Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 148879527-A
–SALA IV–
Expte. CAF n° 40309/2025/CA1: “MOLINOS CAÑUELAS SACIFIA (TF 148879527-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, febrero de 2026.
La elevación del expediente digital TF 148879527-A a través del DEO n° 20793603, “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 20/05/2025 (v. IF-2025-53684389-APN-DTD#JGM), concedido el 23/05/2025 (v. PV- 2025-55384678-APNVOCXIII#TFN) contra la sentencia dictada el 10/04/2025, en cuanto confirma la Resolución RESOL2023-466-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, con costas a la actora (v. IF-2025-37819615-APNVOCXIII#TFN)” (v. nota de las págs. 319/320 del expte. electrónico, donde también consta que la parte demandada no contestó agravios dentro del plazo legal).
1. Que, por sentencia de fecha 10/04/2025, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución “RESOL-2023-466-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI” dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en el marco de las actuaciones administrativas n° 17134-167-2023, a través de la cual se había dispuesto rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma actora con relación al permiso de embarque nº 17057EC01008630Z, los cuales habían sido abonados en consonancia con el decreto n° 133/2015.
2. Que, para así decidir, después de descartar el planteo de falta de legitimación activa opuesto por el fisco nacional, los vocales firmantes entendieron que no se advertía en el caso afectación al derecho de propiedad de la actora pues el decreto n° 133/2015 había reducido la alícuota establecida para la posición arancelaria de autos al al 27%; cuando antes eran del 32%, conforme la resolución (MEyP) n° 369/2007 –la cual consideraron constitucionalmente válida por cumplir con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:388)–.
1 Por su parte, en cuanto a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación, el vocal Juárez agregó que “(…) corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada ´Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación´, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: ´ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero´”.
3. Que, al expresar agravios, la recurrente reiteró su planteo de inconstitucionalidad del decreto n° 133/2015, por entender que aquél resulta violatorio del principio de reserva de ley en materia tributaria. En apretada síntesis, fundó dicho planteo en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:388). Asimismo, destacó que la resolución (MEyP) n° 369/2007 tampoco cumplió con los estándares fijados en el referido precedente del Alto Tribunal.
Por lo demás, insistió en que no perseguía la devolución íntegra de lo abonado, sino únicamente la diferencia entre dicha alícuota y la que, a su entender, resultaba aplicable conforme al decreto n° 509/2007 (24%), por considerar que este último era el único instrumento normativo que contaba con una convalidación legislativa suficientemente concreta y determinable, en los términos exigidos por la Corte en el citado precedente.
4. Que, el 10/12/2025, el señor fiscal general dictaminó sobre la competencia de esta Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
5. Que corresponde aclarar que, como principio y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de tales derechos en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley n° 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6°).
Más allá de lo expuesto, en este caso la actora consintió el importe equivalente a la alícuota del 24% que le hubiese correspondido abonar por aplicación del decreto n° 509/2007, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido legítimamente percibido por el fisco nacional (v. p. 35 del expediente electrónico del Tribunal Fiscal).
Por lo tanto, el alcance de la presente repetición queda circunscripto a la diferencia porcentual reclamada, que no está en discusión que corresponde al incremento 2 –SALA IV– Expte. CAF n° 40309/2025/CA1: “MOLINOS CAÑUELAS SACIFIA (TF 148879527-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de alícuota dispuesto para la posición arancelaria 1507.10.00.100Q por el decreto n° 133/2015.
7. Que, los planteos de la actora encuentran debido tratamiento en en el precedente de esta Sala “Molino Cañuelas (TF 138475558-A) c/ DGA”, expte. 20586/2024, sentencia del 15/04/2025, considerandos 7° a 11.
Por lo allí expuesto, se declara la invalidez constitucional del decreto n° 133/2015, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
Además, porque –de conformidad con la doctrina de Fallos: 337:388– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha de registro de la exportación involucrada en este caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por el decreto, en la porción que aquí se discute.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto n° 133/2015 y admitir la repetición de la diferencia porcentual en disputa.
La diferencia a restituir deberá determinarse en pesos y sobre la base del importe efectivamente abonado que surge de las actuaciones y devengará los intereses correspondientes, en los términos previstos por el art. 811 y 812 del Código Aduanero (cfr. doctrina de esta Sala in re “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 16622204-A) c/ DGA”, expte. 17783/2025, sentencia del 07/10/2025 y sus citas).
8. Que, dado el modo en que se decide y siendo que no existen razones para apartarse del principio general que rige en la materia, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del Código Aduanero; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
9. Que, en atención la actora no dio cumplimiento con la intimación cursada el 05/11/2025 (notificada el 06/11/2025) a efectos de que cumpliese con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astrein- 3 tes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente y hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del referido tributo. En virtud de lo expuesto y oído el señor fiscal general, el Tribunal RE- SUELVE:
1. Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, revocar la sentencia recurrida y admitir la repetición solicitada, en los términos que surgen del presente pronunciamiento.
2. Distribuir las costas de ambas instancias conforme el considerando 8°.
3. Aplicar astreintes a la actora, de conformidad con lo establecido en el considerando 9°.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia