Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-113411919-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la Resolución nro. 28/19, dictada por el Administrador de la Aduana de San Luis en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA 12404-95-2012. Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-39122716-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Abril de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “MOLINOS CAÑUELAS SA c/ DGA s/ recurso de Apelación”, expte. N° EX-2019-113411919- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Garbarino dijo:
I. Que mediante RE-2019-113411428-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra decisión del Administrador de la Aduana de San Luis recaída en la Resolución nro. 28/2019, en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA 12404-95-2012, que la condena al pago de una multa de $331.083,40.-, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, respecto del permiso de embarque 12 083 EC01 004575 Y y se le exige el pago de u$s 68.718,02.-, en concepto de derechos de exportación, más intereses. Manifiesta que el 27/11/2012 documentó la exportación 12 083 EC01 004575 Y correspondiente a 435 toneladas de preparaciones para la alimentación animal de la posición arancelaria (en adelante “PA”) 2309.90.90.900 T con su correspondiente certificación del SENASA.
Dice que, según la imputación originaria de la Aduana, el producto final exportado debió haber sido declarado de acuerdo a la posición arancelaria NCM 1208.10.00.000J (que tributaba derechos del 32%) y no por la NCM 2309.90.90.900T (derechos del 5%). Sostiene que corresponde al servicio aduanero la demostración de la existencia de la supuesta declaración inexacta por mi mandante. Señala que el servicio aduanero ha omitido cumplir con el segundo análisis de las muestras en los términos del Ap. 3 del Anexo III de la Resolución General AFIP 1532/2003, el cual se ofreció como prueba pericial. Añade que la imposibilidad de producir un segundo análisis las muestras tomadas por la Aduana de San Luis no resultan aptas de ser analizadas por el deterioro que han sufrido, lo cual sólo han sido consecuencia del incumplimiento de la obligación de los funcionarios aduaneros de preservar las muestras en perfectos estado de conservación.
Explica que exportó un producto terminado que indubitablemente corresponde a la posición declarada, por cuanto se trata de una preparación para la alimentación animal. Dice que la Aduana no tiene ni tuvo por finalidad cuestionar la posición arancelaria declarada por mi representada, lo cual quedó en evidencia en el expediente administrativo en el que no respaldó su imputación con un informe clasificatorio serio y fundado. Destaca la ausencia de fundamentos sólidos de la imputación aduanera, pues resultaría evidente de los propios actos documentados por la Aduana, que denuncia por una posición, luego por otra y en todos los casos, ante la duda, condena, violando el art. 898 del CA. Plantea la inconstitucionalidad de la deuda expresada en dólares estadounidenses y de su tasa de interés en forma conjunta.
En subdisio, requiere la aplicación del art. 898 del Código Aduanero. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada.
II. Que mediante IF-2020-61028939-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Realiza una breve reseña de los hechos acontecidos en sede aduanera para luego efectuar una negativa genérica de las afirmaciones, hechos, derecho y documentación que contenga el escrito en traslado que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Dice que la Resolución 1582 no prevé un plazo ni una forma particular ni específica de notificación del resultado del primer análisis (simplemente enuncia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis). Resalta que el procedimiento llevado a cabo en autos se ajustó en todo momento a la normativa vigente, y que -como fuera explicado- en el trámite del mismo no se ha producido la afectación alegada, dado que la recurrente ha tenido oportunidad para probar la veracidad de sus dichos y ejercer ampliamente su derecho de defensa, tanto en sede administrativa como ante esta instancia. Menciona que la facultad de clasificar las mercaderías objeto del comercio internacional se encuentra otorgada por el ordenamiento jurídico exclusiva e indelegablemente a la AFIP. Destaca que la mercadería presentada a despacho difiere de la declarada de manera comprometida por la encartada. Respecto de la pretensión de la recurrente de hacer extensiva al presente la consulta que fuera efectuada en relación a otro caso concreto a la Organización Mundial de Aduanas, señala que tales consultas no gozan de carácter vinculante, por lo que las conclusiones arribadas en aquella no resultan trasladables obligatoriamente. Manifiesta que no queda duda alguna respecto de la incorrecta clasificación de la mercadería involucrada en el P.E. en trato. En relación al planteo de inconstitucionalidad, señala que conforme lo normado por el artículo 1164 del C.A., la sentencia del Tribunal Fiscal no podrá contener pronunciamiento sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas. Acompaña las actuaciones administrativas. Ofrece prueba. Efectúa reserva del caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA nro. 12404-95-2012 se inician con el Acta de Extracción de Muestras de fecha 3/11/12 , suscripta por el servicio aduanero y el Sr. Salvador Omar Campo, en representación de la firma “MOLINOS CAÑUELAS SA” y, en su carácter de despachante de aduana, a los efectos de realizar el control presuntivo establecido en la Resolución 1582/03 AFIP, modificada por la Resolución General 2318/07 AFIP. De allí surge que se extrajo un juego de tres muestras de la mercadería amparada por la destinación referida, la que se declaró en la P.A. 2309.90.90.900T. A fs. 2/3 obra copia del PE 12083EC01004575Y de la exportación de autos de cuya mercadería se extrajo la muestra.
A fs. 7/8 obra el certificado de calidad emitido por el SENASA, correspondiente a la mercadería y la factura de la exportación de autos. A fs. 13/14, luce el Protocolo de Análisis LAB 89652 -fecha de entrada 28/12/12, conclusiones del 12 de mayo de 2014-. A fs. 35, luce el Acta denuncia nro. 52/14. A fs. 36/37, la aduana entiende que por el resultado del protocolo referido, la mercadería clasifica en la P.A. 1208.10.00.000J, siendo el perjuicio fiscal de u$s40.088,22 atento a que se debió pagar una alícuota del 32% y no del 5% como se declaró. A fs. 40, en fecha 27/10/14, el servicio aduanero instruye sumario a la firma “MOLINOS CAÑUELAS SA” y al despachante de aduana por la posible comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del CA, y, en el mismo acto, se les corre vista.
A fs. 47ref/49ref., obra el descargo del despachante de Aduana y a fs. 50ref./55ref., la contestación de la actora, presentada el 15/12/14. A fs. 59, el 05/03/15, se tiene por presentadas las contestaciones en legal tiempo y forma y se rechaza, por inconducente y dilatoria, la prueba pericial técnica ofrecida por la actora en relación a las muestras de la mercadería, sin perjuicio de lo cual se ordena a la Sección Verificación preparar un informe técnico sobre la cuestión. A fs. 63/64, el 24/08/15, obra el recurso de revocatoria presentado por la empresa actora contra la denegatoria de la prueba pericial, al que se hace lugar el 26/05/16 (fs. 65 de las act. adm.) reiterando el pedido de informe técnico a la Sección Inspección Simultánea (ex Sección Verificación) y que se expida sobre el estado de la muestra testigo a los fines de realizar un segundo análisis químico.
El 29/03/19 obra la Nota 09/19 Sección IS (AD SALU) que es el informe requerido a la Sección Inspección Simultánea; este informe considera que el deterioro de la muestra testigo impide un nuevo análisis y rectifica parte de lo actuado, cuantifica nuevamente la multa y tributos adeudados y considera que la actora ha incurrido en la conducta prevista por el art. 954.1. incs. a) y b) del CA. A fs. 73 y vta., con fecha 1/04/19, dado el nuevo informe, se corre nueva vista de todo lo actuado a la actora. A fs. 75/84 obra la nueva contestación de la actora a la nueva corrida de vista. A fs. 85, el 23/04/19, se tiene por contestada la nueva vista, se rechaza prueba informativa ofrecida por la actora y se remiten las actuaciones a la División Clasificación Arancelaria para que efectúe el Dictamen Técnico correspondiente.
A fs. 88/90, con fecha 22/08/19, obra el requerido Dictamen Técnico nro. 37 de la División Clasificación Arancelaria. A fs. 96/98, fechado el 23/09/19, obra el dictamen jurídico 45/2019. A fs. 99/102 luce la resolución apelada en autos que condena a la actora en base al art. 954, apartado 1 inc. a) del CA y absuelve al despachante de Aduana.
V. Que considero aplicables mutatis mutandi los argumentos que se esgrimieron en las causas caratuladas "VILUCO SA c/DGA s/ recurso de apelación” (Expte. N° 2021-80848471), sentencia del 28/08/23, y “MOLINO CAÑUELAS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA c/ DGA s/recurso de apelación” (Expte. Nro. 2019-113435274), sentencia del 17/02/23, entre otras, que tramitaran por ante la Sala “F”, Vocalía de la 17a. nominación y Vocalía de la 18a. nominación, respectivamente.
Que el servicio aduanero, mediante la Resolución nro. 28/2019 (AD SALU), resolvió condenar a la firma “MOLINOS CAÑUELAS SA”, al pago de una multa por la supuesta comisión de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), a la vez que intimó, a la firma exportadora, al pago en concepto de derechos de exportación con fundamento en una discrepancia entre la posición arancelaria (en adelante PA) declarada en la Destinación nro. 13 083 EC 01000984P y la mercadería efectivamente exportada resultando ello en una presunta declaración inexacta que, en caso de pasar inadvertida, habría podido producir un perjuicio fiscal en tanto se habría abonado un porcentaje menor en concepto de tributos al que en realidad correspondía.
Que la actora sostiene que la mercadería debía ubicarse en la “PA” 2309.90.90.900T (Las demás preparaciones del tipo utilizadas para la alimentación de los animales) gravada con una alícuota de derechos de exportación del 5 % mientras que el servicio aduanero determinó, a partir de la muestra extraída y el resultado del Instituto Técnico de Examen de Mercaderías -Protocolo LAB 89652- que la PA declarada era errónea y que la correcta sería la 1208 (HARINA DE SEMILLAS O DE FRUTOS OLEAGINOSOS, EXCEPTO LA HARINA DE MOSTAZA) P.A. 1208.10.00.000J de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), alcanzada con una alícuota de derechos del 32%.
Que la Resolución General nro. 1582/03 establece en el Anexo II, art. 2.1, que la utilidad del análisis reside en que a través del “reconocimiento físico o por análisis de laboratorio de la muestra, es posible determinar naturaleza, especie, características y propiedades que se necesitan conocer en el total, a fin de poder identificar, clasificar y valorar las mercaderías de las que fueran extraídas”.
Que para el supuesto de que con posterioidad a la primera pericia surja un resultado que sea motivo de litigio o diferencias entre la Aduana y el exportador, la Resolución General (AFIP) 1582/03 contempla (en el punto 3 de su Anexo III) el derecho de cualquiera de las partes intervinientes de solicitar un segundo análisis de la mercadería dentro del mes de notificado del resultado del primero.
Que de la lectura de las actuaciones administrativas surge que la actora, notificada con la corrida de vista del resultado del primer análisis, conforme la manda reglamentaria transcripta supra, solicitó como prueba pericial técnica, el 15/12/14, es decir, dentro del mes, un segundo análisis de la muestra (véase fs. 50ref./55ref., de las act. adm.).
Que, no obstante, el servicio aduanero denegó dicha petición por considerar que resultaba inconducente y dilatoria pese a que el segundo párrafo del punto 3 del Anexo III de la RG -AFIP- 1582/03 señala que el segundo análisis constituye “la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis”. Cabe destacar que debió mediar un recurso de revocatoria de la actora contra dicha denegatoria - antirreglamentaria- de la Aduana de San Luis para que la Aduana hiciera lugar a la vía recursiva natural contra el acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis. Y consciente del largo tiempo transcurrido, el servicio aduanero pidió a la Sección Inspección Simultánea (Ex Sección Verificaciones) que informe sobre el estado de la muestra (véase fs. 65 de las act. adm.).
Que, como podía resultar previsible, la respuesta a dicha solicitud no fue otra que la constatación de que el grado de deterioro de la muestra -bajo guarda de la misma Aduana de San Luis- imposibilitaba que se realizara el segundo análisis (véase la Nota nro. 9/19 de la Sección Inspección Simultánea que obra a fs. 71/72 de las act. adm.). De ese modo, el servicio aduanero impidió la vía recursiva natural que tenía la actora contra el acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis, conforme su pretensión tempestiva. Que la guarda de la muestra testigo (inc. d) del punto 3 del Anexo III de la RG 1582/03), sobre la que se hizo el primer análisis, es carga de la Aduana. El diferimiento del segundo análisis y, en consecuencia, el grado de deterioro de la muestra constituye un incumplimiento desaprensivo de dicha carga a los deberes impuestos por la Resolución General (AFIP) 1582/03.
Que cabe destacar que a través del Dictamen Técnico nro. 37/2019, el Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria opinó que la mercadería exportada por la firma recurrente clasificaba, al momento imponible, en la posición arancelaria 2304.00.10.100 y no en la posición arancelaria 1208.10.00.000J, tal y como había sido denunciado, originalmente, por la Aduana de San Luis (véase fs. 88/90 de las actuaciones administrativas). A ello, se suma que el certificado de calidad del SENASA (fs. 7/8 de las act. adm.) exhibe resultados que contrastan con los del Protocolo LAB 89652, pues no considera que la mercadería constituya una estructura vegetal pura de dos componentes, sino que posee tres (93,5 % de soja desgrasada HI PRO; 6 % de maíz y 0,5% de cloruro de sodio sal entrefina-); por la presencia del referido tercer componente, la mercadería exportada no consistiría en una estructura vegetal pura.
Que lo expuesto manifiesta la existencia de una divergencia sustancial, incluso dentro de la propia Aduana que no se ponía de acuerdo respecto de la posición arancelaria que correspondía asignar a la mercadería exportada; el modo eminente de despejar la notoria contradicción existente hubiera sido, precisamente, realizar el segundo análisis.
Que, además, de la prueba rendida en autos surge que mediante la Nota nro. 834/11 (SDG TLA) el servicio aduanero efectuó una consulta a la Dirección de Asuntos Tarifarios y Comerciales de la Organización Mundial de Aduanas respecto de otro caso relacionado con la exportación de mercaderías documentadas como alimentos para animales que contaban entre sus componentes con harina de soja en un 90%. En respuesta a dicha nota, la Organización Mundial de Aduanas concluyó que los productos tenían efectivamente el carácter de preparación alimentacia, en base a las informaciones y las muestras de los productos suministrados, en el sentido de la partida 2309 (véase IF-2020-80043208-APN-SGASAD#TFN). Con posterioridad a dicho informe, el Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria de la Aduana emitió el Dictamen Técnico nro. 40/11 (véase IF-2020-80043208-APN-SGASAD#TFN) que determinó que la mercadería resultaba clasificable al momento imponible en la posición arancelaria NCM 2309.90.90 SIM 2309.90.90.900.
Que, en base a las consideraciones precedentes, se puede concluir que la conducta renuente de la Aduana de San Luis a practicar un segundo análisis sobre la muestra testigo empaña la finalidad real de todo el procedimiento seguido por la Aduana, que debió ser encontrar la verdad material. La omisión del segundo análisis alteró el procedimiento establecido por la Resolución (AFIP) nro. 1582/03.
Que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual el recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia de los cargos que pretende realizar la Administración, y es en el marco del mismo en donde se pretende garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado tanto en el artículo 18 de la Constitución Nacional como en el artículo 1, inciso f), de la ley 19.549 y normas concordantes.
Que la garantía de defensa en juicio debe ser expresamente reconocida y debidamente velada en el procedimiento administrativo. Cuando no se han respetado sus principios fundamentales y especialmente el derecho de ser oído y producir la prueba de descargo de la que el interesado quiera valerse “no se ha “preparado” la voluntad en la forma prevista por el orden jurídico” (Agustín A. Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, cap. IX, pág. 7).
Que, bajo tales premisas, no cabe más que concluir que al incumplir con el procedimiento dispuesto en la Resolución General n.º 1582/03 y su modificatoria, la Resolución General n.º 2318/07, el servicio aduanero ha omitido garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, principio central de todo procedimiento administrativo.
Por ello, VOTO por:
Declarar la nulidad de la Resolución nro. 28/19, dictada por el Administrador de la Aduana de San Luis en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA 12404-95-2012. Costas a la demandada.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Declarar la nulidad de la Resolución nro. 28/19, dictada por el Administrador de la Aduana de San Luis en el trámite de las actuaciones administrativas SIGEA 12404-95-2012. Costas a la demandada.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.04.14 16:54:46 -03:00 Date: 2025.04.14 17:06:33 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.14 17:06:34 -03:00
Fin de la sentencia