Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37821-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar, parcialmente, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de agravios, debiéndose confirmar la sanción impuesta por la Resolución n° 71/2013 (DV RRCU) y
2Imponer las costas de ambas instancias a la actora (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
71.679/2022.-
“EL MOLINO S.R.L. (TF 37821-I) c/DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
///nos Aires, 12 de julio de 2024. PAF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 26/04/2022 la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: 1°) Rechazar el planteo de prescripción opuesto por la actora, con costas (cfr. Considerando IV); 2°) Confirmar las Resoluciones n° 71/13 (DV RRCU) y n° 70/13 (DV RRCU) que determinaron los Impuestos a las Ganancias–Salidas No Documentadas y el Impuesto al Valor Agregado, con más sus intereses resarcitorios, al igual que la multa impuesta sobre el último tributo mencionado (cfr. Considerandos VII a IX y XI); 3°) Revocar la sanción de multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas (cfr. Considerando X) y 4°) Distribuir las costas en proporción a los respectivos vencimientos.
Para así decidir, en primer lugar, recordó que mediante las Resoluciones n° 70/13 (DV RRCU) y n° 71/13 (DV RRCU) -ambas del 14/06/2013- el Fisco Nacional determinó las obligaciones tributarias de la firma actora relativas al Impuesto a las Ganancias–Salidas No Documentadas (períodos 12/12/2005 a 24/04/2009) e I.V.A. (períodos fiscales 12/2005 a 11/2009) con más sus respectivos intereses resarcitorios y que, asimismo, le aplicó multas con sustento en los artículos 46 y 47, inc. b), de la ley 11.683 en cada uno de los casos.
I.1. Luego de reseñar los argumentos dados por la actora en su recurso de apelación, la contestación efectuada por el Fisco Nacional y rechazar la excepción de prescripción introducida por la contribuyente –sobre las facultades de verificación de la demandada por toda obligación o diferencia que sea exigible en fecha anterior a diciembre de 2007, tanto en el I.V.A. como en Ganancias (cfr. Considerando IV)-; analizó los planteos introducidos sobre los ajustes practicados de oficio en las resoluciones mencionadas.
I.2. En cuanto al ajuste practicado en el Impuesto al Valor Agregado, inicialmente examinó si la calificación como apócrifos de algunos documentos emitidos por los proveedores investigados se encontraban ajustados a derecho y, por tanto, los ajustes efectuados por el organismo recaudador.
En vistas de lo expuesto, analizó los elementos de pruebas colectados en la causa, los antecedentes administrativos de los proveedores -estos últimos en forma pormenorizada-, la normativa y jurisprudencia dictada sobre la materia y concluyó en la confirmación de la Resolución n° 70/2013 (DV RRCU) por entender que la parte actora no probó la real existencia de las operaciones cuestionadas en el plano de los hechos.
I.3. En cuanto a ajuste practicado sobre el Impuesto a las Ganancias- Salidas No Documentadas, sobre la base de lo dispuesto por el art. 37 de la ley de gravamen, recordó que la C.S.J.N. en la causa: “Red Hotelera Iberoamericana S.A. c/D.G.I.”, del 26/08/2003 sostuvo que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación, resultando aplicable lo establecido en el artículo 37 del tributo, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar a su verdadero beneficiario.
En base a ello, señaló: “…los hechos probados en la causa, llevan a concluir que el criterio fiscal se ajusta a derecho en cuanto a que los pagos efectuados a los proveedores cuestionados carecen de documentación válida, ya que la fiscalización a través de las tareas de investigación no pudo identificar e individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones; por ello corresponde confirmar la Resolución 71/13 mediante la cual se le aplica a los gastos”.
I.4. Con relación a la sanción aplicada en el I.V.A. recordó que el art. 46 de la ley 11.683 exige que para que se configure la sanción allí tipificada se requiere la concurrencia de la omisión del impuesto, elemento objetivo, y la conducta del sujeto en lo que hace a su voluntad comisiva, es decir la existencia del elemento subjetivo.
En cuanto al elemento objetivo, de los documentos obrantes en autos y de las impugnaciones efectuadas por el organismo fiscal, en tanto considera inexactas las declaraciones juradas presentadas, concluyó que se encuentra debidamente acreditado este aspecto de las sanciones aplicadas.
Por otra parte, con relación al inciso b) del art. 47 de la ley 11.683 y recordó que su aplicación requiere de una “grave” incidencia sobre la determinación misma y señaló: “Si bien esta presunción se apoya a su vez en otra subjetividad que es la de establecer cuándo es que existe “gravedad” y es el Fisco quien debe darla a conocer, en el caso de facturas apócrifas, el sólo hecho de haberse demostrado la inexistencia del proveedor, la gravedad resulta palmariamente expuesta”. Asimismo, denegó la pretensión actoral de aplicar la Instrucción General (DGI) n° 4/1997.
I.5. Respecto de la sanción de multa sobre el Impuesto a las Ganancias– Salidas No Documentadas impuesta, luego de transcribir, parcialmente, lo decidido por el Alto Tribunal en la causa “Radio Emisora Cultural S.A. (TF 15144-I) c/D.G.I.” entendió que, en primer lugar, correspondía dilucidar si la conducta imputada a la parte actora correspondiente a salidas no documentadas realizadas durante el 12/12/2005 y hasta el 24/04/2009 inclusive, quedaba subsumida dentro de las previsiones del artículo 46 de la ley 11.683.
Para ello, recordó lo previsto por el primer párrafo del art. 15 de la L.P.T. que sostiene: “Las boletas de depósito y las comunicaciones de pago CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte, tienen carácter de declaración jurada, y las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben, están sujetos a las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley”.
Sobre ello, destacó que en nuestro ordenamiento legal la declaración jurada se instituye como un elemento primordial de la relación jurídico/tributaria entre el administrado obligado y la administración fiscal ya que este sistema descansa en la determinación espontánea de la materia imponible y la consiguiente cuantificación del tributo por parte del contribuyente o responsable. Añadió: “…la declaración jurada asume tal status y trascendencia que su sola presentación, voluntaria, espontánea o a requerimiento le impone a la misma una cualidad de estabilidad cuyos efectos y consecuencias son referidos en el artículo 13 de la ley 11.683, comprometiendo la responsabilidad de los presentantes por los datos allí consignados”.
“Pero además de su “contenido” una declaración jurada requiere de una forma extrínseca tal que haga que cumpla con la finalidad asignada, esto es que no solo lo parezca, sino que lo sea. Para ello, esa declaración del responsable debe ir acompañada de un “juramento” que asegure la veracidad de la misma ante la autoridad administrativa. Esto hace que el contenido de la declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario”.
“Nuestro ordenamiento ya no sigue la fórmula de la declaración jurada, aunque persista en la denominación, sino que el artículo 28 del reglamento de la ley procedimental consigna en su segundo párrafo que “En todos los casos contendrán una fórmula por la cual el declarante afirme haberlas confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deban contener y ser fiel expresión de la verdad.”
I.5.A.- Por lo expuesto, entendió que resultaba pertinente analizar sí el formulario mediante el cual se liquida el Impuesto a las Ganancias-Salidas no Documentadas cumple los requisitos de acto jurídico, contenido y forma extrínseca que lo convierta en una declaración jurada con los efectos que la misma conlleva, a lo cual –cabe anticipar- dio una respuesta negativa.
Para ello indicó que el art. 1° de la RG AFIP 893/00 establece la forma en que deberá efectuarse la determinación e ingreso del Impuesto a las Ganancias que recae sobre las erogaciones que carezcan de documentación, indicándose que será en un plazo de 15 días hábiles desde producirse la misma y los elementos que, según el tipo de sujeto que deba efectuar el ingreso en la institución bancaria, se especifican; todo ello instrumentado mediante los Volantes de Pago Electrónicos (VEP) (cfr. RG AFIP 1778/04).
Sobre estos último entendió que no se advierte que, como ocurre con los formularios establecidos por la RG AFIP 893/00 -cfr. artículo 1° Nota Aclaratoria-, contengan la fórmula por la cual el declarante afirma haber confeccionado las declaraciones juradas sin omitir ni falsear dato alguno y ser una fiel expresión de la verdad (cfr. art. 28, segundo párrafo, del Decreto Reglamentario Ley 11683), a lo que agregó que el VEP no fue objeto de impugnación por parte del organismo fiscal a través del procedimiento previsto por el artículo 17 de la ley de rito. Acto seguido, examinó las características de dicho documento, a cuyo análisis cabe remitirse en honor a la brevedad. Citó doctrina en apoyo de su postura.
I.5.B.- Concluyó que el VEP no es una declaración jurada propiamente dicha, pero habiéndosele asignado por ley tal entidad, correspondía analizar qué tipo de sanciones podrían aplicarse ante un incumplimiento.
Para ello, examinó en forma pormenorizada el art. 15 de la ley 11.683 y el art. 55 del decreto reglamentario de la Ley del Impuesto a las Ganancias interpretando el Tribunal a quo que hasta tanto no se formalice la impugnación de los comprobantes y la valoración de la Administración respecto de si hubieran resultado ganancia imponible en manos del beneficiario, el imputado no podría tener certeza acerca de la obligación de abonar el impuesto por la salida y así mal podría hablarse de “omisión” de ingreso oportuno.
Afirmó que el art. 46 de la L.P.T. requiere que una declaración sea engañosa o que, en la misma, se haya producido una ocultación maliciosa. En tal sentido, destacó que si la condición antijurídica prevista en el artículo 15 es la omisión, error o falsedad en la elaboración del instrumento y sí ese instrumento/declaración jurada es confeccionado según requiere el propio Fisco a partir de su impugnación, no puede haber ningún tipo de engaño u ocultación que habilite la aplicación de la sanción prevista en el artículo 46.
En vistas de lo esgrimido, razonó que no resulta aplicable al caso de autos el antecedente jurisprudencial recaído en la causa “D`Ingianti, Rosario Vicente” (C.S.J.N. del 12/10/2010) donde particularmente se analizó la existencia o no de las formalidades que reglamenta la RG AFIP 893/00 y que complementarían la caracterización de una declaración jurada; por lo que manifestó que ante la ausencia del elemento objetivo correspondía revocar la multa impuesta por Salidas No Documentadas.
I.6. Con relación a los intereses resarcitorios, luego de analizar el art. 37 de la L.P.T. y jurisprudencia del Alto Tribunal, confirmó los mismos -en proporción al ajuste convalidado-, tras entender que la parte actora no había probado que la mora en el ingreso de sus obligaciones fiscales no le era imputable. Asimismo rechazó el planteo actoral consistente en el cómputo de las retenciones de I.V.A. efectuadas sobre las operaciones cuestionadas a través de la llamada “teoría de las correcciones simétricas”, ello así, sobre la base de lo CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II decidido por la C.S.J.N. en la causa “Compañía Argentina de Granos S.A. c/A.F.I.P. (D.G.I.) s/contencioso administrativo–varios”, sentencia del 11/03/2021. Ademas, desestimó el pedido de repetición solicitado por la actora sobre lo abonado en exceso en el Impuesto a las Ganancias por aplicación del ajuste por inflación, y su aplicación a los importes determinados en virtud de lo normado por el artículo 81 de la ley de rito; toda vez que en los períodos bajo examen se encontraban vigentes las leyes 25.561 y 24.073, así como el decreto 214/02, que impedían efectuar actualización alguna.
I.7. Por todo lo expuesto, confirmó las resoluciones apeladas que determinan los Impuestos a las Ganancias–Salidas No Documentadas y al Valor Agregado, con más sus intereses resarcitorios, al igual que la multa impuesta sobre el último tributo mencionado y revocó la sanción aplicada en el Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas, distribuyendo las costas en orden a sus respectivos vencimientos.
II. Que disconforme con lo decidido, interpusieron recursos de apelación ambas partes, presentando sus memoriales (cfr. fs. 25/37 la parte actora y a fs. 44/88 la parte demandada), siendo oportunamente replicados (cfr. fs. 2/5 por la actora y fs. 89/113 por la demandada).
Encontrándose las actuaciones radicadas por ante esta instancia, mediante resolución interlocutoria del 22/09/2023 se declaró la caducidad –de oficio- del recurso de apelación deducido por la parte actora, con costas; decisorio que se encuentra firme.
Por lo expuesto, cabe destacar que el trámite recursivo ante esta Alzada prosiguió circunscripto al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional.
III. Que el organismo fiscal en su memorial (cfr. fs. 44/88), luego de recordar los antecedentes del caso y lo decidido por el Tribunal a quo en la sentencia impugnada, se agravió sobre la revocación de la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas así como también por la imposición de costas dispuesta.
Consideró que el pronunciamiento recurrido es arbitrario en tanto se aparta de las constancias de la causa y es contrario a la normativa aplicable, destacando al respecto que el Tribunal Fiscal de la Nación había tenido por configurado el elemento objetivo de la sanción impuesta toda vez que confirmó el ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas.
Recordó que las infracciones discutidas en autos tuvieron su origen en una inspección a la que fuera sometido el contribuyente lo cual dio como resultado que éste omitió efectuar –entre otras cuestiones- el pago del impuesto previsto en el art. 37 de la ley 20.628 (t.o. en 1997 y sus modificaciones) en relación a erogaciones cuyo respaldo documental resultaron fundadamente impugnados, generándose por ello una diferencia a favor del organismo fiscal. Entendió que en el caso de autos la comisión de los hechos violatorios se encuentra debidamente probada y, por tanto, las omisiones determinantes de las infracciones imputables resultan indiscutibles.
Señaló lo decidido por el Alto Tribunal en las causas “Red Hotelera Iberoamericana S.A. (TF 14372-I) c/D.G.I.” del 26/08/2003, “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/D.G.I.” y “Radioemisora Cultural” y aclaró que, contrariamente a lo sostenido por la instancia anterior, el pago ordenado por el art. 37 de la ley 11.683 se encuentra a cargo del contribuyente y la información que se requiere para practicar dicho monto la posee el propio administrado, no el organismo fiscal contrariamente a lo sostenido en la sentencia recurrida.
Añadió que lo que regulan las resoluciones generales es la metodología de pago del tributo que el contribuyente debió haber abonado y que se establece a partir de ser descubierto en su conducta antijurídica, no siendo información que proporciona el Fisco.
Acto seguido, conmemoró lo decidido por el Alto Tribunal en la causa “D ´Ingianti, Rosario Vicente” en donde se sostuvo que si se encontraba vigente la RG AFIP 893/00 a la fecha de los hechos objeto de debate –como, alegó, ocurrió en el caso de autos- no existe impedimento para su aplicación.
Reiteró que el tributo en debate queda determinado al momento en que se verifica que la erogación no cuenta con respaldo suficiente para acreditar al beneficiario y que no puede desconocerse que el VEP tiene como origen una falsedad del contribuyente al determinar el impuesto. Sobre la base de lo expuesto, alegó que lo interpretado por el Tribunal a quo en cuanto a que no existió una declaración falsa del contribuyente en el volante que se ingresa como forma de pago es una errada apreciación de los hechos y del derecho aplicable. En otro orden de ideas, controvirtió el razonamiento efectuado sobre el art. 15 de la ley 11.683 y la asignación infraccional que pretende otorgar la instancia anterior a la conducta del contribuyente, señalando que la normativa indicada no prevé tipos infraccionales sino que establece supuestos en que se verifica la conceptualización de una declaración jurada.
Explicó que la ley 11.683, nada dice en cuanto a que la conducta ardidosa sea a través de extraños y encumbrados métodos de ocultación, sino que la conducta reprochable es la que demuestra el contribuyente que conociendo su obligación la evade al exhibir al Fisco una realidad que “no es real”. Concluyó que en el caso de autos se encuentra confirmada la existencia del perjuicio requerido y configurado el elemento subjetivo con la voluntad y conocimiento del responsable de que la metodología empleada no respondía a las previsiones de la ley específica, por lo que solicitó que se confirmen las resoluciones apeladas.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Finalmente, cuestionó la imposición de las costas en el entendimiento de que las mismas debieron ser impuestas en su totalidad a la parte actora, por haber sido vencida en el proceso.
IV. Que, en primer lugar, cabe destacar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, se seguirá el rumbo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la buena doctrina interpretativa, que establece que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y que posean relevancia para decidir el caso con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros; en igual sentido, esta Sala, in re, “San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales c/D.G.I.”, del 9/11/2017, entre otros).
V. Que sobre la base de lo expuesto en los considerandos que anteceden, se advierte que esta Alzada se encuentra llamada a resolver el recurso interpuesto contra el decisorio que dispuso la revocación de la sanción de multa - oportunamente impuesta por la Resolución n° 71/2013 (DV RRCU) en los términos de los artículos 46 y 47, inciso b) de la ley 11.683 por la omisión de pago del impuesto a las salidas no documentadas (período 12/12/2005 a 24/04/2009)- decidida por el Tribunal a quo en su pronunciamiento del 26/04/2022, recurrida por el Fisco Nacional.
Asimismo, es dable indicar que ninguna valoración corresponde realizar sobre las determinaciones de oficio efectuadas mediante las Resoluciones (DV RRCU) n° 70/2013 (I.V.A.) y n° 71/2013 (Impuesto a las Ganancias-Salidas No Documentadas) y la sanción de multa aplicada por la mencionada en primer lugar –confirmadas por el T.F.N. en la sentencia del 26/04/2022- en tanto ellas adquirieron firmeza tras declararse la caducidad del recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte actora contra lo decidido en la instancia anterior.
VI. Que en este contexto, cabe recordar que el Tribunal a quo para fundamentar la revocación de la sanción de multa analizó lo previsto por los artículos 15, 46 y 47 de la ley L.T.P. así como también la RG AFIP 893/00 que estableció la forma y plazos en la que se deberán determinar e ingresar el impuesto a las ganancias que recae sobre las erogaciones que carezcan de documentación.
En apretada síntesis, alegó que no se encontraba configurado en el caso de autos la aplicación de la sanción prevista por el artículo 46 de la ley 11.683; ademas de sostener que, por ello, tampoco resultaba aplicable el antecedente jurisprudencial recaído en la causa “D`Ingianti, Rosario Vicente” (C.S.J.N. del 12/10/2010).
VII. Que así las cosas, cabe recordar que este Tribunal ha sostenido que: “... [e]l instituto de las ‘salidas no documentadas’, ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio –cfr. Fallos: 275:83; 323:3376 y sentencia en la causa: R.746. XXXVII R.O. ‘Red Hotelera Iberoamericana S.A. c/D.G.I.’, del 26/08/2003, registrada en Fallos: 326:2987. En ese caso, la C.S.J.N. ha sostenido, además, que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación a los fines de lo dispuesto por el art. 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, ‘...tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que, si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar al tratarse de actos carentes de sinceridad a su verdadero beneficiario’. Y, asimismo, descartó que dicha norma tuviera carácter sancionatorio” (cfr. en tal sentido, esta Sala, in re, “Combustibles Vázquez Hnos. S.R.L. c/D.G.I.”, expte. nº 20.925/2006, sent. del 15/03/2012; “Gaveteco S.A. c/D.G.I.”, del 24/02/2015 y C.S.J.N., Fallos: 336:70, in re, “Bolland y Cía.” y sus citas)” (esta Sala, in re: “Aragón Edificaciones S.R.L. c/ DGI”, sentencia del 14/05/2020).
Por tanto, el incumplimiento en el ingreso de ese gravamen da lugar, si correspondiera, a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 11.683 (cfr. esta Sala, in re: “Yacoponi, Abel c/Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, expte. n° 71.103/16 del 14/06/2024 y sus citas).
VIII. Que el artículo 46 de la ley 11.683 regula la figura dolosa de la defraudación fiscal para cuya procedencia resulta necesario que se verifique la realización del tipo objetivo, la inexistencia de causales de justificación, que el sujeto sea imputable y que se compruebe en forma directa la presencia de dolo en su accionar. El artículo 47 de la norma en cuestión, establece los supuestos que habilitan a presumir la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas.
En efecto, el artículo 46 de la ley 11.683 establece que: “[e]l que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido” (texto vigente al momento del dictado de la Resolución n° 71/2013).
Como puede advertirse, se sanciona una conducta dolosa y antijurídicamente deliberada, que se concreta cuando a través del ardid o engaño se presentan declaraciones o liquidaciones que perjudican al Estado con un ingreso tributario menor al que correspondería efectuar (cfr. Gómez, Teresa y CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II Folco, Carlos María, Procedimiento Tributario, Ley 11.683 comentada, 4ª Ed. Act., La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 272).
Aludiendo a la secuencia que caracteriza al obrar fraudulento que subyace en el artículo 46 transcripto, este Tribunal ha expresado que "la configuración del ilícito tipificado en este precepto requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: 1. la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito, 2. un error de la víctima del ilícito, 3. la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito" (Sala III “Modart SACIF (TF 20295-I) c/DGI” sentencia del 11/04/2011 y "Kodelja Luis Alberto (TF 24148-I) c/DGI", causa 26.493/06, del 7/05/2008, entre muchos otros)” (cfr. esta Sala in re: “Caligari, Pericles (TF 34520-I) c/D.G.I.”, del 3/12/2013 y sus citas).
IX. Que debe precisarse, asimismo, que esta Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo aquí planteada en las causas: “Ugalde, Lionel Matías (TF 34116-I) c/D.G.I.”, sentencia del 5/09/2013 y “Aragón Edificaciones S.R.L. c/D.G.I.” citada previamente.
En dicha oportunidad se señaló que: “... [p]ara el período fiscal involucrado en la presente, se encontraba vigente la Resolución General A.F.I.P. N° 893/00, que dispuso que el ingreso del impuesto en cuestión deberá efectuarse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos de producida la erogación o salida no documentada. Además, estableció un plazo especial de ingreso para los hechos imponibles perfeccionados desde el 25/11/98 hasta el 20/10/00 (ver especialmente el anexo resolución general citada)”.
Este Tribunal sostuvo que: “[e]n ese orden, al llevarse a cabo el ingreso de dicho tributo se presenta una boleta de depósito o comunicación de pago, cuya naturaleza podría asimilarse a una declaración jurada, según lo prevé el art. 15 de la ley 11.683.” (cfr., en igual sentido, esta Sala, in re, “Blanco, Daniel Osvaldo c/D.G.I.”, sentencia del 30/05/2013 y sus citas).
De este modo, se ha reglamentado la "forma" y ''plazo de presentación" de la declaración jurada correspondiente a la obligación aquí omitida, cuyo incumplimiento configura el aspecto objetivo de la sanción que se examina. Ante la falta de ingreso del impuesto previsto en el artículo 37 de la ley del gravamen, cabe tener por verificado el elemento objetivo de la infracción (cfr. “Ugalde, Lionel Matías”, arriba citada).
X. Que, en este orden de ideas, es dable recordar que en cuestiones de índole sancionatoria, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297 y esta Sala y esta Sala, in rebus, “Caligari, Pericles (TF 34520-I) c/D.G.I.” citado previamente y, recientemente, “Yacoponi, Abel” ya citado). Sin perjuicio de ello, si bien no cabe admitir la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por el sistema legal vigente (Fallos: 278:266, aplicable mutatis mutandi, y esta Sala, en una integración anterior, en los autos: “Transportes Tomassini S.R.L. (TF 21.781-I) c/D.G.I.” sentencia del 17/05/2007 y en la actual: “La Clementina S.A. c/D.G.I.”, sentencia del 26/11/2015, “Paleco S.A. c/D.G.I.”, sentencia del 19/05/2016 y “Nigueiroa S.A. (TF 18528414-I) c/D.G.I.” causa n° 32.085/22 sentencia del 21/10/2022, entre muchos otros).
XI. Que en el sub lite, a tenor de lo señalado en el segundo párrafo del considerando V de la presente, las constancias de la causa y la materia recursiva, así como también las valoraciones efectuadas por el Tribunal a quo para confirmar los ajustes dispuestos en las Resoluciones n° 70/2013 y 71/2013, a criterio de esta Alzada, corresponde revocar lo decidido en la instancia anterior en cuanto se dejó sin efecto la sanción de multa impuesta por la Resolución n° 71/2013 por Salidas No Documentadas.
Esto es así, toda vez que de la compulsa del acto administrativo mencionado, en particular sus hechos sancionatorios y cotejándolo con los extremos especialmente tenidos en cuenta tanto por el ente recaudador como por el T.F.N. para confirmar los ajustes en los impuestos motivos de estos autos, se evidencia una situación de hecho compatible con la sanción aplicada en la instancia administrativa objeto de estudio en el presente.
En efecto, el “juez administrativo” valoró las irregularidades advertidas por la instancia fiscalizadora respecto de los servicios de fletes facturados por los proveedores impugnados y analizados en la Resolución n° 71/2013, que abarcan el período desde el 12/12/2005 al 24/04/2009, y concluyó que el accionar de la firma actora consistió en utilizar a estos sujetos –a los que califica como prestanombres- “…cuya única actividad era la simulación de operaciones y la emisión de facturas apócrifas a los efectos del cómputo de las operaciones improcedentes” añadiendo que “…corresponde establecer aquí que lo único que se pretendió al solicitar la inscripción de estos sujetos, fue disfrazar la realidad (que no desconocía la titular), y la que salió a la luz ante las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de estos prestanombres”.
Asimismo indicó: “…corresponde el ingreso del Impuesto a las Salidas No Documentadas ante el hecho de que la documentación que respaldaría la operación no refleja la realidad económica de la misma, al aparecer como CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II prestador un sujeto distinto del que en realidad efectúa el referido transporte” (cfr. páginas 55/56 y 60 de la Resolución n° 71/2013 –cfr. fojas digitales 57/56 y 61-). Es decir, se advierte en el sub lite, que la conducta defraudatoria de la actora –fundada en la deliberada utilización de facturación apócrifa y/o inconsistente y/o cuestionable– se encuentra suficientemente descripta y, como se viera, ha sido valorada razonablemente por el juez administrativo que aplicó la sanción (cfr. esta Sala, in rebus, “Paleco S.A. c/Dirección General Impositiva”, Expte. nº 18.433/2016, sentencia del 19/05/2016 y, a contrario sensu, “Nigueiroa S.A. (TF 18528414-I) c/D.G.I.”, citado previamente).
Además, cabe añadir que fue necesaria una fiscalización para detectar la situación descripta, constatar que las declaraciones juradas presentadas no correspondían a la realidad y liquidar los impuestos adeudados.
Ello así, encontrándose acreditada la comisión de la infracción endilgada, habida cuenta que quedó firme la determinación de oficio dispuesta en la Resolución n° 71/2013, torna aplicable al caso de autos la sanción prevista por el art. 46 de la L.P.T., contrariamente a lo sostenido por el Tribunal a quo. A mayor abundamiento debe señalarse que la figura descripta en el art. 46 de la ley 11.683, a diferencia de la que se regula en el art. 45 de ese cuerpo legal, es amplia en cuanto abarca toda “declaración engañosa” u “ocultación maliciosa” que produzca un perjuicio fiscal, estableciéndose en su artículo siguiente las conductas llevadas a cabo por los contribuyentes que configurarían esta voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas. Sobre el punto, se observa que la existencia de la conducta dolosa, comprensiva del elemento intencional, aparece acreditada con la comprobación de la defraudación atribuida consistente en utilizar facturas que fueron consideradas apócrifas.
Por lo expuesto, asiste razón al recurrente y, por lo tanto, corresponde admitir la apelación interpuesta, dejando sin efecto el pronunciamiento del Tribunal a quo en lo que fue materia de agravios y confirmar la sanción de multa impuesta por la Resolución n° 71/2013 (DV RRCU).
XII. Que, finalmente, y respecto de las costas de ambas instancias, cabe destacar que, con motivo de la decisión adoptada, las mismas se imponen a la actora, por no advertir razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º) admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar, parcialmente, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de agravios, debiéndose confirmar la sanción impuesta por la Resolución n° 71/2013 (DV RRCU) y 2°) imponer las costas de ambas instancias a la actora (cfr. artículo 68, 1ra parte, del C.P.C.C.N. de aplicación supletoria en los términos del artículo 197 de la ley 11.683).
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia