Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 76/17 y 80/17 (DI RAHI) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA Nros. 12509-315-2015 y 17134-833-2015
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-33172948-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Marzo de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° 38.343-A.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 58/72 vta. se presenta, por apoderado la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 76/17 y 80/17 (DI RAHI) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA N° 12509-315-2015 y 17134-833-2015, mediante las cuales no se hizo lugar a las acciones de repetición incoadas por la aquí apelante, por las sumas de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($287.169,67) y SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS (764.455,9), más los intereses, ello respecto a las destinaciones nros. 14057 EC03 000733L y 14057 EC03 001286P.
Sostiene la parte que el Decreto N° 1719/2012, el cual estableció los derechos de exportación que aquí se cuestionan, resulta inconstitucional por cuanto violenta el principio de reserva de ley y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria. En tal sentido, señala que en forma unánime, la doctrina y la jurisprudencia, sostienen que los derechos de exportación tienen naturaleza tributaria. En consecuencia, manifiesta que debió aplicarse el precedente “Camaronera Patagónica” donde se afirmó que el único poder legítimamente facultado para crear tributos es el poder legislativo mediante la sanción de una ley y que no existe ningún otro poder del estado con dicha competencia.
En tal sentido manifiesta que el art. 755 del C.A. no califica como una norma delegante válida a efectos de que el Poder Ejecutivo Nacional pueda fijar derechos de exportación, ello atento que no determina de manera cierta e indubitable cuál es la forma de cuantificar la respectiva obligación tributaria, ni prevé parámetros máximos y mínimos para su fijación. Realiza un análisis de los antecedentes normativos. En este sentido, señala que a través del art. 19 del Decreto 509/2007 el poder ejecutivo Nacional fijó una alícuota de un 5% a la exportación de biodiesel, el cual fue ratificado por el la Honorable Cámara de Senadores con fecha 10/10/2007 y la Honorable Cámara de Diputados con fecha 10/12/2007.
Señala que si bien le asiste derecho a cuestionar jurídicamente esa ratificación, asume como válida la alícuota de derecho de exportación fijada en dicho decreto, sin perjuicio que se reserva el derecho de iniciar en el futuro acciones legales que entienda pertinentes. Expresa que las posteriores modificaciones a la alícuota fueron mediante resoluciones y decretos que no han sido ratificados ni convalidados por ley formal del Congreso de la Nación y, consecuentemente, ilegítimas. A tal efecto, señala que la misma fue elevada al 20% a través del dictado de la Resolución 126, la cual entró en vigencia a partir del 13/03/2008 y nunca fue ratificada por el Congreso de la Nación. Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 100/2012 que entró en vigencia 01/02/2012 que fijó los derechos de exportación del biodiesel en la alicuota del 20% y tampoco fue convalidado por el poder legislativo nacional.
Luego se elevó al 32% a través del dictado del Decreto 1339/2012 que entró en vigencia el 11/08/2012, la cual tampoco fue ratificado por el Congreso Nacional. Finalmente, la alícuota del 32% fue modificada por el Decreto 1719, el cual establece el derecho de exportación que aquí se litiga y mediante el cual se creó un régimen de alícuotas móviles que se calculan a través de la aplicación de una fórmula que tiene en cuenta un precio de referencia fijado por la Unidad Interdisciplinaria de Monitoreo y los costos totales. En tal sentido, remarca que tal decreto nunca fue convalidado por el poder legislativo Nacional y lo que aquí se repite es lo pagado en exceso -asumiendo como válida la alicuota del 5%- en concepto de derechos de exportación de biodiesel fijados por el Decreto 1719.
Justifica la procedencia de la acción intentada. Menciona el derecho a mantener incólume el crédito tributario y la prohibición de actualización de los créditos fiscales. Manifiesta que la tasa de interés del 0,50% mensual resulta ilegítima e inconstitucional al producir un daño económico ilegítimo. Expresa que la tasa de interés fijada por el art. 3 de la Resolución 314 es violatoria del derecho de igualdad, seguridad jurídica y legalidad. Señala la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para expedirse sobre autos. Cita jurisprudencia, hace reserva de plantear el caso federal, solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto y deje sin efecto la resolución recurrida, con costas al fisco.
II. Que a fs. 82/91 la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa.
Realiza una negativa genérica. Efectúa un análisis de las actuaciones administrativas. Afirma que la correcta interpretación del fallo “Camaronera” no lo hace aplicable al caso en cuestión y, por lo tanto, la interpretación que realiza la apelante no recepta el análisis completo de la sentencia dictada ni el sentido que quiso darle la C.S.J.N. En efecto, señala que el Máximo Tribunal no ha declarado la invalidez de las alícuotas por derechos de exportación, sino por el contrario, la validez de dichos derechos. En este sentido, señala que no se trata de una norma carente de respaldo legal al entender que ha habido una clara política legislativa y que los recaudos mínimos del tributo poseen sustentación normativa. En consecuencia, afirma que la resolución aquí atacada ha sido dictada en el marco de las funciones que acuerda al Poder Ejecutivo los arts. 664 y 775 del C.A, con la limitación determinada por el art. 666 del citado cuerpo legal. Expresa, que en “Camaronera”, la CSJN señalo que la realidad imperante en el comercio internacional, traducida en la velocidad del intercambio de mercaderías como también en el vertiginoso cambio coyuntural exterior, justifican la delegación en cabeza del Poder Ejecutivo a los efectos de establecer los aranceles y su quantum en función de los cambios producidos en el contexto internacional como en la necesidad de mitigar los efectos de este “promoviendo, protegiendo y conservando” las actividades productivas nacionales.
Manifiesta que si bien los derechos se expresan en dólares estadounidenses, ello es solo a efecto de enunciar los valores involucrados en una divisa única y a los fines de su “determinación”, pero se abonan en PESOS de curso legal. En efecto, la devolución debe concretarse en la misma moneda con la cual se canceló la obligación tributaria.
Cita jurisprudencia en sustento a su postura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que, de la compulsa de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, las que corren por cuerda, resulta que el procedimiento de repetición iniciado por la firma respecto las sumas de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($287.169,67) y SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS (764.455,9)
más los intereses, correspondientes a las destinaciones N° 14057 EC03 000733L y 14057 EC03 001286P, concluyeron con el dictado de las Resoluciones nros. 76/17 y 80/17 (DI RAHI), recaídas en las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12509-315-2015 y 17134-833-2015, apeladas en esta instancia.
IV. Que a fs. 114 se elevan los autos a la Sala “F” y, a fs 115, quedan en estado de dictar sentencia.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictada por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN,) en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”
VI. Que siendo ello así y en virtud de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 11.683, resultando en el caso aplicable la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde confirmar la resolución apelada. En este sentido, y dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el plenario de referencia respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas en razón de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma aquí cuestionada -a cuyo voto me remito-, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos abonados por la firma “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A” en relación a las destinaciones mencionadas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 1719/2012 el cual establece el derecho de exportación que aquí se litiga y mediante el cual se creó un régimen de alícuotas móviles que se calculan a través de la aplicación de una fórmula que tiene en cuenta un precio de referencia fijado por la Unidad Interdisciplinaria de Monitoreo y los costos totales. En efecto, hasta tanto se mantenga vigente el plenario de referencia, habré de aplicar -con la salvedad expuesta- el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un acuerdo plenario aunque no comparta –estricto sensu- lo allí resuelto.
VII. Que las costas deben imponerse por su orden en atención a la temática de la cuestión en trato y que el fallo el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso (art. 1163 C.A.) Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 76/17 y 80/17 (DI RAHI) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA Nros. 12509-315-2015 y 17134-833-2015 2.-Costas por su orden.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada por el Vocal preopinante II.- Que, sentado ello, cabe destacar el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF- 2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV. Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020- 24711043), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma recurrente. ASÍ LO VOTO.
V. Que, por lo demás, y toda vez que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso, resulta procedente imponer las costas por su orden (art. 1163). ASÍ TAMBIÉN LO VOTO. Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 76/17 y 80/17 (DI RAHI) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA Nros. 12509-315-2015 y 17134-833-2015 2.- Costas por su orden.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18ª Nominación (Art. 1162 C.A.)
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese Date: 2023.03.23 23:06:22 -03:00 Date: 2023.03.27 12:29:11 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.27 12:29:12 -03:00
Fin de la sentencia