Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 128330720-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.
Desestimar los agravios ofrecidos por la parte actora y confirmar el pronunciamiento apelado; y 2. Distribuir las costas en el orden causado.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA I
51545/2025 MOLINOS FLORENCIA SAU (TF 128330720-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 28 de abril de 2026.- SA I. Que la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución nº 80/2023 (AD BABL) dictada el 23 de septiembre de 2023 en la actuación SIGEA 17643-189/2021 por la Administradora (I) de la División Aduana de Bahía Blanca que condenó a la firma Molino Florencia SAU al pago de una multa de $452.329,92 "por la infracción prevista y penada en el Artículo 9 de la Ley 21.453" e impuso las costas a la parte actora (v. pronunciamiento del 24 de junio de 2025 en páginas 174/179 del DEO 21438898).
Para así decidir, sostuvo que:
(i) "[A] través de la Ley N° 21.453 se implementó un régimen especial de fomento a las exportaciones de productos agrícolas, orientado a otorgar previsibilidad a los exportadores mediante la fijación anticipada del régimen tributario aplicable a sus operaciones, frente a las variaciones que pudieran producirse en materia de alícuotas, bases imponibles y valoraciones. Sin embargo, [...] dicho beneficio se encuentra sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en la ley, en particular la obligación de exportar al menos el noventa por ciento (90%) de la mercadería comprometida dentro del plazo de vigencia de la DJVE, bajo apercibimiento de la imposición de una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de la parte incumplida".
(ii) "[E]l artículo 9° [de la ley 21.453] dispone expresamente que el incumplimiento será sancionado con una multa del 15% del valor FOB de la parte incumplida, facultando a la Autoridad de Aplicación a dar por cumplidas las operaciones únicamente cuando existan causas no imputables al exportador". (iii) "[E]l Decreto N° 1177/1992, [...] artículo 5° establece que para la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 8° y 9° de la ley N° 21.453 serán de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecidos por el Código Aduanero. Asimismo, [...] la Resolución General N° 4799/2021 [...] reitera [...] en su art. 3 que: `A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero´".
(iv) "[L]a Dirección General de Aduanas resulta competente para instruir sumarios y aplicar sanciones en el marco del régimen regulado por la ley N° 21.453, en tanto dicho cuerpo normativo no ha sido derogado ni desplazado por los artículos 726 a 728 del Código Aduanero, que, como lo indica su propia Exposición de Motivos, no se superponen con la ley especial, sino que coexisten con ella".
(v) "[N]o se ha acreditado circunstancia alguna que permita considerar que la DJVE N° 20003DJVE002241L haya sustituido, reemplazado o absorbido a la DJVE N° 20003DJVE002181Y, ni que existiera una única operación de exportación subyacente".
(vi) "[L]a firma Molinos Florencia S.A.U. resulta responsable de la infracción prevista en la citada norma [artículo 9 de la ley N° 21.453], como derivación directa del incumplimiento de las obligaciones asumidas al momento de acogerse al régimen excepcional de exportación de productos agrícolas". (vii) "En lo concerniente a la invocación del principio de ley penal más benigna, [...] cabe rechazar de plano su aplicación, por cuanto [...] no nos hallamos ante un supuesto de antinomia normativa ni ante un conflicto de leyes en pugna que impongan sanciones divergentes sobre idéntica conducta. Muy por el contrario, lo que se presenta es una relación de subordinación entre un régimen general, previsto en el Código Aduanero, y un régimen especial, articulado por la Ley 21.453, cuya especificidad normativa —dirigida exclusivamente a la operatoria de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE)— excluye la aplicación subsidiaria del primero".
(viii) "[T]ratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable".
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA I
51545/2025 MOLINOS FLORENCIA SAU (TF 128330720-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO II. Que la parte actora apeló y expresó los siguientes agravios (v. presentación del 16 de julio de 2025 en páginas 182/188 del DEO 21438898) que no fueron contestados:
(i) "[L]a sentencia incurre en una contradicción evidente, por cuan[t]o al mismo tiempo que reconoce que mi representada exportó la mercadería a la cual se había comprometido, le impone una pena como si hubiere incumplido su obligación de exportación".
(ii) "La sentencia reconoce que existió sólo un cambio en la modalidad de entrega, pero que la exportación se cumplió e igualmente impone una pena como si hubiera existido un incumplimiento material, para una cuestión, que en [el] más gravoso de los supuestos, sólo podría ser encuadrad[a] como una cuestión formal".
(iii) "Está acreditado que se cumplió con la exportación de la mercadería comprometida. El simple cotejo de la documentación de la operación de exportación permite advertir lo expuesto. El producto, cantidades, precio y destino documentados en estos tres documentos, son idénticos, por lo cual se trató de una misma venta que cambio de modalidad por cuanto el proveedor requirió realizar la venta en firme en plaza y desligarse de la exportación". (iv) "Al propio tiempo que reconoce que [l]a mercadería fue exportada, entiende que la conducta igualmente resulta punible por el registro de una declaración de venta y debido a que el régimen normativo obligatorio para todos los exportadores, en virtud de deficientes normas reglamentarias, no admite modificación ulterior de la declaración jurada".
(v) "[S]e [m]e imputa [...] una supuesta infracción al régimen de la Ley 21.453 por motivos relacionados con una cuestión meramente formal, a pesar que la mercadería fue efectivamente exportada, cumpliendo con el objeto esencial del régimen y sin que se hubiere producido una afectación del bien jurídico tutelado por la norma".
(vi) "[S]e ha omitido por completo el análisis de la conducta material desplegada por el exportador y el exceso de punición del régimen derivado de normas reglamentarias, como consecuencia del cual, por cuestiones formales, se impone sanciones de carácter penal a conductas que no afectan ningún bien jurídico tutelado por la norma".
(vii) "[E]l régimen instituido por la Ley 21.453 y en función del cual se impone la sanción, no es de acogimiento voluntario.
El Decreto 654/2002 reinstauró la obligatoriedad de la ley 21.453 y se designó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (actualmente Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) como autoridad de aplicación.
[...] [E]n este contexto, a los fines de considerar la imputación planteada no podrá omitirse –como se ha hecho hasta el momento- la consideración de la conducta desplegada".
(viii) "[E]l Código Aduanero recepta los principios [...] del derecho penal en materia infraccional. [...] [R]ecepta [...] el principio de legalidad [...], non bis in ídem y de aplicación de la ley penal más benigna.
A su vez establece [...] la gradualidad de las penas y la posibilidad de disminuirlas por debajo de los mínimos legales cuando existieron motivos suficientes de atenuación (Art 916 del CA)".
(ix) "[L]a imputación formulada en estas actuaciones es [...] violatoria del principio de lesividad, por cuanto no ha existido una afectación a un bien jurídico tutelado".
Subsidiariamente, solicitó que se reencuadre "la cuestión como una infracción formal en los términos del art. 995 del Código Aduanero" o que se atenúe "la sanción por debajo de su mínimo legal en los términos de los arts. 915, 916 y 917 del CA", en tanto, consideró que "la DGA no puede imputar una infracción en los términos del art. 969 y al mismo tiempo aplicar la multa del 15% establecida en el artículo 9 de la ley 21.453, dejando de lado la multa del 10% fijada el art. 969 del CA ya que se vería vulnerado el principio de la `Ley Penal más Benigna´, vigente para las infracciones de naturaleza penal como la aquí tratada".
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA I
51545/2025 MOLINOS FLORENCIA SAU (TF 128330720-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Indicó, al respecto, que "la multa resulta desproporcionada, resultando contraria al art. 28 de la Constitución Nacional que impone la razonabilidad y proporcionalidad a los actos estatales".
III. Que la parte actora no demostró que la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal Fiscal de la Nación sea errónea (artículo 1180 del Código Aduanero).
En efecto, las objeciones formuladas no logran desvirtuar la conclusión central del pronunciamiento recurrido que es que "[N]o se ha acreditado circunstancia alguna que permita considerar que la DJVE N° 20003DJVE002241L haya sustituido, reemplazado o absorbido a la DJVE N° 20003DJVE002181Y, ni que existiera una única operación de exportación subyacente" y que "resulta responsable de la infracción prevista en la citada norma [artículo 9 de la ley 21.453], como derivación directa del incumplimiento de las obligaciones asumidas al momento de acogerse al régimen excepcional de exportación de productos agrícolas".
IV. Que el planteo subsidiario formulado para que se aplique la sanción de multa del 10% prevista en el artículo 969 del Código Aduanero en lugar del 15% según el artículo 9 de la ley 21.453 en función del principio de ley penal más benigna, encuentra una adecuada respuesta en las consideraciones y en las conclusiones desarrolladas por esta sala en las causas 17.648/2013 “Hierros SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 33.915/2015 “Agro Uranga SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 8.087/2018 “Agrenco Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 62.646/2018 “ Global Cereales SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 7.607/2019 “Delotte SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 31.603/2012 “Oligra SA c/ EN DGA s/ dirección general de aduanas”, 34.650/2023 “JL Gurrieri Legumbres SRL c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 41.832/2023 “Liag Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y 21.789/2024 “Aceitera General Deheza SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 5 de agosto de 2014, del 19 de abril de 2016, del 12 de noviembre de 2018, del 26 de marzo de 2019, del 22 de octubre de 2019, del 9 de diciembre de 2020, del 1 y 8 de febrero de 2024 y del 3 de junio de 2025, respectivamente, a las que, por razones de brevedad, corresponde remitir.
V. Que corresponde desestimar los agravios exhibidos por la parte actora y confirmar el pronunciamiento apelado.
VI. Que las costas se distribuyen en el orden causado dada la ausencia de réplica (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y artículo 1163 del Código Aduanero).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1.
Desestimar los agravios ofrecidos por la parte actora y confirmar el pronunciamiento apelado; y 2. Distribuir las costas en el orden causado. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia