Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 19432343-A
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
7726/2025 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 19432343-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 24 de abril de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 19432343-A (v. DEO del 31/3/25) para tratar “los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 26/09/2024 y 30/09/2024 (v. IF-2024-105375906-APN-DTD#JGM e IF-2024-106466315- APN- DTD#JGM), concedidos el 03/10/2024 (v. PV-2024-108195203-APN-VOCXVI#TFN) contra la sentencia dictada el 20/08/2024, en cuanto confirma la Resolución RESOL- 2023-557-E-AFIPADROSA#SDGOAI, con costas por su orden (v. IF-2024-88990484- APN-VOCXVI#TFN)” (v. nota en la pág. 410 del expte. electrónico, donde también consta que ambas partes expresaron agravios dentro del plazo legal, y que sólo la actora contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución AD ROSA 557/23, dictada en la actuación SIGEA 12542-3909- 2022, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación, en los términos del decreto 133/15 y con relación a los permisos de embarque 17052EC01006685T, 17052EC01006686U, 17052EC01008362N, 17052EC01008360L, 17052EC01008579A, 17052EC01008586V, 17052EC01008736S y 17052EC01008738U.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo Nacional puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18). Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del citado decreto 133/15, respecto del cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Distribuyó las costas por su orden por la complejidad de la cuestión y el hecho de que se la resolviese en virtud de una doctrina plenaria.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Precisó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, se debió invalidar el decreto impugnado, que estaba vigente a la fecha de registro de la operación y fijaba una alícuota de derechos del 27% para la mercadería exportada, correspondiente a la PA 2304.00.10.100B. Sin embargo, aclaró que no pretendía la devolución de todo lo abonado, sino la diferencia entre esa alícuota y la que hubiese correspondido pagar con arreglo al decreto 509/07 (24%). Esto así, en la inteligencia de que ese decreto —y, por consiguiente, ese nivel de imposición— había tenido aprobación por ambas cámaras del Congreso y cumplía con el programa constitucional.
Por otra parte, planteó que la decisión vaciaba de contenido el artículo 1164 del Código Aduanero, ya que, en una recta interpretación, ese precepto hubiese permitido al Tribunal Fiscal de la Nación revisar la constitucionalidad de la norma cuestionada, por tratarse de una disposición análoga a la que se había invalidado en el citado precedente de la Corte. Añadió que la decisión del organismo jurisdiccional era incluso incongruente, dado que extendía los efectos de su doctrina legal a una norma diferente del decreto 793/18 y, sin embargo, negaba la posibilidad de aplicar la doctrina de “Camaronera Patagónica SA” a normas distintas de la allí examinada (resol. ME 11/02).
3. Que, en sus agravios, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
2 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
7726/2025 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 19432343-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
4. Que, el 16/4/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
5. Que en cuanto a la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse sobre la invalidez constitucional del decreto 133/15 a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388), cabe remitir —cambiando lo que se deba cambiar— a lo resuelto por esta Sala en las causas 41274/23 “Molinos Río de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA”, sentencia del 7/3/24, consid. 4°, y 1893/24 “Molinos Río de la Plata SA (TF 40014-A) c/ DGA”, sentencia del 9/4/24, consid. 4°, entre otras.
6. Que corresponde aclarar que, como principio y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de tales derechos en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º).
Más allá de lo expuesto, en este caso la actora consintió el importe equivalente a la alícuota del 24% que le hubiese correspondido abonar por aplicación del decreto 509/07, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido legítimamente percibido por el Fisco (v. pp. 43 y 381, expte. cit.).
Por lo tanto, el alcance de la presente repetición queda circunscripto a la diferencia porcentual reclamada, que no está en discusión que corresponde al incremento de alícuota dispuesto para la PA 2304.00.10.100B por el decreto 133/15.
7. Que los restantes planteos se encuentran tratados en los considerandos 7° a 11 de la resolución dictada el 15/4/25 en la causa 20586/24 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 138475558-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”; los que se dan por reproducidos, por razones de brevedad.
Por lo allí expuesto, se declara la invalidez constitucional del decreto 133/15, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
Además, porque –de conformidad con la doctrina de Fallos: 337:388– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha de registro de la exportación involucrada en este caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por el decreto, en la porción que aquí se discute.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 133/15 y admitir la repetición de la diferencia porcentual reclamada con relación a los PE 17052EC01006685T, 17052EC01006686U, 17052EC01008362N, 17052EC01008360L, 17052EC01008579A, 17052EC01008586V, 17052EC01008736S y 17052EC01008738U; más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
8. Que, en cuanto al modo en que se determinarán los importes a restituir por la Aduana y la moneda que debe emplearse para su cancelación, corresponde estar a lo resuelto por la Corte en la causa C.1242.XLIX “Cencosud SA (TF 29535-A) c/ DGA”, sentencia del 15/5/14.
Allí interpretó que el artículo 20 de la ley 23.905 regula la moneda en que se determinarán los tributos aduaneros adeudados por los contribuyentes y los instrumentos que pueden emplearse para su cancelación, pero “en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por tributos cobrados en exceso, ni tampoco la moneda que debe emplearse para su cancelación” (consid. 6º).
Más adelante, precisó: “la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago, pues —de acuerdo con la doctrina del precedente E.222.XLI. "Editorial Perfil S.A.", sentencia del 12 de agosto de 2008—, en las 4 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 7726/2025 “MOLINO CAÑUELAS SACIFIA (TF 19432343-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
condiciones indicadas, no existe suma alguna que deba ser devuelta en dólares estadounidenses ni que deba ser transformada a pesos…” (consid. 7º).
En consecuencia, la diferencia a restituir deberá determinarse en pesos y sobre la base del importe efectivamente abonado que surge de las actuaciones administrativas –v. p. 314, expte. cit.– (doctr. esta Sala, causa 39315/11 “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charol”, resol. del 15/12/15; entre otras). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
9. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
10. Que, en atención a la intimación cursada en el punto V, primer párrafo, del primer auto, notificado a la parte actora el 31/3/25, sin que aquélla cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde astreintes de $1000 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo. Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
11. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. proveído del 9/4/25, punto II).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 31/3/25, punto V, segundo párr.); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa con la remisión ordenada en el considerando 10.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia