Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 34.748-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 071/2014 (AD. SALT) recaída en las en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12751-307-2013, respecto de la firma MOLINOS MARIMBO S.A.I.C y al Sr. RENE ANTONIO BURGOS.
2Imponer las costas a la parte vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-119243490-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Octubre de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “MOLINOS MARIMBO S.A.I.C. c/ DGA s/recurso de apelación", expte. N°34.748-A., El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 9/18, la firma MOLINOS MARIMBO S.A.I.C. interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 071/2014, dictada por la Dirección General de Aduanas (AD SALT) en el marco del expediente N° SIGEA 12751-307-2013. Dicha resolución impone a la apelante una multa de $134.900,52, en los términos del artículo 954, apartado 1, inciso b)[1], del Código Aduanero, en relación con el Permiso de Embarque N° 13 053 EC01 000376 H.
La recurrente argumenta que existió plena coincidencia entre lo documentado y lo autorizado por el INAL y la mercadería que se intentaba exportar, y que el hecho cuestionado obedeció a un error humano ocurrido al momento del embolsado en planta. Asimismo, sostiene que la exigencia de gestionar el certificado del INAL configura una restricción a la exportación, pero no una prohibición. Cita jurisprudencia.
II. En la misma presentación, el despachante de aduanas, RENE ANTONIO BURGOS, expone que la declaración contenida en la destinación de exportación fue completa y veraz, y se correspondía con la documentación complementaria provista por el exportador. Asegura haber cumplido debidamente con las obligaciones inherentes a su función en la tramitación de la operación cuestionada. Invoca como sustento jurídico el artículo 908 del Código Aduanero.
III. A fs. 27/30, la representación fiscal contesta el traslado conferido. Señala que la conducta atribuida encuadra en la infracción prevista por el artículo 954, inciso b), del Código Aduanero. Destaca la potencialidad lesiva de la declaración inexacta y su impacto en el control aduanero, subrayando la posibilidad de una transgresión al régimen de exportación.
En cuanto a la responsabilidad del despachante, sostiene que su actuación fue negligente, configurándose así una falta culposa, al haber omitido la debida diligencia que le exige su rol profesional. En virtud de lo expuesto, solicita la confirmación de la resolución aduanera.
IV. A fs. 30 se dispone la apertura del período de prueba. A fs. 31, la firma desiste de la prueba pericial ofrecida, a fs. 42 se dispone el cierre del período probatorio y se elevan las actuaciones a la Sala G. A fs. 44 se ponen los autos a disposición de las partes para alegar. A fs. 60/61 obra el alegato de la actora y a fs. 62/66 el alegato del Fisco. A fs. 68 se pasan los autos a sentencia.
V. Como subyace, la empresa sindicada como responsable invoca el argumento clásico de la "tragedia logística": un error humano, involuntario, casi doméstico, nacido en el rincón más opaco de la cadena productiva —el embolsado— y ajeno, por tanto, al designio de causar daño o eludir controles. No hay aquí, dice la empresa, ni ocultamiento, ni dolo, ni ardid: hay solo una rotulación desacertada, fruto de una distracción comprensible. En su visión, la infracción no tiene consistencia jurídica porque no hay daño, ni intención, ni ganancia indebida. Se trataría, en todo caso, de un traspié administrativo sin consecuencias sustantivas. Y aún más: la exigencia de contar con el certificado del INAL —según razona la firma— no constituye una prohibición absoluta de exportar, sino una restricción formal, una suerte de aduana sanitaria que, en su caso, ya había sido cumplida desde el punto de vista material. Así, la apelante pretende desplazar el eje del juicio desde la infracción tipificada hacia una consideración más tolerante, que repare en la buena fe del operador y en la ausencia de lesividad concreta.
En paralelo —y no sin una cuota de dramatismo implícito— aparece la figura del despachante de aduana que se defiende con un argumento que puede parecer razonable, pero que no por ello deja de ser inquietante: yo declaré lo que me entregaron; mi función fue cumplida con fidelidad documental. Invoca el artículo 908 del Código Aduanero como escudo normativo y se presenta ante el Tribunal no como un sujeto activo del error, sino como un engranaje cumplidor dentro de un mecanismo que falló en otro sitio. Aquí resuena una tensión latente: ¿es el despachante un mero vehículo transmisor de papeles o un operador técnico-jurídico que debe ejercer un control mínimo de veracidad y congruencia? ¿Debe confiar ciegamente en la documentación que le entrega el exportador o debe ejercer un filtro profesional que lo distinga del simple cadete informatizado?
El alegato de Burgos parece sugerir una concepción despersonalizada de la función: no le corresponde verificar sino transmitir, no le toca fiscalizar sino vehiculizar. Sin embargo, en el subsuelo del proceso late la sospecha de que esa abdicación del juicio profesional no es inocua, sobre todo cuando se trata de productos alimenticios que cruzan las fronteras del Estado.
VI. En ese estado de cosas, por un lado, la empresa pide indulgencia sobre la base de un error trivial; por el otro, el auxiliar técnico que se proclama fiel mensajero de papeles ajenos. Pero lo que se abre aquí no es simplemente una discusión sobre culpas personales o excusas logísticas. Es, ante todo, el planteo de si el orden jurídico puede —o debe— tolerar que el cumplimiento de sus exigencias quede a merced de lo que ocurra en la trastienda de una planta industrial o en la bandeja de entrada de un despachante distraído. Lo que late, por debajo de los argumentos, es una cuestión que desborda lo aduanero: ¿puede el derecho público abdicar del rigor en nombre de la eficiencia o de la buena fe? ¿O debe sostener, aun en casos aparentemente menores, la exigencia de un estándar estricto, precisamente porque lo que se protege no es a las partes sino a la comunidad en su conjunto?
En este sentido, el expediente judicial se convierte en escenario de una batalla simbólica entre dos racionalidades: la lógica del “error comprensible” y la lógica del “deber normativo objetivo”. Lo que decidirá el Tribunal no es solo una multa, sino una forma de entender qué significa, hoy, cumplir con la ley. VII.- En este marco, debe descartarse la idea de que solo las transgresiones dolosas o los perjuicios efectivos justifican la imposición de una multa. Lo que importa, en rigor de verdad, es la aptitud de la conducta para frustrar los fines del control aduanero, incluso cuando el error haya sido casual, involuntario o aparentemente menor.
VIII. En efecto, la administración no puede darse el lujo de esperar a que el daño se consume. Su función no es llorar sobre el vaso derramado, sino impedir que se derrame. Y por ello, el estándar de imputación no es el de la culpa penal ni el del dolo contractual, sino el de la infracción objetiva. Es por ello que basta con que se vulneren las condiciones normativas que estructuran el procedimiento.
IX. En ese sentido, si bien la empresa intenta una defensa sutil, en orden a que el incumplimiento no constituía una verdadera "prohibición" de exportar, sino una "restricción", con toda verdad esa distinción subyace artificial, puesto que toda restricción sanitaria es, en los hechos, una condición de habilitación. Precisamente, el no cumplimiento de dicha condición transforma a la operación en jurídicamente inviable. Lo que está en juego no es la diferencia entre una traba absoluta y un trámite accesorio, sino la preservación de la confianza en el sistema de control sanitario del comercio exterior.
X. En esa comprensión del tema, cabe hacer notar que la legitimidad del régimen sancionador no se explica por la necesidad de castigar, sino por la de preservar. No se trata de reprochar moralmente a la empresa, sino de afirmar un sistema de garantías colectivas donde la legalidad no es un juego retórico, sino una herramienta de prevención. Efectivamente, en un mercado regulado, el respeto de las reglas no es una opción ni una cortesía institucional: es un deber esencial, cuya violación —por mínima que parezca— erosiona la base misma de la seguridad jurídica. Sobre todo, cuando se trata de productos alimenticios, donde el incumplimiento de un número, un rótulo o un trámite puede derivar, en última instancia, en daños masivos, irreparables y transfronterizos.
XI. Como queda de manifiesto la función de la sanción, en este escenario, se redefine: no es el látigo simbólico que se descarga sobre el infractor, sino el mensaje normativo que reasegura el orden y la confianza en el sistema. No se castiga para vengar al Estado, sino para evitar que el descontrol se normalice. Por eso, también la sanción se vuelve un acto de pedagogía institucional, un recordatorio de que el cumplimiento estricto de los requisitos sanitarios no es una carga innecesaria ni un obstáculo burocrático, sino una garantía vital para la comunidad.
En definitiva, cabe volver a enfatizar como lo hice en otros precedentes pasados que el derecho administrativo sancionador no es un eco débil del derecho penal, sino un instrumento con lógica propia, construido para proteger bienes públicos que no admiten esperar al daño consumado. En este régimen, lo que se protege no es la reputación de la empresa ni la buena voluntad del despachante, sino la integridad de un sistema que sólo funciona si todos cumplen, todo el tiempo, con todo lo que deben cumplir. Y en esa lógica inflexible —pero necesaria—, no hay lugar para el consuelo fácil de la excusa técnica. Porque si la ley exige un certificado, no basta con tenerlo: hay que tener el correcto. De hecho si la etiqueta no coincide, la operación, simplemente, no puede pasar. Así habla el derecho cuando decide cuidar, antes que lamentar.
XII. En este sentido, es importante destacar que el resguardo que impone la norma y se alinea con este deber de cumplimiento, esta justamente en un interés que sobrepasa la cuestión de una mera restricción, por cuanto se ampara un interés general que excede toda cuestión económica o de simple requisito previo, por el contrario responde a cuestiones de protección de la salubridad. Debiendo destacarse que la protección de la salud y la obligación de su resguardo que pesa sobre el Estado preexisten al ordenamiento jurídico como tal. Así es que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación “…desde sus inicios entendió que el Estado Nacional está obligado a “proteger la salud pública” (Fallos: 31:273) pues el derecho a la salud está comprendido dentro del derecho a la vida que es “el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional” (Fallos: 302:1284; 310:112). Entendiendo el Máximo Tribunal de la Nación, que en el Preámbulo de la Constitución Nacional “ya se encuentran expresiones referidas al bienestar general, objetivo preeminente en el que, por cierto, ha de computarse con prioridad indiscutible, la preservación de la salud” (Fallos: 278:313, considerando 15)” -CSJN, “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986” del 01/06/2000-.
Por consiguiente, toda ausencia de estos recaudos, llevan a impedir la concreción de una exportación. Conllevando a no ser posible, frente a su omisión estarse ante una mercadería que sea hábil para ser extraída del territorio aduanero. Lo cual no resultará factible de sanearse sin una debida intervención de la autoridad que realice la comprobación, mediante estudios necesarios, para certificar si el producto esta apto para consumo.
XIII. En ese orden de ideas, cabe recordar que en el marco del derecho administrativo sancionador, resulta ineludible distinguir la naturaleza de esta potestad respecto de la potestad punitiva ejercida en el ámbito penal, pues lejos de hallarnos ante una mera variación de intensidad en la reacción estatal, se trata de regímenes disímiles en su fundamento, su lógica y sus objetivos. Mientras el derecho penal busca preservar la libertad individual frente al delito consumado, el derecho administrativo tiene por norte ordenar las conductas de los sujetos hacia la consecución de fines públicos, mediante un régimen de deberes positivos cuya inobservancia vulnera no tanto a personas determinadas, sino al entero orden funcional del Estado regulador.
En tal sentido, la conducta obligada en sede administrativa no surge de un límite negativo al obrar, sino de una directiva positiva que canaliza la actividad del administrado hacia una finalidad que la autoridad considera esencial para el cumplimiento de sus competencias constitucionales. Así, no se exige un daño concreto ni un peligro probado, sino basta la inobservancia de la regla, pues ella representa por sí misma una afectación a la integridad del sistema jurídico que se pretende resguardar.
Precisamente en determinados supuestos, el deber de protección de derechos colectivos —como la salud pública, la seguridad alimentaria o el control sanitario en fronteras— impone a la administración la obligación de sancionar a quien incurra en un apartamiento injustificado de las exigencias normativas, por más que dicho apartamiento carezca de intencionalidad dolosa o de perjuicio inmediato. El interés general, por definición, no admite demoras, excusas ni tolerancias frente al incumplimiento de deberes esenciales Por consiguiente, atento a lo expuesto y verificado el incumplimiento objetivo de una norma que impone la correspondencia entre el rotulado de la mercadería y la certificación sanitaria otorgada por el organismo competente, corresponde concluir que la conducta aquí analizada se encuentra subsumida dentro de la infracción prevista en el artículo 954, inciso b), del Código Aduanero. La omisión, aún involuntaria, de ese recaudo elemental, compromete la función de control que el Estado ejerce en defensa del interés colectivo, y justifica la aplicación de la sanción como manifestación legítima de la potestad administrativa en resguardo de la legalidad sustancial.
XIV. Habiéndose considerado que el hecho en relación con el Permiso de Embarque N° 13 053 EC01 000376 H 001, encuadra dentro de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso b), del Código Aduanero, por el cual ha sido objeto de condena la firma MOLINOS MARIMBO S.A.I.C. y al despachante RENE ANTONIO BURGOS, ingresaremos en el análisis de la responsabilidad de estos sujetos y el decisorio de condena que dispuso la Resolución N° 071/2014, dictada por la Aduana de Salta, aquí objeto de apelación.
En este contexto, la configuración de la infracción prevista en el artículo 954, inciso b), del Código Aduanero no exige necesariamente la producción de un perjuicio efectivo, sino que se satisface con la existencia de una declaración inexacta con aptitud para inducir a error al servicio aduanero. En consecuencia, el análisis no se centra en la intención o la diligencia del obligado, sino en la potencialidad lesiva de su conducta frente a la función de control que ejerce la Aduana.
Siendo entonces necesario traer a colación el aforismo romano ubi emolumentum ibi onus, conforme al cual quien se beneficia de una actividad debe también soportar las cargas que dicha actividad genera. Así, si una actividad con fines lucrativos ocasiona perjuicios, aun sin mediar culpa, dichos perjuicios deben ser asumidos por quien obtiene el beneficio, a fin de evitar un desequilibrio injustificado entre las partes involucradas.
Particularmente, si quienes desarrollan actividades sujetas a fiscalización pudieran transferir los costos de su cumplimiento a terceros (o al Estado), manteniendo los beneficios, ello atentaría contra el principio de justicia distributiva. En otras palabras, si todo operador cumpliera siempre con la normativa aplicable, el Estado no tendría necesidad de destinar recursos a su fiscalización. Pero, como dicha situación resulta irreal en la práctica, la sanción aparece como una herramienta legítima para redistribuir las cargas que genera la actividad controlada.
XV. Por las razones antes expresadas, los presupuestos de imputación en el derecho administrativo sancionador no demandan la configuración típica del delito ni el despliegue de la culpa o el dolo como elementos imprescindibles. Lo que se tutela no es un bien jurídico individual, sino la regularidad funcional del aparato estatal, en particular la confiabilidad del sistema de control aduanero, como manifestación de la soberanía administrativa y como instrumento técnico de protección del interés supraindividual. De ahí, cabe destacar que en materia aduanera la responsabilidad infraccional puede emerger aun sin necesidad de acreditar intención o negligencia, siempre que la conducta observada sea objetivamente contraria a la normativa vigente. Es decir, la infracción se configura cuando el administrado incumple una obligación impuesta debido al interés general, sin que sea exigible una evaluación de culpabilidad subjetiva. Se trata de una responsabilidad fundada en el deber de fidelidad al orden jurídico, que impone cargas particulares a quienes voluntariamente se insertan en regímenes especiales —como el comercio exterior— regidos por un control técnico y formal intensivo.
Cabe hacer notar que el fenómeno contemporáneo de la delegación del control sobre riesgos difusos ha generado un ensanchamiento progresivo de las estructuras de imputación en sede administrativa, admitiéndose esquemas de responsabilidad objetiva o incluso vicaria, siempre que se respeten los principios de razonabilidad y legalidad sustancial. En este contexto, el incumplimiento normativo no es tolerable por su eventual levedad, ya que la reiteración de infracciones menores socava —por acumulación— los fines estructurales de la función administrativa.
Por ello mismo, la potestad sancionadora del Estado en el marco del derecho administrativo no exige, para su despliegue legítimo, la existencia de un daño individual concreto, pues su finalidad no es proteger una esfera de libertad subjetiva, sino garantizar el cumplimiento eficaz de las reglas que ordenan la convivencia institucional y la operativa regulatoria del Estado. En tal sentido, el incumplimiento de requisitos esenciales, incluso por vía de error, puede y debe dar lugar a la aplicación de sanciones cuando tales omisiones comprometen el interés público.
Así y todo, va de suyo que esta forma de responsabilidad no es ilimitada ni inmune a eximentes. Cabe la posibilidad de excluir la responsabilidad administrativa cuando se acredite una imposibilidad absoluta de cumplimiento, o cuando concurran causas debidamente justificadas que impidan la imputación razonable del hecho. Asimismo, la eventual ausencia de culpa, sin eximir de responsabilidad, puede operar como elemento atenuante a efectos de graduar la sanción en función del principio de proporcionalidad. Justamente, evaluando el caso sub examine bajo tales parámetros, se concluye que el error invocado por la firma actora —consistente en el rotulado incorrecto del producto a exportar con un número de RNPA distinto al autorizado por el INAL— configura una infracción objetiva a la normativa vigente, en tanto representa una vulneración concreta al régimen de control de exportaciones de productos alimenticios. Ello da lugar a una situación con clara potencialidad lesiva respecto del sistema normativo que tutela la salubridad pública en el marco del comercio exterior, y por tanto, impone la confirmación de la sanción aplicada en los términos del artículo 954, inciso b), del Código Aduanero.
En efecto, la actora ha reconocido expresamente que la diferencia en el número de RNPA se debió a un error de embolsado en planta, lo cual evidencia el incumplimiento objetivo del deber de control y diligencia exigido en la operatoria. A su vez, no se ha demostrado la existencia de una imposibilidad absoluta que exima de responsabilidad, sino más bien lo contrario: se trató de un error simple y perfectamente evitable mediante una mayor diligencia.
Por ende, la alegación del error involuntario no resulta suficiente para desvirtuar la tipicidad de la conducta ni conmover los fundamentos de la resolución aduanera apelada.
XVI. En lo que respecta a la responsabilidad del despachante de aduana, debe señalarse que, a los fines del artículo 954 del Código Aduanero, lo relevante es que la declaración efectuada en la destinación aduanera coincida con lo verificado.
Ahora bien, la normativa específica sobre la responsabilidad del despachante se encuentra en los artículos 902 y 908 del mismo cuerpo normativo. En dichos artículos se establece que el despachante de aduana es solidariamente responsable del pago de la multa por declaraciones inexactas, salvo que acredite haber actuado con la diligencia debida y haber cumplido cabalmente con las obligaciones propias de su función. De esta manera, si demuestra haber obrado con el debido cuidado profesional, la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre la persona por él representada, quedando exento de culpa.
En este marco, corresponde analizar si el despachante ha observado con el grado de prudencia exigible los deberes impuestos por la legislación aduanera. Su actuación debe ser evaluada en función del cumplimiento del deber de colaboración, que encuentra sustento no sólo en normas específicas del derecho aduanero, sino también en principios generales de raigambre constitucional vinculados a la legalidad, la buena fe y la veracidad en los procedimientos administrativos.
En el presente caso, como se ha acreditado, la mercadería destinada a la exportación se encontraba rotulada con un número de RNPA que no coincidía con el consignado en el certificado del INAL N° 101683/2013. Se trataba de una discrepancia fácilmente detectable, que no requería de una verificación compleja o técnica, sino de una simple constatación documental que cualquier operador diligente, y en especial un profesional especializado como el despachante de aduana, debió advertir.
No se exige al despachante una investigación exhaustiva sobre la autenticidad del conjunto de documentos, pero sí se impone que su accionar no se limite a una actividad meramente mecánica o automática. Debe ejercer un control básico y razonable sobre aspectos formales y esenciales, como la coincidencia entre el número de autorización emitido por el I.N.A.L. y el rotulado de la mercadería, sobre todo cuando —por su formación, experiencia y rol técnico-jurídico— se encuentra en condiciones de prever y advertir dichas incongruencias, sumado a la importancia del cumplimiento de las reglas que se establecen para proteger estarse ante un producto hábil para ser exportado, imponen una carga mayor de cuidado de control en el auxiliar aduanero.
En virtud de lo expuesto, y considerando que no ha demostrado haber actuado con la debida diligencia exigida por su rol profesional, incurriendo en una conducta negligente. En consecuencia, corresponde confirmar lo resuelto por el servicio aduanero respecto de su responsabilidad solidaria en los términos del artículo 902 del Código Aduanero.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N° 071/2014 (AD. SALT) recaída en las en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12751-307-2013, respecto de la firma MOLINOS MARIMBO S.A.I.C y al Sr. RENE ANTONIO BURGOS.
2. Imponer las costas a la parte vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio Segura:
I. Que me remito al relato de los hechos expuestos en los Considerandos I al III del Voto del Dr. Miguel N. Licht.
II. En lo que respecta al fondo del asunto, la infracción indilgada en autos es la establecida en el artículo 954 del Código Aduanero, que tutela el principio de la veracidad y exactitud de las declaraciones y manifestaciones que se presentan ante las aduanas.
El art. 954 de ese Código reprime y sanciona -en correlación al bien jurídico protegido- al que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración inexacta, que de pasar inadvertida, produjere o pudiere producir, entre otros supuestos: “b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción”.
Que, en el caso de autos, el servicio aduanero constató diferencias en la verificación física y documental del SIM 13 053EC01 000376H, atento a que una fracción de la mercadería no se correspondía con el número de autorización del certificado del INAL Nº 101683/2013, y que en las bolsas se encontraba un numero de RNPA no coincidente con el autorizado para la exportación el RNPA 0250011 (ver a fs. 21/23 de las act.adm.).
Específicamente, según acta fs. 3 el servicio aduanero aduanero “…detectó del cruce del control de la documentación correspondiente, con la inscripción del número del R.N.P.A., impreso en las bolsas de Harina de Trigo Tipo 000, cargadas en los camiones patentes (TRACTOR/SEMI) ICI148/IED273 y KNC671/HAJ976; que el mismo no coincidía con el declarado en el certificado del I.N.A.L. con código electrónico nº 495945885351, encontrándose tipificado el hecho, prima facie, en infracción al art. 954 inc. b) de la Ley 22.415…”
Que la recurrente exportadora manifiesta que la discrepancia detectada entre la mercadería que se pretendía exportar y la autorizada por el INAL se debió a un error cometido en planta. Aclarando, que la firma comercializa la harina 000 para el mercado local en bolsas con R.N.P.A. № 04017554 у para la exportación, con R.N.P.A. Nº 0250011 (Chile), y R.N.P.A. de Brasil y Bolivia. Agregando, que al momento de realizarse la carga de la exportación por un desafortunado error humano las bolsas se mezclaron, quedando empaquetada parte de la mercadería que se pretendía exportar en bolsas correspondientes a mercado interno.
Sin perjuicio de la expuesto, y siendo el bien jurídico tutelado en la infracción la declaración inexacta, la veracidad y exactitud que deben regir las manifestaciones efectuadas en las destinaciones aduaneras, y la correspondencia de dichas manifestaciones con lo efectivamente comprobado por el servicio aduanero, correspondiendo tener por configurada la infracción, atento a la discordancia entre lo declarado en el permiso en cuestión y lo verificado físicamente por el servicio aduanero, configurando tal situación una transgresión a una prohibición a la exportación, tipificada como hecho infraccional en el art. 954, inc. b), del C.A.
III. Que resta analizar la responsabilidad del despachante de aduana. El art. 907 del C.A. establece una responsabilidad solidaria del importador o exportador por el hecho punible cometido por el despachante de aduana en aquellos casos que los hubiere representado.
Que, en el caso, conforme lo afirma la firma exportadora en autos y en sede administrativa, la discrepancia detectada por el servicio aduanero se debió a un error en la logística cometido en la planta de la empresa al momento de cargar de la mercadería que era para su exportación y la que era para la venta en el mercado interno, y dicho error resulta ajeno al despachante.
Por lo expuesto, lo declarado por despachante fue conforme a lo manifestado por el Exportador (ver contestación de oficio a fs. 35 de autos), y lo que resultaba de la documentación complementaria acompañada. Asimismo, en lo atinente a su intervención personal surge de las actuaciones que cumplió debidamente con las obligaciones a su cargo en el trámite de la destinación de exportación. En virtud de ello, la diferencia detectada por el servicio aduanera no resulta atribuible al despachante de aduanas, quien cumplió con las obligaciones inherentes a su cargo por lo cual corresponde eximirlo de responsabilidad, de conformidad con el precepto emergente del art. 908 C.A.
Que al respecto se aplica la doctrina de la Corte Suprema, in re “Garibotti, Armando” (Fallos, 287:191), acerca de que queda, en principio, exento de responsabilidad el despachante de aduana que cumpliendo con las obligaciones a su cargo, se atiene a lo manifestado por el importador/exportador, y a lo que resulte de la documentación complementaria, salvo que incurra en hechos personales que lo comprometan. Se produce, como ha dicho la CNCAF, Sala IV, in re “Nadia SCA”, del 28/4/83, “una inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al despachante la obligación de probar la existencia de causales de exculpación”. En igual sentido, la Sala 1 de la C. Nac. Cont.-Adm. Fed. Cap., in re “De Fabriziis y D´Orsi SRL”, del 19/10/82, puntualizó que “los antecedentes absolutorios de la Cámara en esta materia exigen que la parte haya probado que cumplió con las obligaciones a su cargo, o que tal circunstancia se desprenda de los antecedentes administrativos tenidos a la vista al resolver”.
En razón de todo ello, y toda vez que el despachante de aduana se ajustó en su declaración a la documentación aportada por su mandante, corresponde revocar la multa endilgada al despachante de aduanas RENE ANTONIO BURGOS, en los términos del art. 954, inc. b) del C A.
IV. Que las costas se imponen conforme a sus respectivos vencimientos (conf. Art. 1163).
Por ello, VOTO POR:
1. CONFIRMAR la Resolución Nº 071/2014, dictada en las actuaciones Nº 12751-307-2013, respecto de la firma MOLINOS MARIMBO SAIC, por de la infracción de declaración inexacta, conf. art. 954 inc. b) del C.A., Con costas a la actora.
2. REVOCAR la Resolución Nº 071/2014, dictada en las actuaciones Nº 12751-307-2013, respecto del Despachante de Aduanas RENE ANTONIO BURGOS, por la infracción de declaración inexacta, conf. art. 954 inc. b) del C.A., con costas a la DGA.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N° 071/2014 (AD. SALT) recaída en las en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12751-307-2013, respecto de la firma MOLINOS MARIMBO S.A.I.C y al Sr. RENE ANTONIO BURGOS.
2. Imponer las costas a la parte vencida.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
[1] Se advierte que, si bien la parte resolutiva de la resolución apelada hace referencia a la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) del Código Aduanero, de las constancias de la causa surge inequívocamente que la imputación formulada, la sustanciación del sumario y la defensa ejercida por la aquí actora, así como la contestación del Fisco, tuvieron lugar en el marco de la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. b) del C.A. del mismo cuerpo normativo.
Date: 2025.10.24 15:35:10 ART Date: 2025.10.24 15:37:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.27 13:21:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.27 13:22:31 -03:00
Fin de la sentencia