Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-101098676-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 154/2021 (DI RAHI) recaída en las Actuación Administrativa SIGEA N° 19420-2- 2020.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-41316854-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 14 de Abril de 2023 General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX-2021-101098676- -APN-SGASAD#TFN.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° EX-2021-101098676- -APN- SGASAD#TFN, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que mediante RE-2021-101097453-APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 154/2021 (DI RAHI) recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 19420-2-2020, mediante las cual no se hizo lugar a la acción de repetición incoada por la apelante en cuestión por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (us$11.935,80) más los intereses correspondientes a las destinaciones N° 143082 EC01 000255G y 143082 EC01 000309G, 143082 EC01 000364H, 143082 EC01 000911F, 143082 EC01 001059J, 143082 EC01 001352F y 143082 EC01 1001360E.
Sostiene que corresponde la devolución de lo ingresado en exceso en las arcas de la AFIP en concepto de derechos de exportación al considerar que fueron dispuestos por resoluciones ministeriales (las Resoluciones Conjuntas del Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción Nros. 27/2008 y 29/2008) carentes de legalidad, en tanto no se encontraban amparadas por el velo de la delegación legislativa y que tampoco fueron convalidadas a través de una ley formal emanada por el poder legislativo. En este sentido, debió aplicarse, a su entender, la alícuota establecida en el Decreto N° 509/2007. Señala que el hecho de que la Compañía haya realizado la cancelación de los tributos que se le exigen para perfeccionar la operación de exportación, no es óbice para denegar la devolución de aquellos importes ingresados en exceso sino, por el contrario, tal pago es necesario para confirmar la viabilidad del recurso intentado en sede administrativa. En efecto, tales pagos de tributos, calculados en base a alícuotas carentes de toda legalidad, configuran un enriquecimiento sin causa por parte de la autoridad recaudadora.
Se refiere al fallo “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo” donde se afirmó que los derechos de exportación tienen naturaleza tributaria y que el único poder legítimamente facultado para crear tributos es el poder legislativo mediante la sanción de una ley no existiendo ningún otro poder del estado con dicha competencia. En tal sentido manifiesta que el art. 755 del C.A. no califica como una norma delegante válida a efectos de que el Poder Ejecutivo Nacional pueda fijar derechos de exportación, ello atento que no determina de manera cierta e indubitable cuál es la forma de cuantificar la respectiva obligación tributaria, ni prevé parámetros máximos y mínimos para su fijación. En tal sentido expresa que si bien la Corte reconoce la posibilidad de que se deleguen ciertas actividades en el Poder Ejecutivo -habida cuenta lo especial de la materia regulada- ésta no permite la creación o incremento de tributos por dicho poder si no se dan los siguientes requisitos: 1) ser normas delegadas, dictadas en materias determinadas de administración o de emergencia pública, 2) con un plazo fijado para su ejercicio, 3) dentro de ciertas bases establecidas por el Congreso y 4) que los instrumentos así dictados sean refrendados por el Jefe de Gabinete de Ministros y sometidos al control de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación y, en efecto, tales condiciones no se evidencian en el presente caso.
Menciona que la C.S.J.N entiende que si bien los decretos o resoluciones de materia tributarias resultan ilegítimos, nada impide que se les otorgue legalidad a través de una ley formal del poder legislativo. No obstante, tal jerarquía sólo será efectiva desde la entrada en vigencia de la ley formal que así lo disponga y no de manera retroactiva. Expresa que la tasa de interés fijada por el art. 3 de la Resolución 314 es violatoria del derecho de igualdad, seguridad jurídica y legalidad. Plantea la nulidad de la resolución. Cita jurisprudencia, hace reserva de plantear el caso federal, solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y deje sin efecto la resolución recurrida, con costas al fisco.
II. Que mediante IF-2022-97094086-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa.
Realiza una negativa genérica. Efectúa un análisis de las actuaciones administrativas y respecto de los vicios de procedimiento alegado por la actora. Afirma que la correcta interpretación del fallo “Camaronera” no lo hace aplicable al caso en cuestión y, por lo tanto, la interpretación que realiza la apelante no recepta el análisis completo de la sentencia dictada ni el sentido que quiso darle la C.S.J.N. En efecto, señala que el Máximo Tribunal no ha declarado la invalidez de las alícuotas por derechos de exportación, sino por el contrario, la validez de dichos derechos. En este sentido, señala que no se trata de una norma carente de respaldo legal al entender que ha habido una clara política legislativa y que los recaudos mínimos del tributo poseen sustentación normativa. En consecuencia, la C.S.J.N. ha entendido que es justificada esta delegación por las cambiantes circunstancias de la economía y del comercio internacional, que ameritan en determinadas situaciones la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos de debate que normalmente requiere el dictado de una Ley por parte del Poder Ejecutivo. Señala, a su vez, que existe una consistente doctrina constitucional de la Corte Suprema que entiende que el poder tributario no tiene exclusiva función recaudatoria sino también de índole extrafiscal, dirigida a planificar y/o regular la economía nacional con vistas a un desarrollo pleno y justo de las fuerzas productivas.
Expresa que, tal como lo reconoce la actora en su presentación, el Congreso de la Nación ha declarado la validez del Decreto N° 509/2007 mediante las Resoluciones N° 41/2007 de la Cámara de Senadores y 49/2007 de la Cámara de Diputados y es en el marco del mencionado Decreto, en virtud de lo dispuesto en su artículo 22, que el Ministerio de Economía y Producción se encuentra facultado a realizar aclaraciones, modificaciones y excepciones que correspondan, en los términos de su competencia. Asimismo, menciona que dicho Decreto fijó los derechos de exportación cuyas alícuotas eran de un 5% a un 40%. En este sentido, concluye que las Resoluciones Conjuntas 27/2008 y 29/2008 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción se dictaron en función de lo previsto en la Ley 22.415, en la Ley de Ministerios y sus modificaciones, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 509/2007 (ratificado por el Congreso de la Nación).
Señala la incompetencia del T.F.N. para declarar la inconstitucionalidad de las Resoluciones en cuestión en virtud del art.1164 del C.A y solicita la aplicación del Fallo Plenario del T.F.N. de fecha 26/04/2022.
En subsidio, solicita se rechacen las repeticiones intentadas atento que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama y que se aplique el criterio establecido por nuestra C.S.J.N. en la causa “Cencosud S.A” con los intereses previstos en los arts 811 y 812 del C.A.
Cita jurisprudencia en sustento a su postura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, de la compulsa de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, las que corren por cuerda, resulta que el procedimiento de repetición iniciado por la firma respecto la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS (us$11.935,80) más los intereses correspondientes a las destinaciones N° 14082 EC01 000255G y 14082 EC01 000309G, 14082 EC01 000364H, 14082 EC01 000911F, 14082 EC01 001059J, 14082 EC01 001352F y 14082 EC01 1001360E, concluyó con el dictado de la Resolución N° 154/2021 (DI RAHI) recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 19420-2-2020, mediante las cual no se hizo lugar a la acción de repetición y la cual fue apeladas en esta instancia.
IV. Que mediante PV-2023-26590086-APN-VOCXVII#TFN se elevan los autos a la Sala “F” y, mediante IF-2023- 37830443-APN-VOCXVII#TFN, quedan en estado de dictar sentencia.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictada por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN,) en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VI. Que siendo ello así y en virtud de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 11.683, resultando en el caso aplicable la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde confirmar la resolución apelada. En este sentido, y dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el plenario de referencia respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas en razón de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma aquí cuestionada -a cuyo voto me remito-, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos abonados por la firma “MOLINOS CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A” en relación a las destinaciones mencionadas, en virtud de lo dispuesto en las Resoluciones Conjuntas del Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción Nros. 27/2008 y 29/2008, las cuales establecen el derecho de exportación que aquí se litiga. En efecto, hasta tanto se mantenga vigente el plenario de referencia, habré de aplicar -con la salvedad expuesta- el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un acuerdo plenario aunque no comparta –estricto sensu- lo allí resuelto.
VII. Que las costas deben imponerse por su orden en atención a la temática de la cuestión en trato y que el fallo el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso (art. 1163 C.A.) Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 154/2021 (DI RAHI) recaída en la Actuación Administrativa SIGEA N° 19420-2-2020. 2.-Costas por su orden.
Así lo voto.-
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada por el Vocal preopinante.
II. Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020- 24711043), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma recurrente. ASÍ LO VOTO.
V. Que, por lo demás, y toda vez que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso, resulta procedente imponer las costas por su orden (art. 1163). ASÍ TAMBIÉN LO VOTO. Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 154/2021 (DI RAHI) recaída en las Actuación Administrativa SIGEA N° 19420-2- 2020.
2.-Costas por su orden.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo -Vocal Titular de la Vocalía de la 17a Nominacióny Pablo A. Garbarino -Vocal Titular de la Vocalía de la 16a Nominación- por encontrarse vacante la Vocalía de la 18ª Nominación (Art. 1162 C.A.)
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese Date: 2023.04.14 11:46:01 -03:00 Date: 2023.04.14 17:14:39 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.14 17:14:40 -03:00
Fin de la sentencia