Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 31.098-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de los cargos involucrados en autos y en consecuencia revocar la resolución AD SALO n° 285/2012 recaída en las actuaciones administrativas nro. 12509-64-2009.
2Costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-126417302-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Octubre de 2023 General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 31.098-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales Titulares integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente n° 31.098-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs 19/50 vta., se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución AD SALO 285/2012 recaída en el SIGEA nro. 12509-64-2009, por la que se rechazó la impugnación interpuesta y se confirmó los Cargos Nros. 2567 a 2586 del año 2008. Señala que la Ley 26.351 modificó los términos de la Ley 21.453 introduciendo un nuevo momento imponible y que la misma afecta derechos adquiridos. Afirma que la firma contaba con la propiedad o tenencia de la mercadería antes del aumento de las alícuotas, tornando improcedente el cargo impugnado. Plantea la inconstitucionalidad de la Ley 26.351 y su aplicación retroactiva. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
II. Que, a fs. 64/73, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Se refiere a los hechos que dieron origen al expediente y lo decidido en la instancia administrativa. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la actora. Se refiere a los derechos de exportación. Realiza consideraciones respecto de las Leyes 21.453 y 26.351 Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el resolutorio aduanero, con costas a la contraria.
III. Que, a fs. 74/75, se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 90/97, 271/275, 278, 611, 619, 677 y 685. A fs. 775 se cierra el periodo probatorio. A fs. 691/707 la parte acompaña las sentencias recaídas en autos caratulados “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ ENA- AFIP- DGA s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO, en trámite por ante la Cámara de Apelaciones de Córdoba, SALA B, el cual declara la inconstitucionalidad de los art. 4 y 5 de la Ley N° 26.351 y el art. 2 del Decreto N° 764/08. A fs. 691 obra el resolutorio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A fs. 785 vta. se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen para alegar. A fs. 790/792 vta. se incorpora el alegato de la demandada, a fs. 793/794 vta. el de la actora y, a fs. 796 los autos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que, las actuaciones administrativas correspondientes a la causa n° 12509-64-2009 obran agregadas por cuerda en un total de 162 fojas, las cuales culminan con la Resolución N° 285/2012 AD SALO, apelada en autos.
V. Que, el reclamo tributario formulado por el servicio aduanero- Cargos nros. 2567/2586 todos del año 2008- tiene como únicos antecedentes a las Resoluciones de la Oficina Control Comercial Agropecuario (ONCCA) n° 1487/2008 y 1898/2008 que enmarcan las destinaciones de exportación amparadas por las declaraciones juradas de venta al exterior realizada por la ahora recurrente.
El servicio aduanero entendió que, en función de lo dispuesto por la Ley 26.351, correspondía formular reclamos suplementarios de tributos a la firma actora respecto de las operaciones de exportaciones referidas, como también, los intereses devengados desde entonces.
Dicho ello, cabe destacar que esta Sala “F” ha fijado posición uniforme en casos análogos, donde la cuestión visceral desentraña analizar cargos –suplementarios o no- y resoluciones aduaneras adonde el único sustento que los motiva tienen como piedra basal la norma de referencia, madre de las Resoluciones ONCCA 1487 y 1898.
El razonamiento tiene como eje de motivación la ya pacífica jurisprudencia sobreviniente en sendas impugnaciones judiciales que tuvieron como objeto la validez de las resoluciones ONCCA dictadas al amparo de la también cuestionada Ley 26.351 y su Decreto reglamentario 764/2008 (Cámara Federal de la Plata –Exptes. T.F.N. nros. 31.068-A y 30.969-A “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A.”-; Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV -Exptes. T.F.N. nros. 36.646-A, 30.808-A y 33.201-A “OLEAGINOSA MORENO HNOS S.A.”-).
En todos ellos se declaró la nulidad de sendas resoluciones ONCCA y la inconstitucionalidad de la Ley n° 26351 y su Decreto reglamentario n° 764/2008 solicitada por las exportadoras, y los pronunciamientos dictados a tales efectos consolidaron nuestra primigenia convicción de que lo justo encontraba marco en los criterios sentados en tales procesos, en tanto no se puede mantener la presunción de legitimidad de las Resoluciones ONCCA nros. 1487/08 y 1898/08, en tanto no se hallaban adecuadamente motivadas ni sustentadas en los antecedentes de hecho referidos a la situación de las exportadoras, limitándose como piedra basal, de modo general y abstracto, a la falta de acreditación, por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I, de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación. En apretada –pero no menos contundente- síntesis, se coligieron cargos administrativos que tuvieron como objeto operaciones de exportación documentadas mediante distintos permisos de embarque, realizadas al amparo de las declaraciones juradas de venta al exterior incluidas en el Anexo I de la Resolución ONCCA 1487/2008, resolución que mediante decisiones judiciales del fuero fue declarada a la postre inválida, al igual que los artículos 4 y 5 de la Ley 26351 que los sustentaron.
VI. En este orden de ideas, y para dar respuesta a la cuestión sometida a estudio, cabe recordar que, el objeto del recurso interpuesto por ante este Tribunal fue el de revocar la resolución aduanera en tanto rechazó la impugnación formulada por MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A., respecto del procedimiento de impugnación, donde el único sustento de la instancia administrativa fueron aquellas normas que judicialmente fueron reputadas nulas e inconstitucionales.
Este cauce axiológico me conmina a proponer que, desde ya, el resolutorio aduanero apelado debe ser revocado.
Ello así, en base a un razonamiento central: el primero y ventral, que radica en la justa apreciación que en los múltiples pronunciamientos ya descriptos supra, motivaron la decisión de los magistrados actuantes. El segundo -que entiendo, inconmovible- está centrado en la consecuencia del primero, y que radica en la estoicidad del principio que implica no arribar a sentencias encontradas y evitar así el escándalo jurídico (Fallos: 323:368; 328:3903; 333:1857, entre muchos otros) que podría generarse en el hipotético caso en el que este Tribunal dicte un decisorio convalidante de aquellas normas en base a las cuales el servicio aduanero construyó el cargo formulado y que judicialmente fueron declaradas nulas e inconstitucionales, sentencias cuya solidez y fundamentación se comparten.
Por ello, son razones de economía procesal, certeza, celeridad y seguridad jurídica y en consecuencia de justicia, las que aconsejan la conveniencia de sostener y mantener la uniformidad de la jurisprudencia, en el entendimiento que de este modo se contribuye a “afianzar la justicia” uno de los pilares del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, siendo repugnante a derecho convalidar la existencia de pronunciamientos disímiles, ante el planteo de casos similares, sólo por las diferentes interpretaciones que de la Ley pudieran llevar a cabo jueces de distintas jurisdicciones (cf. Fallos CNE 3100/03 y 4387/2010). En este orden de ideas, corresponde revocar la Resolución AD SALO n° 285/2012 recaída en el SIGEA nro. 12509-64-2009, mediante el cual no se hizo lugar a la impugnación presentada por la aquí actora y declarar la nulidad de los Cargos Nros. 2567 A 2586 todos del año 2008, formulados a la firma MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
En cuanto a las costas del proceso, el particular contexto de la cuestión traída a debate y, centralmente, que lo decidido encuentra razón en la tacha de inconstitucionalidad de un acto emanado por el Estado nacional, me conmueve a proponer que las costas las deba soportar la demandada vencida.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad de los cargos involucrados en autos y en consecuencia revocar la resolución AD SALO n° 285/2012 recaída en las actuaciones administrativas nro. 12509-64-2009.
2. Costas al Fisco.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiere al voto del Dr. González Palazzo.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de los cargos involucrados en autos y en consecuencia revocar la resolución AD SALO n° 285/2012 recaída en las actuaciones administrativas nro. 12509-64-2009.
2. Costas al Fisco.
Suscriben la presente los Dres. Christian González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17a Nominación y Pablo A. Garbarino (Vocal Títular de la Vocalía de la 16a Nominación), ello en los términos del art. 1162 del C.A.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese. Date: 2023.10.24 15:41:33 -03:00 Date: 2023.10.24 18:42:21 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.24 18:42:22 -03:00
Fin de la sentencia