Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 35336934-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI
1Admitir la apelación de la parte actora, revocar la decisión apelada y admitir la A L repetición de lo abonado, más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero, con el alcance que surge de los considerandos 11 y 12 de la presente.
S 2) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional en calidad de vencido, O y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre su apelación.
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Buenos Aires, 10 de febrero de 2026.
O F VISTA:
I La elevación del expediente TF 35336934-A (v. DEO del 28/5/25) para tratar “los C recursos de apelación interpuestos por el fisco nacional y la actora el 05/12/2024 y I 06/12/2024 (v. IF-2024-133665037-APN-DTD#JGM e IF-2024-134162456-
A
L APNDTD#JGM), concedidos el 06/12/2024 y 09/12/2024 (v. PV-2024-134209734-APN- VOCXVI#TFN y PV2024-134986649-APN-VOCXVI#TFN) contra la sentencia dictada el S 17/10/2024...(v. IF-2024- 113839660-APN-VOCXVI#TFN)” (v. nota en la pág. 442 del O expte. electrónico, donde también consta que los recurrentes expresaron agravios en plazo, U y contestaron los traslados conferidos); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución RESOL-2024-11- E-AFIP-DIRAHI&SDGOAI, dictada en la actuación 17134-1141-2021, en cuanto había denegado la devolución de la suma de $12.745.451,21, abonada con relación al permiso de embarque y oportunamente reclamada a través de la liquidación manual 21057LMAN001348E, conforme a lo dispuesto por el decreto 790/20.
Distribuyó las costas por su orden dada la complejidad de la cuestión y el hecho de que se la resolviese por una doctrina plenaria.
Para decidir en ese sentido, señaló que el capital cuya repetición se solicitaba provenía de la diferencia entre la alícuota del 28%, vigente a la fecha de registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) asociada a la exportación (20052DJVE001264T), y la del 31%, que la Aduana consideró aplicable en los términos del decreto 790/20, por haberse concretado el embarque con posterioridad al plazo allí establecido.
Precisó que el decreto en cuestión había dispuesto un esquema de aumento gradual de alícuotas, condicionando su aplicación a la realización de los embarques hasta el 31/12/20. A su vez, había eliminado la posibilidad de acudir a la prórroga automática de la vigencia de las DJVE establecida en el artículo 10, inciso a, de la resolución MAGyP 128/19 Narró que la actora había argumentado que, durante la ejecución de esa operación, se produjo una medida de fuerza sindical consistente en un paro de actividades por tiempo indeterminado, con características de caso fortuito y fuerza mayor, que le impidió cumplir en tiempo y forma con la exportación programada para los últimos días de 2020. Dado que la condición prevista por el decreto 790/20 (embarque hasta el 31/12/20) se tornó de imposible cumplimiento, la actora solicitó la prórroga extraordinaria del período de embarque de la DJVE, e invocó la resolución MAGyP 287/20, que reconoció la imprevisibilidad de los hechos acaecidos y dispuso de modo general la prórroga extraordinaria del período de embarque de todas las DJVE con vencimiento en diciembre de 2020.
Sin embargo, la Aduana de San Lorenzo reclamó la diferencia tributaria, que fue abonada en tiempo y forma. Con posterioridad, el 9/6/21, se inició la presente repetición, donde la actora sostuvo que la liquidación era nula por carecer de los elementos esenciales de todo acto administrativo, e ilegítima por contradecir la ley 21.453, que establece que la fecha de cierre de venta determina la alícuota y el régimen tributario aplicable, independientemente de la fecha de embarque. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad parcial del decreto 790/20, por su oposición al régimen especial de la ley 21.543, y cuestionó los intereses aplicables a las repeticiones aduaneras.
En ese marco, el Tribunal recordó la obligación prevista en el artículo 151 de la ley 11.683 y transcribió la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), en el cual se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo nacional puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 18330/2025 “MOLINOS AGRO SA (TF 35336934-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
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F Entendió que esas conclusiones eran aplicables al caso de autos, dado que el eje I jurídico de la controversia era el decreto 790/20 y su normativa complementaria, cuya C inconstitucionalidad, aun parcial, tenía vedado declarar.
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Con ese fundamento, confirmó el rechazo de la repetición.
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L 2º) Que, en sus agravios, la actora cuestionó la aplicación del fallo plenario dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación, por referirse a un marco normativo y fáctico distinto. S Insistió en que en que el decreto 790/20 era inconstitucional porque contradecía de O manera directa el régimen especial previsto en la ley 21.453, conforme al cual la alícuota U de los derechos de exportación debe determinarse a la fecha de cierre de la venta, sin que el momento del embarque tenga relevancia alguna. En este sentido, sostuvo que la mercadería del caso debió tributar con la alícuota del 28%, y que la exigencia de un gravamen superior importó desconocer el principio de jerarquía normativa y el régimen legal vigente. Agregó que la inconstitucionalidad también se fundamentaba en la afectación de los principios de certeza, seguridad jurídica y razonabilidad, toda vez que la prórroga extraordinaria del plazo de embarque había sido otorgada por la autoridad de aplicación del régimen, tras reconocer la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. A su entender, en ese contexto, la exigencia de la diferencia de tributos resultaba improcedente por carecer de sustento jurídico válido.
Señaló que la invalidez constitucional del decreto 790/20 podía asimismo sustentarse en la violación al principio de legalidad en materia tributaria, en lo que respecta a la determinación del momento imponible.
Reafirmó que el decreto 790/20 ignoraba las previsiones de la ley 21.453 y los actos administrativos que reconocieron la prórroga extraordinaria. Por ese motivo, pidió que se revocase la decisión y se restituyera el importe abonado sin causa.
Finalmente, mantuvo el planteo de inconstitucionalidad de la tasa de interés que establece la resolución MH 559/22 para las repeticiones aduaneras, por no cumplir con su finalidad resarcitoria.
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional apeló la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 12/8/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora; con lo que quedaron las actuaciones en estado de resolver.
5. Que, ante todo, corresponde desentrañar el núcleo de la pretensión de la parte actora, quien, en lo esencial, cuestiona la inconstitucionalidad y la ilegitimidad de lo actuado, apoyándose en un doble orden de argumentos Por un lado, sostiene que decreto 790/20 vulnera en sí mismo el principio de jerarquía normativa consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional, en tanto desnaturaliza el régimen previsto en la ley 21.453. Según esta norma, la alícuota de los derechos de exportación debe determinarse en función de la fecha de cierre de la operación de venta. En una línea de pensamiento similar, argumenta que el decreto excede per se los límites establecidos por el artículo 76 de la Constitución Nacional, ya que la delegación legislativa no puede comprender un elemento esencial del tributo, como es la determinación del momento imponible.
Por otro lado, plantea que la aplicación que hizo la Aduana del decreto 790/20 - cuando reclamó el pago de la diferencia tributaria a través de la liquidación manual 21057LMAN001348E- tuvo efectos irrazonables y lesivos de derechos fundamentales, al proyectarse sobre circunstancias fácticas excepcionales. A su juicio, los principios de seguridad jurídica y razonabilidad imponían distinguir la situación de aquellos exportadores que, si bien realizaron el embarque con posterioridad al 31/12/20, se vieron impedidos de hacerlo en término por causas imprevisibles e inevitables. Esta circunstancia fue reconocida por la propia Administración mediante la resolución MAGyP 287/20, que además concedió una prórroga extraordinaria para concretar los embarques al amparo de las DJVE ya registradas y vigentes.
6. Que, para una mejor comprensión de las cuestiones discutidas, es indispensable reseñar las normas que rigen el caso.
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El Código Aduanero (ley 22.415, BO 23/3/81) en su artículo 726, dispone que resulta “...aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente en la fecha O F del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo”. I Asimismo, en su artículo 729 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de “establecer con C relación a determinada mercadería un régimen opcional en virtud del cual, a los fines de I la liquidación de los derechos de exportación y de los demás tributos que gravaren la A L exportación para consumo, sean aplicables el régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigentes a la fecha en que se perfeccionare el contrato de compraventa y S siempre que el interesado registrare dicho contrato ante el organismo que al efecto se O designare…”.
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Por su parte, al amparo de la ley 21.453 (BO 11/11/76), ya se había implementado un régimen especial para la exportación de productos agrícolas, conforme al cual dichas operaciones quedan sujetas a un registro de declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE), que operan como autorización previa para solicitar las destinaciones de exportación ante la Aduana. La norma establece que, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de estas mercaderías “...serán de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta…” (art. 6°). También dispone que las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el 90% de la cantidad declarada, pudiendo la autoridad de aplicación darlas por cumplidas o extender sus plazos de cumplimiento cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. En caso de incumplimiento, se prevé una sanción especial de multa (art. 9°). Asimismo, la ley 26.351 (BO 16/1/08) —dictada con el objetivo de aclarar los términos de la ley 21.453— establece que “[c]uando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley N° 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento” (art. 1°). Asimismo, aclara que quienes no satisfagan ese requisito “deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación” (art. 2°).
Es decir que, bajo el régimen de la ley 21.453 y su normativa complementaria, el exportador fija la alícuota según el producto, la posición arancelaria y las disposiciones legales o decretos en vigor en la fecha de oficialización de la DJVE. Si la mercadería está listada en un decreto con reducción o exención, la alícuota aplicable será la allí indicada. En casos de reducciones temporales, el exportador debe oficializar la DJVE dentro del plazo fijado para acceder a la alícuota reducida.
En cuanto al decreto 790/20 (BO 5/10/20), por su intermedio el Poder Ejecutivo de la Nación fijó derechos de exportación para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR que se consignaron en su anexo, conforme a un cronograma de incrementos progresivos y a condición de que las mercaderías “fueran embarcadas con anterioridad al 1° de enero de 2021”. Aclaró que las mercaderías no debían abonar ninguna otra alícuota de derechos de exportación. Finalmente, mencionó que las operaciones comprendidas en sus términos no gozarían de la prórroga automática establecida por el inciso a, del artículo 10 de la resolución MAGyP 128/19 (art. 1°). En los considerandos de la norma, se explicó que la coyuntura económica y la necesidad de fortalecer la situación fiscal requerían modificar la alícuota del derecho de exportación para ciertas mercaderías, y que se establecía un esquema de readecuación gradual, con vigencia a partir del dictado del decreto, de manera de converger a un nuevo nivel fijo en enero de 2021.
También es pertinente mencionar que el decreto en cuestión se emitió con invocación de los artículos 76 y 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional, y en CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 18330/2025 “MOLINOS AGRO SA (TF 35336934-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
ejercicio de las facultades conferidas por el Poder Legislativo Nacional en el artículo 755 del Código Aduanero y en la ley 27.541. Esta última ley declaró la emergencia pública en O F materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, I sanitaria y social durante 2020 a 2021, y le reconoció al Poder Ejecutivo la potestad de C fijar derechos de exportación, pero dentro de ciertos límites cuantitativos respecto de las I alícuotas aplicables (art. 52). Concordemente, le atribuyó a la autoridad administrativa el A L deber de establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas S actividades se encontrasen alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los O derechos de exportación (art. 53).
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Es decir, que el decreto 790/20 fue emitido al amparo del artículo 755 del código de la materia, pero también en el marco de las facultades delegadas por el Poder Legislativo en el especial contexto de emergencia pública declarada por la ley 27.541.
7. Que, a continuación, se mencionarán los antecedentes relevantes del caso y los argumentos que sustentaron la posición del Fisco Nacional.
Se encuentra fuera de discusión que la mercadería exportada mediante el permiso de embarque 20057EC01011249K correspondía a la posición arancelaria 1507.10.00.100Q (aceite de soja en bruto, incluso desgomado; v. p. 193, expte. cit.). En lo que a esta mercadería respecta, el cronograma de alícuotas del decreto 790/20 (BO 5/10/20) era el siguiente: (i) octubre 2020, 28%; (ii) a partir del 1/11/20, inclusive, 29,5%; (iii) a partir del 1/12/20, inclusive, 30%; (iv) a partir del 1/1/21, 31%. Tampoco se discute que la DJVE del caso (22052DJVE001264T) se registró el 30/10/20, y que su período de embarque vencía originalmente en diciembre de 2020. De manera que allí se liquidaron derechos de exportación del 28%, conforme lo establecido por el artículo 6° de la ley 21.453 y el citado decreto; los que fueron abonados por la recurrente según la reglamentación vigente.
El permiso de embarque 20057EC01011249K se oficializó el 29/12/20 y el cumplido de embarque fue el 10/1/21; es decir, posterior a la fecha de corte del decreto. Por ese motivo, la Aduana generó la liquidación manual por diferencia de derechos (v. pp. 184 y 193-194, expte. cit.).
De los fundamentos de la resolución que denegó la repetición de la diferencia tributaria (v. pp. 230-231, expte. cit.) y, en especial, de los informes que la precedieron (íd. pp. 185-186), se infiere que la interpretación del Fisco sobre la implementación del decreto 790/20 fue la siguiente: “...con relación a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias previstas en el Anexo del Decreto 790/2020 que se encuentran alcanzadas por las disposiciones de la ley 21.453, resultara de aplicación el derecho de exportación vigente a la fecha de cierre de cada venta (conf. el momento imponible definido por el art. 6° de la ley 21.453)”. Sin embargo, aclaró que “[l]a determinación de la alícuota vigente a la fecha del momento imponible en los casos en que la fecha de cierre de venta sea anterior al 1° de enero de 2021, varía según la fecha de embarque de las mercaderías, toda vez que el art. 1° del Decreto 790/2020 establece como condición para la aplicación de las alícuotas durante el cronograma de readecuación gradual allí previsto, que las mercaderías sean siempre embarcadas con anterioridad al 1° de enero de 2021”. Y precisó que, en caso “[d]e embarcarse en una fecha posterior al 1° de enero de 2021, sin que haya operado el vencimiento de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), la alícuota vigente es la prevista en la planilla para cuando finaliza el cronograma de readecuación gradual, vale decir, la indicada en la columna titulada ‘a partir del 1/1/2021, inclusive’, de la planilla Anexa al Decreto 790/2020” (v. esp. p. 185, expte. cit.).
En ese entendimiento, la Aduana liquidó la alícuota del 31%, tomando en consideración que la mercadería del caso había sido embarcada con posterioridad al 1/1/21 (v. liquidación manual 21057LMAN001348E, p. 189, expte. cit.).
Por último, es pertinente mencionar que en los antecedentes obra una copia de la presentación mediante la cual la actora había solicitado una prórroga extraordinaria del período de embarque de la DJVE del caso (v. p. 232, expte. cit.), como así también de la resolución MAGyP 287/20 (BO 31/12/20), por la cual, frente a las circunstancias de público conocimiento y ante el aumento de solicitudes de prórroga extraordinaria por parte CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 18330/2025 “MOLINOS AGRO SA (TF 35336934-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de los exportadores, la Administración otorgó una “prórroga automática excepcional de TREINTA (30) días corridos a partir del dictado de la norma de referencia, a las O F Declaraciones Juradas de Ventas Al Exterior (DJVE) registradas y vigentes dentro del I régimen creado por la Ley Nº 21.453 y y su aclaratoria Nº 26.351, cuando el vencimiento C del período de embarque con más la prórroga automática y/o la prórroga extraordinaria I automática, operase durante el mes de diciembre de 2020...” (pp. 361-362, expte. cit.).
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L En los considerandos de esta última resolución se admitió que las medidas de fuerza sindical habían afectado las operaciones durante 22 días corridos e imposibilitado el S ingreso de mercaderías a los puertos.
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8. Que, reseñado el marco normativo y los antecedentes del caso, corresponde re- U cordar que la supremacía de la Constitución Nacional se encuentra expresamente consagrada en su artículo 31. Ello implica su preeminencia y mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico. De esta posición superior se deriva la necesidad de control de la actividad estatal para que pueda hablarse válidamente de la Constitución como un instrumento de limitación del poder y garantía de la libertad de los particulares.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la efectividad del principio de supremacía constitucional exige un régimen de control de constitucionalidad de las leyes, normas y actos de gobierno, que en nuestro sistema es judicial y difuso, y recae en todos los jueces (Fallos: 338:724, “Anadon”).
La Constitución, además, constituye el marco sistemático que da coherencia al orden jurídico, pues identifica los órganos y procedimientos de los que derivan las normas subordinadas y establece sus límites y ámbitos de validez. En palabras de la doctrina, la Constitución es el “contexto” de todo “texto normativo”, y frente a distintos resultados interpretativos, algunos compatibles con la Constitución y otros incompatibles, debe optarse por los primeros, y dentro de ellos, por aquel que mejor se conforme a los mandatos constitucionales (cfr. VIGO, Rodolfo Luis, Interpretación Constitucional, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1983, pp. 126 y ss.).
9. Que, bajo tal entendimiento, corresponde analizar el primer argumento de la actora, relativo a que el Poder Ejecutivo habría excedido sus facultades al fijar distintas alícuotas para los derechos de exportación y condicionar su aplicación a la fecha de embarque de la mercadería, en aparente contradicción con la ley 21.453.
Sobre este punto, se comparten los fundamentos del dictamen fiscal que conducen al rechazo del planteo. En particular, porque el decreto 790/20 fue dictado en ejercicio de facultades delegadas por el Poder Legislativo en el marco de la emergencia pública declarada por la ley 27.541. Asimismo, porque la norma no desconoció el momento imponible previsto por la legislación aduanera —esto es, la fecha de registro de la solicitud de destinación de exportación para consumo o la de cierre de venta en operaciones alcanzadas por la ley 21.453—, sino que estableció un esquema de incremento gradual de alícuotas dentro del máximo autorizado por el legislador. Dicho esquema rigió desde octubre de 2020, fecha de sanción del decreto, hasta el 31/12/20, momento a partir del cual comenzaba a aplicarse la escala máxima prevista. Durante ese período de transición, se permitió a los exportadores abonar una alícuota menor si cumplían con la condición de embarcar la mercadería antes del 1/1/21.
En consecuencia, no se advierte que el Poder Ejecutivo haya excedido sus facultades ni contrariado el objetivo de la ley 21.453 y normas complementarias, cuyo propósito es otorgar previsibilidad a las operaciones de exportación. Por el contrario, el decreto 790/20 resguardó dicha finalidad, evitando el registro de operaciones con fines meramente elusivos frente al inminente aumento de los derechos. Así, la previsibilidad garantizada por el Código Aduanero y la ley 21.453 —especialmente en materia de productos agrícolas— se mantuvo intacta, ya que no se alteró el momento imponible y se permitió liquidar derechos con una alícuota menor, siempre que la operación se concretara antes de la fecha indicada, en el particular contexto económico que atravesaba el país.
10. Que lo expuesto no impide reconocer que, en las circunstancias particulares del caso, la aplicación estricta del decreto, sin atender a las circunstancias sobrevinientes — tanto de hecho como de derecho—, generó efectos lesivos de las garantías del administrado. La solución a esta cuestión, como se verá, exige considerar los requisitos esenciales que debe reunir todo obrar estatal.
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Como se señaló, el decreto 790/20 perseguía una finalidad legítima y coherente con el régimen de la ley 21.453: incentivar las exportaciones dentro de un plazo determinado y O F evitar operaciones registradas con fines meramente elusivos frente al inminente aumento I de los derechos de exportación. En el caso, el exportador cumplió con el embarque con C posterioridad al 1/1/21, pero ello obedeció a circunstancias de fuerza mayor —reconocidas I por el propio Estado— y al amparo de una prórroga extraordinaria concedida por la A L autoridad de aplicación de la ley 21.453.
Cabe destacar que el decreto excluía la prórroga automática de las DJVE, pero no S impedía solicitar la prórroga extraordinaria prevista en el artículo 10, inciso b, de la O resolución MAGyP 128/19. En el caso, está acreditado que la actora solicitó y obtuvo U dicha prórroga, reconocida de manera general por la resolución MAGyP 287/20, en la cual el Estado admitió que la imposibilidad de cumplir con el embarque antes del 1/1/21 obedeció a razones ajenas a la voluntad del administrado.
En consecuencia, el acto determinativo de la diferencia tributaria (entre la alícuota del 31% y la del 28%) deviene nulo, de nulidad absoluta, por un vicio grave en su causa, al no haber considerado todos los antecedentes de hecho y de derecho relevantes. Dicho acto desconoció el contexto en que se desarrolló la operación, el reconocimiento estatal de la imposibilidad de cumplimiento de la condición fijada por el decreto 790/20, y el hecho de que el embarque se concretó dentro del período de prórroga extraordinaria otorgada por la Administración.
Conviene recordar que la exigencia de causa prevista en el artículo 7°, inciso b, de la ley 19.549 —esto es, que el acto administrativo encuentre sustento suficiente en hechos, antecedentes y en el derecho aplicable— constituye un requisito de validez (art. 14, inc. b) que no puede ser reducido a un mero formalismo. Se trata, en cambio, de una condición indispensable para la vigencia real del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos, presupuesto ineludible del Estado de Derecho y garantía de una tutela eficaz de los derechos individuales.
En definitiva, dadas las circunstancias fácticas y jurídicas del caso —donde el embarque se concretó con posterioridad al 1/1/21 pero dentro de la prórroga extraordinaria otorgada por el propio Estado— correspondía aplicar la alícuota vigente a la fecha de registro de la DJVE (28%). Por consiguiente, corresponde descalificar la liquidación manual 21057LMAN001348E por vicio grave en su causa y hacer lugar a la repetición de lo abonado.
11. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por el Máximo Tribunal en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º).
Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues -de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008-, en las condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, deberán devolverse los importes efectivamente abonados en pesos que surgen de las actuaciones administrativas (cfr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras).
12. Que, con respecto a la tasa de interés, se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la tasa prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22.
13. Que, por las consideraciones precedentes, corresponde admitir la apelación de la actora, revocar la decisión apelada y admitir la repetición del importe abonado y sus intereses, con el alcance que surge de este pronunciamiento.
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Dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al Fisco Nacional en calidad de vencido (arts. 1163 del CA y 68, primer párr., del CPCCN); lo que, O F a su vez, torna insustancial tratar los agravios del Fisco.
I Por lo expuesto, y de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el Fiscal C General, SE RESUELVE:
I
1. Admitir la apelación de la parte actora, revocar la decisión apelada y admitir la A L repetición de lo abonado, más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero, con el alcance que surge de los considerandos 11 y 12 de la presente.
S 2) Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional en calidad de vencido, O y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre su apelación.
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Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa según su estado (v. DEOX enviado el 11/6/25).
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia