Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 33.551-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA Nº 2633/2013, dictada en la Actuación SIGEA N° 12043-443-2005.
2Costas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-48473797-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Abril de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 33.551-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 2633/2013, dictada en la Actuación SIGEA Nº 12043-443-2005, en cuanto rechaza la impugnación incoada por la firma MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. contra los Cargos FE N° 703 a 710/2003 relativos a las destinaciones Nº 02 001 EC03 025082 B/019616 H/026800 A/026874 L/ 023764 G/ 023756 H/ 023770D/ 023891 H por la suma de $ 96.558,45 con más los intereses art. 794 del C.A.
II. Fundamentos de la apelación: a fs. 11/15vta. se presenta la actora mediante apoderada y, con patrocinio letrado, interpone recurso de apelación contra la mencionada resolución. Alega que se cometió un error al marcar el casillero “no” en lugar de “si” en la hoja declaración de Valor en la pregunta ¿incluye derechos y demás tributos a la exportación?, y que el cómputo del coeficiente es correcto por lo que el cálculo de la base imponible y de los tributos. Hace referencia a los términos de la cláusula FOB y enfatiza que en el precio FOB están incluidos todos los impuestos, tasas o cargas de exportación. Señala que para la legislación aduanera el valor FOB incluye los derechos, por lo que deben ser descontados para la determinación de la base de cálculo de esos mismos tributos. Cita jurisprudencia del TFN. Asegura que se incurrió en un error al responder a la pregunta contenida en el formulario de Declaración de Valor . Cita jurisprudencia y normativa.
Finalmente, ofrece prueba, y solicita que se revoque la resolución apelada, dejándose sin efecto los cargos respectivos.
III. Contestación del traslado: a fs. 27/31vta. la representante fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto. En primer lugar, cumple con la negativa genérica de todos y cada una de las afirmaciones, de hechos y de derecho invocado por la actora, como así también de toda documentación que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Continúa con un breve relato de los hechos y pasa a contestar los agravios. Considera que no se calculó correctamente la base imponible para la destinación en trato de acuerdo a lo documentado en el formulario OM 1993/2 SIM. Cita párrafos de la resolución aduanera. Ratifica la formulación del cargo en tanto señala que en el referido formulario se habría indicado que el precio no incluía los derechos y demás tributos a la exportación. Cita jurisprudencia y el texto de los artículos 321 y 322 del C.A. Manifiesta que la Aduana puede revisar y efectuar cargos suplementarios, con independencia de lo que se haya liquidado inicialmente. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace la reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución aduanera con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12043-442-2005 se inician a fs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15 con los cargos N° 703 al 710/03 ( todos con fecha 02/09/23) fundamentados “… por el perjuicio fiscal ocasionado debido a que no se calculó la Base Imponible en pesos de acuerdo a la declaración efectuada en el formulario OM1993/2 SIM…”, con relación a las destinaciones N°02 001 EC03 025082 B/019616 H/026800 A/026874 L/ 023764 G/ 023756 H/ 023770D/ 023891 H. A fs.2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 lucen las carpetas originales de los permisos de embarque N° 02 001 EC03 025082 B/019616 H/026800 A/026874 L/ 023764 G/ 023756 H/ 023770D/ 023891 H, contendiendo asimismo la documentación complementaria. A fs. 17/vta se notificaron los cargo a la firma MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (12/09/2003). A fs. 18/22vta. obra la impugnación presentada por la exportadora, en fecha 23/09/03. A fs. 29 se tiene por presentada a la recurrente y pasan las actuaciones a la Div. Sección de Expo para que produzcan el informe técnico de su competencia. A fs. 30/36 obra la Nota de fecha 12/10/2006- Informe técnico. A fs. 38 la actora como mediada de mejor proveer ofrece una certificación contable. A fs. 42/43vta. se acompaña la certificación contable, la cual es tenida por agregada a fs. 44, en fecha 23/02/07. A fs. 45/51 obran copias de sentencias de este Tribunal y resolución de PJN. A fs. 52 se ratifica el informe técnico obrante a fs. 32/36 (Nota N° 222/07- 27/06/07). A fs.53 se ponen las actuaciones para alegar y a fs. 56/58 obra el alegato presentado en fecha 19/12/08. A fs. 60/61 Obra a Nota N° 61/13 (RAMO 2). Finalmente, a fs. 64/67vta. se dicta la resolución apelada en autos.
V. Corresponde resolver, si la resolución aquí apelada, por la que se rechazó la impugnación deducida por la actora y se confirmaron los cargos formulados, en relación con los permisos de embarques involucrados, se ajusta a derecho.
Conforme surge de las declaraciones contenida en los PE, que se tienen a la vista, resulta contradictoria si se tiene en cuenta que en el cuadro correspondiente a “Declaración de la Mercadería – a)Opciones/b)Ventajas” se indica “DEREXPINCLUFOB=SI”, y en tanto en el formulario de “Declaración de los elementos relativos al valor de exportación” se tildó el casillero “SI” (cruz tildada de puño y letra) y “NO” (cruz tildada preimpreso en el formulario) a la pregunta: ¿si el precio incluye derechos y demás tributos a la exportación? (v. carpetas de los PE. en las act. adm.).
Frente a ello, atento la fiscalización llevada a cabo por el servicio aduanero sobre las destinaciones bajo análisis, el mismo considero que en el formulario OM 1993/2 SIM se habían declarado que no estaban incluidos los derechos de exportación en el valor FOB, y por ende, consideró mal calculada la base imponible, motivando dicha circunstancia a la formulación de los cargos cuestionados.
Cabe señalar, que el art. 322, última parte, del C.A. -norma vigente a la fecha de los hechos- dispone que el servicio aduanero podrá autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera siempre que la misma no configure delito o infracción. Asimismo, no surge de los actuados aduaneros que el servicio aduanero haya imputado delito ni infracción algunos; se limitó, en cambio, a formular los cargos aquí cuestionados.
VI. Conforme lo dispuesto por los arts. 735 y 736 del C.A., en lo que ahora importa, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo, a los efectos del cálculo de los derechos de exportación ad valorem, es el valor FOB en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea, como las que se consideran. El valor FOB incluye los tributos a la exportación que deben ser pagados antes del libramiento de la mercadería, salvo los casos en que el libramiento fuere autorizado bajo el régimen de garantía (conf. art. 789 C.A.). El libramiento de la mercadería procede una vez efectuados los trámites relativos al despacho de la mercadería y pagados o garantizados los tributos correspondientes (art. 347 del C.A.). No obstante, lo dispuesto por el art. 735 del C.A., el art. 737 del mismo cuerpo normativo dispone que se excluyen del valor imponible los derechos y demás tributos que gravaren la exportación “a fin de evitar la liquidación de los tributos a la exportación sobre una base de cálculo -un precio de venta en determinadas condiciones- que incluya, a su vez, el importe de los eventuales derechos que deben pagarse” (Alsina, Mario A. - Basaldúa, Ricardo X. - Cotter Moine, Juan P., “Código Aduanero - Comentarios – Antecedentes – Concordancias”, Tomo V, pág. 284, Abeledo Perrot, Bs. As., 1987).
Por consiguiente, si bien el valor FOB en principio incluye los tributos que gravan la exportación, éstos deben excluirse a fin de determinar la base imponible, siempre que el exportador manifieste haberlos incluido en el precio FOB documentado.
VII. Que de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que la actora declaró en cada uno de los PE un valor FOB coincidente con el indicado en la factura respectiva (v. carpetas de los PE act. adm.), conforme se detalla:
No obstante, del cotejo de las “DECLARACIONES DE LOS ELEMENTOS RELATIVOS AL VALOR DE EXPORTACIÓN, surge que algunos campos de dicho formulario OM 1993/2 se encuentran preimpresos, mientras que otros se hallan marcados de puño y letra.
Específicamente, en lo que aquí se cuestiona, lo consignado por la exportadora como respuesta a la pregunta del campo 10 a) relativa a ¿si el precio incluye derechos y demás tributos a la exportación? Surge a simple vista del referido formulario, que dicha pregunta -10 a)- tiene como respuesta, marcados ambos casilleros; “SI” y “NO”; en el primer caso, con una cruz de puño y letra en tinta azul, y en el segundo, con una cruz pre-impresa en tinta negra en el formulario de declaración de elementos relativos al valor. Del análisis realizado, corresponde entender que el valor FOB declarado, en cada una de las destinaciones involucradas en la presente comprende los tributos a la exportación. Nótese que el coeficiente de 0,833330 indicado en cada una de las destinaciones se obtiene por la fórmula 1/1,20, toda vez, que la alícuota de los derechos de exportación era del 20%.
Que dicha ambigüedad, en la respuesta en lo declarado en el formulario de elementos relativos al valor; pregunta del campo 10 a), obedece a un error (en el caso de haberse querido consignar la respuesta afirmativa debería haberse despejado el casillero “NO”, y en caso de haber querido responder por la negativa, debería haberse dejado en blanco el casillero “SI”, como acontece en el resto de los campos que requieren este tipo de respuestas).
Destacando, que si bien, la recurrente contradijo lo declarado en los formularios de elementos relativos al valor al deducir los tributos a la exportación, el servicio aduanero, también yerro, atento a que no detuvo las destinaciones, ni solicitó aclaraciones, en dicha oportunidad, dando curso favorable a los permisos, no obstante, la ambigüedad luego señalada.
En virtud de lo expuesto, entiendo que quien ha cometido un error siendo negligente en colocar indebidamente una “X” en la referida declaración (en este caso, dejando una en el casillero que no correspondía) deba, si pretende modificar una situación que resulta clara y objetivamente de su propia declaración, demostrarlo fehacientemente (Conforme mi voto en Sent. de fecha 18/07/14, autos “VIDRIERIA ARGENTINA S.A. c/DGA”, Sala E, Expte. TF N° 27.036-A).
Sin embargo, si el error de la actora hubiera sido no en la declaración de la no inclusión de tributos en el FOB, sino en la indebida deducción efectuada al FOB o valor imponible para determinar la base imponible, la invocada causa del cargo sería a todas luces inobjetable, pues obviamente habría correspondido tomar la base imponible mayor y no la reducida con la que la actora liquidó derechos. De este modo, considero que la forma de poder conocer ciertamente cuál resulta ser la respuesta correcta, cumpliendo con la referida demostración, es cotejar la declaración con la factura comercial y lo declarado en el permiso de embarque. Y, a su turno, también evaluar la prueba producida por la actora en sede administrativa.
A mayor abundamiento, resulta relevante de la prueba producida en sede administrativa (obrante a fs. 43 de las act. adm.) consistente en una certificación contable la cual se concluye que los Derechos de Exportación se encuentran incluidos dentro del valor FOB declarado en cada PE. En tanto, dicha certificación aparece verosímil y no encontrándose argumentos para controvertir su resultado, a la vez que la declaración de la exportadora en el campo “a) Opciones / b) Ventajas” de los permisos de embarque resulta afirmativa, en cuanto a que están incluidos los derechos de exportación en el valor FOB (“DEREXPINCLUFOB = SI”).
Por lo expuesto, considero improcedente la formulación del cargo aquí cuestionado.
VIII. A mayor abundamiento, corresponde señalar que el art. 321 del Código Aduanero dispone que: “…la declaración contenida en la solicitud de destinación de exportación es inalterable una vez registrada, y el servicio aduanero no admitirá del interesado rectificación, modificación o ampliación alguna, salvo las excepciones previstas en el Código”.
El artículo 322 del C.A -norma vigente a la fecha de los hechos-contempla las excepciones a ese principio de inalterabilidad, en cuanto dispone que: “El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera cuando su inexactitud hubiera podido configurar una infracción aduanera siempre que tal inexactitud fuera comprobable de su simple lectura o de los documentos complementarios a ella y fuera solicitada con anterioridad a que la diferencia hubiera sido advertida por cualquier medio por dicho servicio, a que hubiera un principio de inspección aduanera o a que hubieran iniciado los actos preparatorios del despacho ordenado por el agente verificador. Asimismo el servicio aduanero podrá autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera siempre que la misma no configurare delito o infracción.”.
De este modo, el artículo bajo análisis requiere que para poder rectificar a los fines y efectos allí previstos, se requiere que la inexactitud sea comprobable de la simple lectura de la propia declaración o de la documentación complementaria, y que configure una infracción aduanera, dicha rectificación, ampliación o modificación debe ser solicitada, con anterioridad, a que la diferencia hubiera sido advertida por cualquier medio por dicho servicio, a que hubiera un principio de inspección aduanera o a que hubieran iniciado los actos preparatorios del despacho ordenado por el agente verificador.
Si, por el contrario, como en el caso de autos, no se configurarse una infracción, se faculta al servicio a autorizar dichas modificaciones sin ninguna limitación temporal, por lo tanto, es posible rectificar la declaración en los términos del art. 322 última parte del C.A., y la oportunidad que tenía la recurrente para rectificar, modificar o ampliar los permisos cuestionados, era mediante la impugnación incoada en sede administrativa, la que habría producido los efectos de una rectificación.
Por ello, no puede considerarse un obstáculo para el cuestionamiento del cargo la circunstancia de que la actora no haya pedido y/o intentado y/o efectuado la rectificación de la declaración de los P.E. (en orden a la corrección del supuesto error por ella invocado) con el requisito de oportunidad exigido por el art. 322 del C.A , toda vez, que el requisito de oportunidad, así como el de naturaleza sustancial, sólo se requieren cuando la inexactitud hubiera podido configurar una infracción (art. 322 primera parte). (Conf. Sent 27/10/16 en autos “Aviaser S.A. c/DGA” Expte. 24.947/11, CNACAF Sala I).
Resultando aplicable lo resuelto por este Tribunal: “Que la posición asumida por el Fisco se encuentra imbuida de un formalismo tal que ignora la realidad de la operación de exportación, más aún cuando la Aduana desconoce la manifestación de la actora de que el valor imponible sí incluía los derechos y demás tributos, efectuada tanto en el permiso de embarque, como se señaló en diversos campos, como con posterioridad al impugnar el cargo en sede aduanera.” (“Vidrieria Argentina S.A. c/DGA”, Expte. TF N° 13.106-A, Sala F, Sent. 6/7/01).
En consecuencia, corresponde revocar la resolución aduanera apelada y dejar sin efecto los cargos formulado, con imposición de costas a la vencida.
Por todo lo expuesto, voto por:
Revocar la Resolución DE PRLA N° 2633/2013, dictada en la Actuación SIGEA Nº 12043-443-2005, y dejar sin efecto los Cargos FE N° 703/03, 704/03, 705/03, 706/03, 707/03, 708/03, 709/03, 710/03 relativo a las destinaciones N° 02 001 EC03 025082 B, 02 001 EC03 019616 H, 02 001 EC03 026800 A, 02 001 EC03 026874 L, 02 001 EC03 023764G , 02 001 EC03 023756 H , 02 001 EC03 023770 D y 02 001 EC03 023891H , con costas a cargo del fisco.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, así como el sistema normativo sobre el cual versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. Coincido con lo manifestado en el Considerando VIII del voto del vocal preopinante en torno a los requisitos sustantivos y temporales que deben cumplirse para poder rectificar a los fines y efectos previstos en la norma.
III. No obstante, disiento en relación con el resto de lo manifestado en ese mismo Considerando, teniendo en cuenta que el análisis realizado a los efectos de la rectificación menciona al error cometido por la actora como un acto de negligencia pasible de ser subsanado mediante una simple constatación. Dicho pronunciamiento libera a la apelante de toda responsabilidad, cuando en realidad ese mismo error obliga al servicio aduanero a realizar una actividad supletoria de constatación que debería ser responsabilidad exclusiva del declarante. En lo que aquí interesa, la verificación del error supuestamente manifiesto genera un exceso en la distribución de las cargas entre la aduana y el contribuyente, lo que amerita la imputación de la infracción enrostrada. El contribuyente debió dar aviso al servicio aduanero de dicha incongruencia plasmada en la hoja de valor y no pretender que sea este último quien deba realizar cálculos y estimaciones para determinar si realmente el precio incluía o no derechos y demás tributos a la exportación.
La falta de actuación por parte del contribuyente en este sentido deja plasmado su desinterés en efectuar una declaración válida y congruente que permita a la DGA efectuar los controles pertinentes de los Permisos de Embarque y su documentación complementaria. Importa dejar sentado, además, que la sanción administrativa parte de la base que una conducta es susceptible de ser sancionada cuando produce un quiebre en las reglas de justicia distributiva. Así las cosas, cuando se produce la infracción de una norma que estadísticamente y desde una perspectiva general encierra una cierta peligrosidad, la autoridad se ve obligada a su fiscalización. En tal sentido, debe señalarse que esa situación no puede quedar indemne sin menoscabo del particular que no provocó esa necesidad de intervención administrativa. En orden a lo expuesto, cabe recordar que una característica propia del derecho administrativo sancionador es la anticipación al problema, pues una de las funciones de la potestad sancionadora administrativa es ser un instrumento de gestión de la política regulatoria. Y ello es así, toda vez que el modelo sancionatorio administrativo es adecuado a las necesidades de la regulación administrativa de actividades de interés general.
IV. En ese orden de ideas, corresponde hacer notar que la vía utilizada por la apelante para solicitar la rectificación no es la ajustada a derecho. Dicho pronunciamiento no se trata de un excesivo rigor formal, puesto que el instituto de la rectificación procede cuando la solicitud de la misma es clara y no condicionada. En el presente se observa la inexistencia de ambos requisitos, ya que la misma fue interpuesta en instancia de impugnación, cuando la DGA ya había detectado el error. Como el propio encabezado del escrito lo indica (ver fs. 18 de las Actuaciones Administrativas), la firma inicia procedimiento de impugnación, por lo que la intención de rectificar no resulta ser del todo clara y concisa. Lo que hubo aquí fue la impugnación de unos cargos, no una rectificación. Al respecto, cabe aplicar en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Compañía de Circuitos Cerrados c/Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva”, sentencia del 9/03/2010, Fallos 333:161), según la cual “…la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros)”.
V. En virtud de lo señalado, considero que los argumentos esgrimidos por la apelante no encuentran asidero legal para hacer caer el incumplimiento endilgado, por lo que cabe concluir que debe confirmarse la resolución aduanera apelada.
Que por todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA Nº 2633/2013, dictada en la Actuación SIGEA N° 12043-443-2005.
2. Costas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA Nº 2633/2013, dictada en la Actuación SIGEA N° 12043-443-2005.
2. Costas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.04.28 17:20:15 ART Date: 2023.04.28 18:23:21 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.28 22:52:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.28 22:52:32 -03:00
Fin de la sentencia