Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 148820822-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A, revocar el pronunciamiento del 07/10/2024 dictado por la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la Resolución Fallo AD SALO 450/2023, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del decreto 133/15 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VI y VII;
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
CAF 09471/2025 –
MOLINOS CAÑUELAS SACIFIA (TF 148820822-A) c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ///nos Aires, 2 de diciembre de 2025.- VS VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, con fecha 07/11/2023, el Sr. Administrador de la Aduana de San Lorenzo dictó la RESOL-2023-450-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, en las actuaciones SIGEA Nº 17134-194-2023, mediante la cual rechazó la petición de la empresa Molino Cañuelas SACIFIA en virtud de la cual solicitaba la devolución de derechos de exportación abonados indebidamente por exigencia del Decreto 133/2015, en relación a la operación de exportación a consumo documentada mediante la Destinación nro. 17057EC01010290L (v. fs. 243/245 y 199/219 respectivamente del expediente administrativo, incorporado mediante DEO 17909750 el 08/04/2025).
II. Que, contra lo así decidido, la parte actora solicitó la revisión de la Resolución Fallo nro. 450/2023 dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo (ver fs. 5/55 del expediente administrativo, supra mencionado), ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
En función de lo expuesto llegaron las actuaciones a la Sala la “F”, la cual con fecha 07/10/2024, por mayoría, confirmó la RESOL-2023-450-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17134-194-2023. Impuso las costas por su orden (FS.262/267 expediente administrativo).
Para así decidir, la mayoría del tribunal (voto del Dr. Soria, al cual adhirió El Dr. Christian M. González Palazzo), sostuvo que: “el decreto 133/15 - impugnado en estos autos redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 368/07 y 181/08) al 27% -alícuota efectivamente abonada por la actora-. Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora”.
Por último, estimó que atento las particularidades de la cuestión debatida y no haberse resuelto la disputa con base en argumentos expuestos por las partes (art. 1163 del CA), las costas debían imponerse por su orden.
III. Que, contra dicho pronunciamiento, con 21/10/2024 interpuso recurso de apelación el Fisco Nacional (fs. 275/280), el que fundó en ese acto y fuera replicado por la contraria el 12/11/2024 (fs. 285/289).
Asimismo, con fecha 12/1/2024 la actora interpuso recurso de apelación (fs. 295/312) y expresó agravios en la misma fecha, los que no fueron replicados por la contraria (ver nota de elevación del expediente administrativo supra mencionado a fs. 323/324).
III.1 Apelación de MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.:
En ajustada síntesis, sostiene la recurrente que, sin perjuicio del dictado del Plenario, el vocal preopinante, remite a los argumentos esbozados en autos “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.” EX -2020-56397479-APNSGASAD#TFN), desplazando los argumentos del Plenario. En esos términos expresó que: “…el decreto 133/15 -impugnado en estos autos- redujo la alícuota establecida para la PA de autos del 32% (constitucionalmente válida conforme los fundamentos expuestos supra, al haber sido fijada por las resoluciones 368/07 y 181/08) al 27% -alícuota efectivamente abonada por la actora-…Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora” La actora señaló que la disminución de la alícuota por imperio del Decreto 133/2015, no es suficiente ya que no hubo delegación de facultades en cabeza del PEN y aún en el caso que lo hubiera, la disminución de alícuota sigue estando por arriba de la legalmente fijada por el Decreto 509/2007 que, a diferencia del Decreto en crisis, objeto de la presente apelación, si tuvo intervención del Congreso.
Destacó también que los argumentos del antecedente “Molino Cañuelas” devienen inaplicables, puesto que la ley 26.351, puso coto a las incertidumbres del momento de registración de los contratos de venta de granos. Tal objeto no era la fijación de alícuotas, sino que el exportador, una vez registrado el contrato y comprobada la tenencia de los mismos, no podía agravarse la carga tributaria, una vez que se hubiera realizado dicha registración; es decir que en ningún momento se daba validez legal a las alícuotas inconstitucionales fijadas por Resoluciones ministeriales o Decretos Expresó asimismo que el Decreto Primigenio que fijó las alícuotas fue el Decreto 509/2007, que tuvo aprobación del Congreso por ambas Cámaras. Sin embargo, dicho Decreto no delegaba facultades exclusivas del Poder Legislativo Nacional en el Poder Ejecutivo Señaló que la Ley 26.351, bajo ningún pretexto avaló el incremento de las alícuotas, sino que establece que en el caso que se incrementaran las alícuotas y el exportador no comprobara la tenencia física de la mercadería se le aplicara dicho incremento, pero bajo ningún pretexto avala el incremento de las alícuotas por el Ministerio toda vez que es una competencia exclusiva del Congreso Indicó que, por ejercicio de lógica, la aplicación del precedente “Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/amparo”, resultaba ajustada a derecho, por no decir que se está ante una situación prácticamente gemela, toda vez que fue analizado por una instancia judicial, con facultades jurisdiccionales y de controles de constitucionalidad, que versaban sobre aumento de alícuotas de derechos de exportación fijadas por un Ministerio que de manera ilegítima había exacerbado sus facultades. Aduce que, en ese sentido, el fallo “Camaronera Patagónica S.A.” realiza un análisis particular del caso de la Resolución 11/02 bajo el marco del ordenamiento constitucional y legal vigente en el año 2002 (cuando todavía no se había dictado la Ley 26.122), donde órganos administrativos resolvieron la fijación de las alícuotas de derechos de exportación, sin contar con facultad expresa o mediando convalidación posterior por parte del Poder Legislativo (PLN).
Señala que, la identidad entre los supuestos controvertidos en “Camaronera”, en “Petroquímica Comodoro” y en los presentes autos, a pesar de estar en crisis normas distintas –Resolución 11/02 (correspondiente al caso “Camaronera”), decreto 793/18 (correspondiente al caso “Petroquímica Comodoro”), decreto 133/15 (MEP)–, torna necesario aplicar las mismas soluciones a todas las causas y obliga al Tribunal (conforme el artículo 1.164) a declarar la invalidez de aquellas normas, toda vez que de lo contrario una solución divergente con la de la CSJN en aquel precedente, constituiría un verdadero alzamiento de ese Tribunal contra la autoridad institucional de los precedentes de la Corte Suprema.
Ponderó que, de la lectura del recurso de apelación interpuesto por su parte, se advierte que lo que se pretende es el reconocimiento y restitución de la suma de U$S 7.775,10.- (dólares estadounidenses SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 10/100) más sus accesorios, que indebidamente ingresó a las arcas del Fisco Nacional, en concepto de pago espontáneo de Derechos de Exportación, por haberse calculado en base a las alícuotas dispuestas por el decreto 133/15, calificados como carentes de toda licitud, por no respetar el Principio de Legalidad y Reserva en materia tributaria. Resaltó que, tal como ha sostenido la doctrina y la jurisprudencia – en especial las Cámaras federales y por sobre todo la CSJN–, el artículo 755 resulta insuficiente como norma legal delegante general respecto de las alícuotas de los derechos de exportación, por no ajustarse al artículo 76 de la Constitución Nacional.
Puntualizó que, el artículo 755, como norma delegante, debe contener un plazo para el ejercicio de las facultades delegadas y delinear una clara política legislativa estableciendo baremos mínimos y máximos para las alícuotas. Apuntó que, el dictado de la Ley 26.122 no modificó el escenario imperante luego de la reforma constitucional de 1994. En efecto, esa Ley, en lo que a la “delegación legislativa” concierne, establece los recaudos a seguir una vez ejercida la facultad delegada por el PEN; es decir, los procedimientos posteriores que habrán de ventilarse para arribar a la aprobación o rechazo por parte del PLN de aquella norma dictada por el PEN.
Puso de relieve que, el ilegítimo decreto que incrementó los derechos de exportación se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, art. 755, y en el art. 99, inc. 1) de la Constitución Nacional. Como puede observarse, no existe en ninguno de los Considerandos de la norma un argumento legal subyacente que sirva de causa fuente a la fijación de alícuotas de derechos de exportación por parte del PEN. Tan cierto resulta ello incluso habiéndose invocado la Ley 22.415, pues en lo que refiere al C.A., la CSJN tuvo a bien sostener en el precedente “Camaronera”, que “En efecto, ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”.
Precisó que, fueron pocas las normas convalidadas por el PLN, tal como el decreto 509/07 que tuvo intervención y conocimiento con aprobación de ambas Cámaras y, en tal caso ese acto legislativo sólo autorizaba las alícuotas que se fijaron en ese acto y no en ninguno otro posterior.
Expresó también que el Dto. 133/15 carece de toda validez si se tiene en cuenta que ha sido dictado por un órgano que carece de competencias legislativas para regular en materia tributaria; no ha mediado norma delegante que confiera facultades tributarias a los órganos administrativos, habilitándolos a regular las alícuotas de los derechos de exportación aplicables a las mercaderías que exporta la Compañía; y que aunque se sostuviera que las facultades surgen del C.A., aquella norma resulta insuficiente para cumplir con las exigencias emergentes del art. 76 de la Constitución. Tampoco ha mediado posterior convalidación por parte del PLN respecto del referido decreto Dto y por ello resulta inconstitucional la pretendida aplicación de alícuota de Derechos de Exportación establecidos en decretos que carecen de una “delegación” o posterior ratificación legislativa, en la medida en que vulneran el Principio de Legalidad en materia tributaria y se oponen a la doctrina fijada por la CSJN en el Precedente “Camaronera Patagónica S.A.”.
Por último, manifestó que la cesación de pagos en la que incurriera durante el 2021 la condujo a la apertura de concurso, tal como obra en lo antecedentes de la causa.
Es por este motivo que a los efectos de recuperar activos líquidos que permitan a la Compañía cancelar sus deudas con los acreedores que verificaron sus créditos, se instó la repetición de todas aquellas sumas que hubieran sido ingresadas en exceso a las arcas del Fisco, por las razones que aquí se discuten.
Expresó que las sumas a reintegrar deben reparar Íntegramente los daños ocasionados a la Compañía, devolviéndose una suma que sea representativa al día de la fecha de aquello que le fue ilegítimamente erogado y privado por el curso de 7 años, junto con los accesorios que correspondan según la normativa aplicable.
(III.2) Apelación Fisco Nacional:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Para dar fundamento a su postura, destacó que teniendo en consideración que resulta parte ganadora del pleito, las costas deberán imponerse en su totalidad a la parte actora dado que, de acuerdo al principio objetivo de la derrota, .
Por ello, solicitó se revoque el pronunciamiento recurrido en lo que es materia de agravio y se impongan las costas de ambas instancias a la actora.
IV. Con fecha 04/08/2025 el Sr. Fiscal General emitió su dictamen. En sustancial síntesis, señaló que la cuestión de fondo traída a conocimiento de esta Alzada debía ser resuelta conforme los lineamientos resultantes del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”.
V. Que no se encuentra controvertida la operatoria bajo trato, ni los elementos resultantes de la declaración aduanera, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación conforme lo normado por la Resolución Fallo nro. 450/2023, impugnada en autos.
Al punto, resulta atinado mencionar que según surge de la documentación acompañada, en el caso, la firma actora, exportó bajo la destinación N° 17 057 EC01 010290 L, oficializada el 30/12/2017, mercadería declarada bajo la posición arancelaria “2304.00.10.100B”, abonando derechos de exportación según una alícuota del 27% de su valor FOB.
VI. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de la diferencia entre lo abonado en concepto de derechos de exportación por aplicación del decreto 133/15 y lo que, en su entendimiento, hubiera correspondido de aplicar la norma correcta, esto es, lo previsto por el decreto 509/07, precepto anterior en el tiempo que contaría con el suficiente respaldo normativo en los términos de “Camaronera Patagónica SA”.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA (TF 149500872-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, expte. N° 22874/2024, sentencia del 30/10/2025 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la norma posterior que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc.
Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad - en el caso- del Decreto Nº 133/15 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar el despacho de exportación denunciado (oficializado el 30/12/2017), cuyo pago -por lo demásno fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VII. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA – TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS SA”, del 30/10/2025 (considerando XII), más arriba citada, entre otros.
Y, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular según las tasas vigentes para cada período (esta Sala “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS SA”, cit., Considerando XIII).
VIII. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero). Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) admitir la apelación deducida por Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A, revocar el pronunciamiento del 07/10/2024 dictado por la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la Resolución Fallo AD SALO 450/2023, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad del decreto 133/15 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la exportadora, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VI y VII; 2º) desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Se deja constancia que la Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia