Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones N° 82/18, 83/18 y 90/18 (SDG OAI) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA SIGEA N° 12509-287-2015, 12509-288-2015 y 17134-839-2015.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-33486137-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Marzo de 2023 General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° 39038-A.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° 39038-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I.— Que, a fs. 82/96 vta. se presenta, por apoderado la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 82/18, 83/18 y 90/18 (SDG OAI) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA N° 12509-287- 2015, 12509-288-2015 y 17134-839-2015 mediante las cuales, el Servicio Aduanero no hizo lugar a las acciones de repetición incoadas por la apelante, por la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.287.655,44), PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($2.269.732,37) y PESOS UN MILLON CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS ($1.120.787,14) más los intereses correspondientes a los permisos de embarque N° 14 057 EC03 000640 X, 14 057 EC03 000639 Z y 14 057 EC03 001397 S.
Sostiene que el Decreto N° 1719/2012, el cual estableció derechos de exportación, resulta inconstitucional por cuanto viola el principio de reserva de ley y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, por entender que los mismos son de naturaleza tributaria. En consecuencia, manifiesta que debió aplicarse el precedente “Camaronera Patagónica” donde se afirmó que el único poder legítimamente facultado para crear tributos es el Poder Legislativo mediante la sanción de una ley y que no existe ningún otro poder del estado con dicha competencia. En tal sentido manifiesta que el art. 755 del C.A. no califica como una norma delegante válida a efectos de que el Poder Ejecutivo Nacional pueda fijar derechos de exportación, ello atento a que no determina de manera cierta e indubitable cuál es la forma de cuantificar la respectiva obligación tributaria, ni prevé parámetros máximos y mínimos para su fijación.
Realiza un análisis de los antecedentes normativos. En este sentido, refiere que a través del art. 19 del Decreto 509/2007 el Poder Ejecutivo Nacional fijó una alícuota de un 5% a la exportación de biodiesel entrando en vigencia a partir del 24/05/2007, el cual fue ratificado por la Honorable Cámara de Senadores mediante Resolución 41/2007 y la Honorable Cámara de Diputados mediante Resolución 49/2007 con fecha 10/12/2007. Señala que, asume como válida la alícuota de derecho de exportación fijada en dicho decreto, sin perjuicio de reservarse el derecho de iniciar en el futuro acciones legales que entienda pertinentes respecto de dicha ratificación. Expresa que las posteriores modificaciones a la alícuota fueron mediante resoluciones y decretos que no han sido ratificados ni convalidados por ley formal del Congreso de la Nación y, consecuentemente, resultan ilegítimas.
A tal efecto, señala que la misma fue elevada al 20% a través del dictado de la Resolución 126, la cual entró en vigencia a partir del 13/03/2008. Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 100/2012 que entró en vigencia 01/02/2012 que fijó los derechos de exportación del biodiesel en la alícuota del 20%. Luego se elevó al 32% a través del dictado del Decreto 1339/2012 que entró en vigencia el 11/08/2012. Ninguna de ellas fue ratificada por el Congreso Nacional. Finalmente, el Decreto 1719/2012 creó un régimen de alícuotas móviles que se calculan a través de la aplicación de una fórmula que tiene en cuenta un precio de referencia fijado por la Unidad Interdisciplinaria de Monitoreo y los costos totales, el cual tampoco fue convalidado por el Poder Legislativo Nacional.
De acuerdo con el análisis que antecede, el apelante manifiesta que lo que aquí se repite es lo pagado en exceso -asumiendo como válida la alícuota del 5%- en concepto de derechos de exportación de biodiesel fijados por el Decreto 1719/2012. Justifica la procedencia de la acción de repetición intentada. Menciona el derecho a mantener incólume el crédito tributario. Manifiesta que, la tasa de interés del 0,50% mensual, fijada por el art. 3 de la Resolución 314/04, y la prohibición de actualización monetaria establecida en la Ley 23.928 y sus modificaciones, resultan ilegítimas e inconstitucionales al producir un daño económico y financiero cierto a la firma. Expresa que la tasa de interés es violatoria del derecho de igualdad, seguridad jurídica y legalidad.
En subsidio, plantea la aplicación de una tasa de interés resarcitoria o compensatoria. Señala la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para expedirse sobre autos. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal, solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y deje sin efecto la resolución recurrida, con costas al fisco.
II.— Que a fs. 106/118 la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Realiza una negativa genérica. Efectúa un análisis de las actuaciones administrativas. Afirma que la correcta interpretación del fallo “Camaronera” no lo hace aplicable al caso en cuestión y, por lo tanto, la interpretación que realiza la apelante no recepta el análisis completo de la sentencia dictada ni el sentido que quiso darle la C.S.J.N. En efecto, señala que el Máximo Tribunal no ha declarado la invalidez de las alícuotas por derechos de exportación, sino por el contrario, su validez. En este sentido, refiere que no se trata de una norma carente de respaldo legal al entender que ha habido una clara política legislativa y que los recaudos mínimos del tributo poseen sustentación normativa. En consecuencia, afirma que la resolución aquí atacada ha sido dictada en el marco de las funciones que acuerda al Poder Ejecutivo los arts. 664 y 755 del C.A, con la limitación determinada por el art. 666 del citado cuerpo legal. Afirma que la delegación efectuada a favor del Poder Ejecutivo Nacional resulta legítima. Manifiesta que, si bien los derechos se expresan en dólares estadounidenses, ello es solo a efecto de enunciar los valores involucrados en una divisa única y a los fines de su “determinación”, pero se abonan en PESOS de curso legal. En efecto, la devolución debe concretarse en la misma moneda con la cual se canceló la obligación tributaria. Desconoce los montos reclamados por la apelante en tanto no presentó liquidación alguna. Menciona la aplicación de la tasa de interés de la Resolución 314/04 y la prohibición de la actualización de los créditos fiscales. Plantea la incompetencia de este Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de normas jurídicas. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III.— Que, de la compulsa de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, las que corren por cuerda, resulta que el procedimiento de repetición iniciado por la firma respecto de las sumas de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.287.655,44), PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($2.269.732,37) y PESOS UN MILLON CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS ($1.120.787,14) más los intereses, correspondientes a los permisos de embarque N° 14 057 EC03 000640 X, 14 057 EC03 000639 Z y 14 057 EC03 001397 S, concluyó con el dictado de las Resoluciones N° 82/18, 83/18 y 90/18 (SDG OAI) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA N° 12509-287-2015, 12509-288-2015 y 17134-839-2015, las cuales fueron apeladas en esta instancia.
IV.— Que, afs. 124, se declara la causa de puro derecho, a fs, 147, se elevan los autos a la Sala "F" y, a fs. 148, quedan en estado de dictar sentencia.
V.— En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo Plenario n° IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN, de fecha 26/04/2022, dictada por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN,) en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VI.— Que siendo ello así, y en virtud de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 11.683, resultando en el caso aplicable la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde confirmar la resolución apelada. En este sentido, y dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el plenario de referencia respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas en razón de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma aquí cuestionada -a cuyo voto me remito-, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos abonados por la firma “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A” en relación a las destinaciones mencionadas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 1719/2012 el cual establece el derecho de exportación que aquí se litiga y mediante el cual se creó un régimen de alícuotas móviles que se calculan a través de la aplicación de una fórmula que tiene en cuenta un precio de referencia fijado por la Unidad Interdisciplinaria de Monitoreo y los costos totales. En efecto, hasta tanto se mantenga vigente el plenario de referencia, habré de aplicar -con la salvedad expuesta- el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un acuerdo plenario, aunque no comparta–estricto sensu- lo allí resuelto.
VII.— Que las costas deben imponerse por su orden en atención a la temática de la cuestión en trato y que, el fallo el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso (art. 1163 C.A.). Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar las Resoluciones N° N° 82/18, 83/18 y 90/18 (SDG OAI) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA N° 12509-287-2015, 12509-288-2015 y 17134-839-2015.
2.-Costas por su orden.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I.— Que, respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada por el Vocal preopinante.
II.— Que, sentado ello, cabe destacar, el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III.— Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV.— Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020- 24711043), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto dispusieron rechazar los pedidos de devolución de derechos de exportación formulados por la firma recurrente.
ASI LO VOTO.
V.— Que, por lo demás, y toda vez que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso, resulta procedente imponer las costas por su orden (cfme. doct. Sala “E” in re Molinos Rio Molinos Río de la Plata SA” del 16-11-00, y CNACAF Sala IV “Nestlé Argentina SA” 7-10-04 (TFN 15197-A). ASI TAMBIÉN LO VOTO.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar las Resoluciones N° 82/18, 83/18 y 90/18 (SDG OAI) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA SIGEA N° 12509-287-2015, 12509-288-2015 y 17134-839-2015.
2.-Costas por su orden.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A.Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18ª Nominación (Art. 1162 C.A.)
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese. -
Date: 2023.03.27 17:20:00 -03:00 Date: 2023.03.27 19:15:02 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.27 19:15:03 -03:00
Fin de la sentencia