Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 131944807-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V, VI y VII; y
2Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
49221/2025 “MOLINOS CAÑUELAS SACIFIA-TF 131944807-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
Buenos Aires, 10 de abril de 2026.- TS VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 19/05/2025, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación -por unanimidad- confirmó la resolución RESOL-2024- 760-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, dictada el 06/11/2024, por la Dirección Aduana de Iguazú, recaída en las Actuaciones EX2023- 03264930-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, en relación con los Permisos de Embarque Nro. 18029EC01006875C, 18029EC01006957D, 18029EC01006958E, 18029EC01006969G, 18029EC01006978G y 18029EC01007010H.
Asimismo, impuso las costas a la actora.
Para así resolver, sostuvo que el decreto 793/18 (BO: 04/09/18) fue ratificado por el art. 82 de la ley de presupuesto para el año 2019, 27.467 (BO: 04/12/18). En consecuencia, entendió que, a la fecha de las exportaciones referidas en el párrafo precedente, el decreto 793/18 había sido ya convalidado por el Congreso -el 04/12/18-, no resultando controvertible su validez constitucional respecto de los derechos de exportación y las alícuotas que establece.
Siendo así, al adquirir el cuestionado decreto el rango de ley federal desde el 04/12/18 resultaría inoficioso el tratamiento de todos los argumentos vertidos en autos respecto a la validez del decreto 793/18, en los términos en que la cuestión aparece planteada por las partes.
En tales condiciones, consideró que cabía confirmar la Resolución RESOL- 2024-760-E-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, recaída en las actuaciones administrativas EX2023- 03264930-AFIP-ADIGUA#SDGOAI, e imponer las costas a la actora (v. págs. 408/410 del DEO: 21306513 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 12/12/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso recurso de apelación con fecha 10/07/2025, quien lo fundó en la misma presentación (ver fs. 414/433, del expediente administrativo).
Corrido el pertinente traslado, el Fisco Nacional contesta agravios en fecha 14/08/2025 (ver fs. 557/598; e informe de fs. 605/606 del DEO: 21306513 - Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 12/12/2025).
Con fecha 06/03/2026 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Apelación de la firma actora:
En primer lugar, la exportadora señaló que el Tribunal Fiscal rechazó el recurso de apelación interpuesto por considerar que no corresponde abocarse al tratamiento de los argumentos vertidos con relación a la validez del Decreto 793/18, por cuanto dicho decreto habría sido convalidado por el Congreso de la Nación el 4 de diciembre de 2018, dado que en dicha fecha se publicó la Ley 27.467 que en su artículo 82 lo convalidó; y que en ese sentido, atento que los P.E. fueron oficializados entre el 6 y el 12 de diciembre de 2018, momento en que el Decreto ya habría adquirido rango de ley federal, resultaba de aplicación la alícuota del 12% establecida por éste.
La recurrente expresó que a través del pronunciamiento recurrido se incurre en una manifiesta inobservancia del ordenamiento jurídico en lo relativo a la vigencia de las leyes, al considerar erróneamente la fecha de publicación de la Ley 27.467 en el Boletín Oficial como fecha de entrada en vigor de la misma, particularmente en relación con el artículo 82, en tanto la ley mencionada no fijó una fecha de entrada en vigor, -menos aún lo hizo respecto del artículo 82 que convalidó al Dto. 793/18-.
La parte actora sostuvo que en el caso de la Ley 27.467, su entrada en vigor operó indefectiblemente el 13 de diciembre de 2018, es decir, una vez transcurridos 8 días desde su publicación oficial, por lo que hasta esa fecha el Decreto 793/18 carecería de ratificación legislativa, es decir, seguiría siendo una norma emanada de un órgano sin facultades legislativas y, por tanto, nulo de nulidad absoluta respecto de los hechos acaecidos con anterioridad a su convalidación por parte del PLN.
Asimismo, agregó que los derechos de exportación involucrados en el caso de autos abonados entre el 6 y el 12 de diciembre de 2018, conforme a lo dispuesto por el Decreto 793/18, carecerían de sustento legal, debiendo haberse liquidado conforme a lo establecido en el Decreto 509/2007, norma que fue oportunamente convalidada por el Congreso de la Nación.
Por otro lado, remitió a los alcances y términos de la doctrina que emanaba del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”, que - en su entendimiento- resultaba plenamente aplicable al caso.
Esgrimió que resultaría inconstitucional la pretendida aplicación de alícuotas de Derechos de Exportación establecidos en un decreto -793/18- que carece de una “delegación” o posterior ratificación legislativa, en la medida en que vulnera el Principio de Legalidad en materia tributaria y se oponen a la doctrina fijada por la CSJN en el Precedente “Camaronera Patagónica S.A.”.
A raíz de ello, consideró que correspondía admitir su pedido de repetición, con más los intereses resarcitorios correspondientes y costas.
Por último, se queja por la imposición de costas a su parte.
En función de lo expuesto, solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación.
IV. Que, en primer lugar, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos que para concretar las exportaciones documentadas en fecha 06/12/2018, 10/12/2018, 10/12/2018, 11/12/2018, 11/12/2018 y 12/12/2018 mediante las destinaciones 18029EC01006875C, 18029EC01006957D, 18029EC01006958E, 18029EC01006969G, 18029EC01006978G y 18029EC01007010H, la actora efectuó el pago de la suma de $720.292,52 en concepto de derecho de exportación, de conformidad con lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 793/2018 (B.O. 4/9/2018), por el cual estableció un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a todas las exportaciones de consumo.
V. Que, a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, corresponde en primer lugar señalar que el decreto 793/2018 fue ratificado por la ley 27.467, denominada “Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019”, publicada en el Boletín Oficial el 4/12/2018.
En el artículo 82 de dicha ley se estableció que mantenía su vigencia y validez, entre otras normas, el Decreto Nº 793/2018, de fecha 3/9/2018 y sus modificaciones, surgiendo así en forma expresa que el Poder Legislativo tuvo la expresa voluntad de conferir rango de ley al mismo.
Ahora bien, es claro que la Ley 27.467 no tiene efecto retroactivo y carece de eficacia para ello, pues rige para el futuro. La ley 27.467 fue publicada el 4 de diciembre de 2018.
De este modo, el aludido artículo 82 de la ley 27.467, que entró en vigencia a partir de los ocho días de su publicación en el Boletín Oficial (conf. artículo 5° del CCyCN), mal pudo convalidar con efecto retroactivo los derechos de exportación determinados y aplicados por el Fisco Nacional entre el 4/9/2018 y el 12/12/2018, al amparo del decreto 793/2018.
En este sentido, esta circunstancia resulta análoga a la examinada por esta Sala en la causa “PBB POLISUR SRL (TF 40655042-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, expte. N° 39513/2025, sentencia del 20/02/2026 (ver específicamente Considerandos V a VIII), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
VI. Por otro lado, puesto de relieve ello, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de los derechos de exportación liquidados y abonados con posterioridad al dictado del Decreto Nº 793/18, pero previamente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467. En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN -Fallos, 337:388- decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la norma posterior que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc.
Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto Nº 793/18 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar los despachos de exportación denunciados (oficializados con fecha 06/12/2018, 10/12/2018, 10/12/2018, 11/12/2018, 11/12/2018 y 12/12/2018), cuyos pagos -por lo demás- no fueron desconocidos en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VII. Que, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “Molfino”, del 4/07/2025 (considerando XII), más arriba citada, entre otros. Y, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes para cada período (esta Sala “Molfino”, cit., Considerando XIII).
VIII. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto nº 793/18 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V, VI y VII; y 2º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia