Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 32.060-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución 717/12 (AD SALO) y por ende los cargos 536/12, 538/12, 539/12, 540/12, 541/12, 543/12, 544/12, 545/12, 546/12, 547/12, 548/12, 549/12, 550/12, 551/12, 552/12, 553/12, 554/12, 555/12, 556/12, 557/12, 558/12, 559/12, 560/12, 561/12, 562/12 y 563/12.
2Imponer las costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-135351466-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Noviembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía 14a. Nominación se encuentra vacante), con la presidencia del Vocal designado en segundo término, para resolver en los autos caratulados “Molinos Río de la Plata S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, Expte. 32.060-A. El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: La firma Molinos Río de la Plata S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución 717/12 (AD SALO), dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12509-196-2012 (anterior actuación SIGEA 12539-155-2011). Mediante dicha resolución se resolvió rechazar la impugnación oportunamente deducida y confirmar los cargos 536, 538 al 541 y 543 al 563 del año 2012. La actora realiza un resumen de la cuestión en debate y relata los antecedentes del caso, indicando que la ley 21.453 estableció un régimen especial para la exportación de ciertos productos agrícolas, definiendo el mecanismo para la liquidación de los derechos de exportación y estableciendo la aplicación del régimen tributario vigente a la fecha de cierre de cada venta.
Agrega que la ley 26.351 contiene disposiciones que modifican el régimen de la ley 21.453, estableciendo que ante un incremento de las alícuotas de los derechos de exportación acaecido entre la fecha de registro de la DJVE y la fecha de oficialización del permiso de embarque, los exportadores estarán obligados a acreditar que la tenencia o adquisición de la mercadería consignada en la DJFE tuvo lugar con anterioridad a que se produjera el aludido incremento, correspondiendo en caso contrario abonar los derechos de exportación según las alícuotas más altas entre aquellas vigentes a: (i) la fecha de registro de las DJVE y (ii) la fecha de oficialización de la respectiva destinación de exportación.
Refiere además que tanto la ley 26.351 como su decreto reglamentario -764/08- disponen la proyección de sus efectos de manera retroactiva, al alcanzar a las DJVE registradas con anterioridad a su dictado. Continúa indicando que los requisitos para acreditar la tenencia o adquisición fueron establecidos por la Resolución 543/08 de la ONCCA, y que a través de la Resolución 1898/08 está indicó que Molinos Río de la Plata S.A. no había cumplido con la exigencia de acreditar la tenencia y/o adquisición de la mercadería en forma previa al incremento de las alícuotas, respecto de 14 DJVE, relacionadas con 26 permisos de embarque de exportación, a saber: DJVE 00065235 relacionada al PE 08057EC01004043K; DJVE 00071539 relacionada al PE 08057EC01005090N; DJVE 00071539 relacionada al PE 08057EC01005097U; DJVE 00064064 relacionada al PE 08057EC01005383S; DJVE 00071539 relacionada al PE 08057EC01005823R; DJVE 00066136 relacionada al PE 08057EC01006263Z; DJVE 00066136 relacionada al PE 08057EC01006272Z; DJVE 00071654 relacionada al PE 08057EC01006320K; DJVE 00065234 relacionada al PE 08057EC01006497C; DJVE 00065234 relacionada al PE 08057EC01006498D; DJVE 00064824 relacionada al PE 08057EC01006526S; DJVE 00064824 relacionada al PE 08057EC01006530N; DJVE 00053939 relacionada al PE 08057EC01000666R; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01012378T; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01012386S; DJVE 00054267 relacionada al PE 08057EC01012452M; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01012620J; DJVE 00052838 relacionada al PE 08057EC01012696W; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01000260H; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01000661M; DJVE 00056461 relacionada al PE 08057EC01002625Y; DJVE 00056461 relacionada al PE 08057EC01002627Z; DJVE 00056461 relacionada al PE 08057EC01002651N; DJVE 00056461 relacionada al PE 08057EC01002683S; DJVE 00064064 relacionada al PE 08057EC01003317N; DJVE 00060855 relacionada al PE 08057EC01003541M.
Procede luego a expresar agravios, indicando en primer lugar que los cargos formulados atentan contra derechos adquiridos por Molinos al amparo del artículo 6 de la ley 21.453. Explica que la ley 26.351 modifica la ley 21.453, ya que para que una ley revista el carácter de aclaratoria debe despejar dudas sobre conceptos oscuros, equívocos o dudosos de la ley que intenta aclarar, siendo que nada de ello sucede con la 26.351, sino que por el contrario ésta introduce nuevas exigencias que no estaban contempladas en la ley 21.453. Frente a ello, entiende que la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 5 de la ley 26.351 se desprende en forma nítida de su carácter retroactivo en cuanto afecta los derechos adquiridos de los exportadores que registraron DJVE según la legislación vigente con anterioridad a su entrada en vigencia -16.01.08-, bajo el art. 6 de la ley 21.453.
Refiere que si el exportador, conforme al régimen de la ley 21.453, registró una DJVE y consolidó el tratamiento fiscal aplicable -el vigente a la fecha de cierre de venta- cualquier modificación legislativa posterior que establezca un mayor nivel de alícuotas o de base imponible y, por consiguiente, una mayor carga fiscal afecta un derecho adquirido. Arguye que la pretensión de los artículos 4 y 5 de la ley 26.351 -de alcanzar a las DJVE registradas antes de su sanciónaltera situaciones que han quedado definitivamente consolidadas, desconociendo que, según la interpretación de la Corte Suprema, el régimen de la ley 21.453 busca proteger a los exportadores de las normas posteriores que aumentasen la carga tributaria de las exportaciones.
Sostiene que a través del decreto 764 el Poder Ejecutivo pretendió fijar los alcances de la retroactividad dispuesta por la ley 26.351 y es allí donde radica la ilegitimidad de la norma, resultando dicho decreto violatorio del artículo 17 de la Constitución (“CN”), dado que extendió las disposiciones de la ley 26.351 a DJVE registradas antes del dictado de la ley que se reglamenta. Añade que dicho decreto desconoce el orden de prelación normativa previsto en el artículo 31 de la CN, resultando inconstitucional al apartarse del verdadero sentido de la ley, desnaturalizando y violando la doctrina jurisprudencial de la Corte que ampara el derecho adquirido con sujeción al régimen jurídico aplicable a la fecha en la que se fijó el régimen tributario de la operación de exportación.
Plantea que la Resolución 543 se apartó del decreto que la precedió y extendió la retroactividad por todo el período de la prescripción de los derechos aduaneros, lo que dio lugar a que la ONNCA pretenda aplicar la ley 26.351 a todas las exportaciones cuya obligación de pago de derechos de exportación no se encuentre prescripta a la fecha de su entrada en vigencia -conf. art. 803 del CA-, violándose los arts. 17 y 31 de la CN y la ley 21.453 hasta el máximo límite de irrazonabilidad posible, con la paradoja de que cuanto menor es la jerarquía de la norma más se agrava la situación de la inconstitucionalidad del marco normativo general. Expresa que es indudable que la ley 26.351, el decreto 764 y las resoluciones 543 y 1898 violentan los principios de certeza, seguridad jurídica, razonabilidad, buena fe y confianza legítima.
Luego, expresa que Molinos acreditó debidamente la tenencia y/o adquisición de la mercadería en trato, y se explaya en sus argumentos. Deja asentado que la ONCCA únicamente tuvo en cuenta la información proveniente del formulario MC15 -Stocks de Subproductos- omitiendo considerar los stocks de granos que Molinos tenía en los acopios de las empresas –formulario MC14-, en las plantas procesadoras –formulario MC15G- y en acopios de terceros. Agrega que Molinos no es una empresa dedicada a la exportación de granos, sino que compra los granos al efecto de transformarlos en subproductos - harina y aceite- y comercializarlos, y que es por ello que sus compras y stocks de granos tienen como única finalidad su transformación en subproductos.
Como prueba de ello alega que Molinos no documentó exportaciones de granos y que dicha información surge del SIM, por lo cual sostiene que desconocer las tenencias y adquisiciones de granos a los efectos de respaldar las DJVE de subproductos no tiene fundamento lógico o legal, y genera un grave perjuicio para la empresa. Menciona las compras de granos (porotos de soja) a recibir con precio fijado, fijo y/o ambos para su procesamiento, destacando que Molinos cumplió con el art. 1 de la ley 26.351 para acreditar tenencia o adquisición con anterioridad a la entrada en vigencia de los incrementos de alícuota de las resoluciones 368/07, 369/07 y 125/08, y que por ello, a los efectos de acreditar tenencia o adquisición, deben ser tenidas en consideración las operaciones de la cosecha 2006/2007, 2007/2008, las compras efectuadas en el MAT y desconocidas en el cálculo y otra tenencias o adquisiciones sobre las cuales expone sus fundamentos.
Por todo ello, alude que, al tomar únicamente como tenencia o adquisición los stocks de subproductos informados por Molinos, se podrá concluir que la pretensión de la AFIP-DGA resulta ilegal, arbitraria y discriminatoria. Determina la tenencia o adquisición de subproductos de soja entre el 10.11.07 y el 11.03.08 realizando un detalle de los stocks físicos teórico de porotos de soja al 31.10.07, de las compras de poroto de soja pendientes de recepción con precio fijo y a fijar al 31.10.07, compras realizadas con precio fijo y a fijar entre el 01.11.07 y el 09.11.07, el total de granos no considerados por la ONCCA al 09.11.07, la molienda realizada entre el 01.11.07 y el 09.11.07, el stock de aceite de soja y de harina de soja al 09.11.07 y las compras de soja con precio fijo y a fijar entre el 10.11.07 y el 11.03.08.
Subsidiariamente, plantea la inconstitucionalidad de los derechos de exportación cuya percepción se persigue, en función de que han sido establecidos por un funcionario incompetente, alegando que el art. 755 del CA no puede convertirse en sustento normativo adecuado para el cobro de los derechos de exportación establecidos por el Ministerio de Economía, tornando inconstitucionales a las resoluciones que establecen tales impuestos. Añade que el citado artículo delega exclusivamente en el Poder Ejecutivo las facultades de establecer derechos de exportación, sin facultarlo a que subdelegue las atribuciones conferidas. Plantea la improcedencia de los intereses resarcitorios establecidos por el artículo 794 del CA, con fundamento en la mora no culpable, considerando que Molinos procedió conforme a derecho y que la ONCCA excedió cualquier parámetro razonable para resolver el recurso de reconsideración contra la resolución que dio origen a los cargos.
Expresa que, en caso de no prosperar los argumentos que invoca, se debe considerar su improcedencia en virtud de la irrazonabilidad de la tasa de interés aplicada para deudas en dólares como la que aquí se reclama. Asimismo, expresa que la aplicación de la tasa de interés para deudas en dólares excede la naturaleza compensatoria del interés establecido en el art. 794 del CA y lo convierte en una verdadera sanción. Cita jurisprudencia, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Previo emplazamiento, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido (fs. 64/72). Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por la contraria que no hayan sido objeto de su reconocimiento. Relata los hechos. Sostiene los argumentos contenidos en las resoluciones administrativas y dictámenes obrantes en las actuaciones. Posteriormente, realiza su interpretación de la ley 26.351, indicando que la misma tuvo por finalidad aclarar el alcance de la ley 21.453 ante el incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios. Transcribe lo establecido en el art. 1 de la ley 26.351 y lo reglado por el decreto 764/08, sosteniendo que lo que se pretendió con el dictado de los mismos fue evitar que ante un inminente cambio normativo que aumente los derechos de exportación se registren operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor, generándose alteraciones en el normal desenvolvimiento del mercado exportador, ocasionándose así un perjuicio para el fisco nacional.
Indica que es potestad de la ONCCA llevar el registro de las declaraciones juradas de venta al exterior, al igual que dictar la normativa para establecer los requisitos mediante los cuales se acreditará la tenencia o adquisición de la mercadería, siendo quien comunicará posteriormente a la AFIP lo relativo a ello. Expresa que fue en los mencionados términos que la ONCCA dictó las resoluciones 1487/08 y 1898/08, en la que se consigna un listado de DJVE correspondientes a empresas exportadoras que no han acreditado la adquisición o tenencia de mercadería, siendo este el requisito para tributar la alícuota menor. Se expresa respecto a lo alegado por la contraria en relación a que con el pago oportuno de los derechos de exportación se haya adquirido un derecho de propiedad, para lo cual cita doctrina y jurisprudencia, manifestando que un planteo análogo del contribuyente fue rechazado por el Tribunal Fiscal que reafirmó la potestad y regla de que el servicio aduanero puede, incluso a pesar del pago del interesado, formular cargos suplementarios.
Entiende que en este caso están dados todos y cada uno de los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del “efecto noticia”. Contesta el planteo de inconstitucionalidad de los derechos de exportación efectuado por la recurrente analizando el marco social y normativo en el cual fueron dictadas las normativas, citando específicamente la ley 25.561, el decreto 310/02 y la resolución 11/02, considerando que la normativa referida resulta aplicable y por ende los derechos de exportación plasmados en los cargos resultan plenamente exigibles. Agrega que el Tribunal Fiscal tiene prohibido considerar planteos de inconstitucionalidad y solo puede declarar la ilegalidad de interpretaciones ministeriales o administrativas, razón por la cual para tratar estos temas la actora debió seleccionar otra vía y acudir directamente a la Justicia en lo Contencioso Administrativo.
Luego, se expresa respecto al pedido de eximición del pago de los intereses previstos en el art. 794 del CA por aplicación de la normativa prevista en el Código Civil, explicando que la normativa aduanera contempla expresamente el régimen de intereses, motivo por el cual no resulta de aplicación lo previsto sobre el tema en el Código Civil. Por último, reitera respecto de la ilegalidad de las resoluciones que establecen la tasa de interés que, conforme el art. 1164 del CA, no cabe dicho planteo ante esta instancia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se rechace la apelación intentada, confirmándose la resolución aduanera, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 73 se tiene por contestado el traslado conferido, por acompañadas las actuaciones y se abre la causa a prueba. A fs. 79 el Mercado a Término de Bs. As. S.A. contesta el oficio librado, a fs. 94/101 hace lo propio la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, a fs. 102/103 lo hace el BCRA y a fs. 104/174 lo hace el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quien acompaña el informe producido por la Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización y copia del expediente CUDAP: EXP-S01: 0252858/2008. A fs. 207/215 luce la respuesta al oficio por parte del Banco de la Nación Argentina. A fs. 226 la actora pone en conocimiento el dictado de sentencia por parte de la CSJN en la causa “Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía y otro s/amparo”.
A fs. 230/235 la actora acompaña la sentencia dictada por la CSJN en la causa “Vicentin SAIC c/Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario s/ordinario”, a través de la cual se dejó firme la resolución oportunamente dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la cual declaró la inconstitucionalidad de los art. 4 y 5 de la ley 26.351. A fs. 236 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación amplía su respuesta al oficio. A fs. 237/255 la actora denuncia fallo de la CSJN en la causa “Compañía Argentina de Granos S.A. c/ENA-AFIP-DGA s/acción meramente declarativa de derecho”, que dejó firme la resolución oportunamente dictada por la Cámara Federal de Córdoba, la cual declaró la inconstitucionalidad de los art. 4 y 5 de la ley 26.351 y el art. 2 del decreto 764/08.
A fs. 256/258 Molinos informa que el 10.07.15 interpuso recurso jerárquico contra la resolución 372/15 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución ONCCA 1898/08. A fs. 272/274 la actora pone en conocimiento el dictado del decreto 774/18, por medio del cual se revocó la resolución 372/15. A fs. 278/326 la actora pone en conocimiento el dictado de la resolución RESOL-2019-79-APN- MAGYP, a través de la cual se hizo lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por Molinos contra la resolución ONCCA 1898/08. Dicha resolución confirma la resolución ONCA 1898/08 solo respecto de aquellas mercaderías cuya tenencia y/o adquisición no logro ser acreditada por la recurrente, conforme el informe técnico y los anexos que allí se agregan.
El 05.10.23 se elevan los autos a la Sala “E”. El 08.11.23 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduana: Las actuaciones administrativas SIGEA 12509-196-2012 se inician con la impugnación deducida por la actora contra los cargos 536 al 563, todos del año 2012, por diferencias de derechos de exportación (fs. 1/824). Luego, obra carátula de la actuación SIGEA 12539-155-2011. A fs. 825 obra el Informe Técnico 39/11 (SE FVEX), por el cual se procede a efectuar los cargos objeto de autos. A fs. 826/855 obra el resumen de documentos liquidados y el resultado de la liquidación de cada uno de los cargos. A fs. 858/885 obran las cédulas de notificación de los referidos cargos. A fs. 886 la actora informa que pagará los importes reclamados por los cargos 537/12 y 542/12. A fs. 887/888 obran las liquidaciones manuales de los cargos a cancelar por Molinos. A fs. 895 se tiene por promovido el procedimiento de impugnación, se tiene por ofrecida la prueba documental y no se hace lugar a la prueba informativa y pericial ofrecida. A fs. 899/900 luce el dictamen 306/12 por el que se concluye que correspondería no hacer lugar a la impugnación interpuesta y confirmar los cargos formulados. A fs. 901/903 obra la Resolución 717/12 (AD SALO), apelada en autos y que confirma los cargos 536, 538 al 541 y 543 al 563, todos del año 2012, rechazando la impugnación deducida por la empresa actora.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada, en cuanto dispone rechazar la impugnación incoada por la firma Molinos Río de la Plata S.A. y confirmar los cargos 536/12, 538/12, 539/12, 540/12, 541/12, 543/12, 544/12, 545/12, 546/12, 547/12, 548/12, 549/12, 550/12, 551/12, 552/12, 553/12, 554/12, 555/12, 556/12, 557/12, 558/12, 559/12, 560/12, 561/12, 562/12 y 563/12, se ajusta a derecho.
Los cargos fueron formulados con fundamento en la Resolución ONNCA 1898/08, respecto de 26 permisos de embarque de exportación que se encontraban asociados a 14 declaraciones juradas de ventas al exterior, conforme el siguiente detalle: DJVE 00065235 relacionada al PE 08057EC01004043K; DJVE 00071539 relacionada al PE 08057EC01005090N; DJVE 00071539 relacionada al PE 08057EC01005097U; DJVE 00064064 relacionada al PE 08057EC01005383S; DJVE 00071539 relacionada al PE 08057EC01005823R; DJVE 00066136 relacionada al PE 08057EC01006263Z; DJVE 00066136 relacionada al PE 08057EC01006272Z; DJVE 00071654 relacionada al PE 08057EC01006320K; DJVE 00065234 relacionada al PE 08057EC01006497C; DJVE 00065234 relacionada al PE 08057EC01006498D; DJVE 00064824 relacionada al PE 08057EC01006526S; DJVE 00064824 relacionada al PE 08057EC01006530N; DJVE 00053939 relacionada al PE 08057EC01000666R; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01012378T; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01012386S; DJVE 00054267 relacionada al PE 08057EC01012452M; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01012620J; DJVE 00052838 relacionada al PE 08057EC01012696W; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01000260H; DJVE 00054137 relacionada al PE 08057EC01000661M; DJVE 00056461 relacionada al PE 08057EC01002625Y; DJVE 00056461 relacionada al PE 08057EC01002627Z; DJVE 00056461 relacionada al PE 08057EC01002651N; DJVE 00056461 relacionada al PE 08057EC01002683S; DJVE 00064064 relacionada al PE 08057EC01003317N; DJVE 00060855 relacionada al PE 08057EC01003541M.
V.1. Resulta procedente señalar, en primer lugar, que la ley 21.453 (BO 11.11.76) estableció, en su art. 6, que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de la mercadería a que dicha ley se refiere (productos agrícolas), eran aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Luego, y bajo el título “Aclaración de la ley 21.453. Alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios”, se dictó la ley 26.351 (BO 16.01.08) a través de la cual se dispuso, en su art. 1, que cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453 en el período comprendido entre el registro de la DJVE y el de la oficialización del permiso de embarque con el que se documente la exportación de la mercadería amparada por las referidas Declaraciones Juradas, los exportadores deberían acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. Asimismo, agregó que, quienes no cumplieran con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) para el cumplimiento del art. 1, deberían tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre las vigentes a la fecha de registro de las DJVE y las vigentes a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación, disponiendo su art. 4 la aplicación retroactiva a aquellas DJVE que hubiesen sido registradas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Con fecha 12.05.08, se dictó el decreto 764/08 (BO 13.05.08) en el que se estableció que las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 09.11.07, disponiéndose asimismo en el art. 3 que la ONCCA (creada por Decreto 1067/05) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE a las que se refiere la ley 21.453 y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
En estos términos, la ONCCA dictó la resolución 543/08 (BO 30.05.08) por la que se dispuso el procedimiento para acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos del art. 1 de la ley 26.351.
Posteriormente, con fecha 21.07.08, la ONCCA informó a la AFIP, mediante el dictado de la resolución 1898/08, cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351 (Anexo I) y aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II). Tal resolución sirvió de fundamento al servicio aduanero para formular los cargos objeto de autos.
V.2. Luego de producida la apertura a prueba en el procedimiento sustanciado ante este Tribunal la actora informa, a fs. 256/258, que el 10.07.15 interpuso recurso jerárquico contra la resolución 372/15 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Dicha resolución -372/15- había rechazado el recurso de reconsideración oportunamente interpuesto por Molinos contra la resolución ONCCA 1898/08.
A fs. 272/274 Molinos pone en conocimiento el dictado del decreto 774/18, a través del cual se revocó la resolución 372/15. Finalmente, a fs. 278/326 se pone en conocimiento el dictado de la resolución RESOL-2019-79-APN-MAGYP, por la que se hizo lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por Molinos contra la resolución ONCCA 1898/08. Dicha resolución confirma la resolución ONCA 1898/08 solo respecto de aquellas mercaderías cuya tenencia y/o adquisición no logro ser acreditada por la recurrente, conforme el informe técnico y los anexos que allí se agregan. Expresamente indica: “ARTÍCULO 1°.- Acéptase parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. contra la Resolución N° 1.898 de fecha 21 de julio de 2008 de la ex - OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA), organismo descentralizado en la órbita de la ex -SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y, en consecuencia, confirmase la misma sólo respecto de aquellas mercaderías cuya tenencia y/o adquisición -en los términos de la Ley N° 26.351 y su Decreto Reglamentario N° 764 de fecha 12 de mayo de 2008- no logró ser acreditada por la recurrente, de conformidad con el informe técnico de la SUBSECRETARÍA DE MERCADOS AGROPECUARIOS Nº IF-2019-86382460-APN-SSMA#MPYT y sus Anexos, y el detalle de los IF-2019-90276682-APN- SSMA#MPYT (Anexo I) e IF-2019-90276374-APN-SSMA# MPYT (Anexo II), los que forman todos ellos, parte integrante de la presente medida”.
Es dable destacar que para así resolver el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo en consideración los informes técnicos emitidos por el Subsecretario de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Producción y Trabajo efectuados con relación a la totalidad de las DJVE involucradas en la resolución ONCCA 1898/08 en los que se examinó la documentación oportunamente acompañada por la firma “Molinos Río de la Plata SA”.
Del análisis de los IF-2019-86382460-APN-SSMA#MPYT, IF-2019-90276682-APN-SSMA#MPYT (Anexo I) e IF- 2019-90276374-APNSSMA# MPYT (Anexo II) de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, consignados en la Resolución RESOL-2019-79-APN-MAGYP resulta que las Declaraciones Juradas de Venta: DJVE 00065235; DJVE 00071539; DJVE 00064064; DJVE 00066136; DJVE 00071654; DJVE 00065234; DJVE 00064824; DJVE 00053939;
DJVE 00054137; DJVE 00054267; DJVE 00052838; DJVE 00056461; DJVE 00064064 y DJVE 00060855; asociadas a los PE 08057EC01005090N; 08057EC01005097U; 08057EC01005383S; 08057EC01005823R; 08057EC01006263Z;
08057EC01006272Z; 08057EC01006320K; 08057EC01006497C; 08057EC01006498D; 08057EC01006526S;
08057EC01006530N; 08057EC01000666R; 08057EC01012378T; 08057EC01012386S; 08057EC01012452M;
08057EC01012620J; 08057EC01012696W; 08057EC01000260H; 08057EC01000661M; 08057EC01002625Y;
08057EC01002627Z; 08057EC01002651N; 08057EC01002683S; 08057EC01003317N; 08057EC01003541M y 08057EC01004043K, por los que se formularon los cargos involucrados en la causa, acreditaron tenencia y/o adquisición.
Es por ello, que los cargos 536/12, 538/12, 539/12, 540/12, 541/12, 543/12, 544/12, 545/12, 546/12, 547/12, 548/12, 549/12, 550/12, 551/12, 552/12, 553/12, 554/12, 555/12, 556/12, 557/12, 558/12, 559/12, 560/12, 561/12, 562/12 y 563/12 cuestionados en autos carecen de sustento y fundamentación fáctica, resultando improcedente analizar los agravios esgrimidos por la actora en relación a los mismos y siendo ello así corresponde revocar la resolución apelada y por ende los cargos confirmados por la Aduana, con costas al fisco nacional.
V.3. Respeto a las costas, deben imponerse a la Aduana (art. 1163 del CA) atento haberse definido la cuestión conforme argumentos (existencia de cobertura de las DJVE, conf. art 1 de la ley 26.351) planteados oportunamente por la actora en todas las instancias de discusión.
Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Revocar la Resolución 717/12 (AD SALO) y por ende los cargos 536/12, 538/12, 539/12, 540/12, 541/12, 543/12, 544/12, 545/12, 546/12, 547/12, 548/12, 549/12, 550/12, 551/12, 552/12, 553/12, 554/12, 555/12, 556/12, 557/12, 558/12, 559/12, 560/12, 561/12, 562/12 y 563/12.
2. Imponer las costas a la Aduana.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
1. Revocar la Resolución 717/12 (AD SALO) y por ende los cargos 536/12, 538/12, 539/12, 540/12, 541/12, 543/12, 544/12, 545/12, 546/12, 547/12, 548/12, 549/12, 550/12, 551/12, 552/12, 553/12, 554/12, 555/12, 556/12, 557/12, 558/12, 559/12, 560/12, 561/12, 562/12 y 563/12.
2. Imponer las costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese y firme que quede la presente, remítanse las actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros.
Suscriben los Dres. Soria y Juárez, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ava. Nominación (art. 52 RPTFN y art.
1162 CA).
Date: 2023.11.13 18:07:51 -03:00 Date: 2023.11.13 18:19:19 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.13 18:19:20 -03:00
Fin de la sentencia