE y luego tiempo después registró otra distinta, sin que figure en esta última declaración la asociación y/o reemplazo de ninguna DJVE, debidamente autorizada, por lo que el servicio aduanero procedió a analizar y fiscalizar en forma individual e independiente las respectivas declaraciones juradas. Sostiene que la contraria no probó debidamente su planteo de que ambas declaraciones se tratan de la misma operación. Agrega que al no existir un expediente y/o actuaciones (generada por la propia recurrente) donde la autoridad de aplicación autorice el reemplazo de una declaración jurada por otra, o que se dé por cumplida sin sanción, se configura el hecho punible que da lugar a la aplicación de la sanción de marras. En cuanto a la aplicación de la sanción, afirma que prevalece el principio de especificidad de la Ley 21.453 y cita jurisprudencia de la CNACAF. En relación con la aplicación del art. 916 del C.A. manifiesta que corresponde al juez administrativo su aplicación, lo que no corresponde en el caso. Finalmente, hace reserva del caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que se confirme el fallo recurrido, con costas.
IV. Mediante PV-2024-28568033-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Acto seguido se abre la causa a prueba y se ordena, en los términos del artículo 1143 del C.A., el libramiento de oficio al despachante de aduana para que acompañe cierta documentación requerida por la actora, que la acompaña mediante presentación de fecha 26.04.24. Posteriormente, se elevan los autos a la Sala “F” y quedan en estado de dictar sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas SIGEA 17643-183-2021 se inician con el Informe Secc. Insp. Ex Ante Nro. 057/21 mediante el cual se informa el incumplimiento de la exportación del 90% respecto de la mercadería comprometida en la DJVE 20003DJVE002173P. A continuación, obran impresiones de pantalla de dicha DJVE. A fs. 4 luce acta de denuncia. A fs. 6 se liquida la multa del 15% correspondiente a la mercadería no exportada. A fs. 7/10 se instruye sumario y se corre vista de lo actuado a la firma exportadora, quien resulta notificada el 24.02.22. A fs. 12/16 la firma MOLINO FLORENCIA presenta su descargo. A fs. 22/26 se agregan impresiones de pantalla de la documentación referida por la firma en su descargo. A fs. 27/29 vta. obra dictamen Nro. 100/23. A continuación, se dicta la Resolución 117/2023 (AD BABL), aquí apelada.
VI. En primer lugar, corresponde tratar la nulidad de la resolución apelada opuesta por la actora con fundamento en que la Aduana resulta incompetente para sustanciar procedimientos e imponer sanciones por el incumplimiento al art. 9° de la Ley 21.453.
Como primer aspecto a aclarar cabe señalar que, a contrario de lo que sostiene la recurrente en su recurso, en la Resolución apelada, la Aduana la condenó por la infracción prevista en el art. 9° de la Ley 21.453 y no por la infracción prevista en el art. 969 del C.A.
El art. 2 de Ley 21.453 indica: “El Poder Ejecutivo Nacional designará la Autoridad de Aplicación responsable del cumplimiento de lo establecido en la presente ley”.
Por su parte, del Decreto 1177/92 reglamentario de la Ley 21.453 surge expresamente: “habiéndose decretado la disolución de la JUNTA NACIONAL DE GRANOS, organismo que actuaba como autoridad de aplicación del régimen de conformidad con el Decreto N. 2.923 del 19 de noviembre de 1996, resulta procedente determinar la autoridad encargada de ejercer las funciones antedichas y la participación que le cabe a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS”.
Asimismo, el art. 5° del mencionado decreto establece: “A los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refieren los artículos 8° y 9° de la ley serán de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido por el Código Aduanero”.
Finalmente, el artículo 3° de la Resolución General 4799/21 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. N° 5053/2021) reitera lo dispuesto en el Decreto reglamentario mencionado al establecer que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8º y 9º de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero”.
En consecuencia, de la normativa mencionada resulta con toda claridad que la DGA resulta competente para instruir, tramitar y aplicar sanciones por los incumplimientos y transgresiones a las normas del régimen de la Ley 21.453, por lo que cabe rechazar el planteo de la actora respecto de la incompetencia de la Aduana y la nulidad de la Resolución apelada fundada en ello.
VII. Que, sentado ello, corresponde resolver en autos, si la multa aplicada a la firma MOLINO FLORENCIA S.A.U., mediante la resolución aquí apelada, se ajusta a derecho.
Que, el artículo 969 del C.A. dispone que “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto por el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731, será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”
Que, por su parte, el artículo 730 del C.A. dispone que “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.”
Que, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. …”.
Que la Resolución General N° 4977/2021 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. N° 5053/2021), dispone, en cuanto aquí interesa: “5. Cierre y cancelación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). 5.1. Cierre. a) La cantidad embarcada debe ser igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) y menor o igual al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104%) de la cantidad declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). (…) Cuando, a la fecha de su vencimiento, una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) tenga un nivel de cumplimiento inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 %) o superior al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104 %), el Sistema Informático MALVINA (SIM) efectuará una marca sobre la misma para que sea analizada, en conjunto con las destinaciones definitivas de exportación por la aduana de registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de corresponder, se procederá a efectuar la denuncia pertinente…”.
VIII. Que conforme surge de la documentación obrante en autos y de las actuaciones administrativas, mediante la DJVE 20003DJVE002173P, oficializada en los términos de la Ley 21.453 el 06.11.20 “por cuenta y orden de terceros”, la aquí actora comprometió la exportación de 84 toneladas de la mercadería clasificada en la P.A. 1101.00.10.190D a un valor FOB unitario oficial de U$S 300 por tonelada, con plazo de vencimiento el 31.10.21, respecto de la cual no habría cumplido con al menos el 90% de la exportación comprometida; a saber: 75,6 toneladas, de las cuáles no acreditó la exportación de tonelada alguna, por cuyo motivo el servicio aduanero la terminó condenando al pago de una multa en los términos del art. 9° de la Ley 21.453.
La actora sostuvo en la instancia aduanera y mantiene en esta instancia, que en el caso se produjo un hecho sobreviniente, ajeno a ella, que resultó imprevisible e inevitable, ya que el proveedor local de la mercadería por razones comerciales exigió que se cambiase la naturaleza de la operación y que fuese Molino Florencia SAU quien comprase en firme la mercadería para luego realizar la exportación a título personal. Explica que por dicho motivo se cambió la DJVE de “por cuenta y orden de terceros” a una DJVE de “venta propia al exterior”, siendo que en realidad se trata de una sola operación de venta. En base a ello afirma que la imputación efectuada por la Aduana no existió ya que exportó la mercadería por cuenta propia mediante el permiso de embarque 20029EC01000298M y DJVE 20003DJVE002240K. Para probar sus dichos solicitó se acompañe en esta instancia dicha documentación, lo que fue cumplido mediante contestación del despachante de aduana el 26.04.2024.
Que lo alegado por la recurrente a los efectos de justificar su incumplimiento no puede prosperar.
En efecto, del análisis de la documentación acompañada resulta que el permiso de embarque referido, hace referencia a la declaración jurada de venta al exterior 20003DJVE002240K, oficializada el 12.11.20, coincidiendo todos los datos allí declarados. No obstante, en ninguna parte de dicho permiso se hace referencia a la DJVE aquí cuestionada ni tampoco se deja constancia en la DJVE 20003DJVE002240K que se genera en reemplazo de la DJVE 20003DJVE002173P, oficializada con anterioridad por la propia actora. Tampoco ello surge del permiso de embarque registrado. Que, en consecuencia, y sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, cabe concluir que la recurrente no acredita de forma fehaciente que efectivamente se haya generado una DJVE en reemplazo de otra o que dichas DJVE estuviesen relacionadas o asociadas de alguna manera. Se reitera ni en la DJVE registrada con posterioridad, esto es la 20003DJVE002240K, ni en el permiso de embarque que la cancela, -20029EC01000298M-, se hace referencia alguna ni mención de ningún tipo a la declaración jurada de venta al exterior cuestionada por la Aduana.
De ello se deduce, que no se encuentra acreditado en autos que –tal como alega la actora- se trata de una única operación y que sólo se “cambió” una DJVE por otra, ya que se observan dos declaraciones juradas de venta al exterior distintas, registradas en diferentes momentos, respecto de las cuales no debe perderse de vista que, en definitiva, se trata del registro de una “declaración jurada”, sometida al control aduanero.
Que, de todas formas, aún en el caso en que sí lo hubiese acreditado, debió solicitar ante la autoridad de aplicación “el cumplido sin sanción” respecto de la DJVE que supuestamente estaba “reemplazando”, a los efectos de cumplir acabadamente con el régimen al cual se acogió, tal como sostiene acertadamente el Fisco en la contestación del recurso interpuesto. Es decir, ni siquiera puso en conocimiento de la autoridad de aplicación la supuesta situación que alega, quién como mínimo debió autorizar el reemplazo de una DJVE por la otra, siendo que sencillamente la apelante se habría limitado –según sus propios dichos- a registrar una nueva DJVE para cumplir con las exigencias de su proveedor local. Que la situación descripta por la actora no puede justificar la exclusión de responsabilidad. En efecto, el régimen de la ley Nº 21.453, que resulta de las DJVE en cuestión, resulta ser un régimen especial que involucra ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa.
Que, por otra parte, lo alegado por la actora para justificar el cumplimiento de la DJVE cuestionada, en el sentido de que, por razones comerciales, su proveedor local le exigió que sea ella quién venda la mercadería, no configura un hecho sobreviniente, ajeno a ella, imprevisible e inevitable, o al menos la firma exportadora no acreditó fehacientemente que se trate de un caso fortuito o fuerza mayor.
En tal sentido, cabe señalar que el artículo 9° de la Ley 21453 establece en la parte pertinente que: “…La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador”.
Que en el caso –y si bien ni siquiera se le dio a la autoridad de aplicación tal posibilidad, debido a que la firma exportadora –tal como se dijo ut-supra- no informó la supuesta necesidad de reemplazar una DJVE por otra-, tampoco se acredita que el incumplimiento se configure por causas no imputables al exportador.
Que por su parte el inciso c) del artículo 10 de la Resolución 128/2019 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que refiere a la concesión de prórrogas de DJVE establece lo siguiente: “…c) Cuando por la gravedad de las causas que configuren caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas, la situación del exportador no se solucione con la prórroga extraordinaria de hasta TREINTA (30) días corridos, la citada Subsecretaría, por acto expreso y a pedido del exportador mediante el sistema de Trámite a Distancia (TAD), podrá dar por cumplida la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) sin sanción de naturaleza alguna para la razón social de que se trate. A los efectos de dar por cumplida la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), conforme a los lineamientos del párrafo precedente, no se considerará como eximente de responsabilidad por el incumplimiento, la conducta del comprador y/o importador, toda vez que ello no es un riesgo ajeno a la actividad exportadora…” (el subrayado me pertenece).
Que sin perjuicio de que en el caso, tal como ya se dijo, la exportadora ni siquiera puso en conocimiento de las supuestas circunstancias que la habrían llevado a registrar otra DJVE y si bien dicha norma se refiere al “comprador y/o importador”, igual conclusión cabe efectuar respecto del proveedor local ya que resulta evidente que las circunstancias alegadas por la actora no pueden considerarse ajenas a los riesgos de la actividad empresaria, las que además no son oponibles a la aduana, debiéndose destacar, asimismo, que la firma exportadora no ha probado ni demostrado que la operación pactada se hubiera tornado de imposible cumplimiento.
Que, lo cierto es que, de las constancias de autos, no resulta que la firma exportadora se haya encontrado comprendida en la causal de excepción a la que hace referencia el art. 731 del C.A., ya que -tal como se dijo- no acreditó inequívocamente tal circunstancia con la prueba pertinente.
Cabe aquí recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en autos “Urruti de González” del día 1/12/92, que la prueba del caso fortuito está a cargo de quién la invoca (art. 377 del Código Procesal) y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal de exoneración, lo que en la especie no se ha verificado.
Que, por su parte, también cabe mencionar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que, así las cosas, según se constata en el caso de autos, y habiendo operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en la DJVE 20003DJVE002173P sin que se haya cumplido con la referida exportación del tonelaje mínimo del 90%, considero ajustada a derecho la aplicación de una multa por parte del servicio aduanero.
IX. Que la actora, asimismo, sostiene que el servicio aduanero impuso la multa mínima del 15% prevista por el art. 9 de la ley 21.453, cuando en realidad corresponde aplicar la multa mínima del art. 969 del C.A. (10% del valor de la mercadería no exportada), atento al principio de la ley penal más benigna.
Que en consonancia con lo resuelto en recientes causas que tramitaran ante la Sala G (Causa Nº 32.411-A “BUYATTI S.A.I.C.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 05/05/2023 y Causa Nº 31.839-A "BIOCARDALES S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 20/04/2023), y a raíz de lo dispuesto por la Resolución General 4977/2021, la cual dispone expresamente en su artículo 3 que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero. …”, cabe señalar que, más allá de la especificidad del régimen contenido en la Ley 21.453, la AFIP, dando intervención a la propia DGA (como bien surge del considerando de la RG 4977/2021), ha dejado sentado expresamente que en lo atinente al ámbito sancionatorio se aplica el procedimiento infraccional previsto en el Código Aduanero.
Que atento a que la norma en comentario entró en vigencia el 28.04.21, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, la misma debe ser aplicada al caso de autos. Nótese que el plazo de vencimiento de la DJVE aquí cuestionada ocurrió el 31.10.21.
Que el propio Código Aduanero recepta en su artículo 899 el principio de ley penal más benigna en los siguientes términos: “Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. …”, dejando a salvo una excepción al principio: “… No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería.”
Que teniendo en cuenta que el principio de irretroactividad de la ley contiene en el ámbito del derecho penal (aplicable al campo sancionatorio del derecho aduanero) una excepción cuando se trata de una ley penal más benigna, considero que contando actualmente con una norma que expresamente dispone que a los fines de la aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley 21.453, se debe aplicar el procedimiento para las infracciones previsto en el Código Aduanero, y siendo que allí el artículo 969 prevé una multa que podría graduarse entre el 10 y el 20% “… del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”, ofreciendo así una graduación que podría ser menor a la multa del 15% que estipula la Ley 21.453, entiendo que en el caso procede estar a lo dispuesto por la RG 4977/21. La cual, por otro lado, enfatiza el principio de especialidad al regular, ya sin lugar a otras interpretaciones jurisprudenciales o doctrinarias, la aplicación del régimen para las infracciones previsto en el Código Aduanero, dentro del que se encuentra la infracción del artículo 969.
X. Que, en consecuencia de todo lo antes expuesto, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A., correspondiendo aplicar la multa mínima prevista en dicha norma, esto es el 10% del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.
Ello así, el 90% de la mercadería comprometida en la DJVE (84 toneladas), asciende a 75,6 toneladas. Cabe señalar que conforme surge de las actuaciones administrativas la firma exportadora no exportó tonelada alguna de dicha DJVE. Ello así, considerando un precio oficial de u$s 300 por tonelada, obtenemos por las 75,6 toneladas, un valor FOB de u$s 22.680, que al tipo de cambio aplicable de 99,72 arroja un importe de $ 2.261.649,6. El 10% de dicho monto correspondiente a la graduación mínima prevista en el art. 969 del C.A. asciende a la suma de $ 226.164,96.
XI. Que respecto a la aplicación del art. 916 del C.A. invocado por la recurrente, no advierto causal alguna que justifique su aplicación al caso en cuestión.
XII. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas según los respectivos vencimientos (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución 117/2023 (AD BABL), dictada en la Actuación SIGEA 17643-183-2021, en cuanto condena a la firma MOLINO FLORENCIA S.A.U. al pago de una multa declarando que su importe asciende a DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 96/00 ($226.164,96.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67% a la actora y 33% al fisco. El Dr. Pablo A. Grabarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que, remitiéndome al relato de los hechos y del derecho formulado por el Dr. Segura, a la luz de lo resuelto por la Sala I de la CNCAF en la causa nº 17.648/2013 “Hierros SA (TF 30154-A) c/ DGA”; la Sala II en “Molino Cañuelas S.A.C.I.F.IA C/ DGA” del 27/4/17; la Sala III, en “LDC Argentina S.A. (TF 25647-A) c/DGA”, del 25/08/2011 y en “GEAR SAAICF c/DGA”, del 15/03/2016 y por la Sala V en “Cremer y Asociados S.A. c/D.G.A.”, del 15/12/2016, por razones de economía y celeridad procesal, he de apartarme del criterio que he mantenido desde antaño –y que bien explica el Vocal preopinante- y votar en disidencia respecto de la aplicación al caso del principio de la “ley penal más benigna”, pues “equivale, en los hechos, a dejar sin efecto el supuesto infraccional del art. 9 de la ley 21.453 para una pluralidad de casos posibles, ya que no habría ningún supuesto en que fuera procedente aplicar la sanción prevista en esa legislación especial” (CNCAF SALA I 62646/2018 GLOBAL CEREALES SA (TF 32260-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO).
En consecuencia, voto por:
CONFIRMAR la Res.117/2023 de la Aduana de Bahía Blanca dictada en la actuación Sigea 17643-183-2021 en cuanto fue materia de agravio con Costas a la vencida.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución 117/2023 (AD BABL), dictada en la Actuación SIGEA 17643-183-2021, en cuanto condena a la firma MOLINO FLORENCIA S.A.U. al pago de una multa declarando que su importe asciende a DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 96/00 ($226.164,96.-
), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67% a la actora y 33% al fisco. Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.05.28 10:57:24 -03:00 Date: 2025.05.30 15:11:41 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.30 15:23:19 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.30 15:23:20 -03:00
Fin de la sentencia